MÉXICO, D.F., 16 de noviembre.- El problema de fondo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es muy claro: los ingresos que recibe no alcanzan para sufragar los gastos que realiza para la prestación de los servicios médicos de sus derechohabientes. En la reforma aprobada en diciembre de 1995, que entró en vigor en 1997, se redujeron las cuotas obrero-patronales por concepto de Seguro de Enfermedades y Maternidad en 33%, y se determinó que, para cubrir el déficit que esto generaría, la aportación del gobierno sería fija (sin importar la cifra de ingresos de los trabajadores), con lo cual dicho monto se incrementó de 0.2% a 0.8% del PIB.
Esto fue insuficiente, y, de acuerdo con el director del IMSS, Daniel Karam, el déficit proyectado entre “los ingresos que por ley se obtienen para solventar el gasto de los seguros médicos” y los gastos que la institución realiza para ello “alcanza ya los 45 puntos del PIB”. Hace tres años y medio, el 3 de abril de 2007, el entonces director del instituto, Juan Molinar Horcasitas, señaló: “…hace décadas que invertimos en pacientes con dinero de los pensionados (…) esto se hace desde hace 25 años”.
Es decir, las reservas que la institución debe preservar para el pago de pensiones se desvían a la atención médica de los derechohabientes desde 1982; pero en lugar de atender ese problema, se impulsaron las reformas a los sistemas de pensiones de 1995 y 2007 (la primera, con el fin de crear el sistema de las Afores para los derechohabientes del IMSS; y la segunda, en el mismo sentido, pero para los trabajadores y empleados del propio Seguro Social), cuyos beneficios para las finanzas de la institución no se percibirán sino hasta el 2022 y el 2033, que es cuando un porcentaje importante de los nuevos jubilados empezarían a recibir sus pensiones de parte de las Afores.
Para el año 2011 el IMSS solicitó un presupuesto de 255 mil millones de pesos, y se proyecta un déficit de aproximadamente 30 mil millones, de los cuales casi las dos terceras partes se solventarán con la Reserva del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Carácter Contractual, es decir, dinero que se había resguardado para cumplir las obligaciones con los empleados y trabajadores de la misma institución, y que más temprano que tarde deberá reponerse.
El déficit es de tal magnitud que no puede resolverse únicamente con medidas administrativas. Aunque seguramente allí hay áreas de oportunidad muy importantes, para solucionar el problema de fondo solamente hay dos vías, que bien pueden ser complementarias: aumentar las cuotas obrero-patronales e incrementar las aportaciones gubernamentales, que dado lo limitado de los recursos públicos casi seguramente se traducirían también en nuevas cargas para los contribuyentes.
El problema es mayor y hay que atenderlo urgentemente, pues hace tres años y medio Molinar planteó que las consecuencias de no hacerlo son el deterioro del servicio y la inviabilidad del IMSS a futuro; y hace unos días Karam señaló: “Si queremos dotar de viabilidad y larga vida al instituto, entonces necesitamos emprender reformas de mayor alcance…”.
Pero casualmente en las dos ocasiones, pocos días después de estos planteamientos, surgieron acusaciones de corrupción al interior de la institución. El 5 de abril del 2007, dos días después de las declaraciones de Molinar, el periódico regiomontano El Norte publicó que el dictamen de la cuenta pública del 2005 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 270 millones de pesos en el ejercicio de la partida para Adquisición y Abasto de Medicamentos y Materiales de Curación, en las delegaciones norte y sur del IMSS en el Distrito Federal.
Y en este 2010, una semana después del planteamiento de Karam, El Noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa difundió tres grabaciones en las que presuntamente un funcionario del IMSS proporcionaba información privilegiada a un directivo de un laboratorio farmacéutico a cambio de una comisión de 5% del monto de una licitación por 80 millones de pesos. Finalmente, se supo que en realidad era una conversación entre directivos de dos laboratorios farmacéuticos, lo que no salvó del cese al director de Adquisiciones del IMSS, César Mora Iriarte.
Hay mucho por hacer en el combate a la corrupción en México, y el IMSS no es la excepción, pero aunque la corrupción desapareciera no se sanearían las finanzas de la mayor institución de seguridad social en el país. El IMSS ha estado abandonado al menos desde 1982, cuando la adopción del modelo neoliberal en México condujo a la reducción del Estado mexicano.
Según Molinar Horcasitas, en 1982 el IMSS contaba con 1.86 camas por cada mil afiliados, y en 2007 eran únicamente 0.8; de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), emitido en 2010 con datos de 2008, los 31 países pertenecientes a dicha organización cuentan en promedio con 12.8 equipos de resonancia magnética por cada millón de habitantes, mientras en México hay únicamente 1.5 aparatos.
Este es el tamaño del deterioro en los servicios de salud que enfrenta el país, y tiene que ver con el hecho de que el gobierno mexicano destina a gasto en salud menos de 3% del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE llega a poco más de 6%. Así, la reactivación del IMSS necesariamente pasa por la adopción de medidas dolorosas, como el incremento de las cuotas obrero-patronales en lo referente al Seguro de Enfermedades y Maternidad y una reestructuración profunda de las finanzas públicas federales, que incluye la redistribución del presupuesto; pero eventualmente también por una nueva reforma fiscal.
Por ello es preferible evadir la solución de fondo mediante la filtración de escándalos de corrupción o recurriendo a la aprobación de reformas cuyos efectos se resentirán varios lustros después. Pero los derechohabientes del IMSS ya resienten los efectos del deterioro de los servicios médicos a consecuencia del abandono de más de dos décadas de la institución.
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