lunes, abril 06, 2009

Oportunidades y tribulaciones del periodismo

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

El martes 31 de marzo recibí el doctorado honoris causa que se sirvió otorgarme el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, distinción que agradezco profundamente. Pronuncié con ese motivo unas palabras que explican el sentido en que recibí esa deferencia:En los dos años recientes he tenido el privilegio de que me dispensaran distinciones de índole diversa a la que hoy nos congrega pero coincidentes con ella en la causa que las origina. Las entiendo a todas como destinadas a subrayar el mérito de un trayecto profesional y, en consecuencia, como referidas al periodismo como oficio de utilidad pública y a sus practicantes, especialmente a quienes lo profesan, sí, como un medio digno de ganarse la vida, pero también como una extensión del ser ciudadano, habitante de una república menesterosa en mucho pero abundante en coraje y energía.
A tono con ese entendimiento, quiero exponer ante la comunidad universitaria aquí representada estas cavilaciones en voz alta sobre fenómenos y tendencias propios de los medios pero que inevitablemente conciernen a la sociedad entera. Pretendo que interesen a todos, pero en particular se refieren a la materia prima de la carrera de comunicación, impartida en Xochimilco desde el origen de la Universidad, que en buena hora dispuso enseñar e investigar los procesos y las instituciones de la comunicación.
Apunto primero a la estructura de los medios electrónicos. No me detendré, aunque esa cara del poliedro que toco no puede ser pasada por alto en un análisis más pausado, en las características intrínsecas de la televisión, que tanto, tan seriamente y con tanta razón han preocupado a pensadores como Karl Popper y Giovanni Sartori. Esbozo únicamente cómo el modo de ser de ese fruto del coito entre la radio y el cine (según la definición de Salvador Novo) se presenta en la sociedad mexicana, en el mercado mexicano para emplear el término que mejor refleja su sustancia. Dos empresas que no compiten entre sí dominan ese instrumento a través de concesiones para explotar un bien público, el espacio electromagnético donde transitan sus ondas. Ellas reciben la mayor parte, tres cuartos del total, de la inversión publicitaria pública y privada, y, lo que es más relevante, construyen cotidianamente, en sus programas de entretenimiento y de noticias (así como a través de sus interminables tandas de anuncios), la imagen que millones de mexicanos tienen de sí mismos, de México y del mundo.
Por eso y por la todavía endeble condición de nuestra vida democrática, se han constituido en un poder político, un poder de hecho que cuando no comparte sus metas desafía al poder institucional, al que busca influir decisivamente, si no determinar. Ese poder incumple las leyes, es capaz de hacer que se dicten las que le acomoden, y resiste las que no le cuadran. Esta última es su actitud frente a la reforma constitucional que sacó del comercio la política, la propaganda política al menos, al prohibir que pueda comprarse tiempo en los medios electrónicos durante los procesos electorales. El nuevo régimen legal de los medios afecta, sí, los ingresos de las empresas que configuran el duopolio, pero ese efecto es menor (porque desde su lógica es remediable, mediante la simulación y la infracción legal) comparado con la disminución de su presencia protagónica en la escena pública. No pudieron impedir la reforma de 2006 tan eficazmente como han evitado que se emita una legislación moderna y abarcante sobre los medios, pero estorban y complican su aplicación y presionan a quienes encarnan el poder institucional para que, con la misma convicción con que emprendieron la reforma, la cancelen y vuelva el dinero a imperar en la política electoral. Cuentan en su provecho con la fragilidad de los órganos responsables de la política de comunicación estatal y electoral. En la embestida contra las prerrogativas de los partidos –propaganda contra propaganda– el duopolio podrá lograr el viejo anhelo de que sean eliminados los tiempos que la ley asigna al Estado (que deberían ser de la sociedad), así como fueron ya drásticamente reducidos hace pocos años.
El poder de las empresas de televisión se dirige también a inhibir, coartar y si dable fuera suprimir los medios no lucrativos, los que operan con permisos, los medios que con esperanza llamamos públicos con la gana de que lo sean en verdad, y los medios comunitarios. Las leyes por sí mismas no modifican la realidad, pero una legislación sobre medios públicos constituiría el marco propicio para esfuerzos que están ya en curso y buscan probar que otra televisión es posible. Una ley de esa naturaleza habría evitado la prolongada, ofensiva espera de esta Universidad por señales de radio y televisión que no son aledañas, sino complementarias de su misión, inherentes a la misma.
La práctica del periodismo, su organización al servicio de la sociedad, vive simultáneamente oportunidades y desafíos. La transparencia, como efecto de la legislación respectiva, originada en la sociedad, y como aspiración ciudadana para vivir una democracia que incluya la rendición de cuentas, hace posible un conocimiento más amplio y preciso de zonas del hacer gubernamental que hasta hace poco era privilegio de iniciados. Hoy podemos saber, tenemos derecho a saber. Hasta no hace mucho tiempo los periodistas reconocidos, los más buscados, eran los poseedores de claves secretas, los reveladores de los escondrijos y las intimidades del poder. Hoy esa información se ha socializado. Y si bien subsisten zonas en que la reserva, la legal y la tramposa, mantienen vigentes áreas de opacidad, nos enrumbamos a una sociedad abierta, si se quiere con la lentitud del ciego que camina hacia la salida de un espacio oscuro. Nunca antes tuvo la prensa campos tan anchos para roturarlos con sus búsquedas. Su ejercicio ya no debe ser un oficio de tinieblas.
Pero al mismo tiempo proliferan los obstáculos para el ejercicio de las libertades de expresión y de información. Algunos fueron construidos mucho tiempo ha y no es posible abatirlos todavía. Cuéntense entre ellos la información pagada (qué digo información, la propaganda) que a fuerza de dinero convierte la insulsez en sólida presencia o procura ocultar lo sucio. Téngase presente también la corrupción, que pareció haberse ido con el régimen autoritario de competencia electoral no equitativa, pero subsiste ni siquiera con disimulo, y sigue contando para su vigencia con las deplorables condiciones laborales que privan en la industria de la comunicación social. Tan capaces de preservarse a sí mismas estas rutinas, me pregunto si no pervive, y multiplicado, el empresario periodístico que se ufanaba de no pagar salario a su personal y compensarlo con "credencial y manos libres".
La picaresca a que aludo sería hasta hilarante si no reflejara la supervivencia de zonas de la comunicación social que eran afines a un régimen que no sólo podía prescindir de ciudadanos informados sino que le resultaban estorbosos. También es de tono menor si la comparamos con otras realidades que pueden ser avasallantes. Como en las peores etapas del autoritarismo, hay riesgo de muerte en la práctica del periodismo. No es válido exagerar el peligro, pero tampoco es lícito fingir que es menor. El crimen organizado ha cobrado innumerables vidas de profesionales de la prensa. Ya es un reportero en Hermosillo, ya un subdirector de diario en Nuevo Laredo, ora un reportero en Ciudad Juárez, ora unos camarógrafos en Monterrey, ya el editor de un semanario en Tijuana, ya dos jóvenes periodistas, promotoras de una radioemisora indígena en Oaxaca. Se agrega al crimen que los hace desaparecer o abiertamente los acribilla, la impunidad. No se ha castigado a nadie que priva de la vida a un periodista. Cuando bien han ido las cosas, un testaferro, un matarife profesional paga las culpas de un autor intelectual impune. O queda en libertad, 10 años antes de cumplir su condena, quien al mando de la policía política asesinó a un periodista de talla mayor para acallarlo.
Hay quienes buscan apabullar el ejercicio periodístico con medios menos severos, menos definitivos pero acaso tan eficaces como la muerte. Se trata del acoso judicial. Una plaga de demandas y denuncias de presuntos agraviados se cierne sobre el oficio de informar. La alimentan juzgadores a quienes con benevolencia podríamos considerar simplemente ignorantes pero con mirada más acuciosa tal vez hallaríamos corruptos. Fatigar, inhibir, eventualmente arruinar a quienes tienen que litigar su derecho a decir con fundamento, son los propósitos de estos acosadores, esos defensores de una buena reputación inexistente que de paso quieren hacerse de una ganancia por tantos títulos ilegítima, la del precio que ellos ponen a su honor. Ya se sabe que una honra que se tasa vale bien poco.
Otros graves asuntos reclamarían nuestra atención, como el modo en que la crisis afecta ya a los medios, sobre todo los impresos. Y la manera en que la internet se adentra en nuestra vida y propicia transformaciones en el periodismo y en la sociedad cuyos contornos no acertamos todavía a definir. Pero aquí termino.

El “dedogate” panista


Desatado en su pasión electoral, el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, aplica las mismas estrategias que critica en el PRI y en el PRD: en Nuevo León, por ejemplo, designó por dedazo a Fernando Elizondo como candidato a gobernador y trató de calmar el avispero de la oposición interna con premios de consolación. Resultó novato en imposiciones y su dedazo puede ser la causa de la derrota panista.

MONTERREY.- Al Partido Acción Nacional le está saliendo caro el dedazo que empleó el 3 de febrero pasado para elegir a su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán, puesto que la “designación” del senador con licencia por el Comité Ejecutivo Nacional provocó más desunión entre sus militantes.El acuerdo del CEN, del que Proceso tiene copia, tiene la firma del secretario general, Rogelio Carbajal Tejada, y señala que la designación de Elizondo se debe a que hubo acusaciones de “corrupción, manipulación del padrón y desapego a los principios del partido”, que amenazaban facturar al panismo nuevoleonés.Sin embargo, en el propio documento se establece que fue el presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, quien planteó el método para nombrar al candidato, ya que –se justifica– existe una “percepción ciudadana de desorden, indisciplina, división y conflicto en el partido”.Rogelio Carbajal llegó a Monterrey el 6 de febrero. Los reporteros le preguntaron con insistencia cómo se decidió la designación de Elizondo, pero el emisario del CEN evitó hacer comentarios. Sin embargo, las razones de la dirigencia panista están claras en el documento fechado el 3 de febrero y titulado Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional por el que se ejerce la facultad prevista en el Artículo 43, apartado B de los estatutos generales del PAN en relación con el proceso electoral de Nuevo León.Ahí se explican las razones por las que se determinó nombrar directamente al aspirante a gobernador, las candidaturas a ocho de las 26 diputaciones locales, y a tres de 51 postulaciones para alcaldías.Para justificar el “método extraordinario de designación”, Carbajal asienta que “responde a la finalidad de preservar la unidad del partido frente a circunstancias que impiden el natural desenvolvimiento de su vida interna”, ya que el jaloneo electoral interno “ha provocado diversos pronunciamientos de militantes y miembros de dirigencias estatal y nacional. Estas expresiones han alimentado la percepción ciudadana de desorden, indisciplina, división y conflicto en el partido”.En el punto XIII de los considerandos, el documento del CEN del PAN dice que en el debate previo a la selección del abanderado en Nuevo León “se han formulado acusaciones no probadas de corrupción, de manipulación del padrón de miembros y adherentes, de desapego de los principios de doctrina del partido, entre otras expresiones públicas. Estas circunstancias son públicas y notorias, por lo que no requieren de prueba”.Como consecuencia de esas pugnas, explica, se “ha generado un clima de inu­sitada competencia interna que se ha desbordado hasta poner en riesgo las posibilidades de triunfo de Acción Nacional. Optar por el método ordinario puede acentuar las divisiones internas e impedir la reconciliación del partido de cara a la campaña constitucional; un proceso interno, cualquiera que sea el método, sugiere disgregar la acción colectiva”.Ya en el apartado de acuerdos, se establece en el segundo: “Se designa a Fernando Elizondo Barragán como candidato a gobernador de Nuevo León por Acción Nacional para el proceso electoral 2008-2009”.En el documento se revela que el método de designación fue planteado por Germán Martínez Cázares. En el apartado VI de los antecedentes se explica que, mediante oficio del 2 de febrero de 2009, el presidente nacional del partido “solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones opinión no vinculante sobre la procedencia del método extraordinario de designación para elegir candidato a gobernador, candidatos a presidentes y miembros de los ayuntamientos de Monterrey, Linares y Escobedo.“Así como de candidatos a diputados al Congreso local por los distritos 1, 2, 4, 8, 17, 20, 23 y 25 para el proceso electoral del estado de Nuevo León 2008-2009”.Y en el siguiente apartado (VII) se explica que, “por acuerdo adoptado en sesión celebrada el 3 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Elecciones emitió opinión no vinculante en sentido favorable” a la propuesta de Martínez Cázares.Al respecto, el destacado expanista Javier Livas Cantú señaló en un artículo publicado el 30 de marzo en el periódico El Norte que, al optar por la designación directa desde el centro, el PAN ofrece a la sociedad una imagen tan mala como la del PRD en su proceso interno. También considera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que se refiere como Trife, podría invalidar el proceso, si se comprueba que se violó el artículo 110 de la Ley Electoral de Nuevo León:“Este es un riesgo real ahora más que nunca, porque el Trife está mostrando que no se anda con cosas y exige un cumplimiento riguroso de las disposiciones de la Ley Electoral del Estado. ¿Qué podrá contestar el PAN cuando se le señale que en la elección de candidato a gobernador nunca hubo convocatoria, nunca hubo registro, nunca hubo precandidatos?”, cuestiona Livas Cantú.
Premios de consolación
Fernando Elizondo prácticamente no hizo precampaña, ya que al principio nadie quedó conforme con el dedazo. Pero esto ya estaba previsto, puesto que el CEN del PAN recurrió al método complementario del dedazo priista: los premios de consolación.El diputado local con licencia Fernando Larrazábal Bretón, quien fue presidente municipal de San Nicolás y trabajó durante años para contender por la gubernatura, estaba decepcionado por la designación de Fernando Elizondo. Públicamente decía que, así, la derrota era inminente.Cuando la imposición se consumó, Larrazábal tuvo que tragarse su inconformidad y, el 13 de febrero, luego de “hacer un análisis” de su situación, aceptó la candidatura para la alcaldía de Monterrey. Ya con el premio de consolación, incluso le salió el entusiasmo: “Vengo a decirles ¡que sí, que sí acepto! ¡Que sí acepto la designación como precandidato a alcalde a esta ciudad de Monterrey, y sí acepto a Fernando Elizondo para que encabece y ganemos Nuevo León!”.El acaudalado exsenador Mauricio Fernández también varió su discurso. El 30 de octubre de 2008 declaró a la prensa local: “Si el PAN da un dedazo, yo renuncio a mi partido porque no es posible que, después de estar 42 años en él, luchando por una democracia, esté ahora el PAN peor que en los años más desagradables del PRI”.Cuando se dio a conocer la designación directa de Elizondo, Fernández ya no estaba tan enojado y dijo que declinaba únicamente a participar en el consejo estatal de Acción Nacional. Pero todavía lamentó: “Esta resolución es mortal en la vida del partido”.Con su decepción a cuestas, el exsenador se registró como precandidato a la alcaldía de San Pedro Garza García. En la elección primaria efectuada el 15 de marzo derrotó a Álida Bonifaz Sánchez, quien fue procuradora de Justicia durante el gobierno de Fernando Canales Clariond y contó con el apoyo del círculo del exgobernador. También compitió Guillermo Padilla, aunque sin probabilidades reales de triunfo.El 13 de marzo, Bonifaz impugnó la planilla de Mauricio Fernández porque no cumplía la cuota de género. El TEPJF le dio la razón el 28 del mismo mes y obligó al PAN estatal a reponer el procedimiento. Padilla quedó fuera y expresó su apoyo a Fernández, que de esa forma volvió a ganarle a Bonifaz el 1 de abril. La derrotada impugnó de nuevo y el problema se complicó.
Los pecados de San Pedro
En entrevista, Álida Bonifaz explica que la precandidatura de Fernández estuvo viciada de origen, ya que cada planilla debía cumplir con por lo menos 40% de cuota de género, entre aspirantes a alcalde, a síndicos y a regidores.Bonifaz dice que en su fórmula iban cuatro hombres y cuatro mujeres, pero la de su contrincante sólo incluyó a dos mujeres, lo que viola el artículo 8 de la convocatoria de su partido para competir por la presidencia municipal de San Pedro.Al parecer, las comisiones de elecciones –estatal y nacional– no se percataron de la irregularidad y aprobaron el registro de Fernández como precandidato, dice Bonifaz. Dichas instancias partidistas tuvieron como plazo hasta el 11 de febrero para revisar los listados, y los enviaron al CEN, que dos días después aprobó la planilla de Mauricio Fernández.Y el 4 de marzo, fuera del tiempo reglamentario porque el exsenador ya estaba en precampaña, el partido enmendó su planilla. Bonifaz recuerda que el propio precandidato declaró a un medio de comunicación que la lista fue corregida por otras personas.“La irregularidad –enfatiza la precandidata inconforme– consiste en que hacen cambios fuera de tiempo, consintiendo que había un error y con la anuencia de las comisiones estatal y nacional. Incluso hay una declaración del ingeniero Fernández que dice: yo no la arreglé (la lista), en la misma comisión me la arreglaron.”De inicio, dice, Fernández no debió competir porque se registró fuera de tiempo; por eso no acudió a votar en la segunda elección ni envió representantes a las tres urnas instaladas.La irregularidad llevó a Bonifaz Sánchez a impugnar la elección interna ante el TEPJF después de que el partido proclamó ganador a Mauricio Fernández por segunda ocasión. Y aunque está en espera de la respuesta de la autoridad electoral, aclara que ella no pidió una nueva elección, sino que se cumpliera la convocatoria, con lo cual Fernández no podía haber participado.El 29 de marzo, en el palenque de la Expo de Guadalupe, Germán Martínez encabezó la ceremonia para abanderar a todos los candidatos del PAN en Nuevo León. El recinto estaba a la mitad de su capacidad y no se notó la unidad que proclama la dirigencia del partido, ya que no acudieron ni el alcalde regiomontano Adalberto Madero Quiroga ni Fernando Margáin Berlanga, otro aspirante despechado por la designación de Elizondo.Como si no hubiera suficientes señalamientos de irregularidades en la selección de candidatos panistas, Martínez hizo proselitismo a favor de Mauricio Fernández cuando todavía no se efectuaba la reposición de la elección impugnada.“Vamos a respetar al Trife, pero estoy seguro que los panistas van a volver a decidir como han decidido y no tengo inconveniente en respetarlos”, proclamó el dirigente nacional del PAN mientras le alzaba la mano a Fernández.Un día antes de la elección, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Ruiz García, también rompió su deber de imparcialidad y respaldó al exsenador en los mismos términos: “Si ya una vez lo decidieron los panistas, no veo por qué no puedan decidirlo nuevamente”.Al respecto, dice Bonifaz Sánchez: “Esto me da a entender que hay parcialidad, que hay preferencias de las autoridades que deben ser árbitros y están inclinadas a un candidato. Eso se comprueba viendo que Germán Martínez declare ganador y le tome protesta, y le levante la mano a Mauricio, cuando el señor aún no tenía calidad de candidato”.En su opinión, “fue desafortunada la actuación de Germán Martínez, quien como presidente nacional inclinó la balanza terriblemente y eso es indebido. Lo critico porque no es correcto que se pronuncien las autoridades partidistas en beneficio de un participante cuando estamos en contienda”.Ante esas acusaciones, Ruiz García, afirma: “En esta nueva impugnación veo que la licenciada Bonifaz quiere ganar judicializando el proceso. La primera vez que impugnó podríamos ver que es parte de su derecho, pero al volver a impugnar el mismo proceso, habla de que no le gusta la vía democrática”.Igualmente rechaza que él y Germán Martínez se hayan equivocado al proclamar ganador a Fernández prematuramente: “Reconocer el triunfo democrático de un panista no es un error político. Sólo reconocemos que en un proceso democrático el ingeniero Mauricio ganó la contienda”.Y sobre el incumplimiento de un requisito específico de la convocatoria para la elección interna, el dirigente estatal panista dice que no puede opinar sobre eso porque le compete a la Comisión Estatal de Elecciones.A su vez, Mauricio Fernández dice que, en caso de que el pleito se prolongue, tendrá que resignarse al dedazo: “Si esto sigue así, finalmente me van a designar, que es lo que yo no quería. A mí no me gustan las designaciones, pero ya tengo dos triunfos y no puedo pasarme toda la vida compitiendo contra esta señora” (Álida Bonifaz).Por lo pronto, el candidato se registró el jueves 2 ante la Comisión Estatal Electoral, y está en espera de que el trámite se apruebe. Las campañas estatales se iniciaron el viernes 3.
La plancha
La consolación también funcionó en el caso del exgobernador Fernando Canales Clariond, que se pronunció en contra del dedazo del CEN, pero ahora cuenta con posibilidades de obtener una diputación plurinominal.También los diputados locales del PAN hicieron su parte para reforzar esta estrategia disciplinaria.En septiembre de 2008 el grupo Red Cívica y el PRI estatal solicitaron al Congreso estatal que sometiera a un juicio de desafuero, por desvío de recursos, al presidente municipal de Monterrey y precandidato a gobernador, Adalberto Madero Quiroga.El presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el panista Fernando Kuri, declaró que turnaría el caso de manera urgente para su revisión.Varios analistas apuntaron que el PAN estatal dio línea a sus diputados para doblegar a Madero Quiroga, que había denunciado públicamente que Germán Martínez le pidió que desistiera de su aspiración a la gubernatura.Sin embargo, el alcalde ha encabezado frecuentemente las encuestas de preferencia electoral y es un activo político valioso para Acción Nacional por su presencia permanente en las colonias de la capital nuevoleonesa. Se le considera un potencial acarreador de votos.De hecho, en el acuerdo del CEN para designar a Fernando Elizondo como candidato a gobernador, se hace un reconocimiento a la administración de Adalberto Madero como alcalde de Monterrey: “En este municipio el PAN tiene dos ventajas político electorales que debe aprovechar: por una parte, la buena percepción de los ciudadanos en relación con el gobierno municipal y, por otra parte, la alta preferencia que reflejan los instrumentos de opinión pública en relación con el PAN.”Al final, Madero se apaciguó y los dipu­tados congelaron la solicitud de juicio político. Hasta el fin de semana, la comisión correspondiente en el Congreso local no ha tratado el tema y se espera que, aun si se encuentran faltas en su administración, se le entregue como garantía de impunidad una diputación federal por la vía plurinominal.En otro caso de discrepancia, el 19 de marzo, el diputado local Ranulfo Martínez anunció que desistía de participar en la contienda por el distrito VII federal porque la dirigencia estatal pretendía favorecer a Yolanda Villarreal, madre del dirigente panista en Guadalupe, Mauro Guerra. Y en efecto, el 29 de marzo Villarrreal fue elegida candidata.A juzgar por los primeros números, todo este jaloneo le está pegando al PAN. El 5 de febrero pasado el diario Reforma publicó una encuesta telefónica en la que 50% de los consultados dijo que conocía a Elizondo, mientras que sólo 20% ubicaba a Rodrigo Medina, quien fue designado candidato del PRI a gobernador por el mismo método.En otra encuesta publicada el 2 de abril por el mismo periódico, el priista ya supera al panista por un punto porcentual: 39 a 38.

Campeche: El soborno de la Lotería Nacional

Campeche: Hacia una elección corrupta

CAMPECHE, CAMP.- A cinco meses de la muerte de Juan Camilo Mouriño Terrazo, su hermano Carlos es acusado de participar en un intento de “soborno electoral” al Grupo Megamedia para publicitar las campañas de candidatos panistas con cargo a la Lotería Nacional.

El 1 de abril, día programado para que Mario Ávila Lizárraga rindiera protesta como candidato del PAN a la gubernatura, a través de sus periódicos Diario de Yucatán y La I, Megamedia reveló que el 26 de marzo sus representantes en Campeche “recibieron y rechazaron una oferta de propaganda política del Partido Acción Nacional que sería pagada con fondos públicos federales procedentes de la Lotería Nacional”.De acuerdo con la versión divulgada, el intento de negociación se dio a las 8:45 de la noche en el edificio sede del Grupo Energético del Sureste (GES), Torres de Cristal, con la participación del presidente del corporativo, Carlos Mouriño Terrazo; del entonces titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE), Jorge Luis Lavalle Maury –quien coordinaría la campaña de Ávila Lizárraga–; y del director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez Godínez. El paquete publicitario que Megamedia ofrecía “alcanzó un precio de 3 millones de pesos, menos un descuento de 20% por compra global”, precisó la empresa editorial.“Perfecto, factúralo a nombre de la Lotería Nacional”, fue la respuesta de Jiménez Godínez. Y cuando los representantes de Megamedia rechazaron la petición, dijo: “Soy el director de la Lotería Nacional y Juan Camilo era como mi hermano”.Y como no los convencía, agregó: “Factúrales 500 mil (al PAN). Es más, no me hagas el piquito de descuento y a nosotros sólo nos darás de vez en cuando un cintillo o los resultados de algún sorteo que caiga en Campeche. Eso ustedes manéjenlo, nosotros no les vamos a pedir mucho”.Siguió insistiendo: “Pregúntale a tu jefe. Es más, les firmamos un contrato de publicidad (con la Lotería Nacional) para sus periódicos por tres años”.
A Carlos Mouriño Terrazo y Jiménez Godínez les interesaba particularmente promover a Ávila Lizárraga, cuya candidatura fue impuesta por Carlos Mouriño Atanes, padre de los Mouriño Terrazo.Sin embargo, en el mismo paquete entraría propaganda de los candidatos a dipu­tados federales por los dos distritos de Campeche (todo parece indicar que serán la exdiputada local Beatriz Vela y el presidente municipal con licencia de El Carmen, Ignacio Seara) así como los aspirantes a las alcaldías de la capital campechana y El Carmen (en las que se perfilan respectivamente el diputado local con licencia Carlos Ruelas y José del Carmen Rodríguez).
Confusión
Dos días después de los hechos, Luis Alberto González Uribe y Olegario Manuel Moguel Bernal, directivos de la División Periódicos de Megamedia, denunciaron el intento de soborno electoral en la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el CEN del PAN.El dirigente nacional del partido, Germán Martínez Cázares, tenía programado asistir el miércoles 1 para tomarle protesta a Ávila Lizárraga como candidato a la gubernatura e inaugurar la convención nacional de diputados locales de su partido, pero canceló su visita a última hora aduciendo motivos de salud. En lugar de Martínez Cázares llegó el secretario general del CEN del PAN, Rogelio Carbajal, quien como única respuesta a las acusaciones dijo: “El PAN es ajeno a estas prácticas, que son de otros partidos y otras épocas”. En la conferencia de prensa que ofreció Carbajal frente a un altar dedicado a Juan Camilo Mouriño, en la sala de juntas de la sede estatal del PAN, no se pudo tocar el tema de la implicación en el escándalo de su hermano Carlos, que no es militante formal del partido.Estuvo presente ahí el candidato Ávila Lizárraga, quien eludió los cuestionamientos de los periodistas. Pero más tarde, cuando ya se había registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, se vio acorralado y accedió a responder, aunque primero consultó a Carbajal sobre lo que debía decir.Según Ávila, Lavalle Maury –quien el 18 de marzo presentó su renuncia a la OSFAE, efectiva a partir del 1 de abril– le aseguró que él “no había cometido ninguna ilegalidad y que lo puede demostrar”. No obstante, cuando se le pidió su versión sobre la reunión con los representantes de Megamedia, se escabulló: “Esos son los datos que todavía no tengo, la verdad”. Luego se enredó al comentar el papel de Carlos Mouriño Terrazo en la negociación. Primero aseguró que todavía no había podido hablar con él, pero cuando se le dijo que horas antes los vieron comiendo junto con Carbajal y Lavalle en el restaurante del hotel Baluartes, improvisó:
–Estuve, pero no tocamos ese tema.
–Entonces sí lo vio –se le insistió.
–Sí.
–Acaba de decir que no lo había visto.
–Que no platicamos de ese tema…
Tras el golpe mediático, Lavalle Maury anunció esa misma noche que dejaba la coordinación de campaña de Ávila Lizárraga en tanto se esclarecen las acusaciones. Pero varios comentaristas políticos señalan que se le hizo a un lado para amortiguar el impacto sobre Carlos Mouriño, quien no es la primera vez que le genera conflictos al PAN sin ser militante. Aún se recuerda cuando le exigió al entonces diputado federal Jorge Nordhausen que renunciara a la dirigencia estatal.
Mouriño y Gordillo
Impulsado por la familia del fallecido secretario de Gobernación, Ávila Lizárraga obtuvo la candidatura del PAN tras derrotar, el pasado 15 de marzo, al senador Sebastián Calderón Centeno en un cuestionado proceso interno basado en la consulta pública. Al término de su trámite de registro como candidato, el 31 de marzo, Ávila Lizarraga encabezó un mitin al que asistieron toda la familia Mouriño, diputados, delegados federales y la directiva panista estatal en pleno, además de unas 2 mil personas acarreadas desde varios municipios. Ahí se exhibió un video de Juan Camilo Mouriño y quedó claro que utilizará esta figura para ganar votos. En la elección constitucional del próximo 5 de julio, Ávila Lizárraga tendrá como principal oponente a Fernando Ortega Bernés, de la coalición PRI-Panal. A este último partido pertenece Miguel Ángel Jiménez Godínez, quien es un cercano colaborador de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales. Desde que estalló este escándalo, la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), que encabeza Róger Pérez Hernández, se ha mantenida oculta.Sin embargo, el líder estatal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, asegura que esto no afectará la coalición de ambos partidos para la gubernatura, 11 ayuntamientos y 35 diputaciones locales. “A final de cuentas, Jiménez Godínez tiene una responsabilidad como funcionario federal, como director de la Lotería Nacional, y tiene que enfrentar sus responsabilidades. Nosotros tenemos una coalición clara, segura, veraz, y nos va a servir y vamos a ganar la elección”, sostiene el líder priista. Agrega que tiene “plena confianza en la dirigencia nacional y estatal” de sus aliados. “Nuestra relación es con los dirigentes estatal y nacional, que son Roger Pérez y Jorge Kawaghi, no con Elba Esther. Así de claro”, puntualiza. No obstante, Moreno Cárdenas considera que el presunto intento de soborno a Megamedia demuestra que el presidente Felipe Calderón y su gabinete tienen las manos metidas en las elecciones.Al candidato de la coalición PRI-Panal, Fernando Ortega, tampoco le causa resquemor la acusación contra Jiménez Godínez, quien fue presidente fundador del Panal y coordinador de sus diputados federales. Para él, la unión de estas fuerzas en el estado se basa en afinidades ideológicas.Al plantearle la posibilidad de que la gente de Elba Esther Gordillo quisiera sabotear su campaña, expresó su “reconocimiento y mucho respeto hacia el liderazgo” de la maestra. Añadió que no conoce a Jiménez Godínez.
–¿Enfrenta en esta elección al fantasma de Juan Camilo Mouriño, más que a Mario Ávila Lizárraga? –se le pregunta.
Y Ortega Bernés, que en 2003 le ganó a Juan Camilo la elección por la alcaldía campechana, enciende un cigarrillo y responde:“Si bien es cierto, y se ha hecho referencia a la amenaza de que pueda existir confrontación en esta campaña, una guerra sucia, en esta campaña el candidato del PRI no se distraerá de lo sustantivo. Los ciudadanos están hartos de las confrontaciones (....), por esa razón asumo también frente a este lamentable episodio una posición prudente, pero también una posición en la que manifiesto mi deseo, aspiración y compromiso personal de no contribuir (...) a generar conductas inadecuadas.”Añade: “No me enfrento a nadie, simple y sencillamente voy a una contienda con mucha determinación, con mucha responsabilidad, haciendo acopio de la experiencia de varios años de servicio y participación política en el estado. (...) Tengo un personal respeto por la memoria de Juan Camilo Mouriño. “Yo hoy estoy de frente a la oportunidad que me han dado los priistas de concurrir a un proceso electoral, donde los candidatos de los otros partidos tienen nombres y apellidos muy claros. En Campeche es fácil conocer la biografía de cada quien. Creo que la biografía de quienes compiten en esta elección está a la vista y es del conocimiento de todos los campechanos.” Muy distinta es la opinión del presidente estatal de Convergencia, Aníbal Ostoa Ortega. Primero, destaca que a partir de los hechos denunciados por Megamedia podrían configurarse delitos, como intento de peculado, por lo que consideró necesaria una auditoría a las arcas de la Lotería Nacional, especialmente en los contratos con medios de comunicación, ya que este año habrá elecciones concurrentes en seis estados.Para él, Jiménez Godínez es “un mapache electoral al servicio de Elba Esther Gordillo y ella no tiene recato en este tipo de asuntos. No creo que este funcionario haga algo si no se lo autorizan ella y la Presidencia. Esto parece ser una estrategia de alto calado, instrumentada con la anuencia de Los Pinos”.A su parecer, la maniobra obedece a la importancia que tiene para el PAN un triunfo en el estado: “No hay recato de Felipe Calderón en su afán de mantenerse como primera fuerza. Quiere tener el control del Congreso (...) y abrir su cobertura territorial e incluir en ella a Campeche, por la importancia estratégica en relación con Pemex”. En el caso denunciado por Megamedia, concluye Ostoa Ortega, “es muy delicado y vergonzoso que un funcionario de primer nivel se atreva a venir a hacer mapachería. Al menos en el caso de Campeche debió abstenerse, porque aquí el Panal no la hizo (su coalición) con el PAN, sino con el PRI. Esto deja la impresión de que Elba Esther Gordillo, de manera inmoral, está jugando en dos tanques al mismo tiempo, y a menos que Jiménez Godínez sea muy estúpido para hacer esto por su cuenta, esto parece ser una estrategia nacional”. lCandidaturas impuestas, juego de doblez electoral, corrupción con recursos federales... Ninguno de estos vicios políticos falta en el proceso electoral de Campeche, donde el PAN afronta una acusación del Grupo Megamedia por haber intentado un “soborno” con dinero de la Lotería Nacional y en beneficio de candidatos apadrinados por el Grupo Energético del Sureste. En el centro del escándalo están, otra vez, Elba Esther Gordillo y la familia Mouriño.

Confirma el Pentágono ejercicios militares conjuntos con México


WASHINGTON, 6 de abril (apro).- El general James Cartwright, subjefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, confirmó que las fuerzas del Pentágono realizarán ejercicios conjuntos con la Armada de México, como parte de la nueva estrategia bilateral y hemisférica para la defensa territorial y la lucha contra el narcotráfico."La semana pasada, aquí en Washington, fui el anfitrión de mis contrapartes militares de México; hicimos una revisión a las varias áreas en las que vamos a comenzar a cooperar y en maneras que nunca antes lo habíamos hecho", dijo Cartwright en conferencia de prensa celebrada en el Pentágono.Los ejercicios conjuntos militares de Estados Unidos y México se llevarán a cabo en Mayport, Florida, y de acuerdo con los detalles que ha dado a conocer el Comando Sur (que estará a cargo de éstos), se realizarán en formas marciales tradicionales, sobre operativos para defender la integridad territorial de cada país, para el tema de la seguridad nacional, persecución de embarcaciones rápidas y respuesta de ataque en mar abierto, que están ligadas directamente al tema del combate al narcotráfico que utiliza las aguas marítimas para el transporte internacional drogas.Los ejercicios conjuntos no establecen la realización de operativos militares contra el narcotráfico o el crimen organizado dentro del territorio mexicano o del estadunidense. Cartwright explicó que las operaciones conjuntas serán exclusivamente en el ámbito de la cooperación y apoyo entre las fuerzas armadas de los dos países.Las operaciones "serán ambas a nivel de servicio, para entrenamiento y después a nivel operacional con el Comando Norte para proporcionar respaldo en la guerra contra las drogas y también en apoyo general sobre la habilidad para la defensa de su país", subrayó el general Cartwright.Los ejercicios militares llamados "Unitas 50-09" se llevarán a cabo del 19 de abril al 7 de mayo en Mayport; además de la Armada de México también participarán en los ejercicios navales representantes militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

NO ES ESTO UNA BURLA?

El IFE multa al PAN con 465 mil pesos por campaña sucia

MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acordó multar, con 465,800 pesos, la campaña del PAN contra el PRI. Sostuvo que el PAN incurrió en "denigración y calumnia" a través de desplegados periodísticos.
Sin embargo, en votación dividida, el Consejo rechazó, por 5 votos contra 4, considerar estas conductas como "actos anticipados de campaña", no obstante que se menciona directamente al PRI y se cuestiona a "los gobiernos" de ese partido.
En un acalorado debate, Leonardo Valdez Zurita, presidente del IFE, llamó a tener presente que "la Reforma Electoral estableció un marco normativo para ejercer con responsabilidad la libertad de expresión".
Advirtió: "La democracia mexicana no puede tener viabilidad cuando las campañas negativas conducen el debate".
Y exhortó a los partidos políticos a no trasladar la contienda electoral a las "campañas negativas".
Además, Valdés Zurita instruyó al secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, a iniciar una investigación, a fin de verificar el cabal cumplimiento de las medidas cautelares dictadas el pasado 3 de abril por la Comisión de Quejas, que ordenaron la suspensión inmediata de esa propaganda.
En algunos medios electrónicos aparecieron hoy todavía esos juegos de palabras, en los que el PAN hace acusaciones contra el PRI.

Sanciona el IFE al PVEM con 10 MDP

MÉXICO, DF, 6 de abril (apro).- El Consejo General del IFE ordenó a la diputada federal Gloria Lavara, coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista, suspender de inmediato la transmisión de spots en los que presuntamente difunde informes de labores.El dictamen, aprobado por seis votos a favor y tres en contra, establece que no quedó acreditado que se trate de informes de labores de los legisladores al amparo del artículo 228 párrafo 5 de la ley electoral, el cual prevé esa excepción para los servidores públicos.Así, el IFE consideró que los mensajes violaron el artículo 41 de la Constitución y con ellos se vulnera la equidad en el proceso electoral."Se declara fundado el procedimiento especial sancionador iniciado en contra de la diputada federal Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía, perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México a la 60 Legislatura", indica la resolución aprobada."Se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción de ministraciones" que asciende de 2.5 millones a 10 millones de pesos", añade la resolución.El IFE también acordó solicitar a las televisoras Televisa y Televisión Azteca abstenerse de transmitir ese tipo de promocionales del PVEM.Foros electoralesEl Instituto Federal Electoral y los ocho partidos políticos acordaron llevar a cabo cuatro foros para exponer sus respectivas plataformas electorales los próximos 20, 22, 27 y 29 de abril en la sede del propio IFE.Para ese fin se sortearon los cuatro temas que se abordarán, de tal modo que el primero será "Política social y medio ambiente", el lunes 20; "Seguridad pública y justicia", el miércoles 22; "Economía y empleo", el lunes 27, y "Estado de derecho y democracia", el miércoles 29.El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, exhortó "a los partidos políticos a suscribir este compromiso de civilidad democrática y a competir en buena lid".Valdés Zurita también convocó a la ciudadanía a seguir de cerca esos foros. "A los ciudadanos los convoco a seguir de cerca estos eventos a fin de que puedan contar con mayores elementos y decidir por la opción que más les convenga".Aclaró que en esos encuentros no se podrá llamar al voto y éstos tendrán una duración de 90 minutos, sin tomar en cuenta la introducción y el final a cargo del IFE.Además, se designará a dos moderadores y los representantes partidistas podrán participar en tres rondas: la primera de cinco minutos para la presentación del tema; la segunda de dos minutos para réplica, y la tercera de tres minutos para la conclusión.

Sale el PAN en defensa de Calderón y arremete contra Beltrones
LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 6 de abril (apro).- El presidente nacional de PAN, Germán Martínez, exigió al senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, respeto para el presidente Felipe Calderón, y lo retó a definir a qué jefe de Estado extraña.
El dirigente panista respondió a las declaraciones que Beltrones hizo al diario Reforma, en las que señaló que para actuar como jefe de Estado hace falta más que sacar al Ejército a las calles o contar con el reconocimiento institucional.
"Le respondo al senador Beltrones que a qué Jefe de Estado extraña y qué es lo que extraña más de esos jefes de Estado", manifestó Germán Martínez en una conferencia de prensa en la que exigió al legislador priista que precise sus declaraciones.
"Que diga "si a (Ernesto) Zedillo, que lo persiguió; o a (Carlos) Salinas, que lo abrazó; o a (José) López Portillo, que devaluó el peso; o a (Luis) Echeverría, que reprimió", señaló.
Germán Martínez afirmó que las declaraciones del senador por el estado de Sonora son muy "serias y preocupantes".
"El Partido Acción Nacional lo toma con mucha seriedad y mucha gravedad, y por lo tanto, para nosotros sería muy bueno que nos aclarara el senador Beltrones a qué jefe de Estado extraña", insistió el dirigente panista.
Martínez también exigió respeto para la figura presidencial de Felipe Calderón y para las acciones que realiza contra la delincuencia organizada.

Habra que decirle al asno del German Martinez que el "RESPETO" se gana no se exige!

"Aquí entre nos" con Jorge Saldaña (6 de Abril de 2009)

Luis Echeverría culpable del genocidio del 2 de Octubre


UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

BOLETÍN DE PRENSA

Ciudad de México, 2 de abril de 2009

¡LUIS ECHEVERRÍA, CULPABLE DEL GENOCIDIO DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968, AUNQUE LOS JUECES LO EXONEREN!

La investigación histórica y el juicio popular acreditan que el ex presidente Luis Echeverria Álvarez es culpable de la comisión del delito de genocidio cometido el 2 de octubre de 1968 contra un grupo de estudiantes y pobladores que demandaban democracia y libertad para México, aunque en días pasados los Tribunales del poder judicial federal le hayan otorgado la libertad con las reservas ley. A casi 41 años del 2 de octubre de 1968, los victimarios de aquellos hechos no han sido castigados ni se ha esclarecido toda la verdad.La resolución judicial dictada por el Quinto Tribunal Colegiado y Segundo Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito dieron otra demostración de inutilidad, al decidir que si se acredita el delito genocidio, previsto y sancionado en el artículo 149 bis del código penal federal, pero que no se acredita la responsabilidad criminal del ex presidente Echeverría Álvarez por falta de elementos de prueba, porque solamente era secretario de Gobernación. Con ello, el Poder Judicial federal abona una vez más el camino de la impunidad, al dejar de responsabilizar a funcionarios y demás miembros de la oligarquía gobernante de sus actos ilegales. La ley al servicio de los poderosos, sin importarles pasar por encima de la Constitución.No cabe duda, que en la Plaza de las Tres Culturas se dio un genocidio cuando el ejército mexicano atacó una manifestación pacifica de jóvenes que protestaban contra los encarcelamientos y la represión. El número de muertos y heridos nunca se ha precisado, pero las investigaciones históricas han comprobado fehacientemente que se trató de una acción decidida, organizada, financiada y ejecutada desde el poder. Y que, junto con el ex –presidente Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría dirigió personalmente la represión. Así lo han revelado numerosos investigaciones, particularmente la que se coordinó precisamente desde la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que el foxismo montó de 2001 a 2006, luego manipulo y desmanteló, dejando actualmente pendiente la deuda con el pueblo de México, de conocer la verdad y castigar a los culpables. Con ello, también se acredita el fracaso de dicha fiscalía, amén de los cuestionamientos a su dirección.La sangre inocente que se derramó en Tlatelolco no se lavará con sentencias indignas. Los magistrados y jueces son ahora cómplices de esos actos de barbarie. Con ello, no sólo dejan sin castigo a delincuentes de lesa humanidad, sino que además frustran las esperanzas de justicia de millones de habitantes de este país y pretenden con ello minimizar la gran contribución que el movimiento estudiantil popular de 1968 generó a la lucha por la democracia en nuestro país, que es un parteaguas de nuestra historia moderna.Cuando la justicia en una nación muestra sus desatinos, como es el caso, procede entonces recurrir a las instancias internacionales. En el plano interamericano y en el de Naciones Unidas, quedan todavía mecanismos para lograr el enjuiciamiento de Echeverría y de sus cómplices. Infortunadamente, tenemos que salir del país para buscar la luz de la justicia, pues en México el ambiente es oscuro amenazante; los derechos humanos van en retroceso ante el avance del autoritarismo y la militarización por efectos del “Plan Mérida”.Los juristas y defensores de los derechos fundamentales que suscribimos este boletín deploramos la vergonzosa actitud de los magistrados y jueces que exculpan a Echeverría. Declaramos que sumaremos nuestros esfuerzos a los del Comité 68, a los de las ONG, y al de tantos y tantas mexicanas que están ávidos de justicia. Insistiremos en la creación de una comisión de la verdad, haciendo patente nuestro firme propósito de continuar luchando, por los medios legales a nuestro alcance, para que se enjuicie y sancione a los criminales de lesa humanidad y nunca más se repitan los genocidios, como el de 1968, cometidos por un Estado terrorista y represor.

Atentamente:
Eduardo Miranda Esquivel, Jesús Cervantes Esparza, Cesar de León y Pablo Franco Hernández, por la Presidencia Colegiada de la Unión de Juristas de México UJM; Lauro Sol, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD; José Enrique González Ruiz, por el Programa de Derechos Humanos de la UACM; José Sotelo Marbán, ex coordinador del informe de la FEMOSPP ¡que no vuelva a suceder!; Dip. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera; Comité 68 y varias firmas más.

Atenco: venganza de Estado

Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina. Tres nombres que, contra todo cálculo del poder, en vez de sepultarse bajo el olvido, cada día que pasa crecen y se graban más hondo en la conciencia colectiva, resistente pese a todo a la impúdica manipulación noticiera-telenovelera de gobiernos como el del estado de México. La brutalidad jurídica con que han sido tratados estos tres hombres no desmerece ante la brutalidad policiaca con la que fueron detenidos, ni la brutalidad mediática de las televisoras y la prensa desde antes de su aprehensión.
Hoy, cuando pasan tantas cosas feas y vergonzosas, ciuando hay grandes zonas del país en proceso agudo de descomposición social y la dictadura del consumo impone carretadas de “famosos” a modo de identidad colectiva con cero calorías, los tres presos a perpetuidad de Atenco son famosos en nuestros corazones, y mientras más permanezcan en prisión, más lo serán: su mera existencia desenmascara una miseria de México que en el extranjero llama poderosamente la atención.
En mayo de 2006, la sociedad permitió que los vejara el Estado, convertido en vengador vulgar y cínico, omiso de los mínimos derechos humanos. Las pambas, patizas, madrizas colectivas que practicaron las policías federal y mexiquense en las personas de los más de 200 detenidos pusieron en alto la “hombría” y eficacia de nuestras fuerzas del orden, que se comportaron como pandillas sin control y con permiso, como hordas montoneras protegidas, si no por la ley, por quienes la administran. Y así consumaron delitos tipificables en la legislación nacional e internacional, pero típicamente impunes.
Asesinaron niños, violaron (famosamente) mujeres y hombres, “desgüevaron” a líderes esposados y ya con el rostro reventado a puñetazos y toletazos, amenazaron de muerte a decenas de personas, realizaron actos de exhibicionismo patológico con las armas que el gobierno les dio y emplearon su miembro “viril” como otro instrumento de tortura. Al cabo, y qué.
El gobernador priísta Enrique Peña Nieto y sus jerarcas policiales y judiciales dieron una lección a los revoltosos (al gobierno federal panista, ya con sus pininos a cuestas contra los altermundistas en Guadalajara): “Así se hacen las cosas, y salen bien”. Y las encuestas (oh-sí-populares) siguen premiando al gobernador de marras. Tal vez eso sea lo más alarmante del caso Atenco.
Castigando a escala estratosférica a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a su abogado Héctor Galindo como “autor intelectual” y a los 13 últimos chivos expiatorios que tienen en común ser originarios del lugar de los hechos, el Estado usa las policías, los tribunales y las cárceles como instrumentos de venganza y escarmiento contra ciudadanos que se atrevieron a desafiarlo, no con intenciones criminales, sino por defender sus fertilísimas tierras de ser cubiertas bajo la plancha kilométrica de un aeropuerto que pudo ser el más grande de América Latina. Y eso calienta: pregúntenles si no a los Fox, los Bribiesca, los Montiel, los Peña Nieto y sus socios.
Los tres de Atenco coinciden en el horrendo penal del Altiplano con Jacobo Silva Nogales, a quien las autoridades no pudieron colgarle 67 ni más de 100 años de condena, pero sí le han hecho un infierno (calculadamente) su estadía en las instalaciones federales de alta seguridad, donde lleva más de una década. Ya debía estar libre, pero la justicia mexicana se las arregla para prolongar su cautiverio y el de Gloria Arenas Agis, en Chiconautla, confirmando su vengativa parcialidad. La tortura intracarcelaria contra Silva Nogales ha sido salvaje: 23 horas al día sin salir ni moverse; aislamiento absoluto; humillación continua de carceleros y autoridades; la prohibición formal (oficio mediante) de que pinte (que es su actividad más saludable), lea, duerma o coma dignamente.
Los “delitos” que purgan los dirigentes de Atenco (como esa aberración jurídica, aprobada por el Congreso, del “secuestro equiparado”) ni siquiera hay evidencia de que los hayan cometido Felipe Álvarez, Ignacio del Valle ni Héctor Galindo. Pero, como bien enseñan los sherifes allá del norte con el caso del líder lakota Leonard Peltier, “alguien tiene que pagar”. La justicia mexicana se exhibe así como revanchista, y solapa un rosario de ilegalidades y crímenes que forman parte del modus operandi del Estado.
Mientras estos prisioneros políticos sigan tras las rejas, torturados y condenados con saña (esa medida de la “justicia” neoliberal), y los traten peor que a los narcos y secuestradores con quienes se les “equipara”, los mexicanos seguiremos muy avergonzados de los actuales gobernantes, los futuros candidatos y los tribunales de justicia.

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

•Dudas por Ley de Extinción de Dominio
•Inconsistencias en contratos del CISEN
•Auditoría a las cuentas de Gobernación


Miguel Badillo

La Ley de Extinción de Dominio ha generado reacciones encontradas entre la clase política mexicana y diversos sectores sociales, los cuales se han volcado a consultar a juristas y expertos para conocer los riesgos que esta legislación conlleva. Su discusión también ha ocupado una gran parte del capital político de los líderes de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso. Por supuesto que ante los abusos constantes a que nos tienen acostumbrados los diversos órganos de gobierno, las dudas de la aplicación de dicha ley crecen cada día, pues no sería extraño que más allá de actuar en contra de la organización del crimen organizado, la aplicación de la ley afectara a terceros que nada tienen que ver con el narcotráfico ni con algunas de las formas de la delincuencia organizada. Esta es la principal preocupación.

Por su lado, la Secretaría de Gobernación ha hecho saber por todos los medios que mantiene reservas sobre varios artículos de la legislación que permitiría a las autoridades expropiar bienes que supuestamente hayan sido utilizados para actividades relacionadas con el crimen organizado. Y hasta ahora en el PRI, a través del diputado Emilio Gamboa Patrón, ha pretendido una aprobación fast track de dicha ley, mientras que el PAN hace eco de las recomendaciones de Gobernación y de su titular Fernando Gómez Mont, quien ha manifestado su preocupación respecto a las violaciones de derechos de terceros en la ejecución de esta nueva ley. Y aunque es válida y legítima su preocupación, la dependencia también tendría que poner sobre la mesa las propias limitaciones que enfrenta.

En medio de esa discusión legal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a hecho recomendaciones a la Secretaría de Gobernación y a su Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en materia de contratos y adquisiciones de equipo tecnológico y armamento, pues el máximo órgano de fiscalización ha analizado la estructura del organismo de seguridad nacional y sus facultades para llevar a cabo actividades que podrían relacionarse con la nueva Ley de Extinción de Dominio, al menos en lo que se refieren a vigilancia e investigación, pero sobre todo en función de la transparencia de sus actividades.

Con esta nueva legislación, las controversias se presentarán cada vez con más frecuencia, pues la delincuencia organizada tiene a su disposición recursos más que suficientes para iniciar costosos litigios que buscarán poner en entredicho la actuación de las autoridades.

Para empezar, los manuales de operación del Cisen no se encuentran actualizados, ya que se sustenta en disposiciones como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, que fueron abrogados con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.

El Cisen, por ejemplo, no cuenta con disposiciones claras para el registro, control, aseguramiento y administración de los bienes muebles que son adquiridos. Además, no cuenta con un manual de organización y de procedimientos en el que se señalen las funciones de áreas operativas del personal que realiza actividades de seguridad nacional.

En materia de ejercicio de recursos, la Auditoría Superior de la Federación no pudo constatar que las áreas que solicitaron recursos durante el ejercicio de 2007, realizaban actividades de seguridad nacional, en contravención del artículo 210, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por ello, la ASF relata que el 11 de septiembre 2008 tuvo lugar una reunión de aclaraciones sobre estas inconsistencias en la rendición de cuentas del CISEN, en la cual se sometió a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la normativa y el procedimiento relativo al ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo a las partidas de Gastos de seguridad pública y nacional y Equipo de seguridad pública y nacional, los cuales se encuentran en revisión.

En dicha reunión se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública otorgó la autorización preliminar de la normativa y solicitó que se deleguen al director general del Cisen las facultades de ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo a dichas partidas.

Así que Guillermo Valdés Castellanos tendrá la responsabilidad de responder por estos recursos. Se trata del funcionario que llegó del Grupo de Economistas Asociados (GEA) y que se vio involucrado en el supuesto espionaje a los legisladores. Por eso extraña que, al menos en lo que corresponde a manuales de operación, Valdés Castellanos muestre este tipo de inconsistencias que han sido ubicados por la ASF.

El órgano de fiscalización recomendó al Cisen que cumpla con las observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública relativas a la normatividad y procedimientos Internos para el ejercicio de los recursos presupuestarios recibidos a través de las partidas para gastos de seguridad pública y nacional y equipo de seguridad pública.

La ASF confirmó que Gobernación, a través de la Tesorería de la Federación, de enero a agosto de 2007, entregó el presupuesto autorizado al Cisen mediante Cuentas por Liquidar Certificadas en el concepto 4300 “Transferencias para Apoyo de Programas”; al respecto, los recursos fueron depositados en las cuentas bancarias con el número 0177-39966-5 y 401283438-8, abiertas en HSBC, y que se tienen registradas ante la Tesofe, en cumplimiento de los artículos 73, fracción II, inciso a, 74 y 75 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al cierre de 2007, el Cisen ejerció erogaciones revisadas con cargo en la partida 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional” por 55.9 millones de pesos. De ese monto, el Cisen destinó a la adquisición de bienes muebles 5.9 millones que representaron el 10.7 por ciento de lo seleccionado en dicha partida, en contravención del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Clasificador por Objeto del Gasto, vigente en el ejercicio de 2007. El Cisen reconoció que utiliza normas que no se encuentran actualizadas.

Por ello, la ASF recomendó que ese órgano de seguridad nacional registre las erogaciones por concepto de bienes muebles para gastos de seguridad nacional en las partidas que establezca el Clasificador por Objeto del Gasto, en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Cisen debe cumplir este tipo de normatividad lo antes posible porque la ASF está proponiendo, en términos generales, que por primera vez se incluyan en la Cuenta Pública 2008 las adquisiciones de armas y equipo tecnológico.

Para el Cisen, el primer año de la gestión de Felipe Calderón no fue sencillo. Otro de los temas que tocó la ASF fue el expediente del procedimiento de adjudicación directa relativo a la contratación del servicio para acceder en línea a un Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa (SAAPIL). Por cierto, se trata de la empresa que espió a los legisladores y por cuyos servicios el Cisen pagó un millón de pesos para recopilar información sobre el Poder Legislativo.

La ASF refirió que en el escrito del 17 de julio de 2007, con el cual la entidad fiscalizada motivó y fundamentó en la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el procedimiento de contratación mediante adjudicación directa, señaló que la empresa propuesta tenía la autoría del SAAPIL; sin embargo, se determinó que aún cuando la autoría la tenía como persona física una de las socias, en el momento del proceso de adjudicación y suscripción del contrato (1 de agosto de 2007), la empresa no contaba con la titularidad de los derechos patrimoniales de la autora del SAAPIL, para que se pudiera hacer uso, comercialización y otorgamiento de licencias de consulta a terceros del citado sistema, ya que se encontraba en trámite ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, la cual fue rechazada por no cumplir con lo establecido en los artículos 30, 31 y 33 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Al respecto, el certificado de titularidad fue expedido por el Indautor hasta el 7 de agosto de 2007; en este sentido, la empresa no debió cotizar al Cisen el costo de los servicios por la utilización del SAAPIL ni señalar que el sistema fue diseñado por ésta ya que, por un lado, no era la autora de la obra y, por el otro, en ese momento tampoco contaba con la titularidad de la misma para ofertar el servicio relativo a otorgar las licencias (claves) de consulta a terceros del citado sistema.

Además, en el expediente no se localizó el documento que acreditara que el Cisen verificó que la empresa hubiera dado de alata ante el Registro Público del Derecho de Autor el contrato de cesión de derechos patrimoniales para que pudiera surtir efectos con terceros.

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, el área de adquisiciones informó que en el mes de julio de 2007, la persona física creadora de la obra inició el trámite ante el Indautor para ceder los derechos de titularidad a la empresa adjudicada, de la cual forma parte, por lo que con este hecho para la entidad fiscalizada quedó clara la intención de la autora de ceder los derechos de la obra a la empresa contratada.

Asimismo, señaló que, al tenerse previsto la celebración del contrato a partir del 1 de agosto de 2007, se incluyó como soporte de los derechos de la titularidad de la obra, la solicitud de cesión de derechos del 13 de julio de 2007, presentada por la autora y una vez que se contó con el registro se modificó la declaración II.6 del contrato con el fin de dejar la constancia del registro de la cesión de derechos realizada por la autora. Sin embargo, a la fecha en que se celebró el contrato (1 de agosto de 2007), la empresa no contaba con la titularidad de los derechos de la obra, ya que esto sucedió hasta el 7 de agosto de 2007, conforme el certificado de titularidad que expidió el Indautor.

La ASF sólo se limitó a observar los problemas regulatorios y no puso en tela de juicio el objetivo de este contrato: el espionaje al Congreso de la Unión.

oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx

De Nuestra América Hoy....

Chavez en Japon

http://www.youtube.com/watch?v=_16EbPdsFZA

Chavez en Japon

http://www.youtube.com/watch?v=1s2cvAynvno

Chile elecciones Eduardo Frei

http://www.youtube.com/watch?v=NkSIHmWnapQ

Chávez anunció dos nuevas etapas en las que transitarán Venezuela e Irán

http://www.youtube.com/watch?v=JwpD_x9Oczw

Chávez dijo que hablaría con Obama

http://www.youtube.com/watch?v=SCqyyvcMPsU

El político Lujambio (nuevo de la SEP) cero en educación


1. Alonso Lujambio, nombrado hoy secretario de Educación Pública, no tiene la menor idea de lo que ha sido la educación en México, de la estructura de intereses que conforma la Secretaría de Educación Pública (SEP) y mucho menos de la forma de actuar del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación (SNTE) así como la de su cacique magisterial Esther Gordillo. Más aún, desde la primaria hasta los estudios superiores, Lujambio nunca piso una escuela pública, porque desde los seis años (como hijo de papi) sólo estuvo en escuelas privadas. Obvio, todos los altos dirigentes del PAN (comenzando con el presidente ilegítimo Calderón) estudiaron en colegios privados.
2. Esto último es fundamental porque el principal problema de la educación en México es que desde 1982 se comenzó a instrumentar un profundo proceso privatizador disminuyendo o paralizando las inversiones en la escuela pública (cuatro por ciento del PIB) y apoyando a los capitalistas dueños de escuelas privadas. Si desde 1917 la educación pública se encargó de atender al 95 por ciento de la educación dejándole a la privada sólo el 5 por ciento hoy la relación es de 60 pública y 40 privada. Si el doctor Mora dijo en 1833 que el Estado no puede dejar que la iglesia y los privados se adueñen de la conciencia del pueblo usando como medio la escuela, esto sólo fue frenado hasta 1982.
3. Pero la privatización de la educación no solo hay que verla en el estancamiento del presupuesto en la escuela pública y en la multiplicación de escuelas particulares, sino que también en la misma escuela pública se han introducido medidas privatizadoras en planes y programas de estudio, en cuotas en inscripciones, exámenes, cursos a alumnos, pagos que no existían antes. Si bien no puede aplaudirse la educación anterior a la década de los ochenta, por lo menos el “embudo” estaba totalmente abierto en la primaria para que luego “por la ley del más fuerte” se fuera rechazando a la inmensa mayoría. Con la educación privada (fuera la demagogia de las becas para un uno por mil) todas tienen que pagar una mensualidad que el 50 por ciento de la población no tiene.
4. El súper ignorante y derechista doctor Lujambio antes de pisar la SEP tendrá que reunirse con la cacique sindical Gordillo. (Ésta que en el momento tiene que arreglar la “burrada” política de su funcionario de la Lotería Nacional que, para congraciarse con Calderón, quiso comprar al Diario de Yucatán ofreciéndole muchos millones para apuntalar al candidato panista en Campeche). No hay que olvidar que la Gordillo, al cumplir este abril 20 años de caciquismo en el SNTE, tiene un decálogo mínimo para cualquier secretario de Educación. Lujambio lo único que tiene que hacer es poner en práctica el decálogo de Gordillo para no tener problemas. Así que Lujambio en vez de componer la educación lo único que hará es obedecer a la Gordillo.
5. ¿Y el presidente ilegítimo Calderón? El presidente es tan papanatas en educación como el recién nombrado Lujambio. Calderón desde que tomó posesión entregó a la Gordillo la educación con la sola recomendación de frenar las luchas y protestas magisteriales de la CNTE. “Si se conserva la paz y se evita la agitación, no importa que la educación siga en los últimos lugares”. La cacique sindical no ha logrado frenar la protesta social ni imponer la llamada Alianza para la Calidad Educativa (ACE), pero sí ha logrado dividir, mediatizar y debilitar la protesta (Morelos, Novena, Puebla) ¿Qué puede hacer el político derechista Lujambio en un sector que no conoce y que siempre ha representado en el país un sector de protestas y lucha?
6. La batalla por la educación tiene que ser global e integral. Además de la lucha sindical por la democracia e independencia, tiene que lucharse también contra el avance privatizador, por la recuperación de la educación pública, gratuita, laica y popular. Además de luchar por el mejoramiento económico de los maestros, debe profundizarse la batalla contra el autoritarismo de los funcionarios y de los mismos profesores frente a los alumnos. Además de luchar contra los líderes “charros” hay que evitar un simple cambio de personas en la dirección sindical que sigan aplicando los mismos métodos de dominación. Y la batalla por el autogobierno y la autogestión debe ser permanente, sobre todo al interior de las organizaciones que se autodenominan “democráticas”
7. Lujambio tendrá que rodearse de “especialistas en educación” que no han reparado servir al PAN y a los proyectos derechistas. Algunos “connotados investigadores” en educación funcionan como meros tecnócratas dispuestos a poner sus técnicas al servicio de un buen salario. No les importa el proyecto o la ideología, lo importante es cobrar “sirviendo a México”. Así rodearon a Zedillo en la SEP y luego como presidente de la República, o bien al tonto de Fox y su ignorante secretario de Educación pensando en que impondrían su proyecto. Los llamo técnicos porque sólo saben de números y estadísticas que se informan en computadoras. No comprender que por encima de la educación está la política y la clase social que la domina.
8. La esperanza de transformación sigue ubicándose en las luchas de la CNTE. En esta organización con 30 años de lucha se puede dar la batalla para componer el rumbo educativo de la nación. La CNTE sí tiene proyecto educativo no difundido de manera amplia, ni tampoco discutido y analizado fuera de los mismos marcos de la organización. Aunque no ha podido erradicar de su seno el autoritarismo y el sectarismo, la CNTE es la única organización que durante 30 años ha abierto sus puertas a los profesores que luchan por una buena educación. Las luchas de los profesores de la 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, de los de Guerrero, Morelos, DF, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Estado de México son ejemplo.
9. Ni Lujambio ni ningún panista tienen idea de lo que significa educación pública porque todos ellos son hijos de “papi” y de la educación privada. Los priístas, que sí la entendían, pudieron evitar su desplome pero la inmensa corrupción se los funcionarios de su partido lo impidió. En la izquierda hay algunos estudiosos de la problemática pero han permanecido al margen de los gobiernos porque no son ilusos. La educación sólo podrá cambiar junto con el cambio de estructuras del país.
Entre tanto la lucha debe ser radical contra el proyecto educativo de la burguesía mientras paralelamente luchamos contra todo el sistema. Quien piense en la Mota, Gordillos o Lujambio seguirá siendo un oportunista e insulso irremediable.
pedroe@cablered.net.mx

.....y los legisladores dorandose la piel

México SA
*Usuarios de tarjetas de crédito, relegados mientras legisladores se doran la piel
Carlos Fernández-Vega
Los senadores se fueron de vacaciones y junto con ellos el dictamen para regular las tasas de interés y las comisiones bancarias que ahogan a los usuarios de las instituciones financieras que operan en México. La prioridad, pues, queda más clara que el agua: más importante resulta el asueto legislativo que la solución del gravísimo problema del agio bancario, el cual, eventualmente y si descansaron lo suficiente, sería retomado por los inquilinos de Xicoténcatl una vez concluida la denominada semana santa”, tras un cúmulo de retrasos, “atorones”, pretextos dilatorios y mano negra panista.
Mientras ellos juegan al peloteo, las víctimas de los voraces banqueros siguen sometidas por el agio de los barones del dinero. Mientras los legisladores se doran la piel, los tarjetahabientes deben hacer frente al creciente pago de intereses, comisiones y conexos que indiscriminadamente les cobran los emisores de dinero plástico, que resultan hasta 10 veces superiores a las que cargan a su clientela en sus naciones de origen. A lo anterior se añade los feroces ataques de los perros (léase tinterillos) contratados por los bancos para que acosen a la clientela morosa.
En fin, mientras los legisladores, tirados en la playa, piensan qué van a hacer, si es que finalmente hacen algo, va la numeralia que sobre el asunto de la voraz banca que opera en México y sus tarjetas de crédito elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, cuyos inquilinos también se fueron a dorar la piel:
De entrada, advierte que la estructura del sistema bancario mexicano presenta rasgos de un oligopolio, debido a que existen múltiples competidores en este mercado, pero los servicios financieros están concentrados en pocas firmas bancarias. “Con el objetivo de maximizar sus utilidades, ha introducido dos factores que ponen en riesgo el sistema crediticio del país: el otorgamiento indiscriminado de esos plásticos y, como consecuencia, el incremento de la cartera vencida. El análisis del otorgamiento de crédito bancario del mercado de las tarjetas de crédito nos revela que las familias y las empresas del país no han gozado de los beneficios de una eficiente intermediación financiera, porque el diferencial entre la tasa de captación del ahorro y la tasa de colocación del crédito permanece en niveles altos, comparados con los observados internacionalmente, es decir, son incompetentes. El mercado de las tarjetas de crédito opera bajo una estructura de mercado oligopólico, que favorece la concentración de la colocación de este tipo de crédito en pocas instituciones de banca múltiple… Adicionalmente, por el factor riesgo, el mercado de las tarjetas de crédito mantiene tasas de interés altas, incompetentes internamente y en comparación con las existentes en el mercado internacional… La barrera a la entrada de nuevos competidores es un factor que también explica la razón por la cual el mercado de las tarjetas de crédito opera con tasas de interés altas e incompetentes, en comparación con las observadas en el mercado hipotecario… La banca es la única que puede emitirlas, porque goza de mucha protección. Si bien existen plásticos de cadenas comerciales, el ámbito de participación vis à vis las bancarias difiere. Esto ayuda a explicar por qué el margen de intermediación financiera de este servicio ha permanecido muy por arriba de los estándares internacionales”.
Así, en 2006 el sistema bancario que opera en el país obtuvo utilidades promedio en el mercado de las tarjetas de crédito, como producto de la intermediación financiera, estimadas en 46 mil 778 millones de pesos; en diciembre de 2008 se incrementaron a casi 59 mil millones. La estructura oligopólica del sistema bancario en México es un factor que explica la alta concentración de esta actividad en pocas firmas bancarias. El proceso de intermediación financiera es realizado mayoritariamente por siete bancos grandes, de los que Bancomer y Banamex son dominantes, al concentrar casi 40 por ciento de la captación total de la banca múltiple y más de 42 por ciento de la asignación del crédito total.
En materia de tasas de interés, en el periodo 2006-enero de 2009 los bancos obtuvieron una utilidad neta promedio de 28.5 por ciento por el proceso de intermediación financiera en el mercado de las tarjetas de crédito. Esta situación implica que los bancos cobran por el crédito al consumo vía tarjetas 470 por ciento más que lo que pagan por captar el ahorro de las familias y los hogares.
Asimismo la tasa de interés promedio cobrada por los bancos por las tarjetas de crédito es 23.7 por ciento superior al cobrado en el mercado hipotecario; esta situación implica que el crédito otorgado al consumo vía dinero de plástico es 290 por ciento más caro que el hipotecario.
En el periodo citado, el sistema bancario mexicano otorgó 277 mil millones de pesos anuales en promedio para el mercado hipotecario, y 212 mil 428 millones para el de tarjetas de crédito, lo que significa que por cada 100 pesos otorgados al segmento de esos plásticos, concedió 130 pesos para crédito hipotecario. En el análisis por institución bancaria se observa que cuatro bancos grandes concentraron 83.26 por ciento de la asignación total de este crédito (dinero de plástico) en febrero de 2009; de los cuales los dos bancos dominantes, Bancomer y Obamamex, concentraron más de 56 por ciento. Los dos bancos grandes no dominantes (Santander y HSBC) concentraron 27.11 por ciento.
Durante enero-marzo de 2006 circularon alrededor de 17 millones de dichas tarjetas; tres años después, casi 26 millones, 53 por ciento de incremento. El otorgamiento indiscriminado de dinero de plástico ha traído como consecuencia el crecimiento de la cartera vencida. Durante el periodo 2006 a enero de 2009, la cartera vencida en el mercado hipotecario fue de 7 mil 628 millones de pesos en promedio anual, mientras el mercado de las tarjetas de crédito prácticamente lo duplicó, al ascender a 16 mil millones. Por medio del índice de morosidad (Imor) en el mercado de las tarjetas mencionadas se concluye que en enero de 2009, por cada 100 pesos otorgados por la banca comercial para créditos al consumo vía tarjetas de crédito, 10 pesos eran incobrables.
Entonces, a ver qué sucede, si sucede, cuando regresen (ídem) de la playa.
Las rebanadas del pastel
Pues nada, que al pastel de México SA hoy le ponemos su octava velita. Un abrazo a la afición.
cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mx

El préstamo del FMI podría estar fuera de la ley

Dinero
*El préstamo del FMI podría estar fuera de la ley
*¿De veras estamos mejor parados?
*Wikipedia acaba con Encarta

Enrique Galván Ochoa

Acusarse recíprocamente de proteger el narcotráfico es una salida incómoda pero inofensiva para senadores y diputados priperrepánicos. Buena parte de la opinión pública les concede el empate. Sin embargo, es un pretexto que los salva de tratar asuntos de veras importantes. Uno es el préstamo del Fondo Monetario Internacional por 47 mil millones de dólares, del cual todavía no se dan los detalles. Cuando los tesobonos –el desastre económico de 1994 y el rescate clintoniano del gobierno del doctor Zedillo–, el préstamo fue de 50 mil millones, dato que sirve para establecer la semejanza con la crisis actual. Es urgente que pasando la Semana Mayor la secretaría de Hacienda aclare qué salida halló en la ley para instrumentar el financiamiento, porque, al parecer, se estaría violentando la Ley de Ingresos 2009, aprobada por la Cámara de Diputados. Hacienda solicitó autorización para pedir prestados al exterior solamente 5 mil millones de dólares en todo este año; el gobierno panista se ufanaba de que, al contrario de los priístas, había venido bajando la deuda externa. Sin embargo, el crédito del FMI rebasa considerablemente esa cifra. Posiblemente, como en el caso de Banamex, la Suprema Corte de Hacienda tenga una interpretación particular de la legislación. No sale sobrando que la comparta con los que vamos a pagar tamaña deuda.
El mito
Con mal disimulada picardía, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado –apéndice del CCE– hace una pregunta en su balance semanal: “es evidente que todos los sectores económicos siguen debilitándose –dice–, incluso a un ritmo más rápido que hace algunos meses, superando prácticamente todas las expectativas. La caída de la actividad industrial, el recorte de la plantilla laboral de las empresas, las menores ventas y más recientemente el freno en el sector servicios, son elementos que han obligado a seguir corrigiendo a la baja los pronósticos de crecimiento económico para 2009… Aun cuando se sigue diciendo que gozamos de cierta fortaleza… ¿qué tal si no hubiese esa fortaleza?” Es que no existe, ni existió, es otro mito. Es más, esta crisis nos tomó peor parados que otras. ¿O alguien recuerda que en las anteriores se hubiera empalmado el terrible problema de inseguridad de hoy?
Wikipedia acaba con Encarta
Tomen nota, profesoras y profesores, para que no hagan gastar dinero inútilmente a los padres de familia: Microsoft anuncia que a partir del próximo octubre cerrará el portal de su enciclopedia Encarta. A los usuarios que hayan pagado por una suscripción a Encarta Premium se les devolverá su dinero correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de abril y el fin de año. Con esto se da fin a la primera enciclopedia multimedia, que comenzó su historia en 1993, con la Encyclopedia Britannica disponible en DVD y CD. Es que no puede seguir compitiendo con Wikipedia, la enciclopedia gratuita de Internet.
Banqueros en aprietos
El gobierno de Barack Obama ha recibido críticas porque ha mostrado una línea más dura con la industria automotriz que con la bancaria. El presidente de General Motors fue obligado a renunciar, inclusive, y en estos días se decidirá si la compañía, junto con Chrysler, se irá a la quiebra. Para atajar las críticas el zarandeado pero aún fuerte secretario del Tesoro, Timothy Geithner, advirtió que los banqueros que pidan más dinero para rescates podrían ser removidos de sus cargos. El mensaje tiene destinatarios con nombre y apellido: Vikram Pandit, de Citigroup; Jamie Dimon, de JPMorgan Chase; Lloyd Blankfein, de Goldman Sachs, y Kenneth Lewis, de Bank of America. Este último ya es investigado por el fiscal de Nueva York.
e@Vox Populi
Asunto: la DIOT
Enrique: he leído con interés los mensajes que otros lectores han enviado en relación con la DIOT y espero que esta información sea de su interés. Las multas por la presentación extemporánea de esa declaración pueden y deben ser impugnadas, por la simple razón de que son excesivas y, en consecuencia, inconstitucionales. Ahora bien, en caso de que la DIOT se haya presentado de manera extemporánea, pero espontánea (sin que medie requerimiento de la autoridad), no se impondrá multa, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación.
Lic. Claudia Jurado/Distrito Federal
R: Querida Claudia: me informan del SAT que el papel de la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) que está enviando a los contribuyentes es un recordatorio, no es el cobro de una sanción, todavía.
Asunto: empresas outsorcing
Hoy leí una nota sobre la invitación, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que a través del correo electrónico los trabajadores que laboran en empresas bajo la figura de outsourcing las denuncien. Primero: la nota es para reír. No se necesita que denuncien a los que están desangrando al país mediante esta figura de saciedad mercantilista –perdón, quise decir de sociedad cooperativa. Ahí están, ellos saben quiénes son y dónde están, únicamente tienen que salir de sus instalaciones e ir a las oficinas de los bancos, trasnacionales y otras instituciones que brillan por su falta de honestidad y transparencia –hay empresas que hasta tienen sus propios puentes que los conducen a las oficinas de la outsourcing. Segundo: ¿cómo piensan los señores del SAT “garantizar la confidencialidad”, si algo que caracteriza a esa institución es la fuga de información? Además del terror que impera en las empresas: cuando te invitan a firmar tu nuevo contrato es justo un día antes de la quincena, para que uno entienda el mensaje: “o firmas o te vas”. Tercera: ¡no somos tarados!
Daniel Torres/Distrito Federal
R: La reforma laboral panista da carta de naturalización al outsorcing. Se trata de acabar con los derechos de los trabajadores.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv

El veneno de Manlio Fabio


Ciudad Perdida
El veneno de Manlio Fabio
La razón de “algunos”
Cartucho quemado


Miguel Ángel Velázquez

Eso que tiró Manlio Fabio Beltrones al final de la semana que terminó fue, en palabras llanas, puro veneno.

Y peligrosa, cuando menos, la omisión que se hizo en los medios de comunicación de la amenaza que lanzó el senador.

Cansado él (Beltrones) y el priísmo de los manejos sucios de la realidad por parte del panismo, el senador por Sonora decidió recordarle a los azules que también tienen la cola sucia, y de qué manera.

Al hablar de la “ilegalidad con que gobierna Felipe Calderón”, amenazó a los panistas, no por lo que en la calle o en una parte del PRD se dice, sino por lo que él y el priísmo saben, eso que se guarda en el rincón de las complicidades y que sólo se exhibe en casos extremos, es decir, fue una advertencia que, por otro lado, da razón de lo que las autoridades electorales del país han querido negar: sí hubo fraude en 2006.

No hubo pregunta de por medio. El senador se lanzó porque su oficio político lo demandó. El priísta midió cada una de las palabras, seguramente supuso el efecto y la dimensión de su declaración, y dijo: “es enormemente irresponsable el Partido Acción Nacional, al estar convocando, nuevamente, a una crisis política similar a la que se vivió en 2006, y que todavía no termina, ya que existen algunos que siguen hablando de la ilegalidad con la que ejerce la Presidencia Felipe Calderón, llamándolo espurio y poniéndole todavía algunos otros adjetivos, que no son ya de considerarse a estas horas”.

Como se puede leer, lo dicho por Beltrones no tiene desperdicio. Primero da cabida, credibilidad a “algunos –él entre ellos, por eso lo repite–”, que “siguen hablando de la ilegalidad con la que ejerce la Presidencia Calderón”, y dice líneas arriba que la crisis política que desató el fraude en 2006, “todavía no termina”.

Culpa, entonces, al panismo de esa “crisis” y advierte que los azules pretenden generar una nueva mientras la otra aún no concluye, es decir, avisa de un nuevo fraude a la voluntad popular y con ello arrancó el último velo de duda que quedaba sobre los comicios de 2006. Sí, hubo fraude y él, Beltrones, lo sabe mejor que nadie. Porque él es, para decirlo de alguna manera, una voz autorizada.
Cabe entonces recordar que en este mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador recorre las delegaciones políticas del DF, y esos “algunos” a los que da la razón el senador priísta llenan por miles las explanadas delegacionales –casi todas– donde se presenta para hablar de soberanía, de la defensa del petróleo y de las atrocidades que representa la dupla Prian para el país.

Y no se crea que el pleito es tan profundo. Si así fuera habría que reclamarle a Beltrones que diga de una vez todo lo que sabe del fraude, que con responsabilidad verdadera, evite que se vuelva a repetir, o cuando menos que cumpla con la sentencia con la que terminó la conferencia de prensa del jueves pasado: “esa actitud irresponsable (del PAN) que parece que les hace ganar el poder, pero perder el país, no lo vamos a permitir”.

Pero que nadie se espante. Nada cambiará, porque al final el Prian es el Prian, y cuando sus intereses se juntan se olvidan los agravios, por muy reales o muy ciertos que sean. Ahora que lo dicho, dicho está. Lo escuchó quien tenía que oírlo, aunque la difusión fuera limitada, por eso la reacción desde Los Pinos.

De pasadita

Es tal el desastre que Gabriela Cuevas dejó en la delegación Miguel Hidalgo que al panismo no le quedó de otra que imponer allí a un cartucho quemado: Demetrio Sodi. Según dicen, ningún gallo azul se atrevió a entrarle al palenque que hereda la Cuevas, por eso llegó Demetrio Sodi, a quien algunos le tienen fe, pero de quien todos dicen lo mismo: sus mejores tiempos ya pasaron. Si así fuera, los azules perderían una de sus áreas supuestamente naturales, y Marcelo Ebrard podría demostrar que el DF sí puede pintarse de amarillo en su totalidad. ¿Será?

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx