Morelos: población bajo amenaza

Editorial

Cerca de 100 mil habitantes de comunidades indígenas en cuatro municipios del estado de Morelos -Zacatepec, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Emiliano Zapata- corren el riesgo de quedarse sin agua a causa de los desarrollos inmobiliarios que empresas fraccionadoras pretenden edificar en la región, amparadas en licencias que el gobierno panista de esa entidad otorgó de manera "irregular", según informaron Cutberto Neri Solís y Saúl Roque Morales, integrantes del Consejo de los Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire. El proyecto, que prevé la construcción de 50 mil viviendas, implica la perforación de pozos de agua, lo que afectaría severamente los manantiales de Chihuahuita, Santa Rosa, El Salto y El Zapote, indispensables para la supervivencia de los habitantes de la zona. Las reiteradas manifestaciones de inconformidad en contra del proyecto, que "atenta contra la seguridad, la salud y el medio ambiente", sólo han recibido como respuesta incumplimientos, desatenciones e incluso represión policial por parte de las autoridades municipales y estatales del gobierno encabezado por Marco Adame.

La edificación de los nuevos fraccionamientos obedece a un brutal proceso de urbanización que avanza aceleradamente sobre importantes extensiones de tierra de cultivo en Morelos. Todo parece indicar que el interés voraz de los grandes consorcios inmobiliarios involucrados cuenta con el respaldo de las autoridades morelenses para la realización del proyecto referido. Las instancias federales también han tomado parte en el asunto, como dan cuenta las denuncias de los inconformes en contra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el sentido de que la dependencia pretende justificar la construcción de los desarrollos inmobiliarios al amparo de un estudio realizado hace más de 30 años. En cambio, la inviabilidad del proyecto y los daños que podría causar en la zona han sido advertidos por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, con sede en Cuernavaca.

El Consejo de los Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire es una organización surgida a raíz de la tardanza gubernamental para atender a los llamados de inconformidad de los habitantes afectados. Su principal demanda es que cese el avance de la urbanización en la región y que se respeten y protejan los recursos naturales. Tal postura se contrapone a la visión de los inversionistas y del propio gobierno de la entidad. En ese sentido, resulta alarmante, pero no extraño, el hecho de que las autoridades morelenses hayan iniciado una campaña de desprestigio del movimiento popular, con el argumento de que es "ilegítimo", y que busquen vincularlo con organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es evidente que lo que las autoridades estatales pretenden con tales afirmaciones es justificar ante la opinión pública un eventual acto represivo en contra de las manifestaciones populares.

La criminalización de la protesta social fue una práctica recurrente en las postrimerías del foxismo, y parece que ahora se prefigura en Morelos una redición de lo ocurrido con los campesinos de San Salvador Atenco, quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras y cuyos líderes hoy se encuentran encarcelados y condenados a una virtual cadena perpetua. Por lo que toca a la situación que se comenta, los pobladores del sur de Morelos han recibido los primeros avisos de represión gubernamental. El pasado 4 de junio, mientras participaban en una protesta pacífica en la Autopista del Sol, fueron agredidos por elementos de la policía local. El saldo fue de una anciana golpeada, pero es dable suponer que, de no ser porque los manifestantes decidieron replegarse, la represión pudo haber sido de consecuencias más lamentables.

La desatención a las demandas de estas poblaciones indígenas y los evidentes actos de provocación en los que las autoridades han incurrido, a fin de legitimar la violencia contra los inconformes, son muestras incontestables de la postura parcial del gobierno de Morelos para defender los intereses de grupos particulares a pesar de que ponen en riesgo los recursos de la comunidad. Si, en vez de abrir canales serios de discusión, el gobierno estatal mantiene esa actitud, podría desencadenarse un conflicto mayor y de consecuecias lamentables.