miércoles, abril 22, 2009

Boicotear la denuncia del racismo

Tras la Conferencia contra el Racismo en la ONU

Pascual Serrano
Rebelión

El pasado 20 de abril, los embajadores europeos en la ONU abandonaron la Conferencia Mundial sobre el Racismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se celebraba en Ginebra, indignados para protestar por las palabras del discurso del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad. Veamos lo que dijo Ahmadineyad:

"A los distinguidos presentes quiero expresarles mi posición. Desde la Segunda Guerra Mundial, y bajo el pretexto del sufrimiento del pueblo judío, y utilizando inadecuadamente el holocausto, ellos han reiterado sus agresiones militares contra una nación entera de palestinos. Ellos, siendo inmigrantes de Europa, EEUU y otras partes del mundo, han establecido un gobierno totalmente racista en la ocupada Palestina. Bajo la excusa de comprensión del racismo y sus consecuencias en Europa, los israelíes llevaron el gobierno más cruel y racista a otras partes del mundo como lo es Palestina (se van de forma coordinada los delegados europeos) Las raíces del ataque de EEUU a Iraq y su invasión de Afganistán están en la arrogancia de la anterior Administración de EEUU y la presión impuesta por poderes descontrolados para expandir su influencia en los intereses del complejo industrial y fabricantes de armamento. (En ese momento abandonan la sala varios diplomáticos, entre ellos el español).

Creemos en la necesidad de un mundo nuevo, con un cambio de políticas y conductas. Los representantes que acaban de abandonar la sala son una minoría, les recomendamos aumentar su capacidad de tolerancia. Todo debe estar basado en el respeto mutuo y la justicia."

Ya antes del inicio de la Conferencia, Israel, Estados Unidos, Italia, Australia, Canadá, Polonia, Alemania, Holanda y Nueva Zelanda se negaron a participar porque sabían que Israel iba a recibir duras críticas. La salida de otros representantes, en su mayoría europeos, durante el discurso del presidente iraní nos debe llevar a pensar y pedir explicaciones sobre qué había en él que les parecía intolerable y que merecía ese plantón.

Una de las cosas que se pudo saber es que el boicot estaba ya planificado. Así lo reconoció el embajador sueco ante ONU Hans Dahlgren a la agencia de cables noticiosos TT y publicadas en la web del canal de televisión SVT: "El sentido (de las palabras de Ahmadinejad) era que Israel es un régimen racista. Lo escuchamos en inglés o en francés, pero como él habla persa y no existía una versión escrita (del discurso) (...) entonces teníamos acordado que si se decía eso, ya no nos íbamos a quedar (en la sala)".

El embajador español ante la ONU, Javier Garrigues, fue uno de los diplomáticos que abandonó la sala. Siguió la consigna dada por la presidencia checa de la UE, que previó dar el plantón a Ahmadineyad pero volver después para continuar con la conferencia. "El presidente ha hablado de un Estado racista y por eso nos hemos ido", aseguró Garrigues. "Esta retórica inflamatoria no tiene de ninguna manera cabida en una conferencia de la ONU”, afirmó.

Lo curioso es que pasó desaperciba una declaración del presidente de la Asamblea General, Miguel d'Escoto, el 24 de noviembre pasado relativa al tema titulado "Cuestión de Palestina". En ella, habló de “cuánto se asemejan las políticas israelíes en el territorio palestino ocupado al apartheid que existió en otra época y otro continente”. Y añadió lo siguiente:
"Creo que es muy importante que nosotros, en las Naciones Unidas, usemos este término. No debemos tener miedo de llamar a las cosas por su nombre. Después de todo, fueron las Naciones Unidas las que aprobaron la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y mostraron claramente a todo el mundo que este tipo de prácticas de discriminación oficial deben prohibirse en todos los casos.

Hoy escuchamos a un representante de la sociedad civil de Sudáfrica. Sabemos que en todo el mundo hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos de los palestinos e intentan proteger a la población palestina, cosa que nosotros, las Naciones Unidas, no estamos haciendo.

Hace más de veinte años, las Naciones Unidas tomaron la iniciativa de la sociedad civil y acordaron que era necesario imponer sanciones para presionar de una forma no violenta a Sudáfrica para que pusiera fin a las violaciones que estaba cometiendo.

Hoy, quizás deberíamos examinar la posibilidad de que las Naciones Unidas sigan el ejemplo de una nueva generación de la sociedad civil, que pide que se adopte una campaña no violenta similar de boicot, desinversión y sanciones dirigida a presionar a Israel para que deje de cometer violaciones de los derechos humanos."

¿También se hubieran ido los representantes europeos al escuchar esto?

Podemos ir también más atrás en el tiempo. La denuncia del racismo contra los palestinos ya se escuchó en la primera Conferencia de la ONU contra Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en septiembre de 2001, en Durban (Sudáfrica). Allí fue el entonces presidente de Cuba Fidel Castro quien afirmó lo siguiente:

"Póngase fin cuanto antes al genocidio del pueblo palestino, que tiene lugar ante los ojos atónitos del mundo. Protéjase el derecho elemental a la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes y sus niños. Respétese su derecho a la independencia y a la paz, y nada habrá que temer de los documentos de las Naciones Unidas.

Conozco bien que, en busca de alivio a la situación terrible en que se encuentran sus países, muchos amigos africanos y de otras regiones sugieren la prudencia necesaria para obtener algo en esta Conferencia. Los comprendo, mas no puedo renunciar a la convicción de que cuanto con más franqueza se digan las verdades, más posibilidades habrá de que se nos escuche y se nos respete. Siglos de engaño son más que suficientes."

Pero veamos si Israel es o no un estado racista. Antes y después de la fundación del Estado de Israel en mayo de 1948, las milicias sionistas obligaron a desplazarse a unas 750.000 personas, todas de etnia árabe y habitantes autóctonos de la zona. Para ello destruyeron más de quinientas ciudades y pueblos y perpetraron masacres indiscriminadas de civiles desarmados, como la de Deir Yashin, en la que asesinaron a sangre fría a 254 mujeres, niños y ancianos. Con ello, Israel se apropiaba por la fuerza de 78% del territorio de la Palestina histórica bajo el Mandato Británico cuando legalmente la ONU sólo le asignó el 55 %, y eso a pesar de que sólo componían un tercio de la población y de que habían anunciado lo que ahora llamamos “limpieza étnica” en las zonas que les correspondieran. Después de esto, unas 150.000 personas que lograron permanecer en el nuevo Estado judío de Israel pasaron a convertirse en lo que denominan “árabes-israelíes”, aunque no por ello gozaran de todos los derechos de la ciudadanía ya que quedarían bajo jurisdicción militar hasta el 67. Los 800.000 árabes-israelíes de la actualidad, descendientes de aquellos, no son por tanto considerados ciudadanos, sino extranjeros sin derechos sobre el territorio y se les discrimina sistemáticamente.

La llamada “única democracia de Oriente Medio” niega desde 1967 el derecho a una nacionalidad a más de tres millones y medio de personas que viven en los Territorios Ocupados (casi la mitad en campos de refugiados), y con ello pierden todo derecho a exigir derechos, a la vez que otros seis millones de personas han sido condenadas al exilio y viven en su mayoría en campos de refugiados en Jordania, Líbano y Siria. En los Territorios Ocupados las normas que rigen son más de dos mil ordenanzas militares que regulan todos los aspectos y subordinan por completo la vida de los tres millones y medio de árabes-palestinos a la de los aproximadamente trescientos ochenta mil colonos judíos que se han instalado allí.

Amnistía Internacional, en el informe titulado ‘El racismo y el Ministerio de Justicia’, difundido en 2001, dejaba en evidencia el racismo de la “democracia” israelí:

"En Israel, por ejemplo, varias leyes son explícitamente discriminatorias. Todo se remonta a la fundación del Estado de Israel en 1948, la cual, impulsada en principio por el genocidio racista sufrido por los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, se basaba en la premisa de un Estado judío para el pueblo judío. Algunas las leyes de Israel reflejan este principio y, en consecuencia, discriminan a los no judíos, en concreto a los palestinos que han vivido en estas tierras generación tras generación. Varias secciones de las leyes israelíes discriminan a los palestinos. La Ley del Retorno por ejemplo, ofrece la ciudadanía israelí automáticamente a los inmigrantes judíos, mientras que a los refugiados palestinos que nacieron y crecieron en lo que ahora es Israel se les deniega incluso el derecho a regresar a su hogar. Otros puntos garantizan explícitamente un trato preferente a los ciudadanos judíos en esferas como la educación, la vivienda pública, la salud y el trabajo. [1]"
Israel no tiene Constitución, en la web del Parlamento israelí se señala que “todas las leyes orgánicas, todas juntas constituirán, con una introducción apropiada y diversas normas generales, la Constitución del Estado de Israel”. El estudio elaborado por el intelectual palestino Mazin Qumsiyeh [2] sobre la legislación israelí señala que “los no judíos no pueden formar parte de la nación de Israel o Am Yisrael (el pueblo de Israel), aunque sean ciudadanos del Estado. Es importante enfatizar este punto. Para la ley israelí todos los judíos, independientemente de aspectos culturales, genéticos o de ciudadanía, tienen la consideración de nativos israelíes, un miembro de Am Yisrael y tienen derecho a beneficiarse automáticamente de la residencia, de vivir en el autoproclamado Estado Judío. La legislación israelí establece cómo se adquiere la nacionalidad [3] . Así, se observa que un palestino nacido en un pueblo de Galilea expulsado en 1948 no cumple los requisitos, de forma que existe la categoría de ciudadano nacional o ciudadano no nacional. Los que son ciudadanos pero no nacionales (como los palestinos que se quedaron tras las expulsiones de 1947-1949) no se pueden beneficiar de ninguna de las instituciones y privilegios reservados a los nacionales. De esta forma, los palestinos que no podían llegar a ser ciudadanos tenían su propiedad asignada a los judíos de acuerdo con las ‘Leyes de los ausentes’, promulgadas en 1950. Lo curioso es que mucho de esos “ausentes” son “ausentes presentes”, se trata de aquellos palestinos que permanecieron dentro de las fronteras del Estado. El resultado es el régimen de apartheid vigente en la actualidad. Según la ley israelí, fundamentada en su ideal de “Estado del pueblo judío”, un inmigrante sionista europeo tiene total derecho a vivir en un asentamiento en Hebron, mientras un palestino de la misma ciudad puede verse forzado a emigrar debido a todas las restricciones que se imponen al campo social y económico de la zona para brindar seguridad a los fundamentalistas habitantes de los ilegales asentamientos [4] . Esa distinción entre judío y no judío es lo que brinda la base para hablar sobre la existencia de un sistema de apartheid en Israel, donde el hecho de tener una religión específica determina el derecho a la salud, la educación, la continuidad territorial, la libertad religiosa y el acceso al agua, entre otros.

La población palestina está sometida a un régimen de ocupación militar que concede derechos distintos, empezando por el derecho a voto, a personas que habitan en el mismo territorio, según su religión. Para los palestinos, ocupación no solo ha significado muerte, sino un sistema de discriminación racial que domina absolutamente todos los aspectos de sus vidas: ¿Qué se diría hoy por ejemplo si es que un país tuviese como política oficial la expropiación de tierras de judíos, o simplemente prohibiese que un ciudadano de su país pueda asentarse en éste si se casa con una judía? Claramente se hablaría de un flagrante caso de discriminación, de antisemitismo y seguramente, de sanciones internacionales en contra de ese país, como durante el apartheid sudafricano. Veamos varios ejemplos de la restricción de derechos a los ciudadanos no judíos del Estado de Israel y cómo se consolidan por medio de la legislación israelí y de una serie de instituciones [5]:

A) Fondo Nacional Judío: El 90% de las tierras de Israel pertenece a esta institución, que según sus estatutos no puede ni vender, arrendar, o siquiera permitir que esa tierra sea trabajada por un “no judío”.

B) Ley de Nacionalidad: Establece claras diferencias en la obtención de la ciudadanía para judíos y no judíos.

C) Ley de Ciudadanía: Ningún ciudadano israelí puede casarse con un residente de los Territorios Ocupados de Palestina; en caso de realizarse la unión, se pierden los derechos ciudadanos en Israel y la familia si no es separada, debe emigrar.

D) Ley de Retorno: Cualquier judío del mundo puede ser ciudadano israelí. En el caso de los ciudadanos palestinos del estado de Israel que tienen familiares en el extranjero, éstos no pueden obtener el mismo beneficio sólo por el hecho de que no son judíos.

E) Ley del Ausente: Declara ausentes a cualquiera que estuviera fuera de su casa, dentro de las fronteras de Israel o en un Estado vecino, después del 29 de noviembre de 1947, o ese mismo día, y en consecuencia sus tierras y sus casas pasan a ser propiedad judía. Paradójicamente, nunca se ha expropiado la tierra de un judío y la mayoría de ella se les ha expropiado a los palestinos.

Otro ejemplo del carácter religioso del estado israelí que lo hace incompatible con un Estado de derecho democrático es que según la legislación “no podrán concurrir a las elecciones al Parlamento aquellas listas de candidatos cuyas intenciones o acciones nieguen la existencia de Israel como el Estado del pueblo judío”. Con esta ley pasa a ser claramente ilegal el hecho de solicitar cambios en la legislación para poder cuestionar el concepto de Estado de una comunidad religiosa, no aceptar el concepto de un Estado del ‘pueblo judío’, o tratar de convertir a Israel en el Estado de todos sus ciudadanos [6] . Nadie se atrevería a afirmar que una democracia puede ser compatible con un régimen de apartheid, sin embargo en Israel hay carreteras distintas para los israelíes y para los palestinos. El mundo se indigna cuando recuerda que en Sudáfrica los negros debían viajar en los asientos de atrás de los autobuses, pero en Israel si un palestino utiliza una de las carreteras reservadas a los israelíes es detenido y condenado a seis meses de prisión. Esto afecta incluso a los que han vivido siempre en esos territorios, por ejemplo los aproximadamente trescientos cuarenta mil que viven en Jerusalén Este [7] .

No solamente todo esto es silenciado y cuenta con la complicidad de los gobiernos europeos, sino que cuando en un lugar como la ONU es denunciado por un presidente, los “diplomáticos” europeos abandonan la sala. Vale la pena observar las explicaciones de los europeos para justificar su abandono de la sala. El embajador británico ante la ONU Peter Gooderham afirmó que "esta retórica inflamatoria no tiene de ninguna manera cabida en una conferencia de la ONU sobre el racismo y cómo combatirlo". Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy calificó la intervención de Ahmadineyad de un "discurso de odio".

Los europeos –y por supuesto israelíes y estadounidenses- hubieran deseado una Conferencia de palabras vacías, una oda a la igualdad de las razas, un anuncio de Benetton quizás. Pero existen muchas voces que cuando se habla de racismo quieren señalar al racista, como se hizo antes con Sudáfrica. La hipócrita Europa no lo pudo soportar. Con ello, sus gobiernos han superado su miseria y complicidad con el racismo, han pasado de permitirlo a boicotear su denuncia.

Nota:

La información sobre el carácter racista del estado israelí procede del libro de Pascual Serrano “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo”, de próxima aparición este mes de mayo en la editorial Península.

www.pascualserrano.net

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