México SA
*Calderón y el “decreto de tope máximo”
*¿Cuál ingreso se considera?
*Educación: “tope mínimo”
*Calderón y el “decreto de tope máximo”
*¿Cuál ingreso se considera?
*Educación: “tope mínimo”
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la sesión del pasado primero de julio.Sin quitarle una pestaña al voluminoso monstruo peludo de sueldos, sobresueldos, compensaciones, prestaciones y el resto de jugosos estímulos” que obtiene la burocracia –la de arriba y la de abajo–, el inquilino de Los Pinos firmó un decreto que pone “tope” al nivel salarial de los llamados “servidores públicos”. A partir de ahora “nadie podrá” obtener un salario igual o superior al recibido por el “austero” abajo firmante (salvo los ministros de la Suprema Corte y del TEPJF, los consejeros del IFE y tantos etcéteras que no incluye el susodicho decreto).
Así, ni un centavo más a sueldos y salarios de la tres veces H burocracia nacional (hasta que el inquilino decida incrementarlos), aunque es de subrayar que el citado decreto “olvidó” todo lo demás, es decir, los referidos “estímulos” que suponen una carga presupuestal de tal magnitud que ni el propio Atlas (el de la mitología griega) sería capaz de llevarla sobre su espalda. Para dar una idea de qué se trata, independientemente de sueldos y salarios “normales”, tan sólo en el segundo trimestre de 2009 –cuando el PIB se desplomó 10.3 por ciento– el pago de “prestaciones de los servidores públicos” superó 50 mil millones de pesos (monto similar al más reciente recorte presupuestal anunciado por el Doctor Catarrito, sin considerar a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos de estados y municipios, congresos locales y los que falten por citar), y ese pequeñísimo detalle no está considerado en el nuevo mandato constitucional.
Oficialmente, el firmado ayer por el inquilino de Los Pinos es un “decreto de reforma constitucional que establece un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal” (Calderón dixit), con lo que, por su propia definición, surge la primera duda: de acuerdo con el tabulador 2009 del gobierno federal, el sueldo de quien despacha en la oficina principal de la ex Hacienda de La Hormiga es de 40 mil 766 pesos mensuales (aguinaldo y prima vacacional corresponden a este nivel de ingreso); el resto –167 mil 804.92 pesos, según el mismo tabulador– se denomina “compensación garantizada”. Entonces, ¿ese sueldo, sin lo demás, es el tope constitucional que establece el decreto?
Si la respuesta es positiva, quedaría claro que los sueldos (sin lo demás) de la alta burocracia de ninguna manera son desproporcionados, corresponderían al espíritu juarista citado ayer por el propio Calderón a la hora del discurso y darían sustento ético al exhorto que el abajo firmante hiciera ayer a los tres niveles de gobierno (“vivir en la austeridad”) y a su compromiso (uno más) de “uso eficiente y transparente de los recursos”, porque al hacerlo se “fortalece nuestra democracia y evita abusos que se habían arraigado (¿habían?) en las prácticas administrativas del país”.
El panorama se modifica si la respuesta es negativa, porque de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 el sueldo bruto del inquilino de Los Pinos (favor de no alterar el orden de las palabras) asciende a 208 mil 570.92 pesos mensuales, ingreso al que debe adicionarse el paquete de prestaciones (brutas, también), que asciende a 68 mil 858.25 pesos cada 30 días, para un total de 277 mil 429.17 pesos por mes, o si se prefiere 3 millones 329 mil 150 pesos en este agitadísimo año, sin considerar que de sol a sol todos sus consumos, movimientos, congelamientos, apanicamientos e inventos son pagados íntegramente por los mexicanos.
Algunos dirán que el sueldo (neto) oficialmente reconocido es de 146 mil 839.21 pesos (sin incluir aguinaldo ni prima vacacional), pero olvidan mencionar que los “descuentos” al ingreso del inquilino de Los Pinos (impuesto sobre la renta, fondo de pensiones, servicio médico, seguro de vida y seguro de retiro) en realidad corren a cuenta de los mismos mexicanos, al igual que las voluminosas prestaciones que obtienen el propio Calderón y los llamados “servidores públicos”, las que ni por aproximación fueron tocadas por el decreto.
Lo mismo sucede en la escalera burocrática. Un secretario de Estado (aunque en realidad lo sea de despacho) oficialmente tiene un sueldo bruto de 32 mil 813.14 pesos mensuales, y un subsecretario de 23 mil 667.18 pesos. El problema comienza con la pomposamente llamada “compensación garantizada”: 172 mil 308.91 pesos para el primero y 168 mil 277.12 pesos para el segundo, sin considerar prestaciones en ambos casos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, al sueldo y a la “compensación garantizada” del secretario hay que sumar casi 66 mil mensuales por “prestaciones brutas” y cerca de 65 mil al subsecretario. ¿Cuál es el ingreso que considera el decreto para estos casos?
De allí para abajo, los abultados emolumentos de los tres veces H “servidores públicos”, que se nutren, y muy bien, en la inagotable telaraña de sueldos, compensaciones, prestaciones, “apoyos”, “ayudas”, seguros, créditos, “estímulos”, “fondos”, “primas” y conexos que a los mexicanos les cuesta uno y las tres cuartas partes del otro, pero no sólo en dinero contante y sonante, sino en falta de resultados, en carencia de proyecto, en cancelación de futuro, minúsculos detalles no incluidos en el decreto ayer firmado por el “austero” inquilino de Los Pinos, el mismo que reflejándose en el espejo se animó a citar a Benito Juárez: “los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa”. Y se quedó tan tranquilo.
Mientras a unos les ponen “tope máximo”, a otros los obligan a aceptar “topes mínimos”. Ayer, Alonso Lujambio Irazábal (SEP-EEG) dijo que “la crítica situación económica exige ajustar (léase recortar) con responsabilidad los presupuestos de 2009´” (7 mil 186 millones de pesos menos para la Secretaría de Educación Pública), de tal suerte que “se ha entrado a un presupuesto deliberativo para definir los ajustes”. Pues bien, a “deliberar”, con el apunte del TEC, campus estado de México: “en la elaboración del próximo presupuesto uno de los ramos que reclamará mayor atención será la educación pública. Fundamentalmente porque de 3 mil 343 millones de pesos que su sector central ejerce, 184 millones van a ayuda de despensa, 17.3 millones en apoyo a la docencia, 6.8 a docencia genérica, 19.9 en ayuda a libros, 4.6 por apoyos por docencia, 256 por día del maestro, 36.4 de compensación por actuación y productividad, mil 345 de estímulos por antigüedad, 250 por puntualidad o productividad (otra vez), 351 de prima vacacional o dominical, 25 de servicios co-curriculares y 97.2 se van a ‘otras prestaciones’”.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte y solidario abrazo para José María Pérez Gay por la irreparable pérdida de su padre.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Así, ni un centavo más a sueldos y salarios de la tres veces H burocracia nacional (hasta que el inquilino decida incrementarlos), aunque es de subrayar que el citado decreto “olvidó” todo lo demás, es decir, los referidos “estímulos” que suponen una carga presupuestal de tal magnitud que ni el propio Atlas (el de la mitología griega) sería capaz de llevarla sobre su espalda. Para dar una idea de qué se trata, independientemente de sueldos y salarios “normales”, tan sólo en el segundo trimestre de 2009 –cuando el PIB se desplomó 10.3 por ciento– el pago de “prestaciones de los servidores públicos” superó 50 mil millones de pesos (monto similar al más reciente recorte presupuestal anunciado por el Doctor Catarrito, sin considerar a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos de estados y municipios, congresos locales y los que falten por citar), y ese pequeñísimo detalle no está considerado en el nuevo mandato constitucional.
Oficialmente, el firmado ayer por el inquilino de Los Pinos es un “decreto de reforma constitucional que establece un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal” (Calderón dixit), con lo que, por su propia definición, surge la primera duda: de acuerdo con el tabulador 2009 del gobierno federal, el sueldo de quien despacha en la oficina principal de la ex Hacienda de La Hormiga es de 40 mil 766 pesos mensuales (aguinaldo y prima vacacional corresponden a este nivel de ingreso); el resto –167 mil 804.92 pesos, según el mismo tabulador– se denomina “compensación garantizada”. Entonces, ¿ese sueldo, sin lo demás, es el tope constitucional que establece el decreto?
Si la respuesta es positiva, quedaría claro que los sueldos (sin lo demás) de la alta burocracia de ninguna manera son desproporcionados, corresponderían al espíritu juarista citado ayer por el propio Calderón a la hora del discurso y darían sustento ético al exhorto que el abajo firmante hiciera ayer a los tres niveles de gobierno (“vivir en la austeridad”) y a su compromiso (uno más) de “uso eficiente y transparente de los recursos”, porque al hacerlo se “fortalece nuestra democracia y evita abusos que se habían arraigado (¿habían?) en las prácticas administrativas del país”.
El panorama se modifica si la respuesta es negativa, porque de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 el sueldo bruto del inquilino de Los Pinos (favor de no alterar el orden de las palabras) asciende a 208 mil 570.92 pesos mensuales, ingreso al que debe adicionarse el paquete de prestaciones (brutas, también), que asciende a 68 mil 858.25 pesos cada 30 días, para un total de 277 mil 429.17 pesos por mes, o si se prefiere 3 millones 329 mil 150 pesos en este agitadísimo año, sin considerar que de sol a sol todos sus consumos, movimientos, congelamientos, apanicamientos e inventos son pagados íntegramente por los mexicanos.
Algunos dirán que el sueldo (neto) oficialmente reconocido es de 146 mil 839.21 pesos (sin incluir aguinaldo ni prima vacacional), pero olvidan mencionar que los “descuentos” al ingreso del inquilino de Los Pinos (impuesto sobre la renta, fondo de pensiones, servicio médico, seguro de vida y seguro de retiro) en realidad corren a cuenta de los mismos mexicanos, al igual que las voluminosas prestaciones que obtienen el propio Calderón y los llamados “servidores públicos”, las que ni por aproximación fueron tocadas por el decreto.
Lo mismo sucede en la escalera burocrática. Un secretario de Estado (aunque en realidad lo sea de despacho) oficialmente tiene un sueldo bruto de 32 mil 813.14 pesos mensuales, y un subsecretario de 23 mil 667.18 pesos. El problema comienza con la pomposamente llamada “compensación garantizada”: 172 mil 308.91 pesos para el primero y 168 mil 277.12 pesos para el segundo, sin considerar prestaciones en ambos casos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, al sueldo y a la “compensación garantizada” del secretario hay que sumar casi 66 mil mensuales por “prestaciones brutas” y cerca de 65 mil al subsecretario. ¿Cuál es el ingreso que considera el decreto para estos casos?
De allí para abajo, los abultados emolumentos de los tres veces H “servidores públicos”, que se nutren, y muy bien, en la inagotable telaraña de sueldos, compensaciones, prestaciones, “apoyos”, “ayudas”, seguros, créditos, “estímulos”, “fondos”, “primas” y conexos que a los mexicanos les cuesta uno y las tres cuartas partes del otro, pero no sólo en dinero contante y sonante, sino en falta de resultados, en carencia de proyecto, en cancelación de futuro, minúsculos detalles no incluidos en el decreto ayer firmado por el “austero” inquilino de Los Pinos, el mismo que reflejándose en el espejo se animó a citar a Benito Juárez: “los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa”. Y se quedó tan tranquilo.
Mientras a unos les ponen “tope máximo”, a otros los obligan a aceptar “topes mínimos”. Ayer, Alonso Lujambio Irazábal (SEP-EEG) dijo que “la crítica situación económica exige ajustar (léase recortar) con responsabilidad los presupuestos de 2009´” (7 mil 186 millones de pesos menos para la Secretaría de Educación Pública), de tal suerte que “se ha entrado a un presupuesto deliberativo para definir los ajustes”. Pues bien, a “deliberar”, con el apunte del TEC, campus estado de México: “en la elaboración del próximo presupuesto uno de los ramos que reclamará mayor atención será la educación pública. Fundamentalmente porque de 3 mil 343 millones de pesos que su sector central ejerce, 184 millones van a ayuda de despensa, 17.3 millones en apoyo a la docencia, 6.8 a docencia genérica, 19.9 en ayuda a libros, 4.6 por apoyos por docencia, 256 por día del maestro, 36.4 de compensación por actuación y productividad, mil 345 de estímulos por antigüedad, 250 por puntualidad o productividad (otra vez), 351 de prima vacacional o dominical, 25 de servicios co-curriculares y 97.2 se van a ‘otras prestaciones’”.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte y solidario abrazo para José María Pérez Gay por la irreparable pérdida de su padre.
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