Matriz Sur
Aporrea
El “inesperado” escenario de convulsión política y social desatado desde hace algunas semanas en la Argentina resultó una operación desestabilizadora implementada por el gobierno de los Estados Unidos en vinculación con los grandes grupos agroganaderos transnacionales, conglomerados alimenticios extranjeros y medios concentrados de comunicación privados junto a sectores políticos oposicionistas y la ultraderecha católica.
La alianza estratégica comercial con países sudamericanos iniciada por el ex presidente Néstor Kirchner, la actuación del gobierno de Cristina Kirchner en el Grupo Río y OEA, la participación como garante del canje humanitario y la reciente celebración de un convenio bilateral alimentario entre Argentina y Venezuela, fueron los motivos principales que desataron la ira del gobierno Bush ordenando activar acciones desestabilizadoras similares a las implementadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El “corner” instalado en las oficinas del embajador norteamericano Wayne es la sala situacional donde se coordinan e impulsan las acciones de instalación acciones de sabotaje y terrorismo alimentario con cortes de carreteras, cacerolazos y desabastecimiento de alimentos básicos en las grandes ciudades, en vinculación con la Sociedad Rural y sectores fascistas de la Coalición Cívica y el Partido Propuesta Republicana liderados por Elisa Carrió y el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri, respectivamente, quienes han recibido dinero para sus campañas políticas y fundaciones provenientes de la USAID-NED-IRI y sus redes aliadas.
La amplificación de estos eventos se llevó a cabo mediante mecanismos de terrorismo mediático por parte de los principales canales y radios privadas al servicio de los sectores altamente concentrados del poder político y económico internacional (Grupo Clarín, TN, Canal 13; C5N (CNN), Canal 9, Canal 2, Canal 11, Crónica TV, Canal 26. Radios Mitre, Del Plata, América, Colonia, Belgrano, otras. Diarios Perfil, La Nación, Clarín. Revista Noticias.
La maniobra de desgaste político tuvo por objetivo central disciplinar y condicionar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, intentando quebrar así su alianza estratégica latinoamericanista con los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, debilitando el bloque sudamericano.
La referencia hecha ayer por Cristina Kirchner a la huelga patronal del 24 de febrero de 1976 -previa al último golpe de Estado en Argentina- afirmando que “vi imágenes que nunca pensé que volverían” y “hay muchas casualidades estos días” fueron la aceptación pública de la existencia de una matriz golpista civil-imperialista que puso al gobierno de los Kirchner en “alerta y movilización” tras el embate de sectores de poder político y económico transnacionales que hicieron crujir en los últimos días la estructura política y social argentina.
Los sectores agrarios “más duros” protagonistas de los cortes de carreteras están liderados por antiguos militantes de grupos izquierdistas (PCR) aliados a la derecha y abiertos opositores del gobierno que denominan “la nueva plaga del campo”, pero que finalmente debieron levantar temporariamente la huelga dada la presión generada por las movilizaciones implementadas por amplios sectores populares. La denominada “tregua” y suspensión declarada por representantes del campo luego de 21 días de huelga, deja como saldo un “empate técnico” con profundas consecuencias políticas y sociales que cambiarán a partir de ahora el tablero de la realidad argentina donde el 54% de la tierra cultivada es apropiada por el 2% sus poseedores, y que produce granos para 300 millones de habitantes.
El "golpe suave desestabilizador" iniciado por la Casa Blanca, la oligarquía agroganadera y la oposición golpista tras la fachada de “justas reivindicaciones del campo” y “manifestaciones espontáneas de ciudadanos”, pone nuevamente en guardia (luego de la operación maletín) a un gobierno que asumió hace solamente 100 días con el 45% de los votos a favor y por una diferencia respecto del segundo, del 23%.
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