viernes, mayo 30, 2008

Condena la CIDH acciones racistas contra partidarios de Evo Morales

El organismo apremia a las autoridades a investigar los hechos y castigar a los responsables

Antropólogos llaman a la opinión pública internacional a vigilar la situación en Bolivia

En Beni cobran fuerza las manifestaciones en favor y en contra del referendo autonómico

Afp y Dpa

¡INCREÍBLE QUE ESTO ESTÉ SUCEDIENDO!

El pasado sábado unos 20 campesinos quechuas fueron vejados y forzados a marchar semidesnudos en la plaza de armas de Sucre, donde grupos de extrema derecha les obligaron a arrodillarse y a gritar consignas contra el presidente Evo Morales, en una acción que ayer fue condenada por la CIDH. Foto: Ap

Washington, 29 de mayo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó y condenó “enfáticamente” las “agresiones” de “carácter racista y discriminatorio” contra campesinos partidarios del presidente Evo Morales el pasado sábado en Sucre, donde radica un movimiento que reclama el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la ciudad sede del Poder Judicial.

El reclamo de la CIDH coincidió con la denuncia que en París hicieron tres antropólogos de universidades europeas que trabajan en Bolivia, quienes deploraron los “inaceptables hechos racistas” y llamaron a la opinión pública internacional a dar “mayor vigilancia” a los acontecimientos en el país sudamericanos, a fin de impedir nuevos ataques contra indígenas bolivianos.

El pasado sábado grupos de extrema derecha agredieron a campesinos que se dirigían al estadio Patria de Sucre para apoyar la gestión de Morales, en un evento en el que haría entrega de 50 ambulancias y mil viviendas para sectores populares.

Durante los ataques, 20 campesinos quechuas fueron vejados y obligados a marchar semidesnudos hasta la plaza de armas de Sucre, donde les obligaron a arrodillarse y a gritar consignas contra el mandatario, un indígena aymara, el primero en la historia de Bolivia en llegar a la presidencia de un país constituido en su mayoría por miembros de comunidades originarias.

En un comunicado, la CIDH dijo deplorar “los hechos de violencia que tuvieron lugar el sábado 24 de mayo en Sucre, Bolivia, y apremia a las autoridades a realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables”.

La comisión cita información e imágenes de video que muestran que campesinos e indígenas “fueron insultados con epítetos racistas, pateados y golpeados con palos, obligados a arrodillarse en la Plaza 25 de Mayo, humillados de diversas formas, y despojados de documentos, dinero y ropa”.

“La información disponible –puntualizó la CIDH– indica que los atacantes también agredieron a las fuerzas policiales y militares desplegadas para garantizar la seguridad pública durante la celebración de este acto. Según la información recibida, los policías y militares se retiraron del lugar ante el ataque y el presidente Morales debió suspender su viaje a Sucre”, 580 kilómetros al sureste de La Paz.

Los antropólogos europeos señalaron en un comunicado que “es de la mayor importancia hacer comprender a las autoridades pertinentes y al pretendido ‘Comité Cívico’ que patrocina estos actos racistas, que la opinión pública internacional está vigilante y reaccionará enérgicamente frente al recrudecimiento del racismo contra la población indígena de Bolivia”.

“No se trata de apoyar al gobierno, sino de defender el derechos de los campesinos a expresar sus posiciones políticas y de apoyar, si lo desean, al presidente de la República elegido democráticamente”, dijo Rosalía Martínez, etnomusicóloga de la Universidad de París y del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia (CNRC).

Además de Rosalía Martínez, el comunicado fue firmado por Tristan Platt, antropólogo e historiador, profesor de la Universidad Saint Andrew de Escocia, y por el antropólogo francés Gilles Riviere, todos especialistas en culturas andinas.

En Sucre, la capital de Bolivia, mientras tanto, la mayoría de la población respondió favorablemente a la convocatoria del sector empresarial aglutinada en el Comité Cívico para reclamar a Morales la construcción de un nuevo aeropuerto, programas de electrificación y obras menores en los barrios de la ciudad.

Con los transportistas sumados al paro, el movimiento de personas quedó prácticamente paralizado. Pocos automovilistas circularon debido a que las principales calles y avenidas fueron obstruidas con vehículos del servicio público.

El gobierno de Morales, por medio de un vocero, consideró que la movilización en Sucre sólo respondió a propósitos políticos del Comité Cívico del departamento de Chuquisaca, una de las entidades que se han sumado al movimiento autonomista encabezado por “los cívicos” de Santa Cruz, donde el 4 de mayo pasado se realizó un referendo sobre un estatuto autonómico que no está fundamentado en la Constitución y las leyes vigentes.

Este domingo los departamentos de Beni y Pando –ambos en el extremo noroeste de Bolivia– celebrarán sus respectivas consultas populares.

Reportes de medios locales indicaron que en algunos poblados de Beni las manifestaciones de división cobraron fuerza a medida que se intensificó la campaña por el sí a la aprobación del estatuto autonómico.

Dado que las autoridades electorales centrales no reconocen la legalidad este proceso, el gobierno provincial de Santa Cruz ha apoyado al de Beni con la entrega de 150 mil boletas.

En La Paz, el gobernante Movimiento al Socialismo y dos pequeños partidos conservadores aprobaron solicitar al Congreso la revisión de la nueva Constitución Política para que trate de armonizar sus preceptos con las demandas de los autonomistas. También acordaron la realización de un debate para actualizar el pacto de distribución de ingresos fiscales entre el gobierno central y las nueve provincias.

Los acuerdos fueron asumidos no obstante la ausencia de representantes de los cuatro departamentos comprometidos con la realización de referendos sobre sus estatutos autonómicos –incluido Tarija, que realizará su consulta el mes próximo– y del derechista partido Poder Democrático y Social.

Morales ordenó el relevo del comandante de la policía nacional, general Miguel Vásquez, y en su lugar nombró al general Alfonso Miguel Jemio Urrutia. El cambio causó sorpresa porque era probada la lealtad de Vásquez al mandatario. Sin embargo, dirigentes opositores exigían su destitución por el papel de agentes policiales en los conflictos recientes de Sucre y Santa Cruz.

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