lunes, septiembre 29, 2008

CUESTION DE CONFIANZA.

Uno de los temas del debate nacional establece la posibilidad de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) investigue a los próximos candidatos a cargos de representación que se disputarán el año entrante. De hecho, la mayoría de los partidos políticos apoya la intervención del Centro para que investigue a los aspirantes a puestos de elección popular y, de esta manera, evitar infiltraciones del narcotráfico.

La medida, que aplicaría a partir de los comicios de 2009, es aceptada por PRI, PRD, PVEM y el Partido Social Demócrata (PSD) —principal promotor—, con la reserva de que el Instituto Federal Electoral (IFE) regule la participación del Cisen y a la vez promueva el antidopaje, la revisión de cuentas bancarias y auditorías internas a los aspirantes.

Los partidos políticos que han aceptado esta medida a todas luces inapropiada, parecen víctimas de un chantaje, en donde si no la aceptan quedarán en evidencia de sus abanderados mantienen algún tipo de relación con el crimen organizado, algo que, por cierto, muchos de ellos no necesitan porque sus fortunas se ha hecho al amparo de las complicidades entre los partidos políticos.

Por lo demás, convendría observar que al calor de los recientes acontecimientos y de la lucha contra el crimen (“guerra”, dice el gobierno de Calderón). En los bombazos de Morelia, pese a contar con información, nadie pudo hacer nada por evitarlo; en la los operativos estatales, las plazas siguen tomadas por los grupos de delincuentes que le están disputando al estado el monopolio de las armas.

Quizá convendría observar las anotaciones de Jorge Reyes Baeza Terrazas, gobernador de Chihuahua, entidad que ha aportado mil 300 muertos a esta confrontación bélica. “la guerra es entre ellos y el papel del gobierno no es guerrear”, sino aplicar la ley, es decir, castigar a quien comete un delito.

Hace seis meses se inició aquí el Operativo Conjunto para el combate al crimen organizado, sin embargo reconoce que no sólo se equivocó el diagnóstico, sino que además fallaron las tareas de inteligencia.

Reitera así que Chihuahua es escenario del enfrentamiento de estos grupos, que ha dejado como saldo la pérdida de vidas inocentes, como en el municipio de Creel, en la Sierra Tarahumara, donde 13 personas fueron masacradas al salir de un salón de fiestas.

“Debemos aceptar que algo no está funcionando, que las cosas no se están haciendo bien, que es inadecuada la labor hecha y que se desestimó la gravedad de la situación”.

Agrega: “Me parece que está faltando análisis de la información, mayor capacidad de respuesta, ser menos reactivos y más proactivos a partir del trabajo de inteligencia”. Pero aquí hay que hacer un punto y a parte.

El problema que enfrentarán partidos y candidatos no serán solo las revisiones del IFE y del CISEN, y la ineficacia de éste último, sino las tentaciones autoritarias que llevarían al organismo a prestarse a los juegos de poder del partido gobernante y filtrar o manejar de manera dolosa, información de los adversarios del partido Acción Nacional. Ya ha sucedido, y seguramente volverá a ocurrir.

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