viernes, agosto 28, 2009

Unasur en defensa de la soberanía continental

Barómetro Internacional

Reunión cumbre para discutir las bases norteamericanas en Colombia

Ernesto Tamara.

El 29 de Agosto está prevista la reunión de Unasur para discutir el acuerdo de Colombia con Estados Unidos para el uso de varias bases militares. El presidente norteamericano, Barack Obama, invitado telefónicamente por el presidente de Brasil, Lula Da Silva, no vendrá a la cita, y el presidente colombiano, Alvaro Uribe, empeñado ahora en su reelección, aseguró que no irá a la cumbre a negociar, sino a explicar y defender los acuerdos militares con la nación del norte.

En la reunión que tendrá lugar en la turística ciudad de Bariloche, Argentina, participarán, en principio, todos los presidentes sudamericanos. La Cumbre fue convocada el pasado 10 de agosto durante la reunión de ese organismo celebrada en Quito, Ecuador, cuando la asunción de Rafael Correa como presidente de Unasur, tras asumir un nuevo mandato como mandatario de su país.

Algunos gobiernos sudamericanos esperan que la reunión sirva para convencer al presidente colombiano para que desista del acuerdo con Estados Unidos, aunque los más pragmáticos sólo esperan obtener un compromiso de que esas bases no serán usadas como plataformas de espionaje o intervención hacia otros países.

A juzgar por el desarrollo de los acuerdos ya casi firmados, las dos expectativas parecen sobredimensionadas. Uribe, ya casi seguro en que será reelecto, no dará marcha atrás en los acuerdos, y las garantías que se puedan ofrecer de que las bases no servirán para intervenir –aunque no sea militarmente- en otros países, serán papel mojado.

El objetivo anunciado de la participación de Estados Unidos en esas bases, el combate al narcotráfico y el terrorismo, implican el espionaje y la intervención encubierta en otros países de la región. Además, las declaraciones de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, cuando dió a conocer el acuerdo junto al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, revelan que las intenciones de intervención norteamericana abarcan muchos más objetivos.

"Nuestro continente se enfrenta a varios desafíos crecientes, desde la crisis económica a los problemas climáticos, pasando por las preocupaciones de salud pública, como el virus H1N1, el tráfico de narcóticos, el terrorismo y el crimen organizado. Todos estos temas requieren nuestra atención y colaboración", señaló Clinton. Es decir que entre los objetivos de las bases están también el cambio climático, lo que puede sugerir el control de recursos fundamentales como el agua, la gripe porcina y la crisis económica.

Obama no leyó el regalo de Chávez

El continente había presenciado con optimismo la victoria electoral, la asunción y las primeras manifestaciones públicas del presidente Obama sobre el tono de las relaciones que su gobierno mantendría con América Latina.

Ese optimismo se reforzó en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en febrero pasado, donde además del discurso de Obama sobre el cambio de relaciones con América Latina, en un plano de respeto e igualdad según dijo, se recuerda por el encuentro con el presidente venezolano Hugo Chávez y el regalo que éste le hizo de un libro del escritor Eduardo Galeano, “Las venas abiertas de América Latina”.

Ahora se podría asegurar que nunca lo leyó, ni por interés en saber porque le habían entregado un libro específico. Si lo hubiera leído, el presidente norteamericano hubiera buscado un disfraz más convincente para imponer las bases militares en Colombia, aunque igual sabría que no sería aceptado.

En recientes manifestaciones Obama sostuvo que los acuerdos militares con Colombia eran “la continuidad” de la política de colaboración que habían sostenido ambos países. “Hemos tenido un acuerdo de seguridad con Colombia durante muchos años. Hemos mejorado ese acuerdo. No tenemos intención en establecer una base militar estadounidense en Colombia", afirmó Obama. "Esta es una continuación de la asistencia que hemos estado otorgándoles. No tenemos intención de enviar grandes cantidades de soldados adicionales a Colombia y tenemos interés en ver a Colombia y a sus vecinos operar pacíficamente", apuntó.

En esa confesión tan simple, el presidente norteamericano demostró que nada a cambiado, que la política del gobierno norteamericano hacia América Latina, es una política de Estado, que trasciende a los dos partidos políticos que se turnan en su gobierno, y que sólo está basado en lo que definen como la “defensa de los intereses nacionales”, que van desde el control de los recursos naturales, el comercio, y la intervención en todas sus formas.

Pecados anteriores

Casi como un presente griego para quienes sostienen que las bases militares que Estados Unidos utilizará en Colombia no afectan al continente, se conoció la semana pasada documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y de la Casa Blanca, donde se revela la colaboración entre Estados Unidos y el gobierno dictatorial de Brasil, para promover el derrocamiento de Salvador Allende, y cometer fraude y manipular las elecciones presidenciales en Uruguay en 1971.

La revelación de esos archivos, que comprometen directamente al entonces presidente Richard Nixon y el general y dictador brasileño Emilio Garrastazú Médici, confirma que la intervención norteamericana en la política interna de los países de la región, no se limita a los invasiones militares, la última no tan lejana, en 2004 cuando detuvieron y deportaron al presidente haitiano Bertrand Aristide, sino que incluye desde aportes financieros y asesorías de propaganda y guerra sicológica, así como amenazas de intervención y fraude electoral.

Uno de los documentos desclasificados, del 25 de agosto de 1971, titulado “Análisis y Papel Estratégico Preliminar” calificado como secreto y enviado por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, responde a las instrucciones dadas por el Consejo de Seguridad Nacional para diseñar una estrategia "...para aumentar el respaldo a los partidos democráticos en Uruguay y tratar de disminuir la oportunidad del triunfo político del Frente Amplio. El Grupo de Trabajo de la Embajada hace recomendaciones en cinco áreas: psicológica, de asistencia económica, política, laboral y de seguridad.

Áreas que se vuelven a reiterar en los acuerdos que ahora acordaron Colombia y Estados Unidos para el uso de las bases militares. Una lástima que Obama no viaje a Bariloche para que los presidente de Sudamérica, si se atreven, le pregunten sobre esos documentos.

El acuerdo ignoró ambos Congresos

Aunque aún faltan algunos detalles formales para la firma de los acuerdos, dos congresistas norteamericanos enviaron una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, recodándole que esas negociaciones no fueron debatidas por el Congreso, y que el gobierno no informó en ninguna instancia sobre las negociaciones en curso.

Los congresistas Christopher Dodd y Patrick Leahy se quejan de conocer las negociaciones con Colombia a través de la prensa, y destacan que “A pesar de las implicaciones obvias de carácter presupuestario y de política exterior de dicho acuerdo, ni el Comité de Relaciones Exteriores ni el Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras del Comité de Apropiaciones, fueron informados sobre las negociaciones, mucho menos consultados al respecto”. Por su parte, el Congreso colombiano tampoco fue informado, y el ex presidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, calificó el acuerdo para el uso de las bases, de “inconstitucional”.

En una larga nota jurídica, Araujo Rentería destaca que “Si ya el sólo tránsito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional”.

“La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que Estados Unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU: siempre sus soldados son mandados por oficiales norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que Estados Unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano”.

El acuerdo

El presidente Alvaro Uribe anunció que con el acuerdo se concedía a Estados Unidos el uso las instalaciones del ejército colombiano de Larandia y Tolemaida, las navales de Cartagena y Málaga, y las áereas de Apiay, Palanquero y Malambo. Además se ampliaba el número de soldados norteamericanos en Colombia a 800, además de otros 600 civiles (asesores y contratistas de seguridad, como se denominan ahora los mercenarios y espías privatizados). En contrapartida, Estados Unidos invertirá 46 millones de dólares en la ampliación de esas bases, a parte de los 5.000 millones de dólares para los próximos años, previstos en la extensión del Plan Colombia.

El Plan Colombia comenzó en 1998 con el aporte estadounidense de 7.500 millones de dólares y la instalación de unos 500 militares y asesores en la erradicación de cultivos de coca, y que después se extendió al combate a las guerrillas. Además, por el acuerdo, y aunque aún no se ha confirmado, los norteamericanos que participen en estas bases tendrán inmunidad diplomática, y tampoco podrán ser juzgados en Colombia por cualquier crimen que puedan cometer.

Mientras existió la base de Manta, Ecuador reclamó sin éxito contra más de 300 norteamericanos que nunca pudo juzgar y que estaban acusados de diversos delitos, incluyendo robos y homicidios. En Colombia ya se han producido numerosos incidentes incluyendo episodios de tráfico de drogas con estadounidenses y violaciones a jovencitas (1). En ningún caso el Estado colombiano pudo juzgar a los responsables.

Las siete bases que Estados Unidos podrá utilizar en Colombia, se suman a otros 700 existentes en todo el mundo y donde operan medio millón de soldados. Este adelanto de las fronteras norteamericanas hacia el sur, se añade también a la reactivación el pasado año, de IV Flota –suspendida al finalizar la Segunda Guerra Mundial- que opera en aguas de Latinoamérica y el Caribe.

Esto coincide con la nueva estrategia del Pentágono de “guerra perpetua” que incluye bases militares llamadas “lotos”, las cuales pueden ser relativamente pequeñas porque están diseñadas para ampliarse o para que las tropas salten de unas a otras. De acuerdo con Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad de California, “La mayoría de estas nuevas bases constituyen lotos desde los cuales nuestras fuerzas podrán saltar como ranas muy bien armadas”.

ernestotamara@gmail.com

(1) Olga Lucía Castillo denunció que el 25 de agosto de 2007, su hija de 12 años, había sido retenida y violada por dos militares estadounidenses adscritos a la base de Tolemaida, al sur de Cundinamarca. La madre de la joven investigó por su cuenta y pudo establecer que los responsables del ataque a su hija eran el sargento del Ejército de Estados Unidos Michael Coen y su asistente César Ruiz, que cumplían labores del Plan Colombia. Castillo se presentó y encaró a los soldados norteamericanos, “se rieron de mí y me dijeron que tenían inmunidad”, relató tiempo después a la prensa colombiana. Igualmente hizo la denuncia ante la justicia colombiana sustentada en un examen de Medicina Legal y varios testimonios. El proceso no tuvo avances y la familia comenzó a sufrir amenazas, hasta que finalmente abandonaron su poblado. Recientemente Olga Castillo fue invitada a contar su relato ante el Congreso, invitada por el senador Gustavo Petro del Polo Democrático, pero no pudo hacerlo, la bancada uribista no la dejó hablar.

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