Bolivia desbarató el ''lucro cesante''

Carlos Fernández-Vega

La concesión del agua elevó 400% los precios
Banco Mundial, protector de trasnacionales
CIADI, tribunal desequilibrado

El presidente boliviano Evo Morales fue homenajeado con chicha durante la recepción que se le hizo en Lima, en el contexto de una visita oficial del pasado primero de agosto Foto: Reuters

La "causa" de la demanda interpuesta por la trasnacional se remonta a finales de 1999 y principios de 2000, cuando se desató la "guerra del agua" en Cochabamba, Bolivia. En octubre del primero de los años citados, el gobierno del Goni Sánchez de Lozada concesionó, en forma por demás oscura, el sistema de agua de aquella región por 40 años a un consorcio trasnacional (Agua del Tunari), formado por la estadunidense International Water Limited (Bechtel Corporation y Edison), la española Abengoa Servicios Urbanos y un grupo de empresas supuestamente nacionales.

Inmediatamente después de la privatización, el consorcio aplicó un aumento de 400 por ciento al precio del agua, amén de indexar las tarifas con relación al dólar y trasladar a los usuarios el costo de las instalaciones (contadores, conexiones al sistema de desagüe y al de distribución de agua) lo que se tradujo en una carga adicional para los consumidores en uno de los países más pobres de América Latina. La concesión garantizaba el monopolio, prohibía el uso de fuentes naturales de agua alternativas, donde el concesionario despachaba y daba luz verde al manejo discrecional de las tarifas.

La protesta ciudadana ("guerra del agua") se desató en diciembre de 1999, y para abril de 2000 la trasnacional forzosamente se "retiró" del negocio; del otro lado, la brutal represión gubernamental, con muertos, heridos y presos, y junto a ella el Banco Mundial, organismo que casi dos años después, por medio de su "órgano autónomo" CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), velozmente atendería una demanda de Bechtel Corporation que reclamaba al gobierno boliviano una "indemnización" por "lucro cesante" (es decir, ganancias proyectadas, pero no cosechadas) de 25 millones de dólares, con ganas que llegara a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de Cochabamba no superó el medio millón de dólares.

De acuerdo con la información disponible, la trasnacional Bechtel presentó su demanda al CIADI "bajo un tratado bilateral sobre inversiones entre Holanda y Bolivia", con todo y que es una empresa estadunidense, porque "luego de fijar operaciones en Bolivia estableció residencia legal por medio de una casilla postal en Holanda, para aprovecharse del tratado de dicho país con Bolivia. Las reglas del tratado entre Holanda y Bolivia son similares a aquellas del TLCAN (México, Estados Unidos y Canadá), a la vez modelo para el acuerdo llamado Area de Libre Comercio de las Américas, o ALCA''.

Pues bien, no es el único caso en Bolivia, mucho menos en América Latina (Argentina, de manera destacada), pero es en el contexto descrito que el gobierno de Evo Morales decidió, en abril pasado y en acción conjunta con Venezuela y Nicaragua, retirarse de la CIADI (el organismo del Banco Mundial, juez y parte, creado ex profeso para proteger a las trasnacionales de las cortes nacionales de justicia en las que, supuestamente, no reciben trato preferencial), al tiempo de anunciar la revisión y renegociación de cada uno de los 24 tratados bilaterales de protección a las inversiones extranjeras firmados por su país con igual número de naciones.

En los hechos, Bolivia quedará formalmente liberada del CIADI a principios de noviembre próximo, pero en vía de mientras ganó una batalla decisiva en contra de este tipo de empresas, sus organismos "autónomos" y la voracidad de las trasnacionales, porque Bertchel Corporation no sólo se quedó con las ganas de atracar a los bolivianos, sino que finalmente vendió, por dos dólares, todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado.

El anterior es excepcional, porque de acuerdo con la estadística del CIADI, de las 232 demandas ("solicitud de arbitraje" le llaman) presentadas contra distintos Estados nacionales, 230 (99 por ciento del total) han sido de trasnacionales contra países. Del total de casos atendidos (concluidos y en proceso) hasta febrero de 2007, el 74 por ciento han sido demandas contra países en desarrollo, 19 por ciento contra desarrollados y sólo 1.4 por ciento contra los más ricos del planeta. En 36 por ciento de los casos la CIADI falló a favor del inversionista privado, y 34 por ciento fueron resueltos fuera de la corte, pero con compensación para la empresa. En los contados casos ganados por los Estados, éstos no obtuvieron indemnizaciones.

Lo anterior explica por qué, como en el caso del gobierno de Evo Morales, se considera a la CIADI "un tribunal absolutamente desequilibrado, que ofrece un sistema de arbitraje para quien lo pueda pagar, y que toma partido siempre por las trasnacionales. Los hechos así lo demuestran: permite a los inversionistas reclamar compensaciones no sólo por la expropiación física de sus inversiones, sino por las ganancias que esperaba recibir en un futuro, lo que en la jerga del tribunal se denomina "lucro cesante". En sentido contrario, los gobiernos no pueden demandar a las trasnacionales.

En este contexto, Evo Morales ha reiterado que su país invita al capital foráneo, "pero como socio, no como patrón", dado que es "es inadmisible la existencia de instituciones y normas que sistemáticamente garantizan la súper protección a la inversión extranjera, a expensas de la transparencia, democracia y soberanía de los pueblos y naciones".

Como despedida, el CIADI analiza dos demandas contra Bolivia: una de la trasnacional italiana Euro Telecom Internacional (ETI), presentada el pasado 30 de abril, y otra de Quiborax de Chile (supuesta accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals), registrada en 2005, sin considerar la amenaza de Petrobras, que negocia la venta de dos refinerías en territorio boliviano.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, el Banco Mundial asegura que "el CIADI es una organización autónoma", y tanto lo es que su consejo administrativo es dirigido por el presidente del Banco Mundial... Y con esa misma "autonomía", el gobierno mexicano "evaluará los avances" del TLCAN con los de Estados Unidos y Canadá.