lunes, octubre 01, 2007

Sugiere BM a Honduras privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

El BM y sus políticas de privatización, el caso es que los recursos de los pueblos pasen a manos privadas para dejarlos en la miseria en la que viven.

Notimex

Tegucigalpa, 30 de septiembre. El Banco Mundial (BM) recomendó a Honduras privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para evitar que caiga en crisis tanto por la dependencia de la generación térmica como por malos manejos financieros.

De acuerdo con el informe Honduras, Temas y Opciones del Sector Energía, divulgado aquí, señalan que para el periodo 2007-2010, el reto más importante que tiene el gobierno de Manuel Zelaya es mejorar la crítica situación financiera que enfrenta la ENEE.

“El sistema de generación predominantemente hidroeléctrico de mediados de los a;os 90 se ha convertido en un sistema predominantemente termoeléctrico y Honduras depende ahora de combustibles importados para cerca de 70 por ciento de su generación”, advirtió el texto.

En un contexto de descentralización, el BM recomendó la necesidad de unidades de negocios independientes para la distribución, transmisión, despacho y generación de energía.

El estudió consideró inapropiado el contrato suscrito en el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998) con la firma Servicios de Medición Eléctrica de Honduras (Semeh) ya que esa función debe ser sometida a una licitación internacional.

La firma, que se dedica a controlar el consumo de los clientes del servicio, habría incurrido en irregularidades en las lecturas de los medidores eléctricos que, en muchos casos, benefició a grandes empresas.

El presidente Zelaya, quien asumió en enero de 2006 para un periodo de cuatro años, intervino en febrero pasado la ENEE a fin de comenzar a controlar las pérdidas anuales por unos 157.6 millones de dólares que se generaban, en su mayoría por morosidad.

La operación implementada por el mandatario incluyó los cortes inmediatos del servicio a los consumidores con atrasos en el pago y de miles de clientes que tenían conexiones ilegales.

El BM señaló que “buena parte de las pérdidas eléctricas son comerciales y de 25 por ciento de las pérdidas totales, las técnicas representan cerca de 10 por ciento, lo que implica que las comerciales son de cerca de 15 puntos porcentuales de los que 39 por ciento corresponde al fraude”.

Agregó que 29 por ciento corresponde a conexiones ilegales –realizadas en su mayoría en colonias marginales– y otro 29 por ciento a errores de facturación.

“Una comparación con otros países de Centroamérica, excepto Nicaragua, indica que en Honduras las pérdidas son bastante altas, ya que en el resto, se han logrado reducir por debajo de 15 por ciento”, precisó el diagnóstico del BM.

Mencionó que la crisis de la ENEE inició en los años 90, cuando la hidroeléctrica Francisco Morazán presentó una serie de problemas y se dio paso al funcionamiento de plantas de energía térmica.

El reporte señaló que también los contratos suscritos con las empresas que brindan servicios de generación térmica presentan altos costos, los cuales reflejan elevados riesgos de mercado y soluciones de emergencia costosas.

El estudio indicó que una renegociación del gobierno con estas firmas podría reducir marginalmente la carga financiera en las compras de energía.

Estimó que otro factor de pérdida son los subsidios aprobados en el anterior gobierno, razón por la cual consideró necesario hacer ajuste de tarifas para unos 370 mil hogares no pobres, que en la actualidad pagan entre 50 y 80 por ciento del costo real del servicio.

La cobertura del servicio eléctrico en los hogares en condiciones de pobreza en Honduras es de 42 por ciento –la mayoría de los cuales están en el área rural– y de 94 por ciento en el área urbana, señaló el informe.

Agregó que 54 por ciento de la población hondureña (de unos 7.5 millones de habitantes) vive en el área rural, donde existen alrededor de 2.2 millones de personas sin acceso al servicio.

El BM recomendó que para incrementar los recursos de la ENEE se incrementen las tarifas residenciales en cerca de 20 por ciento y se reduzca en 10 por ciento el subsidio.

Esta medida representaría ingresos adicionales mensuales por 2.6 millones de dólares y liberar al gobierno del pago de unos 121 mil dólares mensuales por subsidios, los cuales, según el BM, tienen alto componente político.

“Si estos recursos estuvieran disponibles, se podrían agregar 46 mil nuevas conexiones anualmente, que significa que el gobierno puede lograr la meta de 400 mil nuevas conexiones para 2015 sin necesidad de buscar fondos adicionales”.

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