MEXICO, D.F., 6 de marzo.- En septiembre de 2010, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrá pagado 301 millones de dólares –de un total de 319.3 millones de dólares– a la empresa sueca ABB como parte del contrato 978011, firmado en 1997 para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II, ubicada en el municipio de Pesquería, y que aún no opera al ciento por ciento de su capacidad.
El exdiputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, asegura que la manera en que se adjudicó este contrato multimillonario es un ejemplo del “robo en pandilla” que se realiza en la CFE desde que Alfredo Elías Ayub está al frente de esta “empresa de clase mundial”.
En su libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad, Velasco Oliva consigna que entre 2002 y 2008 la comisión firmó por lo menos ocho contratos con la empresa sueca, cuyos números son los siguientes: PIF-004/2002, PIF-002/2002, PIF-027/2004, PIF-028/2004, PIF-007/2004, PIF-022/2006, PIF-019/2006, PIF-011/2008.
Refiere que el 17 de octubre de 1997, Monterrey Power –filial de ABB–, la CFE y Nacional Financiera (Nafin) firmaron un contrato de fideicomiso (número 978011) para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II. El costo de la obra sería de 319.3 millones de dólares pagaderos a 15 años. Durante ese plazo la empresa operaría la planta; después transferiría la propiedad a la paraestatal.
Los trabajos respectivos, refiere Velasco Oliva, se iniciaron el 24 de abril de 1998 y en las condiciones contractuales se estableció que para el 15 de junio de 2000 la planta debería funcionar a plena capacidad. Pero el plazo se venció sin que ABB concluyera la planta; aun así, la puso a funcionar de manera parcial, como consta en el certificado de aceptación provisional de la obra, expedido el 19 de septiembre de 2000 por el jefe del proyecto, Andrés Martínez López.
En ese documento se indica que la obra concluyó el 16 de septiembre de 2000; es decir, tres meses después de lo estipulado en el contrato. También se consigna que la CFE acepta la entrega provisional de la planta porque se encuentra en condiciones de operación, pero le advierte a Monterrey Power que debe concluir los trabajos “a la brevedad posible”.
El certificado se expidió, explica Velasco Oliva, a pesar de que la planta sólo podía generar el 40% de los 450 megawatts programados. La planta siguió operando y fue hasta un año después, el 18 de septiembre del año 2001, cuando el coordinador de Proyectos Termoeléctricos, Juan Manuel Rodríguez Alvarez, le hizo notar al subdirector de Finanzas de CFE, Enrique Román Enríquez, que la planta manejada por ABB no estaba cumpliendo con las expectativas de operatividad.
Debido al incumplimiento en el plazo de entrega de la planta, así como por su baja productividad, la CFE (oficio 742.040) sancionó –a toro muy pasado– a Monterrey Power con 34 millones 341 mil 736 dólares.
El documento emitido por la paraestatal dice: “Se ha solicitado a la empresa Monterrey Power SA de CV, a través de Alstom Power Proyectos S.A. de C.V., que debido a que no se han ejecutado todos los pendientes derivados de la aceptación provisional por concepto de trabajos no ejecutados, debe ser repuesto a la carta de crédito vigente (para) que se ejerza penalización”. También menciona que, de acuerdo con los registros con los que cuenta la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor de la obra está por debajo del monto del contrato.
En este punto es evidente el contubernio entre funcionarios de la comisión y la trasnacional, comenta Velasco Oliva: “Aunque CFE se da cuenta de los retrasos de la obra, no le rescinde el contrato a ABB, sino que negocia con la empresa. El total de la multa fue por 61 millones de dólares y el retraso por 34 millones de dólares lo pagó la CFE por un contrato a precio alzado”.
El exlegislador plantea que pese a las pruebas de corrupción en la adjudicación de contratos a AAB, hasta ahora no se ha fincado responsabilidad a ningún funcionario de la CFE, y por el contrario este organismo le ha seguido otorgando obras.
La transnacional
Monterrey Power es un consorcio creado por las filiales Isho Iwa como contratista, y por ABB, que provee el equipo de generación de energía. Para la construcción de la planta Monterrey II transfirieron acciones a Alstom Internacional, razón social de ABB.
Velasco Oliva asegura que entre 1997 y 2000, cuando fue diputado federal en la LVII Legislatura, presentó 19 denuncias ante el pleno por la corrupción imperante en la CFE.
“La actitud de Elías Ayub –añade– fue solapar, nunca investigar. Y lo mismo pasó en la anterior Legislatura, cuando acudí con él para presentarle evidencias de otro acto de corrupción que ignoró. Lo que me permite afirmar que a Elías Ayub no le interesa combatir sino proteger la corrupción en CFE”.
También critica el alarde con que el director de CFE presume de que bajo su gestión la paraestatal ha ido más allá de lo que establece la normatividad, con la figura de testigos sociales al implementar las licitaciones de obras y adquisiciones, al publicar prebases de licitación, sistemas de adquisiciones por internet y subastas. “Como si con esas acciones se transparentara la comisión y ya no hubiera manipulaciones o ilegalidades que den origen a corruptelas y beneficios ilícitos”, plantea.
Pone ejemplos: Se adjudican contratos que merecen la descalificación, y si hay inconformidades se busca complacer con otro contrato al querellante. Está el caso del contrato 968001 entre la CFE y Techint de Italia para la construcción de una terminal de recibo y manejo de carbón para la Termoeléctrica Petacalco.
El quebranto a la CFE es por 80 millones de dólares, y a la fecha la planta opera al 16% de su capacidad instalada, sostiene Velasco Oliva.
Menciona que el 8 de noviembre del año 2000 el Comité Central de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios de CFE se reunió para dictaminar el proceso de excepción de la licitación CPT-004/00 y realizar la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinghouse, a fin de adquirir turbogeneradores con capacidad de 150 megawatts. Asegura que en esta operación el quebranto para la CFE fue de 130 millones de dólares.
Y no sólo eso. Velasco Oliva comenta que el 6 de junio de 2000 Repsol hizo una transacción ilegal que perjudicó a Perú, país al que le compra gas barato para venderlo en México a precios exorbitantes. Detalla que en el contrato 9100005181 se refieren los pormenores de esta operación, que significó un quebranto por 35 millones de dólares para el país sudamericano.
El exdiputado sostiene que en mayo de 2008 Rubén Loredo, en ese entonces subgerente de CFE en Puebla, le cobro 2.6 millones de pesos a la empresa a Dobsa, con la promesa de que le adjudicaría un contrato para la construcción de un centro de operación y respaldo destinado al Centro Nacional de Energía. No cumplió.
º “Todo este manejo y estos contratos corresponden a la gestión de Elías Ayub. Se dan licitaciones donde todo el mundo se beneficia, todos son empresarios. Saben que hay pastel para todos, y formaditos se van asignando los contratos”, puntualiza.
El 23 de noviembre de 2009 Fernando Maya Basurto, representante en México de ABB, aceptó haber participado en la entrega de sobornos, así como en lavado y transferencias de fondos a funcionarios de la CFE. Por estos ilícitos fue detenido en Estados Unidos junto con el empresario Joseph O’Shea.
(Rosalía Vergara / APRO)
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