jueves, mayo 15, 2008

Asegura la PGR al menos 21 casas de cambio en Culiacán

La PGR aseguró hoy, por lo menos, 21 casas de cambio en Culiacán


* Arraigan a nueve sicarios de El Barbas Beltrán Leyva
* Continúa la racha de ejecuciones: 12 muertos en cuatro estados

México, D.F., 14 de mayo (apro).- La Procuraduría General de la República aseguró hoy, por lo menos, 21 casas de cambio en Culiacán, Sinaloa, ante la sospecha de que realizan operaciones de lavado de dinero, mientras que en cuatro estados del país la violencia se recrudeció con la ejecución de 12 personas.Mientras tanto, en la Ciudad de México, nueve presuntos sicarios de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fueron arraigados, luego de que un juez federal concediera a la Procuraduría General de la República un plazo de 90 días.En un operativo realizado en el “mercadito de Culiacán”, fuerzas especiales del Ejército y de la Policía Federal, además de las casas aseguradas, detuvieron a cinco personas que realizaban operaciones de compra venta de dólares en plena calle.En el marco del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato, las fuerzas de seguridad pusieron los sellos de aseguramiento a los establecimientos Acuario, Mercadolar, Servicambio, San Carlos, entre otros, para que la Secretaría de Hacienda pueda realizar las investigaciones que considere pertinentes.Extraoficialmente, corrió la versión de que los establecimientos asegurados fueron 30.
Arraigados
La PGR dio a conocer que el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales concedió un arraigo hasta por 90 días en contra de los nueve presuntos sicarios.Según la PGR, Beltrán Leyva pagó a una banda de homicidas del Distrito Federal para que asesinaran al coordinador regional de la Policía Federal, Edgar Millán Gómez.Los nueve arraigados fueron detenidos el pasado 7 de mayo --horas antes de que fuera asesinado Millán Gómez—en el poblado de Xoxocotla, Morelos, durante un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías, donde murieron dos oficiales y dos sicarios.
Un muerto en Guamuchil
Por otra parte, un comando integrado por 30 hombres, por lo menos, camuflados con uniformes falsos y vehículos con insignias sobrepuestas de la Agencia Federal de Investigación (AFI), atacó la base de la Policía Ministerial Estatal, y ejecutó a un joven de 18 años de edad.La madrugada de este miércoles, el grupo de encapuchados lanzó tres granadas de fragmentación al interior de las instalaciones de la AFI; y disparó más de 300 balas de fusiles R-15 y AK-47. Ningún agente resultó lesionado.Minutos más tarde, en las colonias 15 de Julio e Insurgentes se registraron dos balaceras más, en una de las cuales fue ejecutado un joven de 18 años de edad. Hasta el momento se desconoce el móvil, aunque las autoridades presumen que se trata de un ajuste de cuentas. Tres ejecutados en Ciudad Juárez
Por segundo día consecutivo Ciudad Juárez, Chihuahua, registró una noche de violencia con la ejecución de cuatro personas en menos de dos horas.Según reportes de la policía local, la primera ejecución ocurrió a las 22:00 horas, aproximadamente, en el fraccionamiento Álamos de San Lorenzo, donde un comando prácticamente destrozó la cabeza a un hombre de 24 años de edad.Dos horas después, otros dos hombres fueron ejecutados por un comando que ingresó a un bar ubicado en la zona centro de la ciudad. Las víctimas de no han sido identificadas.Mientras tanto, en Parral, se registró una balacera entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos narcotraficantes. Aunque oficialmente no se ha informado sobre el enfrentamiento, varios militares habrían resultado heridos.
Tres policías asesinados en Torreón
En Torreón, Coahuila, dos policías ministeriales murieron durante un operativo que intentaba la recuperación de 8 víctimas de un “levantón”.Luego de enfrentamientos en diferentes calles, los ministeriales Francisco González Montoya, de 37 años de edad, y Óscar Mario Gallardo Palacio, de 42, fueron emboscados.Según Torres Charles, 11 efectivos de la policía ministerial se trasladaron a la colonia Nueva Laguna y, al intentar recabar datos entre los vecinos, desde una camioneta les dispararon varias ráfagas de metralla, dando inicio a un tiroteo.La refriega continuó y los sicarios arrojaron dos granadas de fragmentación, pero sólo una estalló, provocando lesiones leves a Carlos Manuel Pérez Arreola y a Jesús Raúl Frías Sánchez, ambos efectivos de la Policía Estatal Preventiva.
Cuatro muertos en Guerrero
Un saldo de dos muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la Policía Preventiva Municipal y un grupo de presuntos sicarios en Zirándaro de los Chávez, en la región de la Tierra Caliente, Guerrero, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas del martes, en la calle principal de la localidad, donde se registró un tiroteo entre agentes preventivos e individuos armados con rifles AR-15 y Ak-47.Según el reporte, en este choque un presunto sicario murió. Según los oficiales, en el tiroteo mataron a dos agresores, de los cuales sólo ha sido localizado un cadáver.El martes, en la comunidad de San José el Pilón de este mismo municipio, fue asesinado a balazos Reynaldo Peñaloza Maldonado, de 42 años de edad, luego de que se resistió a ser asaltado.En tanto, en el kilómetro 101+800 de la carretera Arcelia-Teloloapan, fueron localizados dos cuerpos calcinas en el interior de una camioneta Nissan.
Ola de asaltos
Mientras tanto, en la Ciudad de México, un grupo armado irrumpió en la bodega de la agencia Consorcio Aduanal para la Logística S.A. (Calsa), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de donde se llevó 28 barriles de clorhidrato de clindamicina y de sinaricina, con un valor comercial de 479 mil pesos.De acuerdo con las primeras indagatorias, el producto robado estaba destinado para unos laboratorios médicos.Tras el robo, los individuos que portaban armas largas privaron de su libertad a cuatro empleados, que después abandonaron en distintos puntos.Al norte del país, en Tampico, Tamaulipas, después de tres días de custodia, elementos del Ejército y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entraron a una bodega, presuntamente utilizada como casa de seguridad, donde se resguardaban siete camionetas abandonadas, tres de las cuales tenían carrocería blindada.Los vehículos blindados asegurados fueron un auto Passat, color blanco, placas XEB 3503, de Tamaulipas; una camioneta Volvo, blanca, placas XCX 4688, de Tamaulipas; y una Dodge Durango color arena sin matrícula, que fue asegurada desde el 12 de mayo afuera de un almacén ubicado en la Colonia Laguna de la Puerta.Los militares también aseguraron una camioneta Escalade, color rojo, placas YZK 6739, de Veracruz, sin los asientos traseros, lo que hizo pensar al Ejército que el vehículo era usado para cometer plagios.Por último, las fuerzas federales retiraron una camioneta Ford pick up F150, con los demás vehículos, y 20 cartuchos útiles de distintos calibres. No hubo personas detenidas en el operativo. (Con información de Arturo Rodríguez García).

sondeo

¿Quién tiene la obligación de combatir al crimen organizado?

a) La sociedad civil
1 % 19 votos
b) Los medios de comunicación
0.53 % 10 votos
c) Calderón
60.97 % 1159 votos
d) Todos
37.51 % 713 votos


Para participar en el sondeo AQUI.
Aprueba Comité de la Cámara de Representantes 1,600 mdd para la Iniciativa Mérida
Eliot Engel

Washington, 14 de mayo (apro).- Después de un acalorado debate, en el que se puso en tela de juicio la integridad de las Fuerzas Armadas, policiales y del gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico, el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría en un voto oral, un paquete de mil 600 millones de dólares para financiar durante tres años la instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida.“La narcoviolencia en México no está solamente socavando la seguridad de nuestros amigos del sur, sino también alimentando el comercio de la droga y la violencia aquí en Estados Unidos”, declaró Eliot Engel, el representante demócrata de Nueva York y presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, después que se aprobó el paquete presupuestal para financiar a la Iniciativa Mérida.En la sesión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso federal estadunidense, se aclaró que un incentivo que provocó no sólo la aprobación de los fondos, sino el aumentarlos de mil 400 millones a mil 600 millones de dólares, fue el hecho de los recientes asesinatos de jefes policiacos en varios puntos de México. “Los recientes eventos de México hacen a esta legislación más crucial que nunca”, subrayó el congresista de Nueva York.El Comité de Relaciones Internacionales rechazo varias enmiendas de opositores a la Iniciativa Mérida, que pedían aplicar concisiones y certificaciones a la entrega del paquete financiero que le corresponde a México, como por ejemplo, condicionar el envío de helicópteros y aviones militares al Ejército mexicano, al escrutinio y garantía de que ningún soldado mexicano que fuera a usar el equipamiento bélico para combatir al narcotráfico, tuviera antecedentes relacionados con la violación de derechos humanos.El paquete de mil 600 millones de dólares aprobado en la Cámara de Representantes, libera los 500 millones de dólares en equipo militar, asistencia tecnológica y de entrenamiento que solicitó para México el presidente George W. Bush, y que cubre el año fiscal de 2008 que entro en vigor el 1 de octubre de 2007, y 50 millones de dólares para Centroamérica. El paquete aprobado también libera otros 450 millones de dólares para México en el año fiscal 2009, y 150 millones de dólares para las naciones centroamericanas. El resto del dinero, de los mil 600 millones de dólares, serán distribuidos a México y Centroamérica con base en lo que considere el próximo presidente de México.La decisión del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, ahora tendrá que ser confrontada con la propuesta de la Cámara de Senadores, donde los legisladores proponen quitarle a México 204 millones de dólares del paquete por 500 millones para la instrumentación de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008.En el Senado, los congresistas estadunidenses han dicho que el Ejército mexicano podría usar los aviones y helicópteros para incurrir en violaciones a los derechos humanos, con el argumento o excusa de estar combatiendo al narcotráfico.El Comité de Apropiaciones del Senado abordará mañana oficialmente la propuesta senatorial por 296 millones de dólares para financiar la entrada en vigor en México de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008.Debido al monto aprobado por el Comité de Relaciones Internacionales, en el Capitolio se habla de que, durante la sesión bicameral para conciliar en un solo proyecto los fondos para el financiamiento de la Iniciativa Mérida, la versión final por lo menos para el año fiscal de 2008, terminará siendo un paquete de financiamiento de por lo menos 350 millones de dólares.Fuentes legislativas aseguran que el presupuesto para financiar la Iniciativa Mérida podría ser aprobado por los dos plenos de las cámaras del Congreso estadunidense, a fines de este mes, ya que forma parte del paquete de gastos adicionales para las operaciones militares en Irak.
Ecuador abre proceso contra Lucía Morett
Lucia Morett

* Planea solicitar a Nicaragua la extradición de la estudiante mexicana

México, D.F., 14 de mayo (apro).- El gobierno de Ecuador abrió un proceso contra la estudiante mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque ecuatoriano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terrorista.El fiscal del caso, Firmar Gonzabaray, dijo a la prensa ecuatoriana que el gobierno de Rafael Correa analiza la posibilidad de solicitar la extradición” de la estudiante mexicana, quien pidió asilo en Nicaragua después de haber permanecido internada en un hospital de Quito.Según una nota del diario El Comercio, Morett enfrentar cargos por su presunta relación con la guerrilla colombiana, aun cuando ella ha negado insistentemente las acusaciones y ha dicho que se encontraba en el campamento de las FARC realizando una investigación académica.Junto con Morett fueron vinculadas al proceso las dos colombianas que también se salvaron de morir en el bombardeo del 1 de marzo, y quienes también recibieron protección de Managua, señaló Wirmar Gonzabay, fiscal de la provincia amazónica de Sucumbíos.Las mujeres deberán responder en ausencia por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terroristas, explicó el funcionario, según el diario El Comercio."Es un proceso largo. Si hay auto de llamamiento a juicio se podría pedir la extradición de las tres mujeres", indicó Gonzabay. De ser halladas culpables podrían ser condenadas a 12 años de cárcel.El fiscal formuló los cargos dos días después de que las colombianas Martha Pérez y Doris Torres viajaran asiladas a Nicaragua, tras permanecer internadas por poco más de dos meses en el hospital militar de Quito.El 16 de abril Morett, quien también estuvo hospitalizada, se trasladó a Managua atendiendo un ofrecimiento de protección del gobierno del presidente Daniel Ortega.Antes de viajar negó cualquier vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), y aseguró que al momento del ataque se encontraba en el campamento rebelde realizando una investigación académica.En la acción militar murieron 25 personas, incluidos el número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. El ataque derivó en una severa crisis política que todavía mantiene rotas las relaciones entre Bogotá y Quito.Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a los gobiernos federal y capitalino, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de República (PGR) y a las comisiones de Derechos Humanos, nacional y local, a brindar a Morett todas las garantías consagradas en la Constitución.Demandó garantizar que tanto la estudiante herida en Ecuador no será acosada, perseguida, amenazada u hostigada bajo el pretexto de ser testigo protegido o presencial.Del mismo modo, la ALDF exigió a Felipe Calderón que urja al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el cese inmediato de las agresiones e imputaciones “irresponsables” contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El diputado perredista Salvador Martínez Della Roca, presidente de la Comisión de Educación de la ALDF, puntualizó que la pérdida de las vidas de los estudiantes asesinados en Ecuador por el ejército colombiano es irreparable, por lo que pidió al gobierno federal que exija a su homólogo colombiano una justa indemnización para las familias de los estudiantes Natalia Verónica Velásquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Ulises Ávila que murieron durante la incursión armada colombiana.Martínez Della Roca propuso también que en caso de no lograrse esta indemnización, el gobierno mexicano busque los mecanismos adecuados para otorgarla.
Acusa activista a exprocuradora de Oaxaca y a jefe policiaco de haberlo secuestrado

Oaxaca, Oax., 14 de mayo (apro).- El dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, acusó a la exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza y al subdirector operativo de la Policía Ministerial de Oaxaca, Pedro Hernández Hernández --arraigado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo)--, de ser los responsables de su secuestro y haberlo mantenido en una “casa de seguridad”, antes de enviarlo al penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México.Dijo que Caña Cadeza y Hernández han empleado “tácticas paramilitares”, y afirmó que podrían estar implicados en la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.Torres Pereda señaló que, el 6 de agosto de 2006, fue detenido en Tuxtepec por un “comando” encabezado por el comandante Pedro Hernández, quien en lugar de presentarlo ante el Ministerio Público, lo llevó a una “casa de seguridad” en Matías Romero y un día después lo enviaron al penal del Altiplano.Dijo que, durante su traslado, una persona se comunicó en tres ocasiones con Caña Cadeza, “responsable de la estrategia de guerra sucia contra el movimiento social”.El 8 de marzo de 2007, Torres Pereda fue liberado, tras ser exonerado de los delitos que le imputó el gobierno del estado por su participación en el movimiento de 2006.Pidió a las autoridades federales investigar a Caña Cadeza y a Hernández quienes, dijo, están ligados al dirigente estatal del PRI, Jorge Franco Vargas. Añadió que ambos “están implicados en la guerra sucia contra el movimiento social y cuentan con `casas de seguridad` en el estado, donde utilizan estrategias paramilitares”.Por otra parte, Torres Pereda cuestionó a la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la cual, dijo, “sigue simulando” que busca defender los intereses de los maestros.Añadió que es necesario rearticular la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), “porque ya no confiamos en la dirigencia de la Sección 22, cuyos miembros se están convirtiendo en cómplices del gobierno del estado y han negociado a espaldas del pueblo”.

Ponencia de Claudia Sheinbaum sobre la Reforma



http://video.google.com/videoplay?docid=812029129457463922&hl=es

Comienza en el minuto 6 más o menos.

Círculo de Estudios

el Circulo de Estudio Guadalupe Insurgentes

te invita a la

conferencia

"los medios masivos de comunicacion"

con Andrea Fernandez,

este sábado 17 de mayo a las 17:00 hrs.

Ing. Gayol esquina Excelsior, col. Guadalupe Insurgentes
cerca del metro potrero

Para ver el bonito cartel-invitación, pícale aquí abajito:
http://toliro.lunarpages.com/foro/index.php?topic=2301.msg91228#msg91228

Defensa del Petróleo y la Electricidad - Actividades

I N V I T A C I O N

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A. C.
V Foro

PEMEX: "Seguridad Nacional y Petróleo"

EL Club de Periodistas de México A.C. se complace en invitar a usted al 3er Foro sobre Pemex: Temática: Seguridad Nacional y Petróleo.

Dr. John Saxe Fernandez.
Es doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinador del programa El Mundo en el Siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM. Fue director del Proyecto Lázaro Cárdenas del Río CONACYT-UNAM-Pemex. Autor de diversos libros y artículos publicados en América Latina, Canadá, Estados Unidos y Europa. Autor de una docena de libros entre ellos Petróleo y Estrategia México Siglo XXI 1980. Entre los más recientes: La Compra-Venta de México México Plaza & Janés 2002; Terror E imperio México Random House Mondadori 2006. Su más reciente libro: Terror e Imperio (Arena, México, 2006). Su próximo libro: Estado de Excepción: EUA México y Canadá.

Dr. y Gral. José Francisco Gallardo, Es General Brigadier y Doctor en Leyes por la UNAM, Impulsor del ombudsman militar, por lo cual fue encarcelado en 1994 por 8 años, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), como académico, ha recibido la Medalla Gabino Barreda de la UNAM; fue director de la Escuela de Equitación del Ejército; responsable de la villa Ecuestre de la SEDENA; en 1997 recibió el Premio Sergio Méndez Arceo y por su buena conducta militar y civil y su aptitud profesional, en sólo diez años alcanzó el grado de Gral. de Brigada.

Víctor Flores Olea, Es profesor universitario, ensayista, narrador, diplomático y fotógrafo mexicano. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios de posgrado en las universidades de Roma y París. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde fue director (1970-1975). Fue embajador en la Unión Soviética (1975-1976); vicepresidente de la Comisión de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO (1977); representante en la UNESCO (1978-1982); subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1982 -1988) y primer presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) (1988-1992).

Moderadores: Celeste Sáenz de Miera y Aguiar, Juan Ramon Jimenez

El acto se llevará a cabo el próximo viernes 16 de Mayo de 2008 a las 18:00 horas en el Patio de Honor del Club de Periodistas de México A.C., ubicado en Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico (entre las calles 5 de Mayo y Tacuba).




Por la Libertad de Expresión Periodismo de cara a la Sociedad


Pemex NO se vende, SE DEFIENDE hasta con los dientes.

En defensa del petróleo - Invitación


Desesperación en Los Pinos

Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Con un golpe de la mano sobre el atril, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pronunció un segundo pero más confuso y desesperado “¡Ya basta!”, en las últimas 72 horas.
Lo hizo, además, en respuesta a una pregunta, durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Unión Europea, José Manuel Durao Barroso. Mal y contraindicado escenario que permite suponer que como a su antecesor Vicente Fox Quesada, las emociones empiezan a escapar de control.
Estados de ánimo que evidencian que en la fiesta, pública o privada, como la que tuvo con profesores por su día, se la pasa extraordinariamente bien. Y frente a los retos que él mismo se antepuso, como “la guerra contra el narcotráfico”, lo agobian y lanza acusaciones a diestra y siniestra, como el lunes 12, contra los medios de comunicación, los jueces, los presidentes municipales, el Congreso, la ciudadanía… Contra todos, excepto el grupo gobernante y la plutocracia.
Para tranquilidad de los mexicanos, asegura que él no se sumará al “abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”. Omite decir que entre los presuntos cobardes está Fox, quien le heredó a Genaro García Luna, Eduardo Medina-Mora Icaza, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, a todas las cabezas de los mandos policiacos, ministeriales y políticos con los que está librando una batalla que pudo ser decisiva si no incurriera reiteradamente en tres gravísimas perversiones:
1. Usar la lucha contra el crimen organizado para abatir el enorme déficit de legitimidad con el que tomó posesión de la Presidencia de la República.
2. Emprender la batalla en forma grupal y sin consultar al Legislativo y el Judicial, a los otros dos niveles de gobierno, a las fuerzas políticas y sociales, a los agentes económicos.
3. Involucrar ilimitadamente al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sin establecer las acotaciones institucionales y legales, con todo y la inconstitucionalidad de la militarización de la vital tarea de la seguridad pública. Sacar a la milicia de los cuarteles es muy sencillo, pero muy difícil regresarla.
Este es un gobierno de amigos, de cuates y también de profesores de Calderón Hinojosa. En un alegre festejo amenizado por el mariachi de la Secretaría de Marina, degustó con sus maestros. Entre ellos se cuentan Georgina Kessel Martínez, Ernesto Cordero Arroyo, Miguel Alessio Robles y Luis Pazos de la Torre. La amistad y el agradecimiento escolar se demuestran, ahora, en la nómina del Ejecutivo federal. Y Rafael Luviano Delgado asegura en Forum: “…se dice que a partir de las 18 horas ‘no hay presidente’ en Los Pinos, por su proclividad a la fiesta” (número 177, V-08, pp. 28-29).
Pronunciadas o no bajo los efectos de la cruda realidad, las insolentes frases presidenciales fueron leídas puntualmente por Televisa y actuó como en los viejos tiempos de “somos soldados del PRI”, sólo que ahora sabrá cobrar al erario los servicios prestados “como generales del PAN”.
Las gacetillas electrónicas transmitidas como reportajes en El canal de las estrellas no convencen ni a sus creadores, menos inquietan a los capos operativos de los cárteles de las drogas --y menos todavía a los intocados amos y señores del negocio financiero, bursátil y político-- que a menos de 24 horas del operativo Culiacán-Navolato, atacaron instalaciones de la policía ministerial de Guamúchil, Sinaloa.
Con 438 policías, marinos, soldados y agentes del MP ejecutados por el crimen organizado desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 14 de mayo de 2007, resulta inaplazable una rectificación presidencial en el rumbo atrabiliario que impuso a su guerra, para dar paso a otro que atienda las aristas socioeconómicas del desbordado problema.
Acuse de recibo
Juan Amael Vizzuett Olvera --editor, caricaturista y pintor-- critica sobre Autorretrato de Krauze (14-V-08): “Cuando habla de López Obrador, Krauze no abandona de ninguna manera su rigor intelectual ni su disciplina de investigador social, por la sencilla razón de que nadie puede abandonar lo que no tiene. Baste leer el libro de Manuel López Gallo Las grandes mentiras de Krauze para comprobar que, además de cursi, pretencioso y ampuloso, Krauze es bastante descuidado”… En tanto que para el abogado Lamberto García Zapata “AMLO no sigue la vía insurreccional, no hay ninguna evidencia de ello; y no ha desechado la vía electoral. Toda su actividad actual, limitada a sus mítines en todo el país, se dirige exclusivamente a llegar políticamente vigente al 2012 y ser nuevamente candidato presidencial del PRD o de otro partido. No cabe duda, la inteligencia permite ver claro, pero la derechización, como es el caso de Krauze, obscurece todo, hasta la inteligencia”… Othón Salazar Ramírez llegará mañana a los 84 años con un estado de salud frágil. Le recuerdo la petición de Palabra y Realidad del Magisterio (paremag@gmail.com) para aportar en la cuenta de Santander 6052848697-7, a nombre del ejemplar luchador social. Teléfonos: 55 90 19 32 y 55 63 70 33.

Urgente Taller de formación para Brigada 21

Estimad@s Renegad@s:

Urgentemente necesitamos avisarles que el día de hoy, jueves 15 de mayo, no habrá Círculo de Estudios en el Club de Periodistas, debido a que el Club de Periodistas esta rentado completamente para estos días, así que les agradeceremos les comenten a los conocidos y asistentes al Círculo de Estudios Central.

Otra información importante es la siguiente:

Primer Taller de formación para la visitas casa x casa de la
Brigada 21
(Círculos de Estudio y Universitarios).

La cita es el sábado 17 de mayo a las 17:00 hrs.
En el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME.
(Antonio Caso 45, Col. Tabacalera, a unos pasos de la estación del Metrobus Tabacalera).

El taller es para la Brigada 21, pero estaremos acreditando a la gente que quiera ser parte de esta Brigada.

El taller será impartido por el Lic. Mario Di Constanzo
(Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo)

Es necesario que lleven libreta u hojas blancas, pluma y lápiz.

Atentamente.
Brigada 21
(Círculos de Estudio y Universitarios)

El Debate de hoy en el Senado

Hoy jueves 15 de mayo se llevará a cabo el 2º día del Foro de debate sobre la reforma energética en la sede del Senado de la República, es muy importante verlo ya que la secretaria de Patrimonio Nacional, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, será la encargada de dar a conocer el contenido de la propuesta alternativa del Gobierno Legítimo de México, para fortalecer la industria energética, sin privatizar Petróleos Mexicanos.

Este jueves 15 de mayo, habrá pantallas gigantes en el Zócalo de la Ciudad de México de 10:00 a 15:00 hrs. transmitiendo el debate desde el Senado de la República.

¡Asiste, Informate y Difunde!
¡ No a la Privatización del Petróleo !

La guerra de EE.UU. contra periodistas

Columna Semanal de Amy Goodman, presentadora de Democracy Now! Por favor, difundir. Formato en solo texto anexado.

Sí conocen estaciones de radio interesadas en emitir el audio de la Columna de Amy Goodman, por favor, escríbanos a spanish@democracynow.org


Publicado el 7 de Mayo de 2008
Por Amy Goodman

Sami al-Haj es hoy un hombre libre luego de haber sido prisionero del ejército de Estados Unidos durante más de seis años. ¿Su crimen?: Ejercer el periodismo.


En su embestida
contra los periodistas, el gobierno de Bush ha encarado acciones tales como ataques directos, intimidación, encarcelamiento y bloqueo informativo para limitar la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo. El blanco principal durante estos últimos siete años ha sido Al-Jazeera, la emisora árabe de televisión con sede en Doha, Qatar.

En noviembre de 2001, a pesar de que Al-Jazeera había proporcionado al ejército de Estados Unidos las coordenadas de sus oficinas en Kabul, bombarderos estadounidenses atacaron la sede de Al-Jazeera, destruyéndola. Un reportero de Al-Jazeera que cubría la cumbre entre George Bush y Vladimir Putin celebrada en Crawford, Texas, ese mismo mes, fue detenido por el FBI porque su tarjeta de crédito estaba “vinculada a Afganistán”. En la primavera de 2003, Estados Unidos lanzó cuatro bombas sobre el hotel Sheraton de Basora, Irak, lugar en el que los corresponsales de Al-Jazeera –los únicos periodistas que informaban desde aquella ciudad– eran los únicos huéspedes. Otro trabajador de Al-Jazeera, al pasar por un puesto de control en Bagdad, mostró su identificación a un infante de marina estadounidense, pero sólo consiguió que los marines dispararan contra su vehículo. Él salió ileso. No se puede decir lo mismo de Tareq Ayyoub, un corresponsal de Al-Jazeera que se hallaba en el techo de las oficinas de la cadena de noticias en Bagdad el 8 de abril de 2003 cuando un avión de combate estadounidense lanzó misiles contra el edificio. Tareq resultó muerto. Su viuda, Dima Tahboub, me dijo: “El odio engendra odio. Estados Unidos afirmó que estaba haciendo esto para aniquilar el terrorismo. ¿Quién practica el terrorismo ahora?”

Y luego está la historia de Sami al-Haj. Como camarógrafo de Al- Jazeera, informaba sobre la invasión estadounidense de Afganistán. El 15 de diciembre de 2001, cuando se encontraba en una ciudad paquistaní cercana a la frontera con Afganistán, Haj fue arrestado, y posteriormente enviado a una prisión en Afganistán. Seis meses después, esposado y amordazado, fue trasladado en avión a la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Haj estuvo detenido allí durante casi seis años, fue interrogado repetidas veces pero nunca se lo acusó de ningún crimen y nunca fue juzgado por ningún tribunal. Realizó una huelga de hambre durante más de un año, pero fue alimentado a la fuerza por sus carceleros, a través de un tubo introducido por la nariz hasta su estómago. Haj fue liberado repentinamente esta semana. El gobierno de Estados Unidos anunció su traslado a Sudan, su país de origen, para ser custodiado allí, pero el gobierno de Sudán no llevó a cabo ninguna acción contra él. Fue llevado inmediatamente a una sala de urgencias, y en poco tiempo fue visto nuevamente en su emisora, Al-Jazeera:

“Estoy muy feliz de estar en Sudán, pero a la vez estoy muy triste por la situación de nuestros hermanos que siguen en Guantánamo. Las condiciones en Guantánamo son muy, muy malas, y empeoran día a día. Nuestra condición humana, nuestra dignidad humana fue violada; el gobierno estadounidense fue más allá de todos los valores humanos, de todos los valores morales y de todos los valores religiosos. En Guantánamo hay animales llamados iguanas, ratas que son tratadas con más humanidad. Pero hay gente de más de 50 países que está completamente privada de todos sus derechos y privilegios, y a quienes no les conceden los derechos que otorgan a los animales”. Haj describió la profanación del Corán como parte de los esfuerzos para quebrantar su voluntad: “Demostraban su desprecio al Corán, lo destruyeron varias veces y ponían sus pies sucios sobre él. También se sentaban en el Corán cuando intentaban enfadarnos. Cometieron repetidas violaciones contra nuestra dignidad y nuestros órganos sexuales”. Al menos un funcionario del Departamento de Defensa ha negado esas acusaciones.

En enero, Asim al-Haj, hermano de Sami, me habló sobre los 130 interrogatorios en una entrevista: “Durante aquel tiempo, los interrogatorios trataban todos sobre Al-Jazeera y su presunta relación con al-Qaeda. Intentaron inducir a mi hermano a que espiara a sus colegas de Al-Jazeera”.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 10 periodistas han permanecido detenidos por el ejército de Estados Unidos durante largos períodos de tiempo y después han sido liberados sin que se presentaran cargos en su contra.
Hace unas semanas, el ejército estadounidense liberó en Irak al fotógrafo de Associated Press Bilal Hussein, ganador del Premio Pulitzer, luego de haberlo mantenido en prisión durante dos años sin presentar cargos en su contra. El ejército había acusado a Hussein en una ocasión de ser un “agente terrorista que se había infiltrado en AP”.

El comité informa que 127 periodistas y otros 50 trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en Irak desde 2003, mucho más del doble de los periodistas fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordarle al gobierno de Bush: no maten al mensajero.

Seis ministros confirman a la SCJN como cortesana de Calderón

Álvaro Cepeda Neri

Con sus excepciones, el presidente en funciones del órgano colegiado que constituye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –integrado por 11 ministros desde el golpe judicial de Ernesto Zedillo– para desempatar la votación, por lo general, vota a favor de la resolución más antirrepublicana y antidemocrática, para mantener el criterio conservador y derechizante que ha venido caracterizando desde casi siempre y mayormente desde el viraje de interpretación y ejecución más anticonstitucional de los últimos cinco sexenios presidenciales: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Ahora es Guillermo Ortiz Mayagoitia. Apenas ayer Mariano Azuela. Los dos han escenificado, a plenitud, el papel que José Clemente Orozco plasmó en su mural en una pared del edificio de la Corte que tituló: La justicia y seis pillos con antifaz saquean expedientes, mientras la representante de la justicia es una cortesana: “mujer fodonga de cuerpo bofo, dormita risueña en su trono... instrumento de intereses particulares”, escribió Jorge Alberto Manrique, en Orozco, pintura mural (Fondo Editorial de la Plástica Mexicana).
Nuevamente esa Corte de los cortesanos –súbditos del Partido Acción Nacional, de Calderón y de sus intereses particulares– está postrada ante la justicia cortesana y como tal “manteniendo relaciones irregulares” con el poder presidencial, por la mayoría de Ortiz Mayagoitia. Es ya la Corte un tribunal anticonstitucional. Lo es como lo proponía el nacionalsocialista Carl Schmitt, cuando éste, defensor del nazismo, del tercer Reich y de Hitler, quería que el defensor de la constitución fuera el autócrata alemán en lugar de un tribunal autónomo e independiente de los tres poderes. Incluso, la Corte de Ortiz Mayagoitia, Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González-Salas, Gudiño Pelayo y Azuela –los seis del antifaz en el mural de Orozco–, han ido más allá de esa concepción del nazismo al violar, con toga y birrete, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos: 3, inciso B; 6 (el derecho a la información será garantizado por el Estado); pisotearon el 8 al no respetar el derecho de petición; 39 (todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste); 41(los poderes de la Unión en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal); 97 (se puso en duda la legalidad de la elección del titular del Poder Ejecutivo federal y la Corte, obligada de oficio para averiguar la violación del voto, fue cómplice de esta flagrante violación constitucional), y por interpretar antidemocrática y antirrepublicanamente, la Corte de los seis con antifaz interrumpieron la observancia de la Constitución, pisoteando sus principios fundamentales, conforme a lo establecido en el artículo 136.
Todo lo anterior porque los seis ministros, con la mayoría de Ortiz Mayagoitia, negaron el derecho a la información para abrir la paquetería electoral de la elección presidencial de 2006, cuya solicitud fue hecha por el director del semanario Proceso, desechando el amparo para tener acceso a esa documentación pública. Y así, además, esa Corte violó los derechos individuales de quienes, con nuestro derecho y obligación de sufragar, no fuimos tomados en cuenta para negar a la revista Proceso que pudiera tener acceso a esa información para desarrollar el periodismo de investigación. Y para ejercer los derechos constitucionales de publicar escritos sobre cualquier materia, sin censura previa ni inquisiciones judiciales ni administrativas.
La información completa sobre esa violación constitucional por la Corte (¡tribunal constitucional!), se publicó en Proceso el 16 de marzo de 2008. Le fue negada la información, con lo cual los seis ministros se han convertido en tapaderas de la corrupción electoral. Y contrario sensu se deduce que ya no es una sospecha y que hubo fraude para imponer a Calderón (“aiga sido como aiga sido”, la teoría y práctica del actual inquilino de Los Pinos). Al ocultar las boletas e impedir que los periodistas investiguen para informar, está claro que Ortiz y sus cinco incondicionales –conservadores interpretando autocráticamente los contenidos de la Constitución con base en leyes reglamentarias que pusieron por encima de aquélla– son cómplices del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral, quienes cometieron el fraude.
En España ya están tomando cartas en el asunto de la salud mental de los jueces, magistrados y ministros, medida que la Judicatura nativa debería implantar para revisar si “están en sus cabales, y en pleno uso de sus facultades mentales” (El País, 20 de marzo de 2008) los jueces de la Corte, quienes ejecutan judicialmente con criterios antidemocráticos, en perjuicio de la nación, violando los contenidos democráticos de la Constitución.
La Corte desfigura “una República con legislación democrática” con sus resoluciones autocráticas. Corte, pues, cortesana, haciendo favores al presidencialismo en turno, ya con Salinas, luego con Zedillo, después con Fox y ahora con Calderón. Tenía razón Orozco al retratar a la Corte de esos cuatro sexenios, pues con su perspectiva histórica vislumbró que los mexicanos seríamos víctimas de una elite judicial, mientras la justicia está dormida de borrachera por las injusticias cometidas.
Resta el amparo del investigador y periodista Sergio Aguayo Quesada (La Jornada, 19 de marzo de 2008) para impedir la destrucción de las boletas electorales. Es la Caja de Pandora y, si le es negada la protección a su derecho de información, la nación habrá perdido la última esperanza para conocer, periodísticamente, el secreto de lo que ocurrió, voto por voto, en las elecciones presidenciales de 2006. Si, finalmente, el IFE ordena la incineración de la paquetería electoral, entonces millones de ciudadanos veremos violado el derecho a la información que hicieron valer jurídicamente los periodistas Rafael Rodríguez Castañeda y Sergio Aguayo Quesada.
Si así fuera, como nunca es necesario iniciar el desmantelamiento de las facultades de control constitucional de la Suprema Corte, en cuanto tribunal constitucional, para que éste sea un órgano con autonomía ante el cual se puede llevar al banquillo de los acusados a los ministros como los que con Ortiz Mayagoitia han violado la Constitución.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008 | Año 7 | No. 102

César Nava, precursor de la privatización de Pemex


En Contralínea

Expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y Función Pública revelan la estratagema que habrían realizado César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de la paraestatal, para entregar la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona

Ana Lilia Pérez

Documentos internos de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan cómo José César Nava Vázquez –hoy secretario privado de Felipe Calderón– como abogado general de Pemex autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples (CSM) en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en supuesta contravención a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.

El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos”, y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.

Los expedientes evidencian cómo, en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex y Luis Ramírez Corzo director de Pemex Exploración y Producción (PEP), César Nava, en su carácter de titular de la Oficina del Abogado General (OAG), y Néstor García, entonces titular del área jurídica de PEP, operaron para que la paraestatal suscribiera contratos como si fuese una compañía privada, para ceder a terceros la exploración y explotación de pozos, pasando por alto las consideraciones de sus subordinados, juristas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaban los CSM, advirtieron que el modelo no era acorde a la ley.

En este esquema comercial disimulado como contrato de obra pública, en el cual ostenta a Pemex como una empresa privada, Nava renunció a la inmunidad que la carta magna da a la petrolera del Estado y a sus subsidiarias y filiales, constriñéndola a que en caso de conflicto sea juzgada en el extranjero ante tribunales comerciales. Todo ello, para “hacer contratos atractivos para los inversionistas privados”, según versiones de sus excolaboradores.

Nava Vázquez benefició a las trasnacionales con contratos por más de 4 mil millones de dólares para la exploración, explotación, producción, transporte y almacenamiento de gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos, sin que Pemex tenga ya control sobre esta zona, por lo que el hoy secretario particular de Felipe Calderón habría incurrido en supuestas violaciones a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), por ceder actividades estratégicas exclusivas de Pemex.

En 2005, esas supuestas violaciones a la ley fueron denunciadas ante la SFP por el abogado Jorge García, excolaborador de Nava en el jurídico de Pemex, e integradas en el expediente DE/099/2005. El señalamiento alcanza a Néstor García Reza y al entonces director de la subsidiaria, Luis Ramírez Corzo, por haber incurrido en violaciones a la Constitución, a la LOPSRM y a la LFRSP, al avalar un modelo de contrato con dolo, error y lesión en contra de Pemex.
Algunos de los supuestos ilícitos denunciados por Jorge García –quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP– habían sido comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2005, en la auditoría especial que el órgano de fiscalización realizara a los CSM; incluso, la ASF había solicitado al Órgano Interno de Control (OIC) abrir investigaciones a los funcionarios involucrados en las irregularidades. Sin embargo, el OIC hizo caso omiso al mandato. A fines de 2006, en el cambio de estafeta del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, la SFP “encapsuló” la denuncia del exsubordinado de Nava Vázquez.

Justificados por funcionarios de la administración foxista como esquemas para capitalizar a Pemex, los CSM son considerados por legisladores y analistas como los primeros modelos de privatización de sectores que por mandato constitucional están reservados al Estado. Por ello, en 2004, el fallecido constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela demandó su nulidad absoluta.
Ante la opacidad jurídica, en 2005, la ASF ordenó a Pemex suspenderlos. Para esas fechas, mediante este esquema, ya se había otorgado a consorcios extranjeros la operación de toda la Cuenca de Burgos.

Los “arreglos” de César Nava
La exploración, explotación y producción de gas natural en la Cuenca de Burgos –situada en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila– era realizada por Pemex desde hacía más de 50 años, en los campos Misión, Reynosa, Francisco Cano, Treviño y Brasil.

En 2002, según cifras oficiales, Burgos produjo 1 mil 30 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que representó casi una cuarta parte de la producción nacional, nivel alcanzado por ser la zona más desarrollada en su tipo del país. Era vista como la fuente más inmediata para obtener volúmenes adicionales de gas natural y contener las importaciones del energético. Los CSM se justificaron como “la necesidad de ampliar la capacidad de exploración y perforación de pozos con miras a la elevación de gas natural y ante las restricciones presupuestales de PEP”.

Aunque el corporativo y las subsidiarias y filiales de Pemex cuentan, cada una, con un área dedicada al diseño y revisión de contratos, Nava dispuso que el modelo de CSM lo realizara la trasnacional Pricewaterhouse Coopers, SC, dirigida por Javier Soni Ocampo, accionista de la consultoría y quien también era parte de la fundación Vamos México, creada por la exprimera dama Marta Sahagún, donde integraba el Consejo de Vigilancia.

El servicio se acordó mediante el contrato 410212834 –etiquetado en PEP con el número PEP-SOP-034/2002– por adjudicación directa. A su vez, Pricewaterhouse subcontrató al bufete Macleod Dixon LLP, de origen canadiense.

Un documento elaborado por los encargados del proyecto, J. Jay Park y Elisabeth Ejuri, denominado “Aspectos legales selectos de los contratos de servicios múltiples” y fechado el 20 de junio de 2002, explica que Macleod Dixon LLP fue contratada como asesor legal internacional de PEP para el proyecto CSM, bajo un subcontrato con Pricewaterhouse Coopers. La asesoría la daba Macleod Dixon desde sus oficinas en Calgary, Canadá, y Caracas, Venezuela, apoyados por el despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, SC, recomendado de Nava Vázquez.

El secretario particular de Calderón instruyó a los abogados Jorge García, Cesáreo Maldonado, Alfredo Morales, Venus Monterrubio, César Castro, Miguel Serrano y Jesús Neri, adscritos a PEP, para que participaran en el diseño de los CSM, en un grupo de trabajo que coordinaba Jorge García.
Se estipuló que la empresa entregaría tres modelos de contrato. “Uno comercial, uno apegado a derecho y otro intermedio para que se pudiera jugar con ellos de acuerdo con los tiempos políticos; además, Price debía apoyar en su implementación”, dice Jorge García, quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP.

Durante varias semanas los abogados de Pemex se reunieron con los representantes de Price para definir el modelo. Los encuentros fueron en la oficina de Néstor García Reza, ubicada en el piso 9 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. De estas reuniones, Jorge García refiere:
“Era un estira y afloja entre nosotros (los abogados de PEP) y la gente de la consultoría. Discutíamos cada cláusula en apego a la Constitución y las leyes mexicanas, y la gente de Price defendía que tenían que hacer un contrato donde Pemex apareciera como una empresa privada y no como paraestatal, para que fuera atractivo a los inversionistas. Por ello incluyeron cláusulas que eran contrarias a la ley.”

Señala que los desencuentros eran principalmente con la representante de Price, Elisabeth Eljuri, de origen venezolano: “Ella participó en la implementación de contratos similares en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA). Tenía una concepción muy singular de los contratos. Ellos (Price) lo que querían hacer era un contrato comercial, en el sentido que fuera atractivo para muchos inversionistas. Incluso habló de modificar el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones para incorporar muchas cosas que la ley prohíbe, y que se incluyeron en el contrato”.
Jorge García explica que, pese a las observaciones de los abogados de Pemex respecto a los impedimentos jurídicos del contrato que se estaba formulando, los representantes de Price defendieron que ése era el modelo que les había solicitado el abogado de Pemex y que así lo presentarían.
Según García, Elisabeth aseguraba que la LOPSRM sería modificada para ajustarla al contrato. “A ella se le hacía muy fácil; decía: ‘vamos a modificar la ley y el reglamento’; le dijimos que en México las leyes no se modificaban así, pero ella insistió y siguieron adelante con el modelo que más tarde pondrían en operación César Nava y Néstor García”.

El 21 de noviembre de 2002 se suscitó la reunión más ríspida entre los abogados de Pemex y los representantes de Price. La razón fue que los juristas hicieron 67 observaciones al modelo de la consultoría, por ser contrario a la Constitución y las leyes mexicanas. Luego advirtieron a sus superiores –Nava y García Reza– que el contrato estaba sustentado en el derecho mercantil privado y no en el público, y definía a Pemex como una empresa privada y no como una empresa del Estado mexicano. El contrato en general se definía como “actividades comerciales” entre las partes y no como un contrato de servicios. Se pactaban actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos.

También se estipulaba que cualquier documentación relativa al contrato, responsabilidad u obligación que de él se derivara, se emitiría como particulares y en apego al derecho mercantil privado.
Los excolaboradores de Nava explican que aún cuando los representantes de Price sabían que ello era contrario a derecho, argumentaron que la inclusión de dichas cláusulas era lo que hacía atractivo los contratos a los inversionistas, que de eliminarse, la iniciativa privada no se interesaría. Por ello, agregan, se estableció la Corte Internacional de Comercio de París como el tribunal donde se dirimiría cualquier conflicto entre las partes.

Uno de los aspectos que más inquietó a los abogados era que en distintos apartados del clausulado general Pemex renunciaba a la inmunidad del Estado mexicano, lo cual es contrario a la Constitución. Se estableció que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo auxiliar, “de lo anterior podría desprenderse que un tribunal extranjero sí podría ordenar un embargo a PEP de sus bienes en el extranjero o en México, ya que conforme a la cláusula se trata de relaciones comerciales y se renunció a la jurisdicción”, alertaban en diversos oficios los subordinados a Nava.

Mediante un correo electrónico del 25 de noviembre de 2002, remitido por Jorge García a su superior inmediato, Néstor García, le alertaba que Nava debía manifestarse respecto a la cláusula en la que la paraestatal renunciaba a la inmunidad, pues, considerando que los contratos se visualizaban para la inversión privada de capital extranjero, la inclusión de dicha cláusula en los CSM, “puede tener un impacto negativo para PEP, toda vez que podría llegarse al punto de embargos o ejecución de los bienes del organismo por parte de órganos jurisdiccionales extranjeros.”

Los abogados de PEP advirtieron que según el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los contratos de la paraestatal son de derecho público y se rigen por la LOPSRM, “por lo que es evidente que las relaciones entre PEP y el contratista no constituyen actividades comerciales”, como estipulaba el modelo de Price. El estipular que “el contrato y las operaciones del mismo constituyen actividades comerciales de la parte”, evaluaron, era contrario a los artículos 1 y 15 de dicha ley.

Se enfatizó que al renunciar al fuero, se exponía a que la paraestatal fuera juzgada por alguien ajeno al país y de las implicaciones de llevar a Pemex a tribunales internacionales, donde históricamente ha perdido los casos.
En diciembre de 2002, en diversos oficios y correos electrónicos, los subordinados de Nava insistieron en las implicaciones legales del contrato diseñado por Price. En un correo electrónico remitido el 9 de diciembre de 2002, por Jorge García al titular de la OAG, señala: “Consideramos adecuado insistir sobre las modificaciones a diversas cláusulas, ya que lo expresamos en su oportunidad, si el vínculo de PEP con el contratista se conceptuase como relaciones comerciales, se podrían acarrear efectos negativos para el organismo y la eventualidad de embargos o determinaciones de autoridad sobre bienes de PEP”.

Ese mismo mes, el grupo de trabajo elaboró el oficio con el que Nava otorgaría la sanción jurídica (aprobación por parte de la OAG) del modelo final presentado por Price, a partir del cual se diseñarían las bases para licitar los bloques de Burgos. Aún en este documento, los subordinados de Nava le advirtieron que como principio de ley, ningún contrato podía tener cláusulas de penalización para el gobierno federal, y que el jurídico no tenía atribuciones para renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex.
El 20 de diciembre de 2002, Nava emitió el dictamen favorable sobre el modelo de contrato de Price, según el documento OAG/960/2002 dirigido a Sergio Guaso Montoya, director ejecutivo del Proyecto de Diseño de Modelos de CSM de PEP.

En su argumentación, Nava dice que los CSM son, “contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, de acuerdo con la LOPSM”, pero reconoce que su validez jurídica parte del supuesto de que ésta “será modificada”. Y que además, a través del Consejo de Administración, Pemex adoptará “una política interna” acorde para este tipo de contratos.

En el dictamen, el abogado reconoce que algunas cláusulas del contrato eran contrarias a la ley. Enfatiza que para incluir la sanción legal al modelo de CSM era necesario considerar que “ciertos aspectos contenidos en el modelo de contrato propuesto requieren de la modificación de la LOPSRM, o bien de la confirmación de ciertos criterios de interpretación administrativa” de ésta.
El documento revela que Nava dio su aprobación, aun cuando el modelo no había sido sometido a escrutinio de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy SFP.

Contratos a la medida
Los excolaboradores de Nava dicen que además del modelo de CSM, el proceso de licitación y la formalización de los contratos fueron “hechos a modo”. En 2003, antes de irse como asesor jurídico de la Sener –con el secretario Felipe Calderón– con el modelo de Price, César Nava Vázquez junto con Néstor García Reza, Luis Ramírez Corzo y Sergio Guaso Montoya elaboraron las bases para licitar siete bloques integrados en unos 6 mil kilómetros cuadrados en la Cuenca de Burgos.

En cada proceso de licitación –salvo en el bloque fronterizo en que participaron dos consorcios– se recibió una sola propuesta. Contrario a como indica la LOPSRM de optar por la mejor propuesta económica, los funcionarios de Pemex no buscaron más opciones, fallaron a favor del único licitante. Todos se otorgaron a petroleras extranjeras cuyo giro principal es la exploración, explotación y comercialización de energéticos y no la prestación de servicios: Repsol, Petrobras, Lewis Energy Group, Teikoku Oil Co y Techint.

Pese a lo complejo de los contratos y los recursos comprometidos, se adjudicaron de forma exprés. Las licitaciones se publicaron entre julio y agosto de 2003, en octubre se abrió la propuesta técnica y al día siguiente –en cada proceso– la propuesta económica. En noviembre la OAG emitió la aprobación jurídica y se suscribieron los contratos. El proceso fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Felipe Calderón, en su carácter de secretario de Energía, quien ya tenía a Juan Camilo Mouriño como coordinador de asesores y a Nava Vázquez como asesor jurídico.

Una vez que se emitió el fallo, se permitió a las firmas extranjeras crear empresas ex profeso para que suscribieran el contrato y que la trasnacional quedara como obligada solidaria. La operación tenía un interés de fondo: las cláusulas de cada CSM estipulan que PEP y la contratista renuncian a toda inmunidad y protección de su gobierno, no así a la obligada solidaria, que conserva su derecho a recurrir en todo momento a la protección de su gobierno.

Los dictámenes jurídicos mediante los cuales la OAG autorizó la suscripción de cada CSM fueron hechos por Alfonso Iturbide Guerra, a la sazón encargado del despacho de la OAG y con el visto bueno del gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza, el mismo funcionario que aprobó algunos de los convenios y contratos que Pemex Refinación firmó con Juan Camilo Mouriño como representante legal de Transportes Especializados Ivancar (Contralínea 96).

En la revisión que la ASF hiciera al proceso de licitación (en su auditoría incluida en la revisión a la Cuenta Pública 2003), detectó que en las convocatorias “se omitió señalar en las bases de licitación la información específica sobre los trabajos que podían subcontratarse, en infracción al artículo 33 de la LOPSRM”, lo que, estimó la ASF, habría dejado a otras empresas sin posibilidad de participar. Al respecto, el órgano de fiscalización solicitó la intervención del OIC para investigar la responsabilidad de los funcionarios de Pemex involucrados en dicha irregularidad, pero no hubo investigación.

Denuncias en la SFP
En su denuncia, Jorge García Martínez señala que Nava Vázquez, García Reza y Ramírez Corzo habrían incurrido en supuestas violaciones a los artículos 7 y 8 de la LFRSP y a los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, “ya que no se abstuvieron de realizar actos que puedan causar deficiencia del servicio público” al aprobar el modelo de CSM, sin que éste fuera legal.

Ramírez Corzo, precisa, habría incurrido en incumplimientos a la fracción XVII del artículo 8 de la LFRSP, “al no supervisar que César Nava y Néstor García cumpliesen con las obligaciones” contenidas en el artículo referido.
García Martínez responsabiliza a Nava de la implantación de los polémicos CSM porque, argumenta, “la opinión jurídica que emitió sobre el contrato propuesto por Price fue determinante para que el entonces director general de PEP (Luis Ramírez Corzo) decidiese la utilización de dicho modelo pese a su ilegalidad”, por lo que, señala, Nava “incumplió las disposiciones legales relacionadas con el servicio público”.

Lo anterior implicaría también que el exabogado de Pemex habría actuado en contravención al principio de derecho, pues, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, ningún servidor público puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Así, argumenta Jorge García, ni Nava Vázquez ni García Reza podían conferirse facultades que la ley no les da, “como lo hicieron al renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex”. Agrega que esta sola cláusula podría declarar la nulidad de los CSM.

Denuncia que Price no cumplió con el objeto de su contratación, toda vez que “el modelo de contrato no se apega a lo dispuesto en la LOPSRM, y por tanto es ilegal”. Por ello, agrega, “existe responsabilidad del contratista por no haber cumplido con el objeto del contrato que era elaborar un modelo acorde a la ley, independientemente de que el abogado general de Pemex y el jefe de la Unidad Jurídica de PEP hayan dado su opinión favorable”.

Como pruebas ante la SFP, García aportó el dictamen del modelo de Price firmado por César Nava, además de los dictámenes de la OAG respecto a los cuatro primeros contratos suscritos con las trasnacionales petroleras; así como la correspondencia interna donde precisaban cada una de las cláusulas que hacían ilegales los contratos.

Cuando la indagatoria estaba en curso, Función Pública abrió otra investigación, integrada en el expediente DE/025/20025/NA/042, que tenía a su cargo el titular del área de Quejas del OIC en Pemex, Federico Domínguez Zuloaga, despedido de la SFP el 26 de septiembre de 2006, 25 días después de que Felipe Calderón tomó posesión como presidente.

El excolaborador de Nava se dice víctima de persecución, espionaje telefónico, presiones sicológicas y acoso judicial. Asegura que tanto agentes de la Agencia Federal de Investigación, como elementos de seguridad interna de Pemex, adscritos a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza Víctor Manuel de la Peña Cortés (denunciado por el exlegislador Jesús González Schmal por supuesto espionaje cuando presidía la comisión que investigaba a los hermanos Bribiesca), vigilaban su domicilio y que en diversas ocasiones siguieron a sus hijos, a su esposa y a él mismo.
Ante la SFP, García documentó a detalle el modelo y placas de los vehículos que vigilaban su casa, las intervenciones telefónicas, el rastreo que de sus datos personales hacían diferentes sujetos entre sus vecinos.

El acoso llegó a tal grado, dice en entrevista, que en noviembre de 2005 solicitó a la SFP que el OIC emitiera una resolución “objetiva y apegada a derecho” a su denuncia, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Incluso en un oficio del 11 de noviembre, Francisco Javier Galindo Noriega, titular del Área de Quejas del OIC en PEP, señala que García Martínez pidió medidas cautelares para él y su familia.

Mientras su denuncia se ventilaba en la SFP, la OAG de Pemex presentó una denuncia penal en su contra por sustracción de documentos confidenciales. García Martínez dice que el expediente presentado por la OAG (ya a cargo de Néstor García) fue el mismo que él presentó en la SFP para denunciar a Nava, García Reza y Ramírez Corzo “por lo que ante el Ministerio Público federal que llevaba la denuncia en mi contra manifesté que ellos sí hicieron uso de información contenida en un expediente que estaba bajo investigación en la Función Pública”, explica.

En diversos oficios presentados durante 2006, García insistió a los funcionarios de la SFP que derivado de sus denuncias respecto a los CSM, era sujeto de investigación y presiones.

El 9 de junio presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, radicada en el expediente 2006/2128/2/OD, para que el organismo interviniera ante la SFP por supuestas violaciones a sus derechos humanos, relacionadas con la denuncia por sustracción de documentos de la que es objeto. El 30 de junio la CNDH hizo un extrañamiento al contralor interno de la SFP, Francisco Medellín, y le solicitó aclarar la responsabilidad de los funcionarios que habrían incurrido en infracciones al artículo 10 de la LFRSP en detrimento de García Martínez.

Aunque algunos de los señalamientos de García Martínez habían sido comprobados por la ASF en su revisión a la adjudicación de los CSM, a finales de 2006 previo al cambio de estafeta en el gobierno federal, dice, la SFP “encapsuló” su denuncia.

Para este trabajo se buscó a César Nava Vázquez, quien declinó hacer comentario hasta no ver la información publicada por Contralínea. También a Javier Soni Ocampo, director para México de la consultoría Pricewaterhouse Coopers, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En Pemex, el abogado Néstor García Reza rehusó explicar su participación en las supuestas irregularidades y el gerente de comunicación social, Carlos Ramírez, negó a Contralínea cualquier información relacionada con los CSM y lo documentado en este artículo.

Hay que enfrentar la crisis alimentaria regionalmente

Declaraciones de Evo Morales y Rafael Correa en la Cumbre de presidentes por la seguridad alimentaria

Ricardo Martínez Martínez
Rebelión

Managua, Nicaragua.

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, convocaron a los jefes de Estado y jefes de gobierno latinoamericanos, así como a los movimientos sociales de cada nación, a "enfrentan regionalmente la crisis mundial de alimentos."

El mandatario boliviano de origen indígena destacó la necesidad de llamar "a una gran emergencia alimentaria" en el subcontinente para evitar hambrunas y el acaparamiento de los productos del campo por parte de las empresas transnacionales.

En el mismo sentido, Rafael Correa dijo que se hace urgente "superar la larga y triste noche neoliberal en América Latina", ya que ésta "ha sido la responsable directa del actual desabasto de los recursos necesarios para la vida y para nuestros pueblos."

En la sesión de la Cumbre de Presidentes Alimentos para la Vida en Managua, Nicaragua, ambos presidentes avaluaron la situación por la que atraviesa el agro latinoamericano y propusieron políticas a corto y mediano plazo para encarar la actual crisis alimentaria.

Bolivia y la crisis alimentaria

El presidente Evo Morales comenzó su mandato a partir del año 2006, luego de que en diciembre de 2005 logró ganar las elecciones por una mayoría absoluta del 53. 74 por ciento de los votos.

Sus primeras acciones de gobierno se centraron en la promoción de campañas masivas de alfabetización, apoyo al agro nacional, nuevas políticas sociales para los más necesitados y un proceso de reorganización del Estado a partir de las nacionalizaciones, sobre todo de los hidrocarburos.

Evo Morales, quien en los últimos meses ha encarado diversos conflictos internos a raíz de las consultas de algunos prefectos para independizarse, señaló que la crisis mundial de los alimentos es producto de la integración de los transgénicos a los mercados de alimentos.

"El transgénico es el veneno para la vida, tal vez algunos transgénicos puedan ser para algunas familias y las regiones, pero generalmente el transgénico es un veneno para la vida", indicó.

Ante el debate abierto de los agrocombustibles, el mandatario boliviano apuntó que "en los últimos meses se ha planteado el llamado biocombustible a favor de las transnacionales para salvarlas de la ausencia del petróleo que ya no controlan."

De lo que se trata es de "llevar los productos agropecuarios y hacerlos combustibles para que eso sirva en carros de lujo y no para el pueblo", dijo, al tiempo que apuntó: "yo llego a la conclusión que por culpa del agrocombustible, los precios de los productos están disparándose."

La raíz de la crisis alimentaria, analizó Morales, se circunscribe en la introducción de biotecnología y agrotecnología con una orientación mercantilista.

"Lo que se está haciendo en el mundo es la construcción del biocombustible y eso para mi es un crimen para la humanidad… No va a resolver el problema de la alimentación, lo agravará."

Morales acusó a las empresas transnacionales de ser las culpables de los males endémicos del mundo "por la irracionalidad que persiste en las políticas de libre mercado que se aplican en las naciones como dogmas."

Pero además, dijo, que "los dueños del mundo vienen debatiendo a nivel internacional como seguir dominando, seguir acumulando el capital en pocas manos, y allí está la industrialización ilimitada." A eso lo llamó "droga para el planeta tierra" y sentenció: "El capitalismo es el sinónimo de la muerte".

Convocó a los presidentes a entender la grave situación del mundo a partir de las demandas sociales y de los pueblos en resistencia porque cambiar su situación de precariedad."

Significa que "haya igualdad en Bolivia, entre los bolivianos, en el mundo, entre los pueblos", subrayó.

"Yo estaba un poco pensando en una gran iniciativa, es importante declarar una gran emergencia latinoamericana, empezar a trabajar desde los ministerios de producción, de agricultura, de economía, el cómo poder buscar y resolver los problemas, sobre todo el de ahora, el de los alimentos."

Hay que movilizar, dijo, a los movimientos sociales con los sectores productivos y orientarlos a que no falten alimentos para nuestros pueblos.

Ecuador y la desestabilización sudamericana

"Un importante paso de los presidentes de la región es enfrentar, juntos y a nivel regional, el terrible problema de la crisis alimentaria", sentenció Rafael Correa, presidente de Ecuador.

En su participación en la Cumbre Alimentaria señaló que su gobierno está dispuesto a generar mecanismos de cooperación y coordinación entre los diversos gobiernos de Latinoamérica para evitar una catástrofe humanitaria.

Rafael Correa gobierna Ecuador desde el 15 de enero de 2007 y su gobierno, producto de una coalición de partidos de izquierda y social demócrata en alianza con el movimiento social, se caracteriza por su marcada política social, defensa de la soberanía y propuestas de integración regional latinoamericana.

El mandatario se refirió a la agresión que sufrió el territorio ecuatoriano por parte de ejército colombiano en donde murió el segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes.

"Esa dolorosa guerra civil colombiana que tiene más de 50 años no va a ser resuelta por vía militar aunque Estados Unidos y Colombia busquen desestabilizar la región", dijo.

Llamó a la comunidad internacional a apoyar los buenos oficios de intermediación de Ecuador para terminar con el conflicto armado: "Siempre Ecuador ha dicho estar presente para interponer sus buenos oficios, para una salida pacífica, negociada en esa guerra fraticida que, insisto, está desestabilizando a los países vecinos de Colombia, yo le digo al pueblo de Colombia que cuenten siempre con Ecuador para esa vía pacífica."

En ese sentido dijo estar promoviendo el llamado Plan Ecuador en contra parte al Plan Colombia que "ha desangrado a un pueblo hermano".

El Plan Ecuador sostuvo "es una respuesta de paz, de una nueva concepción de paz basada en el desarrollo humano, no en las armas ni en la guerra, queremos seguridad pacífica de la frontera norte."

Este plan, según el mandatario, se concibe con valores de hermandad y solidaridad. "No es el plan militarista, guerrerista como lo es el Plan Colombia que encabeza Álvaro Uribe."

Anunció que para ello recibirían todas las ayudas posibles. "Necesitamos todas las ayudas posibles para llevar esos caminos, esos hospitales, esos créditos, que permitan desarrollar esa frontera norte y, de esa manera, impedir que la frontera se incendie y termine en un conflicto armando regional", concluyó.

El Gobierno de Calderón y los empresarios están desesperados por la delincuencia y el petróleo

Pedro Echeverría V.
Rebelión

1. Al parecer, según el mismo gobierno ha reconocido, varias decenas de altos mandos y mandos medios del ejército mexicano se pasan, casi sin pensarlo, a las filas del narcotráfico. Mientras el ejército coloca sus mantas en los Zócalos de principales plazas del país invitando a la población a ingresar al ejército asegurando así a los campesinos y clases medias un trabajo y un salario ante el brutal desempleo que sufre la nación, en los campos de combate al narcotráfico aparecen otras mantas pero invitando a los miembros del ejército (ya bien entrenaditos y con armas) a ingresar a las filas del narcotráfico por un pago mayor. Con un discurso hueco el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón está desesperado llamando al “patriotismo” y a la “unidad” sin darse cuenta de su enorme desventaja: el discurso del dinero, en las sociedades capitalista, es más importante que cualquier discurso moralista pronunciado por alguien conocido como inmoral y tramposo.

2. Basta con oír los discursos del presidente Calderón exigiendo “unidad patriótica” alrededor de su gobierno; ver al jefe panista Martínez insultando a López Obrador; escuchar a algunos empresarios exigiendo la privatización del petróleo y a los conductores y comentaristas de radio y TV acusando al gobierno de no poder someter por la fuerza a la llamada rebelión de la delincuencia ni a la oposición de izquierda; basta con ello para darse cuenta que la clase dominante está desesperada y sin saber qué hacer. Lo que parece vislumbrarse (al iniciarse ayer los debates en el legislativo) es que la reforma privatizadora ya no será aprobada porque la derecha no ha tenido argumentos para defenderla y que el narcotráfico tampoco podrá ser sometido porque muchos altos gobernantes y jefes del ejército están coludidos con los altos jefes del narco. Sólo había qué imaginar el brutal desprestigio de Calderón frente al gobierno yanqui.

3. ¿Quién puede olvidar que Calderón tuvo como primer acto de gobierno el anuncio del aumento en sus haberes e inversiones al ejército y (como escribió Granados Chapa) “de dos maneras le confió (al ejército) la función policíaca poniéndolo a la cabeza de la Operación Conjunta Michoacán, y transfiriendo miles de agentes de la Policía Militar a la Federal Preventiva, que reafirma así su condición de cuerpo castrense disfrazado pero identificable”. ¿Se acuerdan que la protesta presidencial del 1 de diciembre sólo fue posible por el enorme despliegue del Estado Mayor Presidencial, uniformados y vestidos de civil? Ese día inició Calderón su combate contra el narcotráfico ocupando con decenas de miles (tal vez cientos de miles) las ocupaciones militares a varios estados. Y a pesar de que como civil se vistió de militar y fue arropado por el ejército, parece que después de un año y medio, la batalla la está perdiendo y no sabe qué hacer.

4. Por otro lado, en los llamados “debates” sobre el petróleo, iniciados ayer martes 13 en la Cámara de Senadores los primeros ponentes: Cárdenas, Meyer, Ibarra, Pincheti, incluso la líder priísta Paredes, coincidieron en sus análisis y juicios en que el petróleo no podría privatizarse y que cualquier asomo en ese sentido debería reprobarse. Solamente el presidente del PAN y el investigador Elizondo defendieron el proyecto calderonista. La realidad es que después de aquella sesión que duró unas cinco horas y fue transmitida por el Canal del Congreso y en Internet, pudo verse que la derecha carecía de ponentes, de ideas y juicios para defender la privatización del petróleo y que han preferido escudarse en la frase de que “no quieren privatizar PEMEX y que sólo buscan atraer inversiones privadas. Algún ponente demostró que la derecha no estaba a la altura de defender su propia ideología privatizadora y que prefería negarla o esconderla.

5. Esos dos problemas (narcotráfico y privatización del petróleo) son los que no dejan dormir al señor Calderón porque de ellos dependen otros asuntos graves; pero además hay otros más directos que al parecer están cubiertos (a propósito) por gruesos mantos de humo: crecimiento del desempleo, desconfianza de inversionistas, aumento de movilizaciones de protesta, total desatención de los servicios de salud y educación, crecimiento de la corrupción y encubrimiento de los pillajes del expresidente Fox y sus familiares. A punto de cumplir año y medio de gobierno, Felipe Calderón sigue sin realizar acción alguna en beneficio de la población. Lo que se recuerda de esos 18 meses es represión contra la lucha de Oaxaca y encarcelamiento de miembros de la APPO; haber sacado al ejército para ocupar varias entidades del país, haber reprimido y encarcelado a los campesinos de Atenco y firmado el Plan México con Bush.

6. A punto de transcurrir la cuarta parte de su sexenio, Calderón ha sido “un cero a la izquierda”, y no parece que pueda gobernar. Sabía él que si no aceptaba “que se limpiara la elección mediante un nuevo conteo de los votos” iba a ser un gobierno ilegítimo y, por tanto, tendría una oposición permanente. No le importó, más aún se burló de quienes así le reclamaban. Hoy Calderón no tiene ninguna autoridad moral para llamar a la unidad ante los problemas del país. Si el PRI ha aceptado no es por “patriotismo”, al contrario: es porque su oportunismo permanente por negociar cargos y poder lo tienen cogobernando, tal como lo hizo con Fox. Ante esa realidad de falta de apoyo, Calderón ha acudido desesperadamente, de manera suplicante, al gobierno yanqui para que el congreso apruebe la llamada “Iniciativa Mérida” y se comiencen a entregar los millones de dólares ofrecidos para la compra de armamentos, helicópteros y contrato de más militares.

7. Pero también la coyuntura yanqui le es desfavorable a Calderón. Los EEUU atraviesan en este momento por una situación económica difícil por la competencia internacional en la que China y algunos otros países torpedean sus productos en el mercado. Por otro lado Bush sufre desesperado por el desplazamiento que tiene su partido, el Republicano, ante el inminente triunfo del partido Demócrata con Obama a la cabeza. A pesar de los esfuerzos de Calderón porque se aprueben los miles de millones de dólares de la “Iniciativa Mérida”, parece que pueden pasar a la incubadora, hasta en tanto se define la sucesión presidencial. Sin embargo el Bush hará “hasta lo imposible” para asegurar un control más estricto de la zona, particularmente de su frontera sur. Consolidar “ayudas militares” a México, Colombia y Perú es esencial en estos momentos en que una serie de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, buscan consolidar su independencia y soberanía.

8. Se espera que los movimientos de trabajadores, de ciudadanos y de izquierda crezcan a partir de esta coyuntura en que el gobierno de Calderón está demostrando una enorme incapacidad para solucionar problemas. Más aún, en caso de no aprobarse la privatización petrolera los mismos empresarios y los inversionistas yanquis podrían hacer a Calderón a un lado por no garantizarles los negocios prometidos. El lopezobradorismo sigue siendo una gran esperanza movilizadora; los profesores y la APPO oaxaqueños reaparecerán mañana (día del Maestro) con más fuerza; como cada año el movimiento magisterial de la CNTE sacude con sus manifestaciones la Ciudad de México y otras capitales del país; los electricistas del SME y otros sectores ligados a él han estado movilizados contra la privatización de los energéticos. Sólo falta la estrategia “mágica” que ayude a que esas organizaciones se pongan de acuerdo para conjuntar fuerzas.

Zapatero llega a la cima de la mediocridad

El objetivo perseguido por el presidente y sus borboncitos es golpear al disidente, acorralarlo y destruirlo

Carlos Tena
InSurGente

Los lideres de la ultraderecha (PP) y del centro-derecha que gobierna España (PSOE), se han distinguido desde siempre por un innegable amor por la mediocridad más exquisita, que es como los desean, desde las burbujas donde residen, todos los empresarios que dictan en España la política informativa que deben seguir la prensa, radio y televisión; mientras tanto, la capacidad para hacer política de verdad queda en pelotas, ante la avalancha de medidas destinadas únicamente a satisfacer las demandas de los poderosos, en detrimento de las justas reclamaciones de quienes se las ven y desean para llegar a fin de mes.

Zapatero ha llegado, en este segundo mandato como primer ministro borbónico, a la cima de la mediocridad, al Everest de la inutilidad política, la cumbre de la inanidad en todas sus ramas; y es bien sabido que un personaje de esas características resulta mucho más dañino que un Aznar enfurecido. Sin duda, el simplón José Luís (al que el crápula de la Zarzuela elogia en vano) es el reflejo del español medio, ése que cree ya ocupar un lugar en el sol, el que se da con un canto en los dientes porque su democracia soñada la encarnan Buenafuente, El País, Sabina, Iñaki Gabilondo e Informe Semanal. Así les luce el pelo.

El fracaso rotundo de esta España del XXI, la debacle moral de esta “ caricatura de Europa ” (Valle Inclán), son el resultado de las toneladas de mediocridad que acompañan a los políticos españoles, desde que murió en la cama el terrorista más repugnante que ha producido el ejército español en los últimos cien años. El rotundo y cerril convencimiento de que somos una nación donde sólo existen españoles-por-cojones, la voluntad irrebasable de los gendarmes y su rey por castrar la posibilidad de una reforma constitucional, que respete el derecho de autodeterminación de vascos, catalanes y gallegos, o la negativa a conceder una amnistía general, que pudiera significar un paso serio hacia el diálogo total, son la muestra más clara de la crítica situación que atraviesa todavía esa transición, que comenzó hace ya más de 30 años; aunque Zapatero, tan infantilmente cazurro, durante la actual campaña electoral en Euskadi, salga por bulerías gritando a sus fans de Barakaldo que “.. la senda por caminos peligrosos, el camino falso soberanista, jamás será aceptado, porque las reglas son las reglas que todos nos hemos marcado ”.

Ahora resulta que eso que llaman la Carta Magna, no es otra cosa que los Principios Fundamentales del Movimiento. Lo bueno es jurar ambos documentos ante el mismo Cristo crucificado, que es lo que hizo el Borbón sin que se le cayera ni la cara, ni una medalla al suelo. Y no ocurrió porque, obviamente, él sabía muy bien que entre ambos textos no había diferencia de fondo, sino de forma. Lo que reza en esas páginas, y en las de la asignatura llamada Derecho Constitucional, es tan falso como un euro con el rostro de Bush.

Los mediocres insisten, de la manera más irresponsable, en bloquear conversaciones, dictar nuevas normas para aniquilar a los que no aceptamos ese “juego democrático”, en el que ellos llevan ases escondidos en la manga, impidiendo que existan colectivos de ciudadanos, millones de votantes, que no se sienten representados por ninguna de las señorías del Parlamento, de esos diputados que se suben el sueldo, porque no llegan a fin de mes para pagar la hipoteca del chalet de 3 millones de euros que adquirieron a su amigo el constructor, del automóvil ultimo modelo que compraron en la concesionaria de su primo, o para abonar sus merecidas vacaciones en la Costa Azul, cuando no en Miami, que es donde son felices los mediocres, narcotraficantes y terroristas de medio mundo.

El objetivo perseguido por Zapatero y sus borboncitos es golpear al disidente, acorralarlo y destruirlo. Al mismo tiempo, impedir que los candidatos de la rebeldía puedan ser electos. Una actitud descabellada que confirma la naturaleza y las intenciones de la mal denominada democracia española. Con ademanes de hermano marista o salesiano, Zetapé es como un puzzle ideológico de tópicos insoportables, del que las aparentes buenas maneras y eso que llaman firmeza en el discurso , son la punta de un iceberg a la deriva, de una patera que se hunde en el mar de la duda constante. Tal actitud esconde una intolerancia de consecuencias insospechables, que lacera las esperanzas por una nación donde los ciudadanos se sientan como tales, y no como monigotes a los que cada cuatro años les piden que brinquen para que el rey se divierta.

Este régimen de Zapatero y del Borbón no solamente ignora, deliberada e irrespetuosamente, su derrota moral, bloqueando todo atisbo de consenso y diálogo con las verdaderas fuerzas de oposición, sino que de la manera más descarada, recurriendo al tan casposo españolismo, continúa en su alocada carrera de multas, cárcel y sanciones, intentando convertirse en el azote de las autonomías que aspiran a ser naciones reconocidas en los foros internacionales, países que puedan disfrutar un día de sus errores y de sus aciertos, su ejército, su república o monarquía, sus equipos de fútbol y su moneda propia. Lo que ellos decidan, a mí no debe importarme, pero defenderé siempre su inalienable derecho a la luchar por la independencia. Y eso que, personalmente, me encanta la España de Pepe Rubianes, no la de Juan Carlos de Borbón.

José Luís no es de los míos. Cuando va al cine a ver una película de suspense, acude convencido de que el asesino es el mayordomo. Es su máxima demostración de perspicacia. y olfato político. Y lo `peor, no es este titán de la mediocridad, sino una frase mil veces repetida: “ Pues antes que uno del PP, prefiero mil veces a Zapatero ”. Oiga, no se trata de eso. Por preferir, perdone, me quedo con Fidel Castro y su hermano Raúl.