sábado, enero 12, 2008

Exclusión por ley
Congreso de Nuevo León. Inspiración papal
Foto: deyra guerrero / reforma

Basada en su fuerza mayoritaria, la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León aprobó, el pasado 22 de diciembre, una iniciativa para el establecimiento de la Ley de la Familia. Horas después la iniciativa fue vetada por el gobernador José Natividad González Parás y ahora se encuentra en proceso de revisión. Los opositores al ordenamiento sostienen que éste es retrógrado, excluyente y discriminatorio. Además, aseguran que sus autores plagiaron su contenido de una encíclica emitida por Juan Pablo II en mayo de 1983.

MONTERREY, N.L.- A finales del año pasado, la bancada panista en el Congreso local pretendió imponer la llamada Ley de la Familia del estado de Nuevo León que, dicen sus opositores, pretende excluir de la protección legal a homosexuales, así como evitar la unión civil entre personas de un mismo sexo.Esta norma fue aprobada en el pleno la madrugada del 22 de diciembre, pero 12 horas después el gobernador priista José Natividad González Parás decidió vetarla por considerar que era excluyente, violaba la ley y además no había sido consensuada entre la población.Los diputados de Acción Nacional acusaron al mandatario de irresponsable, con el argumento de que vetó una ley que por cuestiones de tiempo ni siquiera pudo analizar.El legislador panista Gregorio Hurtado comenta que podría demandar penalmente al gobernador por usurpación de atribuciones, pues al vetar la ley pretendió convertirse en legislador.Por su parte, el líder de la comunidad gay en la entidad, Mario Rodríguez Platas, dice que esa propuesta que ahora está en proceso de revisión es humillante. Recuerda las palabras atribuidas al legislador del PAN Javier Ponce Flores, uno de los promotores de la iniciativa: “Mientras haya una mayoría panista, ninguna ley de putos va a pasar”.La iniciativa panista se basa en el documento de resultados de una consulta pública realizada del 9 al 31 de marzo pasados por el Grupo Interdisciplinario de Apoyo a las Mujeres (GIAM), de filiación católica. De acuerdo con señalamientos de organizaciones defensoras de los derechos de las minorías, el grupo legislativo del PAN decidió hacer esa auscultación para conocer el punto de vista de los ciudadanos, incluso invitó a los Legionarios de Cristo, quienes fungieron como asesores.El intento de la fracción del PAN por imponer esa norma suscitó críticas entre los legisladores de los otros partidos. La diputada priista María Guadalupe Guido, por ejemplo, se opone a esa ley, según la cual una “familia natural” está integrada únicamente por papá, mamá e hijos. Así mismo, la critica porque, dice, busca crear el Instituto Estatal de la Familia, cuyas funciones se traslaparían con las del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.A pesar de los comentarios adversos, Ponce defiende la propuesta de su partido y destaca que ésta busca proteger a la familia. Sostiene que si alguien se opone a ésta es porque la desconoce.Y añade: “La ley tiene como sujetos de protección a los papás o mamás, juntos o separados, a las madres solteras, a los abuelos y tíos que vivan con sobrinos o nietos. A cualquiera que forme una familia de acuerdo con las relaciones de parentesco establecidas en el Código Civil queremos darle razones legales sustentables”.También asegura que la iniciativa no pretende excluir a las minorías ni a grupos vulnerables, como los homosexuales o las madres solteras. “En absoluto. Hemos insistido en que esta ley es, primero, constitucional. El artículo 4 de la Constitución federal y el primero de la de Nuevo León establecen que la ley deberá proteger a la familia, y vamos a seguir teniendo una deuda social si no cumplimos con ese mandato”.Por lo que se refiere a los comentarios homofóbicos que se le achacan a la iniciativa, Ponce comenta: “Lo niego categóricamente. Me sorprende que alguien me atribuya una declaración de esa naturaleza. Los que me conocen saben que no me conduzco con ese tipo de expresiones”.En el Congreso de Nuevo León, las bancadas del PRI, PRD, PT y Panal firmaron el 18 de diciembre pasado un comunicado en el que acusaron de sectarios y excluyentes a los diputados de Acción Nacional, y propusieron que se realice una consulta pública para conocer la opinión de “diversos sectores de la población” acerca del controvertido tema.
Plagio
La propuesta que pretende establecer la llamada Ley de la Familia para el estado de Nuevo León ha seguido un camino tortuoso desde que fue presentada por la fracción panista el pasado 7 de noviembre. El planteamiento no es inédito, pues en Tamaulipas y Yucatán ya existen ordenamientos de esta naturaleza.Esa ley contiene 63 artículos divididos en dos libros de cinco capítulos, más cinco transitorios. Básicamente se refiere a los derechos de la familia, la educación de los hijos, los medios de comunicación (como coadyuvantes para la formación de los valores en la familia), la conciliación de la vida familiar y laboral, así como a la creación del Instituto Estatal de la Familia.La iniciativa comenzó a gestarse tiempo atrás. Como ya se indicó, la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Congreso local efectuó una consulta ciudadana en los primeros meses de 2007. Se recibieron 169 documentos que incluían 416 propuestas, que fueron divididas para su presentación en 17 rubros relacionados con la familia. Sin embargo, las cuatro propuestas presentadas por la comunidad homosexual del estado no fueron tomadas en cuenta. En cambio, como resultado de la consulta, sí se aboga por la “preservación y defensa de la familia natural y que el Estado promueva la defensa del matrimonio tradicional y sus valores”. La iniciativa también busca, entre otras cosas, impedir que las mujeres violadas aborten, dificultar los trámites de divorcio, impedir la adopción a parejas del mismo sexo y promover la continencia sexual hasta el matrimonio “como primera política de salud pública y defensa de la familia”.Los opositores a la iniciativa panista sostienen que el Congreso del estado no especificó que la consulta fue efectuada por el GIAM, dirigido por Norma Treviño-Cueva de Villarreal, quien a nombre de esta agrupación participó en mayo pasado como ponente en la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Celam), en Aparecida, Brasil.Ahí defendió su tesis de que la familia debe girar en torno de la mujer. Dijo que “la Teoría de Género deconstruye a la mujer (…) Va contra la libertad humana imponiendo un orden absurdo y violento por encima del natural desarrollo y ejercicio de ella. Se alimenta del odio y la sospecha frente al amor y complementariedad que sostienen la vida humana y la familia. Se apropia de la educación, los medios de comunicación, la política y la legislación para “educar” en el género. Desde la Perspectiva de Género se pretende redefinir y destruir a la familia”.E hizo un exhorto: “Con todo respeto, hago un llamado a todos ustedes y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para no dejar este campo en manos de los lobbies de género y homosexualismo que se originan desde los organismos internacionales y llegan hasta nuestros pueblos para someterlos”.Pero los avatares de la jerarquía católica con la iniciativa no se ciñen a la consulta realizada por el GIAM. Al momento mismo de la redacción del documento aprobado por la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León, se copiaron párrafos completos de una encíclica emitida por Juan Pablo II en mayo de 1983. El documento se titula Carta de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo.En el capítulo tercero de la Ley de la Familia, relativo a la educación de los hijos, el artículo 23 establece que “la madre y el padre tienen el derecho originario, primario e inalienable de educar a sus hijos. El Estado reconoce que los progenitores son los primeros y principales educadores de sus hijos”.El artículo 24 prevé que “el padre y la madre tienen el derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo. Deben recibir también del Estado, los municipios y la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora”. Ambos artículos son idénticos al artículo 5 del documento papal.Además, en el artículo 32 (que no fue incluido en la discusión de las comisiones) se decía: “La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado u otras medidas sociales como los subsidios familiares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de los padres. El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad”. Así se consigna en el artículo 10 de la carta pontificia.
Tanteando el terreno
Para Mario Rodríguez, representante de la comunidad gay en Nuevo León, la ley de la familia, además de ser excluyente, no tiene razón de ser. “Para empezar porque está mal redactada y semánticamente cualquier filólogo se reiría de ella, pero a un abogado le preocuparía, porque la ley es como está escrita. Y ésta, aunque se apruebe, no sirve para nada, porque no sanciona nada”.Advierte que iniciativas de esta naturaleza le sirven al PAN para tantear el terreno y saber hasta dónde puede llegar con la mayoría de que dispone en el Congreso. Pretende, agrega, revivir debates como el del aborto, la píldora del siguiente día, la eutanasia, la unión de personas del mismo sexo. “Se prepara para actuar en lo que sigue, que será más fuerte”.Este tipo de propuestas ofenden a la sociedad, asegura Rodríguez. Y agrega: “Hay que recordar lo que dijeron a principios de año: ‘Mientras haya una mayoría panista, ninguna ley de putos va a pasar’. Lo dijeron Javier Ponce y un tal (Óscar) Cano. Les hemos pedido una y otra vez (los gays y otros grupos) que nos sentemos a dialogar, los que estemos a favor y en contra, y no quieren. Ya lo dijo Julián Hernández (coordinador panista en el Congreso local): ‘No hay problema: consensar y si no hay consenso somos mayoría e imponemos’”.El también vocero del colectivo Nuevo León Incluyente dice al reportero que su grupo se asesora con abogados para presentar una demanda en contra de la diputada Norma Robles Rosales, por el delito de usurpación de profesión. Esta legisladora, afirma, se ostentaba como abogada en la página electrónica del Congreso local, a pesar de que sólo cursó tres semestres de la licenciatura en derecho.Y añade: “Hay que demandar por fraude a quien copió de la Carta de Derechos del Vaticano. No han dicho cuánto le pagaron a quienes redactaron la ley. Olvídate de la estupidez que cometieron al copiarse el texto o hacerle esa burla a la gente de no tomarla en cuenta. Hay un delito”.Por su parte, la fracción del Partido del Trabajo en el Congreso local, expresa por medio de Zeferino Juárez Mata, que no apoyará esta ley porque le falta consenso y es discriminatoria.“Debe haber mesas de trabajo para platicarla, debe haber más consultas ciudadanas y se deben tomar en cuenta las propuestas de la diversidad de grupos que hay en el estado y se debe tomar la opinión de padres de familia y estudiosos de la legislatura. Nos molesta que no se incluyan las figuras de madres solteras, padres solos sin hijos. Esto es una ley corta y retrógrada”, expresa el legislador.En una carta abierta titulada “En defensa del desarrollo integral de la familia”, firmada por 35 mujeres y publicada el pasado 13 de diciembre en diarios locales, se establece que con la nueva ley se pondrían en riesgo “muchos de los avances que se han logrado en Nuevo León y en México en materia de desarrollo de las familias”.La misiva asegura que la iniciativa es retrógrada porque “plantea un concepto de familia discriminatorio. La Ley del PAN propone trabajar con base en un concepto de “familia natural”, de papá, mamá e hijos, dejando fuera el concepto de desarrollo integral de la familia que da protección a las madres jefas de familia; es decir, las madres solteras, viudas o divorciadas, a las parejas que no deseen tener hijos, ancianos que viven con nietos, padres solteros, etcétera”.También señala que la ley “es producto del plagio. Muchos de los errores conceptuales y de técnica jurídica de la Ley de la Familia del PAN se explican porque fueron tomadas literalmente de la carta de los derechos de la familia del Vaticano y de otros documentos, desconociendo con ello nuestra propia realidad mexicana”.El 19 de diciembre, al día siguiente de la aprobación de la Ley por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales (abandonaron la sesión los diputados de oposición), un grupo de 90 mujeres publicó otro desplegado en la prensa local en el que pedía al gobernador que ejerciera su derecho de veto, porque la promulgación “representa un grave retroceso para las familias, toda vez que excluye a 377 mil 532 madres jefas de familia (en Nuevo León) que luchan a diario con otros 8 millones de mexicanas madres solteras, viudas, separadas, divorciadas o en unión libre”.Al mismo tiempo, en los diarios locales apareció otro desplegado en el que se afirma que “Nuevo León necesita una ley para la familia porque en la familia está la solución”. La publicación estaba respaldada por 39 asociaciones y empresas.El 22 de diciembre el gobernador González Parás vetó la ley. “En la iniciativa de la Ley de la Familia no advierto consensos ni al interior del Congreso ni al exterior. Por esa razón haré valer las atribuciones constitucionales para presentar observaciones y regresar la iniciativa al Congreso, con el propósito de que se haga una amplia consulta a la población.“Si se hace esta consulta amplia y se logran estos consensos mayoritarios mayores (sic) a los actuales, es decir, de mayoría calificada, como Ejecutivo estatal no tendré sino que promulgar esa ley”, dijo.Al día siguiente, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, José Manuel Guajardo Canales, propuso presentar una controversia constitucional para revertir el veto del mandatario, al señalar que éste no tuvo tiempo para analizar con profundidad la propuesta. “Vetó más por capricho que por análisis”, sentenció. (Con información de Arturo Rodríguez.) l

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