México, Colombia y la UNAM

Por Ricardo Monreal Avila

Aturdido y amorcillado por la crisis del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, el gobierno federal ha abandonado a su suerte a los mexicanos que ingresaron a Ecuador y resultaron heridos o fueron muertos durante la incursión del ejército colombiano a un campamento de las FARC.
El ausentismo diplomático de la cancillería está afectando no únicamente a los familiares de los estudiantes mexicanos que se encuentran en Ecuador, que se quejan de desatenciones por parte de la embajada mexicana; está afectando también el prestigio de la UNAM, reconocida no solamente como la máxima casa de estudios en México, sino como una de las mejores universidades de América Latina.
Un grupo de por lo menos diez mexicanos ingresaron a Ecuador días antes de la incursión militar colombiana. Su estatus migratorio fue claro: estudiantes e investigadores que realizan un estudio sobre el último de los movimientos guerrilleros en activo en América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es decir, informaron oficialmente del objetivo de su vista y de su intención de establecer contacto con el grupo guerrillero.

Quien conozca las ciencias sociales sabe de una técnica de investigación que se denomina “observación participante”. Consiste en que el investigador realiza su estudio de manera directa, con fuentes primarias, en el “lugar de campo”, es decir, en el lugar de los hechos. Se trata de recabar información de primera mano, con los actores directos de los acontecimientos, a fin de complementarla con otras fuentes secundarias, como la investigación documental, histórica o referencial.
La profesión que recurre cotidianamente a esta técnica de investigación es el periodismo. Los corresponsales de guerra, por ejemplo, entrevistan a uno y otro bando. Y tienen inmunidad profesional. Nadie en sus cinco sentidos, por ejemplo, podría acusar a la famosa entrevistadora Oriana Fallaci de ser terrorista de la OLP por haber entrevistado al extinto Yasser Arafat en varias ocasiones. O a los periodistas norteamericanos que han logrado contactar a Osama Bin Laden de ser miembros de la red terrorista Al Qaeda. Y así podríamos repetir el ejemplo en otros innumerables casos.
El gobierno colombiano, al enterarse que entre los afectados por su incursión militar en territorio ecuatoriano había un grupo aún no determinado de mexicanos, justificó la masacre: eran simpatizantes de las FARC que estaban recibiendo adiestramiento guerrillero. Más aún, acusó a la UNAM de ser base y punto de reclutamiento en México de la guerrilla colombiana.
El gobierno del señor Felipe Calderón parece haber comprado esta versión. En lugar de enviar una nota de protesta diplomática por el asesinato de estos connacionales, está guardando un silencio diplomático cómplice. Lo más que ha hecho es pedir, de manera tibia y burocrática, una explicación de los hechos a Ecuador y a Colombia.
Suponiendo, sin conceder, que los estudiantes e investigadores universitarios fueran lo que dice el gobierno de Colombia que son, aspirantes o reclutas de las FARC, eso no le da en ningún momento autoridad o permiso para masacrar a ciudadanos de otras naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas normales, que es el caso de las relaciones entre México y Colombia.
Hasta que se demuestre lo contrario, el grupo de connacionales mexicanos son lo que establecen sus documentos diplomáticos oficiales: civiles universitarios, no guerrilleros ni narcoterroristas. Este debe ser el punto de partida del gobierno mexicano.
Es una verdad jurídica y diplomática, avalada por la OEA, que el ejército colombiano violó de manera flagrante el territorio de ecuador en esta incursión militar. Es una violación artera del derecho internacional. Sin embargo, el hecho de que una parte de los asesinados sean civiles indefensos, eleva la gravedad de este acontecimiento. En el caso concreto de los universitarios muertos, Colombia habría violado convenciones, tratados y disposiciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos y civiles, donde los afectados son ciudadanos miembros del Estado Mexicano.
Es tan grave lo acontecido en la selva de Ecuador que la incursión colombiana se podría tipificar como un delito de lessa humanidad, ya que el ataque tuvo el objetivo de exterminar a un grupo guerrillero, enemigo del Estado colombiano al cual las FARC le declararon la guerra hace años, pero donde hubo víctimas civiles –no paramilitares-, de ciudadanía no colombiana, y en territorio extranacional.
Si los universitarios mexicanos estaban recibiendo adiestramiento guerrillero es una imputación que deben probar los gobiernos de Colombia y Ecuador. Hasta ahora no lo han hecho. Mientras no se pruebe esto, el hecho diplomático duro es que un grupo de ciudadanos universitarios mexicanos fue arteramente asesinado en la selva ecuatoriana por tropas colombianas al ser confundidos con guerrilleros de las FARC. Lo otro es especulación.
Si el actual gobierno tiene algo de dignidad nacional y valor diplomático, debe condenar enérgicamente este asesinato masivo de ciudadanos mexicanos y protestar diplomáticamente hasta obtener una respuesta resarcitoria y satisfactoria por el agravio cometido. De otra forma, estaría convalidando el agravio diplomático y militar en contra de México.
Quisiera imaginarme si en 1994, en Chiapas, en los enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el EZLN, hubiesen muertos ciudadano europeos o de otros países, cuál hubiera sido la reacción de sus gobiernos.
Por ello, el gobierno mexicano, antes de tratar de mediar en el conflicto, debe condenar enérgicamente esta acción militar de Colombia y exigir una investigación imparcial de los hechos a la OEA.
¿Universitarios o reclutas guerrilleros? ¿Estudiantes o narcoterroristas? Esto es lo que debe dilucidar precisamente esa investigación imparcial por parte de la OEA y las organizaciones civiles de derechos humanos. Mientras tanto el gobierno mexicano no debe hacerse bolas ni titubear: los mexicanos heridos y muertos durante esa incursión son lo que dicen sus papeles oficiales que son. Es decir, estudiantes e investigadores realizando un trabajo universitario. Es decir, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Cómo nos gustaría a muchos mexicanos que, así como el gobierno del señor Calderón defiende a capa y espada al ciudadano de origen español naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, ahora en aprietos, estuviera dando la cara por la UNAM y por los mexicanos agraviados en Ecuador.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx