martes, agosto 10, 2010

MILES DE EXPEDIENTES DE “PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS”

El gobierno de Calderón integra miles de expedientes financieros confidenciales en contra de “personas políticamente expuestas”, para acreditarles supuestos vínculos con el crimen organizado y su responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Mientras las pesquisas contra los políticos de oposición son usadas con fines electorales, las de funcionarios panistas son congeladas. A los priistas les documentan cuentas financieras con depósitos bancarios millonarios “injustificables”, clasificados como “inusuales” y “relevantes”

El gobierno federal dispone del trabajo de diversas áreas de inteligencia para ejercer presión sobre políticos, empresarios y luchadores sociales que le son incómodos y los obliga a someterse para dejar de criticar sus políticas públicas.

Se trata de miles de expedientes, que integran la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de quienes califica como “personas políticamente expuestas”, principalmente en periodos electorales como el que acaba de llevarse a cabo y el que viene para 2012.

Experta en investigar los delitos llamados de “cuello blanco”, esa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abiertas miles de investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero. Contralínea ha dado cuenta de algunos de esos expedientes “confidenciales”: Patricio Patrón Laviada, Emilio Chuayffet, Gregorio Sánchez Martínez y ahora Manlio Fabio Beltrones.

Investigados por el área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, tan sólo estos cuatro políticos han corrido suertes distintas:

El excandidato a la gubernatura de Quintana Roo, el perredista Greg Sánchez Martínez, está preso en el penal de máxima seguridad de Nayarit bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que su esposa, Silvia Benítez Niurka Alba, es también investigada por el delito de tráfico de indocumentados procedentes de Cuba y Rusia.

El priista Emilio Chuayffet, coordinador de la bancada mexiquense en la Cámara de Diputados, también tiene un amplio expediente abierto en la UIF, la cual reporta que el político del Estado de México nunca justificó el origen de varios millones de pesos que le fueron depositados en efectivo en diversas instituciones bancarias; sin embargo, la investigación se mantiene bajo reserva.

Manlio Fabio Beltrones

Próximo presidente del Senado de la República, cargo que ocupará a partir del 1 de septiembre, Manlio Fabio Beltrones y su hermano Roberto Alcides también son sujetos a investigaciones de la UIF y la CNBV, las cuales solicitaron información confidencial de las cuentas bancarias y movimientos financieros que han hecho los dos en los últimos cinco años.

El expediente del senador Beltrones, cuya copia posee Contralínea, da cuenta de que este político sonorense con aspiraciones presidenciales ha realizado operaciones financieras y bancarias “inusuales” y “relevantes”, lo que motivó a los investigadores de Hacienda a prender los focos rojos y abrir una amplia investigación en su contra.

La información de carácter financiero sobre el senador Manlio Fabio señala: “De la consulta realizada a la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera se conoció la siguiente información sobre ciertas operaciones que las instituciones de crédito señaladas a continuación –en su carácter de sujeto obligado bajo el artículo 115, fracción II, inciso a, de la Ley de Instituciones de Crédito– reportaron a la propia Unidad”.

El panista Patricio Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y amigo de Felipe Calderón, tiene abierto un expediente financiero que involucra a miembros de su familia con cárteles de la droga y elblanqueo de capitales; pero al contar con la protección de Los Pinos, la denuncia presentada por la UIF en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República (PGR), fue “extraviada”, lo que motivó duras quejas de la Secretaría de Hacienda en oficios turnados a la PGR, y a pesar de lo cual no se ha procedido por tratarse de un destacado miembro del gabinete federal.

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