El Justo Reclamo

En 14 estados, resistencias a ley de protección a mujeres

75% de los casos en Ciudad Juárez y al menos 90% de casos en el Estado de México, siguen impunes

Foto: j. guadalupe pérez

de la redacción

México, D.F., 7 de marzo (apro-cimac).- En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunció que, a un año de la promulgación de la Ley General a una Vida Libre de Violencia, en 14 estados existen resistencias para armonizar el marco local con el mandato federal.Además, añadió, el reglamento de la ley, que permitiría su ejecución, debió publicarse a más tardar el 1 de mayo pasado, por lo que han transcurrido nueve meses de violación de este precepto.El proceso de armonización que debieron concretar todas las entidades se encuentra incompleto y ha sido emprendido en muchos casos sin respetar la intención fundacional de la ley general: proteger la vida de las mujeres.
Guanajuato, caso extremo
De acuerdo con el Observatorio, hay estados que aún tienen pendiente la aprobación de leyes equivalentes, como Jalisco, donde el Partido Acción Nacional (PAN) se ha negado a discutir las iniciativas presentadas. En Tabasco, dijo, se usan como pretexto las inundaciones para no continuar el proceso y, en Oaxaca, el trabajo legislativo no ha pasado de las comisiones. Según el organismo, Guanajuato es un caso extremo: sostuvo que la fracción del PAN en el Congreso local afirma que esta ley “no tiene sentido”, y en la Comisión de Equidad de Género también se desestima la ley --en voz del panista Julio González Garza--, al afirmar que “estamos en contra de la violencia, pero yo quiero insistir que las cosas sean completas, no hacer leyes declarativas, como el derecho a la felicidad o a desayunar todos los días”.Lo anterior, considera el Observatorio, refleja una visión misógina y patriarcal de la violencia hacia las mujeres, pues expresa literalmente que legislar para proteger la vida de las mujeres sólo se puede hacer declarativamente en un ejercicio de simulación. Además este tipo de actitudes, desde las instituciones del Estado, junto con la impunidad de la criminalidad que afecta a las mujeres, configuran un estado de violencia institucional en el que, por ejemplo, 75% de los casos de asesinadas en Ciudad Juárez y al menos 90% de casos en el Estado de México (entre 2005 y 2007) se encuentran impunes. Es el caso también de los 175 funcionarios de la Procuraduría de Chihuahua, encontrados presuntos responsables de delitos en la construcción de expedientes de asesinadas y los que no serán castigados jamás.
Desaparecen mecanismos de gobierno
Según la Organización Panamericana de la Salud (2006), las agresiones a las mujeres de entre 15 y 44 años representan la primera causa de muerte en 14 países y entre la segunda y la quinta causa en otros 26 países, indica el comunicado. En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2006, que analiza un universo de datos de 35 millones 756 mil 378 mujeres entre los 15 años o más), 67% de la muestra --más de 23 millones de mujeres-- ha vivido alguna forma de violencia. Además, 44% (más de 15 millones) sufre agresiones físicas por su pareja, y 18% (más de 6 millones) han sido obligadas en el ámbito familiar a realizar actos sexuales contra su voluntad.Sin embargo, en este contexto, dice el Observatorio, aún no podemos hablar de que las violencias contra las mujeres son algo documentado, pues esta encuesta del INEGI tiene una debilidad: sólo registra las violencias en el ámbito privado o del “hogar”. No permite la ‘visibilización’ de las diversas violencias en el ámbito público, en donde inciden la delincuencia organizada, la explotación sexual comercial, la pederastia, la trata de personas y los diversos tipos de violencia sexual, sólo por mencionar algunas. Contrario al incremento del asesinato de mujeres, señala el Observatorio, los mecanismos gubernamentales para su combate desaparecen o se crean “nuevos”, sin un proceso de rendición de cuentas a la sociedad. Por ello, el Observatorio ha solicitado a las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados --sin respuesta aún-- se establezca una negociación con todas las instancias responsables del combate al feminicidio, que hoy se encuentran activas pero inoperantes, para que se diseñen y se institucionalicen mecanismos de evaluación de su labor, a través del establecimiento de indicadores medibles de proceso, gestión y resultados.Es urgente, dice el comunicado, que los diputados locales armonicen la ley, ya que todos los plazos para su concreción, establecidos en sus artículos transitorios, han vencido y no se cuenta con información sobre cómo funciona el sistema y el programa para prevenir la violencia; no se han diseñado la base de datos y el diagnóstico que ordena la ley. Sin estas acciones las mujeres continuarán en un grave estado de indefensión y vulnerabilidad, además que seguirá aumentando el estado de total impunidad en el país.