viernes, octubre 22, 2010

Se cumplen 50 años del bloqueo de EU a Cuba


Hostilidad de EU a Cuba, una historia de fracasos

Washington hizo ilegal desde 1962 cualquier transacción con La Habana
El pacto de la isla con la URSS, razón para “justificar” el aislamiento impuesto




Aunque el 3 de febrero de 1962 el presidente John F. Kennedy firmó la orden que establecía el bloqueo, el 19 de octubre de 1960, con Dwight Eisenhower en la Casa Blanca, comenzaron las acciones hostiles al prohibir que barcos estadunidenses llevaran mercancías a Cuba. El 22 de abril de ese mismo año, el comandante Fidel Castro denunciaba las acciones intervencionistas de Washington
Fotos Ap

Kennedy firmó la orden ejecutiva para el cerco comercial y financiero
Ha sido un fracaso, señala comentarista de la cadena televisiva Fox

Periódico La Jornada

La Habana, 21 de octubre. Cincuenta años de fracaso. Así resumió esta semana su visión sobre el bloqueo estadunidense contra Cuba el comentarista John Stossel, uno de los de mayor audiencia en la conservadora cadena televisiva Fox.

La hostilidad de Washington hacia la isla se ampara en una norma tan lejana como la Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917, que fue parte del arsenal estadunidense en la Primera Guerra Mundial; se desarrolló como uno de los focos de tensión de la guerra fría y tiene nuevas expresiones en el mandato de Barack Obama, el undécimo presidente que prolonga la coerción contra la isla.

Stossel fue uno de los comentaristas que citaron el pasado 19 de octubre como el día en que se cumplieron 50 años del bloqueo. En realidad, en esa fecha de 1960 el presidente Dwight Eisenhower prohibió a los barcos de Estados Unidos efectuar exportaciones a Cuba.

El 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva presidencial 3447, amparada en la Ley de Asistencia Extranjera del 4 de septiembre de 1961, estableciendo como política gubernamental el bloqueo económico, comercial y financiero de la isla.

El comunismo colapsó en países con los que tuvimos relaciones comerciales porque el comunismo no funciona, señaló Stossel en su blog. Sería mejor para los cubanos y el mundo ver el desenvolvimiento del comunismo cubano sin la intervención de Estados Unidos.

A estas alturas, un amplio sector de los medios informativos en Estados Unidos cree, por las más diversas causas, que su gobierno debe levantar las represalias contra La Habana. Hace más de dos décadas se rompió el consenso bipartidista que apoyaba el bloqueo y es creciente la oposición a esa medida en ambas cámaras del Congreso.

Aunque son un fósil de los conflictos estratégicos del siglo pasado, las sanciones contra Cuba están vigentes. Con algunas excepciones, impiden a la isla exportar e importar libremente productos y servicios hacia Estados Unidos, su mercado natural; emplear el dólar estadunidense en operaciones internacionales o tener acceso a créditos de bancos de ese país, de sus filiales y de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.

El impacto extraterritorial de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) impide el comercio de Cuba con subsidiarias de firmas estadunidenses en terceros países; prohíbe a empresas de cualquier nacionalidad exportar a Estados Unidos productos de origen cubano o que tengan algún componente de esa procedencia, o bien, vender bienes o servicios a la isla con más de 10 por ciento de componentes estadunidenses y cierra la entrada durante seis meses a buques que hayan atracado en la nación caribeña o transporten mercancías por cuenta de La Habana. Entre otras implicaciones, las medidas prohíben a bancos de terceros países abrir cuentas en dólares estadunidenses a personas jurídicas o naturales cubanas, las que, a su vez, no pueden realizar transacciones en esa moneda.

La historia ya se escribe con información abundante, por la desclasificación de documentos en Estados Unidos. La apertura significativa más reciente fue en 1991, cuando se publicó un volumen de la serie de memorias del Departamento de Estado, que comprende las relaciones con Cuba entre 1958 y 1960.

Desmenuzando esa parte de documentación disponible, Ricardo Alarcón, líder parlamentario y experto en las relaciones con Estados Unidos, explicaba que los papeles muestran que Eisenhower emprendió la defensa activa del gobierno de Fulgencio Batista. “Al acentuarse la bancarrota de aquel régimen, ocultar el respaldo que seguía entregándole pasó a ser una prioridad para la administración (…) junto al empeño por detener la victoria popular”.

Desde el primero de enero de 1959, cuando multitudes salieron a las calles cubanas, fundiendo la celebración del Año Nuevo con el triunfo de la revolución, se escalonaron las acciones hostiles de Washington. Funcionarios del régimen depuesto llegaron a Miami con fondos públicos de la isla, que Estados Unidos se negó a devolver al nuevo régimen; los cálculos de la época los cifraron en más de 400 millones de dólares.

El mismo año, el gobierno revolucionario tomó decisiones que golpearon directamente intereses estadunidenses: rebaja de la tarifa eléctrica, intervención de la empresa telefónica, una reforma agraria, límite a la repatriación de beneficios, una ley de petróleo y otra de minas.

En 1960, Cuba firmó el primer convenio comercial con la Unión Soviética y disparó la reacción que durante décadas sería el paraguas bajo el cual Estados Unidos explicaría sus represalias: la isla pasaba a ser una amenaza comunista.

A lo largo del tiempo el discurso cambió según la época. Como condición para levantar el bloqueo, el gobierno de Washington quiso, sucesivamente, que Cuba saliera de la órbita soviética; que dejara de apoyar a las guerrillas latinoamericanas; que saliera de Angola o que cambiara su sistema político.

1960 fue un año de ascenso en la espiral del conflicto. Las petroleras estadunidenses se negaron a refinar crudo soviético y La Habana las intervino. Eisenhower suspendió la cuota azucarera para la zafra en curso. La isla nacionalizó la banca extranjera y 382 empresas privadas. Washington reaccionó con las prohibiciones a los barcos.

La contienda transcurrió entre sabotajes a objetivos económicos, de los que Cuba responsabilizó al gobierno de Estados Unidos y a los exiliados. Todavía en 1960, Washington aprobó un plan de presiones contra la isla y recomendó a sus ciudadanos abstenerse de viajar al país vecino, salvo casos de emergencia.

Con Kennedy, embargo total

John F. Kennedy avivó la hoguera. En 1961 suspendió por completo la cuota azucarera cubana y el Congreso lo autorizó a establecer un embargo total sobre el comercio con la isla. Tras el fracaso de la invasión a Playa Girón, en abril de ese año, el jefe de la Casa Blanca autorizó el Proyecto Cuba (u Operación Mangosta), un plan de ataques que incluyó sabotajes contra ese país.

El Proyecto Cuba se desarrolló durante 1962, año en que se declaró formalmente el bloqueo. Las represalias se endurecieron en 1963, cuando el Departamento del Tesoro invocó la Ley de Comercio con el Enemigo para establecer unas Regulaciones de Control de Activos Cubanos, que detallaron cómo sería el cerco.

Durante las décadas siguientes, la coerción arreció; se fueron precisando hasta los detalles y sólo en algunas épocas llegó a tener alivios parciales. En 1988, con el gobierno de Ronald Reagan, se penalizaron las violaciones al bloqueo y para ello aumentó la actividad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

George W.H. Bush refrendó en 1992 la Ley para la Democracia en Cuba (o ley Torricelli), que prohíbe el comercio de las subsidiarias estadunidenses con la isla; prohíbe a los barcos que toquen puertos cubanos con fines comerciales, atracar en puertos estadunidenses en los siguientes 180 días y establece el Carril II o incremento de información e intercambio entre habitantes de ambos países.

Bill Clinton firmó en 1996 la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Helms-Burton), que consolida toda la política de hostilidad económica contra Cuba. Desde entonces, las opciones para eliminar el bloqueo contra la isla son una decisión del Congreso, que derogue esa norma, o acciones ejecutivas presidenciales, que dispongan y acumulen excepciones.

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