sábado, octubre 30, 2010

FEDERALES DISPARAN CONTRA ESTUDIANTES EN CD. JUAREZ..!



Chocan manifestantes de ICSA contra federales y en el zafarrancho resulta herido de bala alumno de Sociología tras lo cual agentes ministeriales enfrentan a los agentes agresores
CIUDAD JUÁREZ.- Un zafarrancho entre estudiantes de UACJ y agentes federales dejó un estudiante de ICSA herido de bala.
El alumno de Sociología identificado como Darío Alvarez Orrantia, fue reportado herido y hospitalizado en el Hospital General.
Chalau, un participante de la llamada 11a Kaminata Contra la Muerte, reportó en Twitter que el disparo habría salido de la patrulla federal 12428, dato que no ha sido confirmado en forma oficial.
Estudiantes manifestantes, dijeron que luego de los hechos llegaron al lugar agentes ministeriales que enfrentaron a los federales y estuvo aquello a punto de convertirse en una masacre descomunal.
Los estudiantes agredidos participaban en la marcha que partió de Plaza San Lorenzo por Avenida Triunfo y Plutarco.
Al llegar el contingente a la altura del PRI Municipal, fueron interceptados por los federales antes de llegar al Campus ICB y ahí comenzó el intercambio de insultos y abucheos y pedradas hasta que vino el disparo.
Los estudiantes se dirigían al Foro Internacional contra la militarización y la violencia denominado Por Una Cultura Diferente, en el Instituto de Ciencias Biomédicas.
Los manifestantes se atrincheraron en el ICB y ahí permanecerán hasta que lleguen autoridades.

http://www.youtube.com/watch?v=n9bw-3ydBAM

http://www.youtube.com/watch?v=BSmhwBA8cBk

México: Comunicado ante la agresión por parte de la Policía Federal contra el estudiante Darío Álvarez
Esta guerra lo único que está logrando es el fragmentar el tejido social, la población más vulnerable es la Sociedad Civil y el blanco selectivo y sistemático son jóvenes entre 18 y 30 años de edad
Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia

Ciudad Universitaria, Cd. Juárez, Chihuahua, 29 de octubre del 2010

A los medios de comunicación

Ala opinión publica internacional

A los organismos internacionales de derechos humanos

A la cruz roja internacional

Al pueblo de México y el mundo.

Hacemos de su conocimiento que en el marco del Foro Internacional contra la Militarización y la violencia por una cultura diferente, misma que ha dado inicio el dio de hoy en punto de las 5 de la tarde con la Onceaba Caminata contra la Muerte en Ciudad Juárez y que se pretendía culminar en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), para continuar con las mesas programadas para el día de hoy viernes 29 de octubre de 2010: El Juventicidio y La Violencia Ambiental, se ha visto abruptamente interrumpida dado que la Policía Federal ha disparado en contra de los que marchaban hiriendo de bala al estudiante de sociología Darío Álvarez que se encontraba dentro de las instalaciones de la propia Universidad, por tanto hacemos un llamado urgente a manifestar su reprobación de la declaratoria de Guerra que ha hecho el Presidente de la Republica Felipe Calderón Hinojosa y que hoy más que nunca evidencia que es una guerra donde NO se ha previsto la salvaguarda de la integridad de la Sociedad Civil ya que es el blanco constante en esta guerra.

Les decimos que en esta guerra inaugurada supuestamente para desmantelar al Narcotráfico en esta ciudad fronteriza lo único se que está logrando es el fragmentar el tejido social, en la medida que la población más vulnerable esta siendo la Sociedad Civil y teniéndola como blanco selectivo y sistemático a los jóvenes entre 18 y 30 años de edad.

Es urgente pues que la opinión pública internacional este informada de los acontecimientos así mismo les pedimos que sigan de cerca los acontecimientos que la sociedad civil en estos momentos está librando. En esta guerra los que perdemos somos todos y los únicos que pueden detenerla es la movilización n de la sociedad civil.

Cd. Juárez, Chihuahua, 29 de octubre del 2010

Atte.

Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia

Audio entrevista en vivo a Santiago delgado

Representante del gobierno legitimo en Cd. Juárez.
Acerca de la situación en Juárez y del joven estudiante Darío Álvarez agredido por la policía de esa ciudad.
AUDIO:

México en llamas: Beatriz Paredes sabrá lo que hace

Desfiladero


Entre las nuevas matanzas de civiles en Tijuana, Ciudad Juárez, Tepic, DF y otra vez Ciudad Juárez (más de 50 muertos en esta semana); entre los ataques con granadas y ráfagas de cuerno de chivo a instalaciones policiacas de Nuevo León y la emboscada a un convoy en la que fallecieron nueve policías en Jalisco; entre la danza de cifras que hablan acerca de los municipios controlados en todo el país por el narcotráfico –el experto Edgardo Buscaglia habla de 982, el Senado de mil 695, Gobernación "reconoce" 400–; entre el delirio declarativo de los altos burócratas ("las matanzas confirman que la estrategia es correcta": José Francisco Blablablake; "habrá más muertes": Felipe Calderón) y la incompetencia absoluta del procurador Arturo Chávez Chávez y del secretario Genaro García Luna, la noche del jueves, en la Cámara de Diputados, ocurrió un milagro.

Pese a la generalizada opinión de que PRI y PAN rompieron su alianza histórica –algo que desmienten dos hechos: ambos partidos aprobaron en el Senado la ley que permite a inversionistas privados prestar todo tipo de servicios públicos y, en San Lázaro, la que autoriza al Seguro Social entregar vales para medicinas canjeables en las farmacias de la familia verde ecologista–, antenoche legisladores azules y tricolores tenían planchado un acuerdo para nombrar a los tres nuevos consejeros ciudadanos del IFE, excluyendo al PRD, lo que nuevamente dejaría sin representante, en el organismo que arbitrará (si es que hay) los comicios de 2012, a la enorme fuerza social que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Priístas y panistas estaban de acuerdo en repetir el esquema que hizo posible el fraude electoral de 2006, tras la designación de consejeros ciudadanos impuestos por esos partidos en 2003, año funesto en que asumió la presidencia del instituto, por designio de Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, el fascineroso Luis Carlos Ugalde, corresponsable de la tragedia que nos enluta día tras día desde que Calderón fue incrustado en los pináculos del poder.

El acuerdo que tenían panistas y priístas consistía en lo siguiente: el partido de Salinas impondría a dos consejeros y el de Calderón a uno. Pero cuando todo estaba a punto de chocolate sucedió el milagro: el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se peleó con Beatriz Paredes, y el diputado panista Javier Corral se enfrentó, incluso a gritos, con Josefina Vázquez Mota. Dicho de otro modo: los priístas se jalaron de las greñas (piénsese en el famoso copete de uno y en la abundante melena de la otra) porque ella se obstinó en impulsar a Arely Gómez –hermana del número dos de Televisa– y Peña en que ese puesto lo ocupara Enrique Ochoa, ex secretario particular de la desprestigiadísima María del Carmen Alanís (que tiene varias cartas más bajo la manga).

A su vez, Corral desató la ira de Vázquez Mota porque borró de la nómina de 17 finalistas a Max Kaizer, un hombre siniestro ligado a Juan Molinar Horcasitas, a la propia Josefina, a Alonso Lujambio, a Germán Martínez y a Roberto Gil. Porque Dios no existe pero a veces ayuda, Kaizer quedó fuera de la jugada. Sin embargo, el PAN tiene un plan B, peor todavía: Jacinto Silva, ex magistrado del tribunal electoral de Jalisco, ex contralor del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (el mismo que prohibió las minifaldas en las oficinas públicas del estado) y, lo más grave, está ligado al Yunque, y su hija, Verónica Pía Silva Rojas, al gobernador Etilio González Márquez. A Jacinto Silva lo postularon el ex gobernador troglodita jalisciense, Francisco Ramírez Acuña, y el optimista Blablablake, que ve en las matanzas de civiles inermes una señal inequívoca de la fortaleza política de Calderón.

¿Se capta ya la dimensión del milagro? Las desavenencias entre Peña y Paredes, y entre Vázquez Mota y Corral impidieron –de momento– la llegada de personeros de Televisa, el Yunque, el cavernal Sandoval Íñiguez, Molinar Horcasitas, Lujambio y la venal Maca Alanís, es decir, la toma de una tercera parte del IFE por incondicionales de los actores más nefastos de la política nacional.

La prórroga –hasta el miércoles– que provocó el doble desencuentro, abre una rendija de esperanza para que Beatriz Paredes, sobre quien recaerá esta decisión histórica –y que mal tomada puede desencadenar un huracán que arrase con lo poco que queda en pie– atienda los llamados a la prudencia de ilustres dinosaurios de su partido, como César Augusto Santiago, del mismísimo José Woldenberg –padre de aquel IFE que gozaba de prestigio en el mundo y ayudaba a organizar elecciones en países destrozados como Irak y el Congo– y de otros que le aconsejan no dejar fuera de la nueva terna al PRD.

Ahora bien ¿a cuál PRD? ¿Al de los chuchos, es decir al de Calderón, o al de Encinas, esto es, al de AMLO? En un principio los operadores de Jesús Ortega apoyaron al filopanista Emilio Álvarez Icaza, pero por fortuna, fue vetado por el PRI. Después, también para distanciarlo de Encinas, apostaron por Ciro Murayama, académico muy cercano a Woldenberg, que en su momento criticó la complicidad de Ugalde con el PAN y los empresarios en la campaña de odio contra López Obrador, si bien se opuso al plantón.

Temerosos de que Muramaya, en su afán por restaurar la credibilidad del IFE, no se dejara manipular por ellos, fingieron que lo respaldaban cuando lo cierto es que su comodín es el ex periodista Salvador Guerrero, por el que Jesús Zambrano pujará hasta el último instante.

Quienes observan de cerca y desde adentro esta complicada negociación, interpretan que el apoyo de Paredes a la hermana de Bernardo Gómez significa su autodestape al 2012, para lo cual busca un vínculo directo con Televisa. Pero Peña Nieto la rechaza porque hace cuatro años compró las lealtades de Televisa y en el IFE necesita a su tocayo Enrique Ochoa, súbdito de Maca Alanís, que actuaría a las órdenes de ésta a la hora del cochinero. Si Ochoa no queda, el copetón se inclinará por Roberto Duque, otra fichita, que fue socio de Maca en una consultoría privada, en 2006, y luego su asesor en el Trife.

El país está en llamas. Detrás del horror generado por la violencia, empiezan a multiplicarse las voces indignadas que claman por la renuncia del gabinete de seguridad (¿?). Pero éste, como si no hubiera sido rebasado en todos los órdenes, enfrenta desde ayer otro problema mayúsculo: ante periodistas y testigos que grabaron y difundieron la escena, decenas de soldados y marinos, con uniformes de campaña y rifles de alto poder, entraron el jueves por la noche a la casa de Jimena Mari-Fouche, y causando destrozos, la maltraron a ella y a sus padres, para arrebatarle a sus hijos, un niño de año y medio de edad y otro de cuatro, que tuvo en matrimonio con David Fernández de Cevallos, o sea, nietos del jefe Diego.

Según el portal www.sipse.com de Quintana Roo, David y su hermano, Rodrigo Fernández de Cevallos, que también estaban armados, llegaron a la residencia ubicada en la avenida 50 de la colonia Independencia en la isla de Cozumel, protegidos por los militares que iban al mando del oficial Sergio Ricardo Martínez Ruiz. Aterrados, los niños fueron introducidos en una camioneta blanca, misma que se dirigió al parecer hacia el aeropuerto escoltada por los vehículos de la Marina y el Ejército. ¿Operación conjunta autorizada desde el centro? ¿Insubordinación? No: caos, caos absoluto. No es el momento de cerrar la única puerta que aún tiene abierta la vía electoral. Beatriz sabrá lo que hace.

jamastu@gmail.com

Acusan a un hijo del jefe Diego por ataque armado, plagio y lesiones

La Sedena niega haber estado en operativo

Denuncian a un hijo del Jefe Diego por secuestro

Cozumel, QR, 29 de octubre. David Fernández de Cevallos, hijo del ex senador del PAN Diego Fernández de Cevallos –secuestrado desde el 14 de mayo–, fue demandado ante la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo por ataque armado, lesiones con violencia, allanamiento, agresión y plagio, según consta en la averiguación previa 1656/2010.

La denuncia fue presentada por Ximena Marín-Foucher, ex esposa de David Fernández de Cevallos, luego de que al anochecer del jueves éste se presentó en el domicilio de la demandante y se llevó a los hijos de ambos: Diego Manuel, de cuatro años, y David, de uno y medio. Los hechos sucedieron en la avenida 50, en la colonia Independencia de esta isla. Según la versión de la mujer, el hijo del ex candidato presidencial golpeó a sus padres y a ella. Posteriormente se llevó a los niños.

En un principio, Ximena Marín-Foucher afirmó que en el episodio habían participado elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, apoyados por elementos del Ejército y la Armada. En un video subido a la red social Youtube por el usuario Grillonautas, con una duración de casi dos minutos, se observa la presencia policiaca y una camioneta blanca, en la cual los menores fueron trasladados, presuntamente, para sacarlos de la isla. Al comienzo del video se incrimina al Ejército y a la Armada. Se observan en la penumbra dos vehículos que se retiran, al parecer de la policía y la Marina. La única imagen clara es la de un hombre que grita: A ver, yo soy el padre de la señora. David Fernández de Cevallos y su hermano Rodrigo se están robando a los hijos de mi hija Ximena. Yo soy el abuelo. Este cabrón tiene todas las demandas.

El padre de la mujer dijo a los medios: No tuvo valor para venir solo. Lo hizo con escoltas armados y artimañas legales, en evidente abuso contra nosotros.

Por su parte, Marín-Foucher calificó a David Fernández de Cevallos de hombre violento, de quien recibía maltratos. Negó haber visto la orden judicial.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado, en el cual negó haber participado en la presunta diligencia judicial.

Se llevan por la fuerza en Cozumel a nietos del "Jefe Diego"
Con el apoyo de elementos de la Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, David Fernández de Cevallos, hijo del "Jefe" Diego, se llevó a sus dos hijos, de la casa de Jimena Mari Fushé, con quien está en proceso de divorcio.

http://www.youtube.com/watch?v=ZbyF_Uf05zY

“Apagón” al presidente

El maridaje que le ha dado extraordinarias ventajas mediático-políticas al presidente Felipe Calderón, y tajadas multimillonarias a Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, aparentemente sufrió un daño de consideración a raíz de las componendas de escándalo entre el gobierno federal y el consorcio, que ya tuvieron incluso efectos legales. Principal beneficiaria de la desaseada Licitación 21, la empresa televisiva se retiró de la jugada y dejó muy mal parados a Nextel, su exsocia ahora, y sobre todo al gobierno calderonista, que había echado mano de toda suerte de artimañas e ilegalidades con tal de favorecerla.

La política sobre telecomunicaciones y digitalización televisiva de Felipe Calderón entró en crisis. En menos de 15 días dos órdenes judiciales y una decisión empresarial de Televisa exhibieron a las autoridades federales y echaron abajo los dos procesos más polémicos de este año: la Licitación 21 para el negocio de la telefonía móvil de cuarta generación en los próximos 20 años y el decreto presidencial del 2 de septiembre, que adelantaba de 2021 a 2015 el “apagón analógico” televisivo.

El miércoles 20 la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero ordenó suspender las medidas anunciadas en el decreto de Calderón, en especial la formación de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital encabezada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social, Economía y Educación Pública, todos ellos “precandidatos” presidenciales del PAN.

Senadores priistas encabezados por Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía y Fernando Castro impulsaron una controversia constitucional pues advirtieron que el presidente estaba “legislando por decreto” y violaba la sentencia 07/2009 contra la Ley Televisa, en la que se estableció que la única autoridad en materia de radiodifusión es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Y además la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló en un comunicado que las medidas anunciadas en el decreto del 2 de septiembre “pueden convertirse en un condenable recurso de clientelismo político”, ya que las subvenciones para adquirir los decodificadores de acceso a la televisión digital se distribuirán en 2012, año de la sucesión presidencial.

La relación entre el gobierno de Calderón y Televisa se ha convertido también en un juego de intereses político-electorales.

La jugada de Televisa

En el caso de la Licitación 21 –correspondiente a la banda 1.7 Ghz para el llamado cuádruple play–, la Cofetel, la Comisión Federal de Competencia (CFC), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Felipe Calderón defendieron hasta el último minuto la decisión de otorgar a la sociedad Televisa-Nextel el bloque nacional de 30 megahertz, el más valioso, con un “enganche” de 180.3 millones de pesos, 28 veces menos que lo erogado por los competidores (Telcel y Telefónica pagaron más de 5 mil millones de pesos en la misma licitación por los bloques de 10 megahertz).

Pero de nada valieron los más de 70 pleitos judiciales interpuestos por Iusacell, compañía telefónica de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca; tampoco las medidas cautelares ordenadas por tres jueces ni el punto de acuerdo del Congreso de la Unión para que se suspendiera la licitación, dadas las irregularidades documentadas desde la emisión de las bases. Mucho menos la fractura en la Cofetel: la Licitación 21 fue aprobada con los votos a favor de sólo dos de los cinco comisionados del pleno.

El verdadero “golpe” a la Licitación 21 se lo propinó uno de sus principales beneficiarios: Televisa. Con un mensaje críptico, característico de sus comunicados bursátiles, la compañía de Emilio Azcárraga Jean anticipó el inminente fracaso de su sociedad con Nextel, dejando mal parados a los directivos de esa empresa; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; al titular de la CFC, Eduardo Pérez Motta, y al propio Felipe Calderón.

El 4 de octubre, tres días después de que Molinar había entregado los títulos de la concesión a los representantes de Nextel, Televisa anunció que “con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30 Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings (controladora de Nextel) están evaluando si las condiciones precedentes para el cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.

De esta manera Televisa informó a sus accionistas de México y Estados Unidos que estaba en duda el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares para adquirir 30% de Nextel. En febrero pasado, el vicepresidente de Finanzas del consorcio televisivo, Alfonso de Angoitia, había condicionado esta inversión a la entrega del título de concesión de la banda 1.7 Ghz.

El 5 de octubre, Emilio Azcárraga anunció que Televisa invertirá mil 200 millones de dólares para adquirir 5% de las acciones de Univisión, la televisora de habla hispana más importante de Estados Unidos. Además amplió tres años el contrato de exclusividad de contenidos con aquella empresa. El impacto bursátil fue inmediato para Televisa: en un día sus acciones ganaron 13%.

La otra jugada financiera de Televisa ocurrió el 12 de octubre, dos días antes de que un juez concediera el amparo definitivo a Iusacell para cancelar la Licitación 21. En un comunicado la televisora anunció la oferta de certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 10 mil millones de pesos con una tasa de 7.38% y vencimiento en 2020.

El 14 de octubre, el juez segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales, Octavio Bolaños Valadez, concedió el amparo definitivo a Iusacell, el cual impide que, mientras dure el litigio, la sociedad Televisa-Nextel opere la concesión entregada el 1 de octubre.

El 18 de octubre, la compañía de Azcárraga formalizó el rompimiento: “Ambas partes han decidido dar por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero de 2010”, indicó un comunicado.

El ridículo y el trabajo sucio

El favoritismo de las autoridades hacia la sociedad Nextel-Televisa generó un debate entre el diputado federal panista Javier Corral y Juan Molinar Horcasitas. El día en que el juez ordenaba la suspensión definitiva, Molinar envió varias cartas a los medios para desmentir que hubiera existido una “ganga” o un descuento a favor de Televisa-Nextel.

Después el funcionario ya no mencionó a la compañía de Azcárraga Jean en sus réplicas a Reforma y La Jornada. Según Molinar, “Nextel no sólo pagará los 180 millones de pesos de enganche, sino también cerca de 18 mil millones de pesos de derechos. Eso no es una ganga. Por el contrario, esa cantidad garantiza y satisface el interés patrimonial del Estado pues es equivalente al precio actualizado de mercado que se obtuvo en la licitación de la banda 1.9 Ghz, en 2005”.

Corral demandó a Molinar Horcasitas que se repusiera el proceso de Licitación 21 y recordó que tres de los cinco comisionados de la Cofetel impugnaron las bases y demandaron que se suspendiera la entrega del espectro, ya que existían órdenes judiciales que dictaron medidas cautelares por la serie de irregularidades detectadas desde enero.

Calderón también salió en defensa de la entrega del espectro a Televisa-Nextel y de la licitación de la fibra óptica, que también benefició a Televisa en sociedad con Megacable y Telefónica. En la semana de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Calderón afirmó que gracias a estas subastas “ya no hay, como hace varios años, sólo un gran operador o dos, sino que ahora tenemos tres y hasta cuatro operadores que pueden, precisamente, en condiciones de competencia, proveer servicios con más calidad y a mejor precio a los mexicanos”.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Pérez Motta también defendió los criterios establecidos por este organismo antimonopólico y negó que la autorización de la sociedad Nextel-Televisa implicara favorecer el poder de la empresa más importantes de medios electrónicos en México.

Insistió en que Nextel era un “jugador entrante” en telefonía móvil, ya que los 22 megahertz que detenta son sólo para servicios de trunking (radiocomunicación móvil basada en las redes de telefonía celular) y su ingreso a la competencia favorecerá una paulatina reducción de precios a los consumidores “por decenas de millones de pesos en los próximos años”.

No obstante, desde septiembre de 2009 en la Cofetel –según testimonios de algunos trabajadores– y por órdenes de Patrocinio Barajas, responsable de la Unidad de Prospectiva y Regulación, existía la instrucción de “revisar” y “poner en orden” los títulos de concesión de Nextel, pues se buscaba “ampliar” su cobertura.

“Prácticamente estuvimos ‘arreglando’ Nextel para que meses después se asociara con Televisa. Hicimos un trabajo sucio que en lugar de beneficiar al país (las multas hubieran entrado a las arcas de la nación) benefició a Televisa-Nextel”, escribió a Proceso Juan Carlos Flores López, uno de los trabajadores a las órdenes de Barajas, quien después fue despedido de la comisión.

El “pleito” Televisa-Calderón

El 18 de octubre, cuando se anunció la ruptura de la sociedad Televisa-Nextel, Emilio Azcárraga Jean emitió un mensaje en twitter para justificarse: “Hay que tomar decisiones todos los días y creo que tomamos la mejor para nosotros”.

Además los conductores de los dos principales noticiarios de Televisa, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, publicaron en sus columnas del martes 19 –en El Universal y Milenio Diario, respectivamente– que la decisión beneficia a Telcel, la compañía de Carlos Slim (que actúa a través de Iusacell) y afirmaron que Televisa fue víctima de una campaña en contra.

Más explícito, Loret de Mola escribió en su columna Tengan su “ganga” que la entrega de la concesión fue una medida de “chantaje” de Calderón para presionar a Televisa en la sucesión de 2012.

“Esta sucesión de hechos”, afirma Loret de Mola, “puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral de 2012. Esa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó.

“En el camino muchos se fueron con la finta: denunciaron que el gobierno federal estaba ‘amarrado’ con Televisa (al parecer, jamás encendieron los noticieros o programas de opinión). La alianza verdadera quedó exhibida cuando Televisa se hizo a un lado y en las bolsas de valores subieron sus acciones. Tengan su ganga.”

Para otros especialistas consultados por Proceso la razón principal de la salida de Televisa no fue la orden judicial ni un pleito definitivo con el gobierno o con el Grupo Salinas, sino una maniobra empresarial para cancelar el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares en Nextel, privilegiar su inversión en Univisión, en vías de ser aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, y quitarse “piedras en el camino”.

Para Javier Corral la ruptura Televisa-Nextel deja sin efecto los títulos de concesión, por lo que la SCT debe convocar a una nueva licitación.

La Amedi, presidida por Raúl Trejo Delarbre, advirtió en comunicado el riesgo de que Televisa pueda tener acceso a los 30 megahertz por la vía del uso de las frecuencias de televisión digital.

“Sería inadmisible que los megahertz para la telefonía móvil que hoy rechazó Televisa en la alianza con Nextel los obtenga dentro de pocos meses y de manera gratuita como resultado de los nuevos usos que podrían tener las frecuencias de televisión digital”, señaló.

La digitalización electoral

Felipe Calderón expidió el decreto mediante el cual “se establecen las acciones que deben llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”. Desde ese momento, legisladores del PRI y del PRD advirtieron que se trataba de un decreto “electorero” (Proceso 1766).

Los puntos fundamentales del decreto son: adelantar de 2021 a 2015 el “apagón analógico” para que todos los televisores tengan acceso a la señal digital; liberar la banda de 700 megahertz para 2012 y “posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda”; establecer las acciones necesarias para que los hogares mexicanos con menos recursos tengan acceso a receptores o decodificadores de la señal digital, a través de las secretarías de Economía y de Desarrollo Social, y crear una comisión intersecretarial para la transición digital, presidida por Juan Molinar Horcasitas.

El decreto de Calderón no echó abajo lo estipulado en el acuerdo previo, establecido por el gobierno de Vicente Fox en julio de 2004, especialmente la renovación automática de las 462 concesiones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2021 (94% de ellas en manos de Televisa y TV Azteca) ni aclaró las dudas respecto al uso, asignación y devolución del espectro sobrante como resultado de la digitalización. A la fecha operan 65 “canales espejos” o “canales adicionales” –que ocupan esos espectros “sobrantes”– en todo el país, la mayoría en manos de Televisa y TV Azteca.

Un informe de la Cofetel difundido en enero de 2009 afirmó que sólo 1.6 millones de hogares, menos de 7% del total del país, están en posibilidad de recibir transmisiones digitales.

El especialista Gabriel Sosa Plata afirmó en su análisis para la revista Zócalo que entre 2004 y 2010, los primeros seis años de la transición analógica-digital, prevaleció una política de “opacidad y falta de rendición de cuentas por parte del gobierno, así como por la indiferencia y compromiso de algunos operadores para incentivar el desarrollo de la tecnología del país”.

Ejemplificó: Televisa se comprometió a transmitir en digital en ciudades como Villahermosa, Mérida, Morelia, Uruapan, San Luis Potosí y Zacatecas a partir del 15 de diciembre de 2009, pero en 2008 cambió de opinión y la Cofetel le autorizó modificar los títulos de concesión de las repetidoras de Canal 2 y Canal 5 en esas plazas para iniciar transmisiones en 2015 y 2018.

Frente a esta falta de certeza Calderón emitió un nuevo decreto que no corrigió los errores de la digitalización emprendida por Fox para favorecer a las dos grandes compañías televisoras, pero le agregó un ingrediente electoral: el reparto de los decodificadores entre 2011 y 2012 y la formación de una comisión intersecretarial que dependerá directamente de él, marginando a la Cofetel.

Esta decisión motivó el recurso de anticonstitucionalidad interpuesto ante la SCJN y la decisión de la ministra Sánchez Cordero de suspender el decretazo de Calderón como medida cautelar. “No se afectarán la seguridad ni la economía nacionales con la suspensión”, afirmó la ministra el jueves 21.

Lo que comienza a afectarse es el plan electoral del gobierno de Felipe Calderón y su relación con los medios electrónicos dominantes.

Ante su elección, un PAN "perverso" y "corrupto"

La pugna por dirigir el Partido Acción Nacional –que se decidirá mediante votación de consejeros el 4 de diciembre– se mezcló, previsiblemente, con el forcejeo de los grupos de poder por imponer al candidato presidencial para 2012. El veterano militante César Leal lamenta que su partido esté en manos de “chambistas”, y el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo denuncia que persiste el afán de Felipe Calderón por imponer al líder, como lo hizo con Germán Martínez y César Nava. Los propios aspirantes a encabezar el partido –como Cecilia Romero– diagnostican que está “pervertido” y “corrupto”.

En pleno declive del gobierno de Felipe Calderón, cuando ya se inició el proceso sucesorio de 2012, la situación del PAN es aciaga: sin identidad, sometido a decisiones cupulares, enfermo de corrupción, abusos e impunidad, como el caso de César Nava, así como falto de líderes y con profusas divisiones e intrigas entre sus diversas facciones, aun en la dominante…

En suma, a 10 años de ejercer el gobierno federal, el PAN está pervertido. “Dicen que se pervirtió por razones de poder. No, se pervirtió por chambismo. Son dos cosas diferentes: el poder es servicio; el chambismo es egoísmo en favor de uno nada más”, sentencia el senador César Leal Angulo.

Veterano panista, amigo desde la juventud del Maquío Manuel Clouthier y a quien un sector del PAN le da condición de ideólogo, Leal admite que el PAN se ha “deformado en muchos aspectos” y “nunca como ahora había tenido esta crisis de resquebrajamiento interno ni de duda de su propia doctrina política”.

El PAN, evalúa, vive una crisis de unidad y de congruencia: “Habíamos permanecido en una ruta de pensamiento cristiano de origen humanista y nos empezamos a salir y a confundir al PAN con una especie de pandilla por los puestos”.

En este contexto se ha iniciado la contienda entre Gustavo Madero Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Francisco Ramírez Acuña, Judith Díaz Delgado, Roberto Gil Zuarth y eventualmente Iván Manjarrez, confeso militante de El Yunque, de entre los que surgirá el cuarto presidente del PAN en cuatro años de gobierno de Calderón.

Cecilia Romero, la primera mujer que se inscribió para presidir el partido en el que milita desde 1982, no vacila en describir la condición actual del PAN: “El diagnóstico es crudo, pero real: se ha corrompido por la búsqueda de posiciones”.

Sometida a la crítica tras la matanza de 72 indocumentados –y cuya responsabilidad no admite “ni por omisión”– e identificada como la candidata de la organización ultraderechista El Yunque, que mantiene un pacto con Calderón, Romero cree urgente unir a su partido, pero de verdad.

“Creemos que la unidad se edifica a partir de concertación previa, de planchazos, de decisiones cupulares para una sola candidatura o una sola posición, y ahí está el meollo del problema: la unidad no se construye con silencios agachones ni con arriar banderas sin haberlas defendido. La unidad construida a partir de componendas y de reparto es un disfraz de unidad.”

En esta disputa por el control del PAN, que concluirá con la elección en el Consejo Nacional, el 4 de diciembre, gravita la influencia de Felipe Calderón, quien controla una mayoría relativa de los 381 miembros del máximo órgano partidista de dirección, que antes avaló la imposición de Germán Martínez y César Nava.

Sólo dos de los cinco aspirantes –que por cierto lo apoyaron desde su precampaña en 2005– han tratado de tomar distancia de Calderón, quien les garantizó, afirman, una imparcialidad en la contienda que no había desde que, en 2005, fue electo Manuel Espino, hoy sometido a un proceso de expulsión y que dice estar presente a través de unos 80 consejeros.

En su registro, el primero de los cinco, el senador Madero, parafraseó a Manuel Gómez Morín, fundador del PAN y chihuahuense como él: “Acción Nacional nunca se casará con un régimen ni aun con el que pudieran formar hombres suyos allegados al poder”. Y añadió: “La relación óptima entre nuestro partido y nuestros gobiernos se define por la máxima colaboración posible, pero ninguna subordinación admisible”.

Ramírez Acuña, cuya relación con Calderón se enfrió al removerlo como secretario de Gobernación y que ahora tiene el respaldo de los presidenciables Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, advirtió: “Nuestro partido no es pertenencia de un grupo político”.

Y mientras que Romero afirmó en su discurso de registro que “en el PAN no creemos en caudillos”, la senadora Díaz Delgado ni siquiera tocó el tema, aunque aclara en entrevista que “es una obligación” de su partido acompañar a Calderón.

Al respecto, el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, quien advierte que desde el gobierno hay una estrategia para dividir a la “oposición” panista, afirma que el partido ha retrocedido, entre otras razones, por la subordinación a Calderón.

“Las tres banderas que pregonaba el PAN históricamente fueron la generosidad en la política –la gente venía a dar, no a darse; a servir, no a servirse–, la honestidad y la democracia, y a las tres les dieron en la madre.”

–¿En este sexenio?

–¡Sí! ¡Ese es el problema! ¡Eso es lo que estamos reclamando! La trascendencia de esta elección interna es que los consejeros deben cuestionarse qué PAN quieren: uno débil o uno fuerte. Porque lo único seguro es que Calderón se va a ir y el PAN se va a quedar.

“El PAN no necesita un incondicional de Calderón. Es lo peor que le puede pasar. La muestra es Nava. El criterio es muy sencillo: cuando dos personas están de acuerdo, una sale sobrando; y si va a haber un incondicional en el PAN, el que sale sobrando es el presidente del PAN.”

Clouthier cuestiona también la probidad de Nava –a quien públicamente acusa de impedirle ser militante– porque no es creíble que compre un departamento de casi 20 millones de pesos, cuando al inicio del sexenio él tenía deudas por 4 millones de pesos: “El patrimonio de Nava no tiene más que dos lógicas: o es vivo de más, o yo soy muy bruto. ¡Las cuentas no dan!”.

–¿Lo juzga un corrupto?

–Vamos a dejarlo en vivo de más.

Romero, quien fue suegra política de Nava, reconoce que el escándalo afecta a su partido: “Esto le pega al PAN, definitivamente, pero es un asunto absolutamente personal del que él debe dar cuenta”.

Intrigas palaciegas

Después de la imposición de Martínez desde Los Pinos, en diciembre de 2008, y de Nava, tras la debacle de julio de 2009, la única ventaja que los panistas aprecian ahora es que se recuperó la competencia y hay una relativa “incertidumbre democrática”.

De hecho, el éxito de la candidatura de Ramírez Acuña, que se presenta como “oposición” interna, se funda en la división –real o supuesta– de la facción felipista: los que apoyan a Madero y a Gil Zuarth, socio del repentinamente próspero despacho de Germán Martínez.

Sin embargo, Juan José Rodríguez Prats, quien contendió por la presidencia en 2005 ante Espino, Alejandro Zapata y Carlos Medina, advierte que Gil –cuyo registro se programó para el domingo 24– no reúne los requisitos para presidir el PAN:

“Por donde le busquen, ese señor no cumple con los requisitos. El PAN tiene una cultura de la legalidad, que ha sido atropellada frecuentemente. ¡Basta ya!”, exclama y, antes de que se oficialice la candidatura de Gil, adelanta al reportero que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El exdiputado explica que el presidente del PAN encabeza también el Consejo Nacional y, por lo tanto, para ser consejero debe cumplir con los cinco años de militancia activa que exige el artículo 45 de los estatutos. Gil sólo tiene dos años y cuatro meses de militancia.

Y es que la candidatura de Gil es vista como de recambio a la de Madero, quien no concita respaldo por “gris”, y es promovida por el grupo que encabeza Martínez, aliado con Patricia Flores Elizondo, la exjefa de la Oficina de la Presidencia, y el operador electoral Jorge Manzanera, los tres consejeros nacionales.

De este grupo, que impulsa también la candidatura presidencial del secretario de Educación, Alonso Lujambio, forman parte “mafias locales”, entre otras las del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal; Alejandro Vázquez, expresidente del PAN de Veracruz; el exalcalde de Reynosa, Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; y Ricardo Anaya, presidente de ese partido en Querétaro.

Algunos de ellos son clientes de Desarrollo de Campañas, S.A. (Docsa) y Consultoría Privada y Gubernamental, S.A. de C.V., propiedad de Manzanera, que ha hecho mancuerna con Flores, quien dio una provocadora entrevista a la revista Gente, de Televisa, para su edición de octubre.

En su reaparición pública en la revista, que desplegó fotografías que resaltan su sensualidad, Flores aseguró que no fue despedida del gobierno, sino que renunció por su voluntad; añadió que su relación con Calderón es “inmejorable” y, desafiante, aseguró que no está retirada de la política: “Sé mucho como para retirarme”.

De hecho, el primer signo de división de la facción felipista se produjo en la elección del dirigente juvenil del PAN, que ganó Jonathan García Uribe, quien se impuso a Pablo Sánchez Servitje, el candidato “oficial”, y a Juan Pablo Adame, hijo del gobernador morelense, Marco Adame.

La operación para la victoria la hicieron Flores y Quintana, ambos consejeros nacionales propuestos por el CEN después de que fueron rechazados por la militancia en Durango y Chihuahua. Ahora son los estrategas de Gil.

La fuerza de El Yunque

Madero, por su parte, es respaldado por el grupo que promueve como presidenciable al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, como se evidenció en su registro, apadrinado por Luis H. Álvarez, quien dijo haberse enterado ese día que le será otorgada la medalla Belisario Domínguez, junto con Javier Barros Sierra, quien fuera gallardo rector de la UNAM.

Junto con Álvarez, quien a menudo hace política partidista en horario laboral, dio su firma César Leal, exasesor de Espino: “Madero es la parte limpia del PAN y le tenemos confianza a su congruencia. Los líderes son para los momentos en que los necesita la institución, y es el caso”.

Otros avales de Madero son el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna, y el de Sonora, Guillermo Padrés; el presidente del PAN en Sinaloa, Francisco Solano; el diputado Jesús Ramírez, allegado a Nava, y la diputada Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala.
Del gobierno federal dieron su firma los subsecretarios Maki Esther Ortiz y Rogelio Carvajal, así como el procurador del Consumidor, Antonio Morales, quien suele irse a descansar a Colima en el primer vuelo de cada viernes.

En lo que ha sido el acto con más simpatizantes de un aspirante, con Madero estuvieron la mayoría de los senadores que coordinó hasta del 26 de agosto, entre ellos el creelista Felipe González, quien niega que Madero sea candidato de Calderón.

“Se inscribió sin que en Los Pinos le dieran la salida. Para muchos que creen que en Los Pinos le dijeron: salte y vete a la campaña, no es así; más bien lo contrario. Por eso dijo que el partido no se debe entregar a ninguna administración, aunque sea panista, y que ninguna subordinación es admisible.”

El coordinador de la campaña de Madero, el senador duranguense Rodolfo Dorador, rechaza también que aquél tenga el sello oficial, aunque admite que “platicó con el presidente” sobre su candidatura.

–¿Si no le dio su aval, tampoco le impuso un veto?

–Así pudiera entenderse.

Dorador niega también la medianía de Madero: “No lo concibo como gris, al contrario, es un liderazgo que permite que otros liderazgos crezcan y eso también es un liderazgo muy interesante para Acción Nacional”.

Fernando Palma es otro simpatizante de Madero, de quien afirma que no “acepta consignas ni línea”, aunque él mismo fue testigo, como colaborador de Espino, de que el senador acató la orden de Germán Martínez de quitarle a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) el edificio sede en las Lomas de Chapultepec.

El fastuoso registro de Madero, el miércoles 20, contrastó con el muy modesto de Romero, quien reunió a escasos simpatizantes, que junto con los consejeros que la avalan con su firma, acreditan su condición de candidata de El Yunque, al que pertenecen unos 84 integrantes del Consejo Nacional, según panistas, aunque otras estimaciones cuentan a 100 de los 381 consejeros.

Junto con Blanca Magrassi, esposa de Luis H. Álvarez, y el veterano periodista Esteban Zamora firmaron como avales de Romero personajes identificados con esa organización: José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua; Juan Carlos Mondragón, presidente del PAN en Puebla; y Gustavo Parra, diputado del Estado de México allegado a Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón.

También Leonor Popócatl, diputada de Puebla; Alejandra Reynoso, diputada de Guanajuato; Carmen Lucía Pérez, presidenta del Instituto de Mujeres de Jalisco; Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública allegado a Calderón.

Otros juramentados que asistieron al registro fueron José Espina, presidente de la Comisión de Elecciones; Alfredo Botello, exsecretario de Gobierno de Querétaro y miembro del CEN; Rodrigo Iván Cortés, director de Relaciones Exteriores; Carlos Pizano, exsecretario particular de Carlos Abascal; y Alfonso Bravo y Mier, expresidente de Provida.

–De entrada usted tiene el voto de El Yunque –se le comenta a Romero.

–Yo creo que sí, aunque no sé si todos, ¿eh?

En efecto, hay yunquistas que se han acercado a otros candidatos: por ejemplo, Adriana González Carrillo, allegada a Bravo Mena, apoya a Ramírez Acuña, así como Guillermo Bustamante, el jurídico del CEN, y Carbajal a Madero. “Entonces no todos. Por eso va estar muy interesante la votación. Preveo una elección de por lo menos dos rondas, y voy a ganar”, dice Romero.

Ella disputa con otra mujer, Díaz Delgado, no sólo el voto de los consejeros, sino ser la primera en presidir el PAN: “Cuando yo avisé que quería participar, hace un mes, nadie más lo había hecho como mujer, y eso sí lo quiero dejar muy claro”, dice la senadora.

Amiga de Luisa María Calderón, hija de un pastor protestante y que por eso en religión se ubica como “lo contrario” a Romero, Díaz asume difícil su triunfo, pero se propone que el PAN repudie la corrupción y la impunidad, “me sumen o no me sumen votos”.

–Por lo pronto ya ganó, por ser la primera en querer ser candidata.

–Sí, estamos abriendo un espacio que había estado cerrado para las mujeres.

Ramírez Acuña busca capitalizar la división en la facción que encabeza Calderón y ha sumado a personajes como Rodríguez Prats y Clouthier, quien cree que las candidaturas de Gil y Romero sólo buscan dividir el voto opositor a Calderón.

“Aquí hay una estrategia que busca que la elección no sea de dos. En la medida en que la elección se polarice y se haga de dos, en esa medida tiene posibilidades, voy a llamarle así, la oposición –dice Clouthier–, y entonces están metiendo a Romero y a Gil con el objeto de dividir a la fracción opositora, para que Cecilia jale a las vacas sagradas y Gil jale a los diputados que son consejeros. Esa es la estrategia.”

–¿No es auténtica la supuesta división felipista?

–Yo creo que no. l


San Lázaro, la desvergüenza política

Una de las muchas sesiones en San Lázaro

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 29 de octubre (apro).- Cada vez que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, comparece ante los legisladores federales, más de uno lo acusa de “cínico”, pero lo ocurrido la noche del jueves pasado en la Cámara de Diputados no puede ser más que un gran monumento a la desfachatez, en donde los diputados, quienes hacen las leyes del país, recurrieron a una “chicanada” jurídica para violar la ley.

Tan cínicos han sido varios de lo secretarios de Estado del actual gobierno panista cuando comparecen ante senadores y diputados, como los propios legisladores que ayer, al no llegar a un acuerdo para “agandallarse” espacios en el Instituto Federal Electoral (IFE), como ha ocurrido desde 2003, decidieron no respetar la ley.

De los doce meses del año, la Cámara de Diputados sesiona solamente seis, tiempo más que suficiente para buscar consensos entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de conciencia política de muchos de los legisladores, su desinterés por lo que el país requiere y el centrarse en sus propios beneficios o los de su partido durante los procesos electorales, todo lo dejan para el último momento.

Esto ocurrió, como en dos ocasiones anteriores (2003 y 2007), sólo que ahora con otros agregados: cinismo, irresponsabilidad y desvergüenza política.

De acuerdo con la ley, tres de los nueve consejeros del IFE deben dejar el cargo a la medianoche del 30 de octubre, por lo tanto, y es de lógica elemental, quienes los han de sustituir deben ser designados cuando menos un minuto antes.

Pero como la ley no lo dice expresamente, los diputados federales decidieron recurrir a una “chicanada leguleya” y considerar que lo que no está prohibido esté permitido. Es decir, si no está prohibido rebasar el día 30 de octubre para nombrar a los tres nuevos consejeros, pues está permitido elegirlos cualquier día del año, cuando a los diputados se les antoje, cuando “lleguen a un acuerdo”, a “un consenso”.

Incluso, justifican su actuación invocando “la responsabilidad” para “el diálogo” y la “construcción de acuerdos”.

Nada más grotesco que argumentar que como la ley sólo dice que el 30 de octubre deben dejar el cargo los consejeros a relevar, los diputados no están obligados a elegir a quienes habrán de sustituirlos. Lo absurdo proviene de que, en derecho, ante este tipo de circunstancias que el legislador no previó cuando realizó los cambios a la ley, debe hacerse una interpretación a contrario censu, es decir, al dejar el cargo --por ley-- un integrante de un órgano colegiado, se debe prever el nombramiento de quien lo habrá de sustituir por lo menos unos minutos antes.

El Poder Legislativo está obligado a mantener la conformación de un órgano colegiado con todos sus integrantes, no sólo con dos terceras partes.

Uno de los legisladores, el vicecoordinador panista Carlos Pérez Cuevas, dijo que no había problema en que el IFE se quedara con seis y no los nueve consejeros que lo integran, primero “porque son días de asueto, no trabajará el instituto”; y no sólo eso, justificó el actuar de los diputados que aprobaron la suspensión de la elección de los funcionarios electorales al exponer que si hubiera necesidad de reunirse, el IFE cuenta en este momento con seis integrantes, suficientes para hacer quórum.

No se trata de tomar decisiones de última hora ni de establecer que se está de vacaciones, que el IFE no va a trabajar, o decir, “qué importa, si hay quórum”. Lo destacable aquí es la falta de cumplimiento del marco legal de quienes hacen las leyes en el país, las salidas fáciles, la distribución de cuotas, la utilización del IFE como si fuera propiedad de los partidos políticos y no de una institución que tuvo como preámbulo marchas, muertes, abusos y robos de elecciones. Es, en síntesis, una bofetada a uno de los órganos clave para avanzar hacia una democracia efectiva, no sólo formal.

El cinismo con que actuaron los diputados no es menor que el que exhibieron los secretarios de Estado en sus comparecencias ante los legisladores. En suma, cayeron en lo mismo que tanto le han criticado al gobierno en turno.

Esa falta de respeto a sí mismo aumenta más cuando los partidos políticos dicen ante la ciudadanía que ya no quieren caer en los mismos errores de las dos últimas elecciones, el reparto de cuotas, y que ha dado como consecuencia la falta de credibilidad del IFE, e incluso su burla.

En esto momento, según encuestas diversas que se han publicado, la percepción de la gente es que el IFE dejó de ser “autónomo”. La actuación de los diputados del pasado jueves lleva a suponer que esto continuará.

Así, los diputados no sólo violentaron sus propias leyes, sino que además evidenciaron las luchas internas que tienen en sus partidos; por ejemplo, el PRI que pretendió nombrar a dos de los tres consejeros, uno de ellos respondería a los deseos del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el otro a los del senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, ambos posibles aspirantes a la candidatura priista a la Presidencia.

Pero al interior del PRI surgió un tercer bloque, el que dijo no a ese reparto sin que se les incluya a ellos. Se trata de quienes tienen simpatías con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Esos diputados de Veracruz, Oaxaca y Puebla también actuaron por intereses partidarios y no por un afán de “democratizar” al IFE. Incluso amenazaron con votar en contra si se les dejaba fuera.

Por esto también es que se suspendió la elección: por desacuerdos al interior del PRI, por desacuerdos entre uno y otro partido.

Meses tuvieron los diputados para ir preparando la elección, meses para hacer un proceso limpio que no creará suspicacias entre la población o, ya de perdida, entre la clase política, pero las prioridades electorales hicieron de los legisladores actuar sin ética, hicieron que mostraran su incapacidad política.

Bien pudieran decir que convocarían a sesión extraordinaria para tratar de llegar a un acuerdo, lograr consensos al interior de sus partidos y luego hacia fuera, y consumarla elección el 30 de octubre. Pero en lugar de eso prefirieron, además de todo, irse de “puente” y elegirlos cuatro días después. La falta de tacto político, de todos por aceptar este retraso, lo único que logró fue minar aún más la credibilidad el IFE.

Y el tema no es si los 17 que acordó la Comisión de Gobernación son buenos o malos para ocupar este cargo, no, el asunto es la evidencia con que actuaron quienes elegirán a los próximos tres nuevos consejeros que saldrán de esa lista. Bastante trabajo tendrán a quienes elijan para remontar el estigma con el que llegarán a un ya de por sí desvencijado instituto. Y en esto, todos los partidos que votaron a favor y los que se abstuvieron tienen ya responsabilidad.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Fuero militar e impunidad

Calderón y Galván. Complicidades

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 28 de octubre (Proceso).- Pese a los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Felipe Calderón persiste en su intento de impedir que los militares sean juzgados por tribunales civiles. En este sentido, la iniciativa de ley que recién envió al Senado es incompleta e insuficiente, pues sólo excluye tres delitos de la jurisdicción de los tribunales castrenses, aunque faculta al Ministerio Público Militar para que envíe a la justicia civil los casos que considere pertinentes.

Entre los altos mandos del Ejército y los mismos soldados existe preocupación porque en la “guerra contra el narcotráfico” han aumentado los crímenes contra civiles inocentes perpetrados por militares, y éstos temen ser condenados en los tribunales civiles.

Como muestra de lo antedicho, en Nuevo León cayeron abatidos en sólo seis meses –entre el 19 de marzo y el 5 de septiembre de este año– cinco civiles, presuntamente a manos de militares, pero éstos sólo han reconocido su responsabilidad en un caso que implicó la muerte de dos personas.

La reforma al Código de Justicia Militar no incluye el homicidio entre los delitos que serían sometidos a la jurisdicción civil y, por lo tanto, ninguno de estos ilícitos –ni siquiera aquellos en los que el Ejército reconoce su responsabilidad– sería juzgado por tribunales civiles.

Durante la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de marzo de este año ocurrió un enfrentamiento entre sicarios y el Ejército en el campus del Tecnológico de Monterrey. En la balacera quedaron muertos los estudiantes de posgrado Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes inicialmente fueron identificados como sicarios.

La recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta que los militares participantes en el enfrentamiento cometieron los siguientes delitos: “alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los hechos–; sembrar evidencias para involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional”. (Proceso 1764.)

La CNDH no pudo determinar el calibre de las balas que hirieron de muerte a los estudiantes y, por lo mismo, tampoco le fue posible establecer con precisión si éstas fueron disparadas por los militares o por los sicarios; sin embargo, todas las evidencias recabadas indican que el personal castrense que intervino en la balacera no puede ser declarado inocente, tal y como en un principio pretendieron hacerlo las autoridades.

Esa misma noche y en otro rumbo de la ciudad, Colinas de San Jerónimo, efectivos militares abatieron a Sandra de la Garza en lo que el Ejército pretendió hacer pasar como otro enfrentamiento. En realidad se trató de la persecución de una camioneta en la que viajaban la ahora occisa y su esposo, quienes de manera inadvertida invadieron una zona en donde las Fuerzas Armadas realizaban un operativo para catear una casa de seguridad de presuntos secuestradores.

La pareja era ajena a los hechos, y el asesinato de Sandra no tuvo gran resonancia en los medios debido al escándalo que se produjo por la muerte de los universitarios. En este caso fue evidente que las balas disparadas por los integrantes del Ejército fueron las que privaron de la vida a De la Garza; a pesar de ello, hasta la fecha las Fuerzas Armadas no han emitido un comunicado en el que reconozcan su culpabilidad.

El pasado 5 de septiembre, Vicente León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años, fueron baleados por efectivos militares, quienes alegaron que no se detuvieron en un retén. Familiares de las víctimas señalaron que no había ningún retén, y que su único delito fue haber rebasado a un convoy militar.

Estos hechos ocurrieron en el municipio de Escobedo, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de los León, reconoció que fueron abatidos por los militares y anunció el inicio de una investigación.

Así, aunque en Nuevo León se atribuyen cinco muertes a las fuerzas castrenses en el último medio año, éstas sólo han reconocido oficialmente dos –la de los León–, no han hecho otro tanto con la de Sandra, y por el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, existen evidencias suficientes para iniciarles una averiguación previa.

Estos son precisamente los riesgos de involucrar al Ejército en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al iniciarse esa lucha, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas contaban con que los militares serían juzgados por tribunales castrenses. A ello se debe que ahora se resistan a las reformas legales.

Fuentes cercanas a la VII Zona Militar que opera en Nuevo León aseguran que los altos mandos están satisfechos con la administración del gobernador Rodrigo Medina, pues en cuanto asumió la gubernatura les dio luz verde para que actuaran con toda libertad en el combate al crimen organizado en esa entidad. Los militares le tomaron la palabra y 12 meses después el saldo no puede ser más negativo: se incrementó la violencia en el estado, el número de víctimas civiles crece, y los inocentes muertos por balas de militares también.

En los cinco casos referidos hay evidencia incontrovertible de abusos por parte de militares en contra de civiles; sin embargo, es muy probable que muchos otros no han salido a la luz pública.

Incluso cuando la culpabilidad de los militares ha sido incuestionable, no hay evidencia de que se hayan castigado los abusos. Esta impunidad es posible por la inexistencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aunque tales controles son indispensables en un régimen democrático.

Cualquier delito perpetrado por elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles debe ser juzgado por tribunales civiles y no resguardarse en el fuero militar. La iniciativa presidencial desatiende este principio, porque conoce la existencia de estos delitos y no quiere desproteger a los militares.

Masacres juveniles, réquiem por el gobierno

Funerales de los jóvenes masacrados en Juárez

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 26 de octubre (apro).- Una nueva matanza de adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cimbra a todo el mundo. Y en Tijuana, Baja California, se repite con saña la historia de una masacre de jóvenes en centros de recuperación. El miedo entre estudiantes de Monterrey, Nuevo León, recorre las principales universidades de esta capital financiera. Y nadie se atreve a salir ya a las calles de Matamoros o Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hablan ya de un “genocidio de jóvenes”, especialmente en Juárez. Uno no sabe si duele más saber que la mayoría de los 14 acribillados en la urbe fronteriza son menores de 20 años, estudiantes de secundaria y preparatoria, o que sus victimarios sean también adolescentes que han perdido cualquier noción de presente y de vida.
Había una mujer embarazada entre los asesinados. Y Marta Arteaga, la anfitriona, de 30 años, fue acribillada. Dejó seis hijos huérfanos. Uno de sus vástagos era el festejado, muerto también.
Los sicarios forman parte de un comando que entró a aquella fiesta privada en la colonia Horizontes del Sur, a dos kilómetros de Salvárcar, el mismo barrio donde fueron masacrados un número similar de adolescentes, en enero de 2010.
Cuentan las crónicas que los asistentes festejaban en el patio de una casa tan humilde como millones de hogares mexicanos. Un hombre de cerca de 20 años llegó hasta el centro de la concurrencia. Gritó quién era el propietario de un automóvil estacionado en el exterior. Al no haber respuesta, sacó de sus ropas una pistola y comenzó a disparar a diestra y siniestra. “¡Acaben con ellos!”, ordenó.
Fue la señal para que los sicarios, adolescentes encapuchados, salieran de un convoy de siete camiones y rafaguearan durante cinco minutos a los presentes. Mataron a 12 e hirieron a 16. Dos murieron después.
Entre las pocas víctimas fotografiadas está un joven que intentó huir por el estacionamiento delantero de la casa. Su rostro inerte, pelado a rape, de apenas 16 años, yace en el suelo. La expresión lo dice todo. Es la síntesis del juvenicidio imparable en Ciudad Juárez. “Los mocosos muertos”, dijo alguien.
Los vecinos llamaron a las fuerzas policiacas. Tardaron más de 20 minutos en llegar, según diversos testimonios. Nadie vio, nadie escuchó. Las fuerzas del orden que mantienen sitiada Juárez ignoraron a un convoy de siete vehículos que huyó en la noche, en el desierto, en la oscuridad ominosa de la impunidad que acompaña cada una de estas masacres. Siete en menos de 20 meses. Más de cien muertos, el 80% menores de 18 años.
Una de esas masacres fue la ocurrida en marzo de 2009 en el Cereso de Juárez. Entraron al penal a matar a presuntos integrantes de las bandas de los Mexicles y Los Artistas Asesinos. Sus verdugos fueron, al parecer, Los Aztecas.
El gobierno de Felipe Calderón saturó a Juárez de elementos policiacos a partir del operativo Todos Somos Juárez, después de los sucesos en Salvárcar. Prometió que vigilarían las calles y los rincones de la ciudad. Pero nada ha cambiado. La situación es peor. En Ciudad Juárez ya hay más muertos que efectivos estadunidenses caídos en la guerra de Irak.
Los “hombres de ley” también ingresan a los domicilios, a los negocios, a las fiestas para catear, amedrentar, extorsionar o sembrar el miedo. Y son tan escasos los operativos que han resuelto algo.
Recuerdo que en Ciudad Juárez ganaron Pascual Orozco y Pancho Villa, en 1911, la batalla definitiva para darle el triunfo al movimiento maderista. Ahí murió el régimen de Porfirio Díaz. ¿Será en este mismo sitio donde esté muriendo un régimen incapaz de defender con un mínimo de eficacia a sus ciudadanos? ¿Se atreverán a volvernos a decir que se tratan de “ajustes de cuentas” entre pandilleros?
Calderón y el gobernador César Duarte pronuncian frases huecas. “Con tristeza y profunda indignación el gobierno federal manifiesta su más enérgico repudio al asesinato de varios jóvenes en Ciudad Juárez”, escribe Calderón en su cuenta de Twitter. ¿Repudio? ¿Indignación? El presidente es el titular del Ejecutivo federal, no una ONG que se pronuncia frente a un suceso. ¿A qué se compromete? ¿Qué medida va a tomar? ¿Volverá a pagar miles de millones de pesos en spots para que la pantalla comercial no mencione esta derrota de su “guerra” infame?
Comienzo a leer el libro Ciudad del crimen, de Charles Bowden, y vuelvo a estremecerme:
“El periodista puede morir por cometer un error…
“Eso es porque hay dos Méxicos.
“Uno es el que aparece en la prensa de Estados Unidos, un lugar donde el presidente está peleando una guerra valiente contra las fuerzas malignas del mundo de las drogas y utilizando, como guerrero, al incorruptible Ejército Mexicano. Este México tiene periódicos, tribunales, leyes y es considerado una república humana por el gobierno de Estados Unidos.
“Esto no existe.
“Hay un segundo México, donde la guerra es para las drogas, donde la policía y el Ejército pelean por su tajada, donde la prensa es controlada a fuerza de asesinar periodistas o con una dieta permanente de sobornos, y donde la línea entre el gobierno y el mundo de la droga nunca ha existido…
“Hay dos maneras de perder la cordura en Juárez. Una de ellas es creer que la violencia proviene de la guerra de cárteles. La otra es la pretensión de comprender qué hay detrás de cada asesinato. Lo único cierto es que diversos grupos –las pandillas, el Ejército, la policía de la ciudad, la policía estatal, la Policía Federal-- están matando a personas en Juárez como resultado de las ganancias de la droga”.
Apenas hace tres días, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, comandada por Genaro García Luna, anunció --con todo el despliegue mediático que acostumbra-- la detención de 13 presuntos integrantes de La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, y se ufanó de que con ese golpe esa red de sicarios quedaba “prácticamente desmantelada”.
Y ahora todo quedó en los términos que describe Bowden.
La muerte es una industria en Ciudad Juárez. La violencia es el pase automático, la aduana para quien busque permanecer en esta ciudad, pero también en Reynosa, en Matamoros y cada vez más en Monterrey.
Si hace unos cinco años el nombre de Juárez era mundialmente conocido por los crímenes de más de 400 mujeres (de los que ni 10% se ha resuelto), ahora es el epicentro de lo que Bowden llama “un nuevo campo de exterminio de la economía global”.
Del feminicidio al juvenicidio. ¿O debemos decir el Juaricidio? ¿Quieren matar una ciudad, una civilización, un enclave fronterizo?
En Juárez se mata por una grapa, se mata por menos de mil pesos, se mata porque tener armas es lo único que unifica “el poder” de soldados, pandilleros, policías, sicarios, narcos, psicópatas, juniors con poder.
El fácil acceso a las armas que cruzan la frontera de Estados Unidos intoxica tanto o más que los picaderos que han proliferado por toda la ciudad. Juárez es el epicentro de una economía de la violencia. Y Washington sólo se indigna o cierra su consulado.
www.jenarovillamil.wordpress.com

Réquiem
Jóvenes ejecutados en Tepic

José Gil Olmos

MEXICO, DF, 28 de octubre (apro).- Nuevas matanzas en el norte del país. Nuevamente las víctimas son jóvenes. Una vez más la violencia. Otra vez la impunidad en una guerra estúpida, como son todas las guerras.
No hace mucho tiempo ocurrieron dos matanzas cuyas heridas aún no cicatrizan en la memoria social. En 1996, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos por la policía del estado. A fines de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, ocurrió la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares.
Al paso de los años estos dos hechos marcaron profundamente a la sociedad y pusieron en cuestionamiento a los gobiernos de los estados y presidencial del momento.
Hoy llevamos más de 30 mil muertos a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, muchos de ellos civiles que fueron asesinados a mansalva (en fusilamientos, ejecuciones y torturas), abriendo nuevas heridas sociales que no sabemos cuánto tiempo tardarán en sanar o si algún día cerrarán, porque esta guerra no tiene para cuándo terminar.
Todas estas muertes violentas producirán efectos psicosociales difíciles de sanar, tales como terror, inseguridad, ansiedad, miedo; amén de la desconfianza en las autoridades y en las instancias de justicia sin excepción, así como en todas las formas de gobierno que, independientemente del partido que sea, sólo han demostrado corrupción e ineficacia.
Estas matanzas marcarán al gobierno de transición en el que millones de mexicanos creyeron cuando en el 2000 el PRI fue derrotado por el PAN y otros grupos de poder que estaban hartos de la corrupción, impunidad y el robo.
Sin embargo, hoy a estas lacras se le suma el miedo y el terror de amplios sectores de la población que viven bajo la égida de los grupos del crimen organizado que actúan impunemente en las calles, en el campo y en ciudades más importantes del país.
El número de muertos producto de la guerra declarada por Calderón ha rebasado por mucho las peores expectativas de los expertos y del propio partido en el poder. Cuando hace poco más de cuatro años Calderón hizo esta declaración de guerra al narcotráfico, dijo que iba a haber muchos muertos, pero jamás presentó un plan integral de lucha, jamás pensó en la población civil, su despotismo fue tal que nunca se le cruzó por la mente que habría familias desamparadas, huérfanos, inválidos, y que todos ellos necesitarían de atención especial.
Por la forma en que se ha comportado y por sus discursos, Calderón observó las consecuencias sociales de su guerra como “bajas colaterales”, es decir, como daños necesarios que asumir pero por la propia sociedad, por las familias y sus hijos, no por su gobierno, que ha mostrado una insensibilidad sólo comparada con la de los gobernantes despóticos y autoritarios.
Las matanzas de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienzan a repetirse en otras ciudades como Tijuana, en Baja California, porque la impunidad hace que los diferentes grupos del crimen organizado actúen libremente, sin que nadie les ponga un alto.
El gobierno federal ha expresado únicamente sus lamentos, mientras que los gobiernos de los estados se han limitado a perseguir presuntos culpables, emulando el juego del gato y el ratón, sin dar resultados satisfactorios y ejemplares. Las disculpas institucionales saben a ofensa si no hay justicia.
Ahora Calderón está tratando de cambiar semánticamente su guerra y dice que es una “lucha por la seguridad pública”, pero en los hechos no hay ningún cambio, y su gobierno pasará a la historia no sólo como un fracaso, sino como el réquiem de la transición a la democracia.

Los generales al poder

El pacto "cívico-militar", a punto de romperse

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 26 de octubre (Proceso).- Desde hace casi un siglo que las Fuerzas Armadas de México se destacan por una estricta disciplina militar que siempre las ha mantenido al margen de los asuntos políticos. Mientras la mayoría de los países de América Latina constantemente sufrían golpes militares, en México se había podido evitar las nefastas consecuencias de las incursiones de las Fuerzas Armadas en la política nacional.

Pero hoy el “pacto” cívico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podría estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del país y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman explícitamente su autonomía frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el periódico La Jornada, la Secretaría de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente “auxiliar” a las autoridades civiles, sino también convertirse en “coordinadores responsables” de los operativos conjuntos.

El documento distribuido a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y la Cámara de Diputados señala que “se pervierte” la misión de las Fuerzas Armadas cuando se les “subordina” a autoridades civiles que estén “rebasadas por una afectación a la seguridad interior”. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repitió públicamente el mismo argumento: “Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”.

A primera vista, este argumento parece lógico y aceptable. Si la razón para hacer partícipes a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es que las autoridades civiles han sido rebasadas, sería contradictorio obligar a los militares a cumplir órdenes de las mismas autoridades fallidas.

El único problema es que tal situación nos colocaría en una abierta violación a la Carta Magna. El artículo 129 es contundente: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que el artículo 89 fracción VI indica que el Poder Ejecutivo Federal “dispone de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (…) para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sin embargo, la misma Suprema Corte ha sido muy explícita al señalar que de ninguna manera pueden suplantar a las autoridades civiles, sino únicamente participar en su “auxilio”. (Tesis 38/2000.)

De acuerdo con nuestro orden constitucional, los militares siempre y en todo momento deben estar bajo un mando civil. Desde luego que no tendrían que seguir órdenes de una corporación policiaca municipal que estuviera controlada por el narcotráfico, pero sí de otras instituciones civiles, como el presidente municipal, el Congreso local, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el presidente de la República. Al no distinguir entre la amplia diversidad de autoridades civiles y reclamar directamente y a secas facultades para ser “coordinadores responsables”, da la impresión de que las Fuerzas Armadas buscan aprovechar el estado de descomposición actual para justificar un aumento paulatino de su control general sobre las autoridades civiles democráticamente elegidas. Ello llevaría a poner en riesgo la médula misma de nuestro sistema democrático. .

Pero más allá de la redacción específica de la norma, en los hechos México ya vive bajo un estado de excepción en que las Fuerzas Armadas se encargan de una amplia variedad de actividades que de ninguna manera tienen “una exacta conexión con la disciplina militar”. Hoy los militares funcionan igual como policías preventivos y agentes del Ministerio Público que como médicos a cargo de campañas de vacunación. Tal como lo ha señalado Raúl Benítez Manaut, esta situación coloca al secretario de la Defensa Nacional en una situación de abierta superioridad en relación con otros integrantes del gabinete presidencial. El exagerado culto al militarismo durante las celebraciones del Bicentenario, con generales incluso funcionando como “comentaristas” en las principales cadenas de televisión, es también un botón de muestra de la expansión de poder y influencia que han tenido las fuerzas militares bajo el gobierno actual.

En este contexto, la iniciativa presentada por Felipe Calderón la semana pasada para matizar el fuero militar en casos de desaparición forzada, violación y tortura es una abierta simulación que de ninguna manera someterá a las Fuerzas Armadas a un régimen apropiado de rendición de cuentas. Tal y como lo han señalado las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país, no implica de ninguna manera un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

La iniciativa deja fuera una amplia diversidad de delitos que cometen militares en agravio de la población civil, desde ejecuciones extrajudiciales hasta robo y acoso, y aún para los casos mencionados deja la investigación inicial y la integración de los expedientes ministeriales en manos del procurador militar. Serán entonces los mismos militares, como juez y parte, quienes decidan cuáles casos se remitirán a la justicia ordinaria y cuáles se quedarán en casa.

Hace falta tomar medidas realmente contundentes para limitar el creciente poder e influencia de las fuerzas militares. Habría que considerar, por ejemplo, una reforma para que el mismo secretario de la Defensa Nacional no sea un militar en activo, sino un civil, tal y como es la norma en decenas de países, incluyendo Estados Unidos. De otra forma, nos arriesgamos a que México pronto pierda su “excepcionalismo” y siga el ejemplo de las otras naciones latinoamericanas para las cuales el asalto de los militares al poder es siempre una posibilidad latente. l

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Góngora Pimentel, por el cambio y la nueva esperanza

Genaro Góngora Pimentel, exministro de la SCJN

Miguel Angel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.

Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.

En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.

Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de 1999 a 2003. Al concluir ese periodo, y al retirarse de la Corte, lo hizo con su prestigio acrecentado. En su ponencia y en sus votos se inclinó siempre a resolver los asuntos mirando el interés general, con sensibilidad judicial y política. Su amigo recientemente fallecido, José de Jesús Gudiño Pelayo, veía en él la encarnación del liberalismo en la Corte cuando lo consideró situado en el lado opuesto al conservadurismo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los invitó a no dejar de controvertir, para conservar el rating del Canal Judicial.

En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.

Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.

Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.

Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.

Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.

Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.

Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes! l