miércoles, febrero 24, 2010

Proyecto México 2030: la venta de un país


Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.

Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo.

/ Primera parte


Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.

Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.

Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.

El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.

Bienes de la nación en riesgo

De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.

Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.

Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.

Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.

Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.


Energía y agua, objetivos reiterados

Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.

Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.

Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.

En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.

En el eje de eonomía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.

Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biósfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.

El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.

Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.

Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).

Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

Previsible, más pobreza

De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.

“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”

Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.

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Empresario del PRI, favorecido con un contrato por 7 mil MDP

Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario priista que figura en las listas de “donadores” en las campañas del Partido Revolucionario Institucional mexiquense, obtuvo un contrato por más de 7 mil millones de pesos para la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Estado de México, a través del Proyecto de Prestación de Servicios. Los costos de la obra duplican los precios de las unidades médicas construidas bajo el mismo esquema en Guanajuato y Tamaulipas.


Érika Ramírez

El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha figurado en las listas de simpatizantes que aportan donativos en especie al Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvo un contrato por más de 7 mil millones de pesos para el desarrollo del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Zumpango. El fallo a favor de su empresa –Consorcio Teya-IGSA– fue dado a conocer en la Gaceta del gobierno del Estado de México el 2 de julio de 2009.

Datos oficiales del concurso internacional 44834001-001-08 –abierto por la Secretaría de Salud estatal a cargo de Franklin Libenson Violante– indican que la obra costará al erario más del ciento por ciento de lo que se ha contratado en los PPS del Bajío y Tamaulipas, pese a que las características de atención y servicio son similares.

Un comparativo entre los contratos de los HRAE Bajío y Tamaulipas –licitados por la Secretaría de Salud federal– y las bases de la convocatoria del HRAE-Zumpango (cuya copia posee Contralínea), arroja que los costos del hospital mexiquense se incrementan en 124 por ciento de sus pares. La obra que edificará Constructora Teya, propiedad de Hinojosa Cantú, tiene un costo de 7 mil 38 millones 250 mil pesos.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, dice que los PPS en el sector salud representan un costo “altísimo” para la federación. Además, critica que los proyectos jamás han sido sometidos al escrutinio de la opinión pública ni de los especialistas.

El 9 de julio de 2007, ante representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, presentó un plan de megaobras con 608 compromisos en materia de infraestructura, en el que, según una nota de la reportera Karla Ramírez del periódico Reforma, las adquisiciones superarán los 11 mil millones de pesos.

El mandatario destacó la inversión en dos trenes suburbanos, tres hospitales de altas especificaciones, proyectos hidráulicos, 10 universidades, y la concesión de 550 kilómetros de carreteras, todos a través de los PPS. “Queremos que vean una oportunidad de inversión en el Estado de México, donde la infraestructura sea un instrumento para el desarrollo más equilibrado, principalmente con un enfoque de combate a la pobreza”, dijo.

Costos duplicados
El desarrollo equilibrado no se aprecia en los costos que tendrán las obras. Muestra de ello, el incremento del 124 por ciento en el costo del hospital de Zumpango respecto del primer HRAE edificado en León, Guanajuato. La obra puesta en marcha por autoridades federales significó la firma de un contrato por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, vigente hasta el 24 de noviembre de 2030.

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Calderonismo: se disparan ataques a la prensa

A la mitad del sexenio de Felipe Calderón se alcanzó el 88 por ciento de la totalidad de los asesinatos cometidos contra periodistas durante la administración de Vicente Fox, revela Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, elaborado por Artículo 19 y Cencos. El Estado, principal agresor.


Érika Ramírez

Acribillado y abandonado debajo de un puente fue encontrado el cuerpo del periodista sinaloense José Luis Romero el pasado 16 de enero. La carretera Los Mochis-El Fuerte fue el escenario en donde agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado dieron cuentan de que el comunicador había sido ultimado a balazos en cráneo y tórax. Su muerte ocurrió el 31 de diciembre de 2009, según los reportes oficiales. Éste fue el último periodista asesinado en 2009. Diez más corrieron la misma suerte durante el tercer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El documento Entre la violencia y la indiferencia: informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009 ?elaborado por la organización internacional Artículo 19, oficina para México y Centroamérica, y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)? revela que en lo que va de la presente administración los asesinatos en contra de periodistas alcanzaron el 88 por ciento respecto de los seis años de gobierno de Vicente Fox.

Además, precisa, los funcionarios públicos son los principales agresores de los comunicadores hasta en un 65 por ciento de los casos registrados.

“Testigos de la censura hacia el ejercicio de la libertad de prensa”, Artículo 19 y Cencos documentaron 244 casos de periodistas violentados mediante agresiones físicas, intimidaciones, amenazas, desapariciones y homicidios.




Consecuencia de ello –indica el reporte coordinado por Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México, y Brisa Maya Solís, directora de Cencos–, existe un “entorno evidentemente adverso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa en el país. México es el país de América Latina más peligroso para el ejercicio periodístico”.

Del capítulo “Radiografía de las violaciones a la libertad de expresión: una mirada desde los derechos humanos”, se desprende que en 2009 ambas organizaciones registraron 244 agresiones a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico.

De éstas, el 44.6 por ciento fueron agresiones físicas o materiales; 19.26 por ciento, intimidación; otro 19.26 por ciento corresponde a amenazas; 9.43 por ciento, detenidos; 4.51 por ciento fueron asesinatos y acusados de calumnia, y difamación, 2.05 por ciento.

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se registraron 25 homicidios de periodistas, mientras que sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2009) se han registrado 22. Además, con la desaparición este año de la primera mujer se eleva a nueve el total de periodistas desaparecidos desde 2000.

El informe, presentado el pasado 10 de febrero, asegura que el 70 por ciento de los asesinatos está “ligado directamente con el ejercicio de la libertad de expresión y su desempeño periodístico y aquellos en los que, a pesar de que se consideren diferentes hipótesis, no se puede descartar esa posibilidad”.

La directora de Cencos dice en entrevista que esto es una muestra de total “indiferencia” por parte del Estado. El crecimiento de las agresiones y que no haya ninguna respuesta contundente es preocupante.

“Si bien el problema está ubicado en un clima de violencia e impunidad, esto es una muestra de todo lo que sucede en el acceso a la justicia. Ni la fiscalía especial ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos han demostrado una sanción a quien generó intelectualmente o que operó el asesinato. No hay claridad en las investigaciones”, dice Brisa Maya Solís, estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Estado agresor

El informe editado por Artículo 19 y Cencos asegura que más del 65 por ciento de las agresiones a periodistas es ejecutado por funcionarios públicos. Esta sentencia se opone al discurso oficial que indica que los asesinatos, amenazas o agresiones provienen del crimen organizado.

De los más de 244 casos analizados por las organizaciones, sólo “un 6.15 por ciento de las agresiones se imputan a actores del crimen organizado, que si bien esta cifra no niega la gravedad de su participación, sí coloca elementos para una reflexión del problema desde otro enfoque”. En tanto, en un 14.34 por ciento no se logró determinar la autoría.

“Llama la atención que, en el universo de las agresiones registradas, los presuntos responsables son en un 65.57 por ciento funcionarios públicos”. En este sentido, indica el informe, “el crimen organizado no se puede considerar como un actor totalmente fuera de la responsabilidad del Estado”.

Otro 7.79 por ciento de los presuntos responsables forma parte de partidos políticos, ya sea como militantes o simpatizantes. “La gran mayoría de estas agresiones tuvieron lugar en los primeros seis meses del año y estuvieron relacionadas con diferentes procesos electorales que se dieron a mediados de 2009”, indica.

También se menciona la presunta responsabilidad del empresariado en un 2.05 por ciento; los integrantes de los sindicatos, en un 1.23 por ciento, aparecen como presuntos agresores en dos casos que están estrechamente ligados al tema de la libertad sindical.

Del análisis de Artículo 19 y Cencos se desprende que el 83.61 por ciento de las personas agredidas son periodistas; también se han registrado acciones en contra de los medios y sus trabajadores y trabajadoras hasta en un 5.74 por ciento.

Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México, critica que la respuesta del Estado para combatir los delitos contra los periodistas y comunicadores ha sido “pobre”. El incremento de los asesinatos es la muestra de ello. De los nueve registrados en 2008 a los 11 del año pasado revela todo: el gobierno actúa de manera “ineficaz, pobre y limitadamente”.

Estado sin respuesta

“En un ambiente destacado por la violencia, en 2009, quienes ejercieron el periodismo y fueron agredidos permanecen desprotegidos ante la ausencia de mecanismos idóneos para garantizar su seguridad, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como por la falta de acceso a la justicia ante las agresiones de las que fueron víctimas”, dice el informe.

Las “medidas” adoptadas se traducen en “limitaciones y candados” para hacer frente a los ataques contra periodistas y comunicadores.

Ejemplo de ello es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, como una respuesta ante la presión de la comunidad internacional frente al incremento de agresiones contra quienes ejercen el periodismo. Su objetivo es la investigación de las agresiones contra periodistas. Sin embargo, “su logro ha sido sortear la manera de justificar su existencia sin haber dado resultados frente al problema”.

Ante los datos presentados por Cencos y Artículo 19, la diputada panista María Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, se limita a decir que en la Cámara de Diputados apenas se está instalando la comisión que preside, y que, sin duda, la “libertad de expresión es un derecho que todos debemos tener y por lo tanto debemos ser garantes”.




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Abusos de militares bajo observación del Congreso de EU

A dos años de que comenzó el Operativo Conjunto Chihuahua, aumentaron los asesinatos de mujeres, las violaciones tumultuarias, así como los casos de acoso y abuso sexual en retenes militares, seguidos de una política de escarnio y ocultamiento de información por las fuerzas armadas hacia las madres, hijas y hermanas de hombres detenidos en la guerra contra el narcotráfico, revela un memorándum que evalúa el Congreso estadunidense. Bajo la Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano se comprometió a respetar los derechos humanos e investigar y llevar ante la justicia a los responsables militares, de lo contrario le será retenida una parte de los fondos de esa estrategia.

Nydia Egremy

Cuando en abril de 2008 se trasladaron a Chihuahua más de 8 mil elementos policiales y militares para realizar tareas de seguridad, el gobierno federal no previó el impacto de esa presencia armada en una población tan vulnerable como la femenina, blanco en los últimos años de una violencia a la que acompaña un amplio margen de impunidad, refiere el memorándum Las mujeres en riesgo en Chihuahua: entre la ocupación militar y policiaca, la violencia y el narcotráfico. Ese documento, enviado a los asesores de política exterior del Congreso de Estados Unidos el 27 de enero de 2010, sostiene que, pese a la presencia masiva de las fuerzas de seguridad en esa entidad, aumentaron significativamente los asesinatos, extorsiones, robos y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Chihuahua es la entidad federativa del país que reúne el mayor número de recomendaciones de instancias nacionales e internacionales por la persistente violación de derechos humanos contra niñas y mujeres. “Al día de hoy, es aún más riesgoso vivir en esa entidad por los altos índices de asesinatos y secuestros que afectan a ese sector de la población”, cita el memorándum firmado por Maureen Meyer, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés); Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), y Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El 13 de junio de 2009, Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW), solicitó a Hillary Clinton, secretaria de Estado, que el gobierno de Barack Obama no certificara que México cumplía con los requisitos que establece la Iniciativa Mérida.

La misiva de HRW argumentaba que tal certificación del gobierno estadunidense era improcedente “mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles”. Además, sostenía que México “no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses como: violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad”.

Un mes después, la organización Amnistía Internacional solicitó al gobierno estadunidense que retuviera el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida en tanto el gobierno mexicano no cumpliera con sus obligaciones en el ámbito de las garantías individuales. El 5 de agosto, el senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Adjudicaciones sobre Asuntos Extranjeros del Senado, se hizo eco de las demandas de ambas organizaciones y se opuso a que el informe del Departamento de Estado emitiera una opinión favorable sobre los derechos humanos en México en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El legislador por Vermont hizo notar que el informe de la Sección 1406 (b) de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de 2008 y la Sección 7045 (e) (1) de la Ley de Antología de Apropiaciones –relacionado con los derechos humanos en México– no incluía avances en esa materia. Describió que también inquietaba a los congresistas la “falta de progreso y de transparencia en casos que involucran alegatos contra el personal militar mexicano”, aunque sostuvo que apoyaba al gobierno mexicano y anunció que el Congreso proveería a México, sin condiciones, del 85 por ciento de los fondos asignados a la Iniciativa Mérida.

Sólo se condicionó la liberación del 15 por ciento restante de los fondos (unos 43 millones de dólares) hasta que la Secretaría de Estado reportara al Congreso “que el Ejército Mexicano es responsable de respetar la ley”; es decir, perseguir a militares y agentes policiacos que violan los derechos humanos. A más de dos años después de estas advertencias, persisten los abusos contra mujeres, según el memorándum Las mujeres en riesgo en Chihuahua: entre la ocupación militar y policiaca, la violencia y el narcotráfico, que se remitió al Capitolio estadunidense el 27 de enero de 2009.

Maureen Meyer, coordinadora de Programas para México y Centroamérica de la WOLA, explica que su tarea es constatar que el gobierno mexicano cumpla sus compromisos sobre derechos humanos, lo que verifica a través del trabajo con organizaciones de ambos países. Describe que este memorándum se centró en la situación de las mujeres de Ciudad Juárez “porque el Congreso ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los feminicidios y la falta de investigación en varios de los asesinatos que han sucedido desde 1993”.

Confía que, tras conocer la vulnerabilidad de las mujeres en el contexto actual de Ciudad Juárez, el próximo informe del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida subraye los efectos de la masiva presencia militar y de la Policía Federal en los operativos antidrogas, y pida al gobierno mexicano que cumpla con el requisito de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos.

Crímenes de género

El memorándum refiere que, de acuerdo con la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Subprocuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, en 2009 fueron asesinadas 184 mujeres, una cifra récord que triplica el registro más alto de los años más críticos del feminicidio en Ciudad Juárez.

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Ni peticiones, ni protestas, ni manifestaciones…

Se han vuelto cada vez más cínicos los gobernantes que han dejado sin vigencia los fines políticos establecidos jurídicamente en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correspondientes en las constituciones de las 31 entidades. No hacen caso a las peticiones.


Álvaro Cepeda Neri

Tildan de locos a quienes pacíficamente se reúnen para tomar parte en los asuntos políticos del país. Y si permiten, todavía, las manifestaciones (sitiadas con amenazantes cordones policiacos que llegan a cumplir, para guardar las apariencias de la democracia directa), las dejan que desfilen por las calles, que al fin y al cabo, tras sus recorridos, se mueren, para resucitar una y otra vez, capturadas por la indiferencia gubernamental como protestas encadenadas en el círculo vicioso de la ineficacia.

Semejantes actos tienen lugar en otras democracias que se retroalimentan de su representación indirecta del pueblo y las muestras de la democracia directa tal y como manda toda práctica más o menos republicana.

En nuestra modesta pero heroica creación histórica, es una constante el que el pueblo, en su metamorfosis hacia la nacionalidad con patriotismo (Martha C Nussbaum, Los límites del patriotismo; John A. Hall y otros, Estado y nación; Gil Delannoi y Pierre André, compiladores, Teorías del nacionalismo; y el clásico de Hans Khon, Historia del nacionalismo), ha llevado sus protestas, manifestaciones y peticiones pacíficas y no atendidas, hasta sus últimas consecuencias.

Registrando tres violentísimas revoluciones, 1810, 1954 y 1910, intercaladas entre las vísperas de la Independencia, el levantamiento de Ayutla y la explosión antiporfirista, de revueltas, guerrillas y pronunciamientos de rebeldía contra los abusos del poder gubernamental, escudados en el Estado y sus brazos armados policiacos y militares.

Las revoluciones, siguiendo a Tocquevielle, son la suma de protestas y peticiones ahogadas a sangre y fuego (Alexis de Tocquevielle, El antiguo régimen y la revolución). El periodo posrevolucionario, de 1934 a 2010, del gigante estadista Lázaro Cárdenas, al enano antipolítico de Calderón, tiene un listado de peticiones, manifestaciones y protestas no atendidas ni resueltas y son el caldo de cultivo de la actual crisis general.

Cárdenas, apoyado y apoyándose en el pueblo, resolvió la Expropiación Petrolera, por ejemplo, y no encarceló ni reprimió las protestas ni a sus líderes. En cambio, de Camacho a Calderón, el país se ha convertido en un volcán de problemas sociales a raíz de las cientos de miles de casos reprimidos y no resueltos.

La historia no se repite, como pensaron Vico, Gobineau, Toynbee, Hegel, Spengler, Burckhardt, etcétera (“Otros más sabios y más eruditos han descubierto en la historia una trama, un ritmo, un modelo predeterminado… Sólo me ha sido posible ver crisis sucediéndose como las olas una a otra… El terreno ganado por una generación puede ser perdido por la siguiente”: Herbert A L Fisher, Historia de Europa; y Veit Valentin, Historia universal).

Por eso, coincidentemente, nos está tocando a los mexicanos enfrentar la acumulación de complicadísimos problemas sociales, económicos, políticos y culturales en el contexto de una degeneración del ejercicio de los poderes de todos niveles.




Donde todos a una, como en moderna versión de Fuenteovejuna al revés, desatienden peticiones, reclamos y protestas en las manifestaciones, contra las que sólo responden (sobre todo las voces derechistas del Partido Acción Nacional, sus corifeos clericales y sectores afines)… ¡reglamentando la libertad de tránsito!, para derogar el derecho consignado en el artículo 11 constitucional, donde para nada se refiere a limitarlo, en cuanto manifestación republicana.

Esas acciones colectivas populares (no populistas, como las tachan los antidemocráticos y antirrepublicanos gobernantes que a duras penas si reconocen, como un rito, que los ciudadanos van cada vez menos a las urnas para “elegirlos”) son, salvo que su registro por investigadores exista, innumerables. Y al 99 por ciento jamás le prestaron atención.

A la fecha, ante el temor de ser sangrientamente reprimidos (como en 1968 y 1971; en 2004 en Atenco o en Acteal, Aguas Blancas y el Charco, para citar dos que tres), las protestas se han vuelto manifestaciones, huelgas de hambre y reuniones exageradamente pacíficas, como las de los padres de 49 bebés, que en la guardería sonorense, por homicidios culposos, perecieron quemados y 70 más están desfigurados de por vida, al grado de que ningún servidor público, directa o indirectamente implicado, está sujeto a proceso.

Que protesten, que se manifiesten y que planteen peticiones, de todas maneras no serán escuchados, salvo espiados y vigilados policiacamente para desaparecer dirigentes, encarcelarlos y, de tal manera, reprimirlos.

¿Qué hacer? La pregunta de un incendiario texto revolucionario de Lenin vuelve a presentarse. Los mexicanos ya no saben cómo hacer para que los gobernantes agudicen sus cinco sentidos para escuchar y ver esas protestas, hechas ante gobernantes que perdieron el sentido de la orientación democrática y republicana de gobernar en beneficio del pueblo en lugar de privilegiar a su oligarquía y cómplices de la plutocracia.

Y para hacerles ver que nunca ha existido el mercado libre ni con Adam Smith, ídolo del liberalismo económico, salvo con y a partir de Milton Friedman y su perverso experimento chileno que Calderón está imponiendo con el apoyo de los legisladores, para convertir a los mexicanos en los nuevos conejillos de indias del pinochetismo económico-calderonista.

Para nada sirven peticiones y protestas, pues gobernantes y funcionarios no les prestan atención en la medida que no rebasen lo pacífico. Por eso es que, al conjuro o no de las gloriosas revoluciones de Independencia (1810), la de la restauración de la república (1854) y la democrática (1910), como escribió Víctor Hugo, se vuelve a escuchar el ronco son de la revolución.

Estamos entre lo pacífico y lo violento. Todo está en el límite cuando están a punto de estallar el desempleo masivo; las enfermedades de millones de mexicanos; millones de jóvenes sin oportunidad escolar; indígenas y sectores humanos colindantes, en la hambruna. Alza de impuestos, como cuando Santa Anna.

¿Qué hacer? Los mexicanos tienen la última palabra en su derecho constitucional o violentamente “alterar o modificar la forma de su gobierno”, que es el derecho a la revolución del pueblo, de la nación, de la patria, por la que hace dos siglos estalló la Independencia y hace un siglo la caída del mal gobierno porfirista, resucitado sobre todo desde el alemanismo y recrudecido con el calderonismo.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Cimbra a Los Pinos acusación sobre "El Chapo"; Clouthier miente y actúa con dolo, revira Calderón

MÉXICO, D.F., 24 de febrero (apro).- El presidente Felipe Calderón calificó de “falsa acusación dolosa” e “infundada” la versión del diputado federal panista Manuel Clouthier Carrillo, en el sentido de que el gobierno federal ha sido incapaz de actuar en contra del cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán y, sobre todo, de desmantelar una presunta red de protección política tejida alrededor de este poderoso capo en Sinaloa.
En una inesperada rueda de prensa organizada en Los Pinos, Calderón afirmó que esa crítica, en el mejor de los casos, no refleja más que “un desconocimiento de las cosas, sino es que de otros intereses que deben aclarar”.

En su edición 1737, el semanario Proceso publicó una entrevista con el legislador panista, en la cual denunció que Sinaloa padece de una crisis de inseguridad pública peor que la de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la negligencia del gobierno de Felipe Calderón, a quien llamó “cabrón irresponsable”, para combatir al cártel de Sinaloa, permitiendo con ello que se consolidara en ese estado un modelo de narcopolítica.
En la entrevista con el periodista Álvaro Delgado, Clouthier Carrillo dijo que el gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. “Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses, es más evidente!”, exclamó.
Las declaraciones del diputado panista, hijo del extinto excandidato presidencial Manuel J. Clouthier, Maquío, desataron una embestida del PAN en su contra para presionarlo a que se retractara de sus dichos bajo la amenaza de que se le removería de su curul.
El secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, entre otros personajes, salió en defensa de la estrategia de Calderón contra el narcotráfico. Sin embargo, desde Los Pinos no hubo postura alguna.
Casi dos semanas después de publicada la entrevista en Proceso, Calderón habló sobre este tema al responder a una pregunta durante la rueda de prensa ofrecida en Los Pinos.
Calificó de “increíble” que cuando su gobierno logró atrapar a criminales de talla de "El Teo" –Teodoro García Simental, uno de los integrantes del cartel de "El Chapo"- pueda decirse que está encubriendo al capo sinaloense, además de que se ha extraditado ya Vicente Zambada, “otro prominente integrante de esa organización”.
Calderón añadió que las críticas son “absolutamente falsas”, ya que, como ningún otro gobierno, ha atacado indiscriminadamente a todos los grupos criminales en México.
“A todos hemos combatido, a todos hemos causado golpes importantes en su estructura operacional, financiera (…) Hemos golpeado por igual tanto a cárteles vinculados al Golfo de México como del Pacífico mexicano”, sentenció.
El presidente también destacó la captura de Reynaldo Zambada, hermano del capo conocido como "El Mayo", otro de los personajes estrechamente vinculados a "El Chapo" Guzmán.
En su respuesta, Calderón admitió que desconoce las “intenciones haya detrás de las críticas”, cuando el único compromiso de su gobierno es con la seguridad. Por ello, agregó, “no protegemos, ni escudamos, ni toleramos a ningún grupo criminal del país, llámese como se llame. A todos –enfatizó-- los hemos combatido por igual, a todos los hemos combatido indiscriminadamente. De tal manera que esas acusaciones son totalmente infundadas, falsas, fruto, por lo menos, en el mejor de los casos, de un desconocimiento de las cosas, sino es que de otros intereses que otros deben aclarar”, ironizó.
En la entrevista publicada en Proceso, Clouthier responsabilizó directamente a Calderón de no atacar la narcopolítica en Sinaloa y anticipó: "Eso signfica que nos va a costar alos sinaloenses generaciones enteras, porque un cabrón irresponsable -y digo irresponsable porque es su responsabilidad- no tuvo el tamaño de hacer loque le correspondía por mandato.

Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande el 19 de enero del 2001. Desde entonces, las autoridades no han dado con su paradero.

- Calderón debe rendir cuentas por guerra contra el narco: Castañeda

El nocaut a Ivonne Ortega

Función de box en el Polifórum Zamná

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- Una dura lección recibió la noche del 20 de febrero la gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco, alumna aventajada del “modelo Peña Nieto”. Un modelo que utiliza intensamente el presupuesto para promocionar la figura del gobernante y confunde la política con el espectáculo mediático.

Ese día la joven mandataria priista preparaba su noche estelar. Horas antes se encontró con el propio Enrique Peña Nieto en la celebración de un bautizo en una de las exhaciendas henequeneras yucatecas. Seguramente no sólo fueron a apadrinar, sino también a discutir los “apoyos” para que el PRI recupere Mérida en los próximos comicios de mayo.

Después de encontrarse con su alter ego, Ortega Pacheco fue al Polifórum Zamná. Ahí se realizó la función boxística entre Guty Espadas Jr. y Elio Rojas. Ocho mil asistentes se congregaron en el “magno evento” que sirvió de pretexto para congregar a viejas glorias pugilísticas yucatecas y nacionales como Miguel Canto, Juanito Herrera, Pipino Cuevas, Ricardo Finito López, así como magnates del boxeo como Don King y José Sulaimán.

La pelea fue transmitida por Televisa. Y Ortega Pacheco, tan amiga presupuestalmente hablando, del Canal de las Estrellas, se preparó para robarle protagonismo a los propios boxeadores. Las cámaras de Televisa la captaron varias veces mientras la gobernadora lanzaba gritos sobreactuados para animar al boxeador Espadas que recibía una tremenda paliza del campeón de peso pluma, Elio Rojas, varios años menor que su retador.

Lo que nunca transmitieron las cámaras de Televisa fue el impresionante abucheo que recibió la gobernadora de Yucatán, momentos antes del encontronazo.

Los sucesos fueron estos: antes de que iniciara la pelea, el maestro de ceremonias anunció la presencia de varios boxeadores en retiro. El más aplaudido fue Miguel Canto, considerado una gloria yucateca. Anunció a José Sulaimán, a Don King, a Guty Espadas y a Ivonne Ortega. En el momento que pronunció el nombre de la gobernadora, los aplausos se convirtieron en abucheos. Era imparable.

Los seguidores de la gobernadora quisieron acallar la rechifla con gritos de “¡Yucatán, Yucatán!”. La concurrencia reaccionó peor.

Casi al unísono le gritaron “¡Fuera!, ¡Fuera!” a la política que hace menos de tres años le arrebató el gobierno estatal al PAN.

Con el rostro descompuesto, la exalcaldesa de Dzemul, sobrina del Tatich Víctor Cervera, protegida de Arturo Montiel y promovida por Carlos Salinas de Gortari, se bajó del ring.

A cambio de la censura en las pantallas de Televisa, en el portal de Youtube, en la prensa local, especialmente en el Diario de Yucatán, y en todos los merenderos y comederos de la tierra peninsular no se deja de comentar el humillante suceso para una joven política que, más de una vez, ha confundido el tinglado con el atril, que cree que ser popular es bailar regaetton; que viaja en helicóptero para reunirse en la explanada de San Lázaro con Enrique Peña Nieto, que ha sido más que generosa con Televisa y TV Azteca, al grado de financiar telenovelas como Sortilegio, a cambio de aparecer como parte de la publicidad integrada en la trama de los melodramas…

La política del espectáculo le ha cobrado una dura lección a Ivonne Ortega. Diferente sería si su gobierno hubiera invertido más en obras públicas indispensables, en creación de empleos, en mejorar la educación, en cumplir sus promesas de sacar de la pobreza al campo yucateco y no en donaciones millonarias al Teletón; en eventos ostentosos como los conciertos en Chichén Itzá o en viajes suntuosos para promoverse como la futura coordinadora de la campaña nacional de Enrique Peña Nieto para el 2012.

El estruendoso grito de “¡Fuera!, ¡Fuera!” es la contra cara del “modelo Peña Nieto”. Podrán controlar las audiencias masivas a través de millonarios gastos en publicidad mediática no auditados.

Podrán confundir la política con una jarana permanente. Incluso, podrán hacerse todos los arreglos estéticos necesarios para salir bien en la pantalla. Pero no pueden engañar todo el tiempo, a todo el electorado, en todos los eventos.

El nocaut simbólico es tremendo. Un abucheo similar le sucedió al señor Agustín Carstens cuando quiso demostrar que, además de pésimo secretario de Hacienda, era un gran pitcher.

Abucheos de ese tamaño le endilgaron a Miguel de la Madrid en el estadio Azteca por su insensibilidad ante los sismos de 1985. Y gritos poco amigables recibió Peña Nieto en el Valle de Chalco, cuando quiso presumir sensibilidad ante el desastre ocasionado por las inundaciones. Felipe Calderón recibió el mismo en noviembre del año pasado durante la inauguración del estadio del equipo de futbol Santos.

Ojalá la lección haya sido aprendida. La política del espectáculo tiene sus límites. Y el uso y abuso del reality show siempre tiene un efecto bumerang.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx



Ivonne Ortega es abucheada
Ivonne Ortega Pacheco recibe sonoro abucheo y rechifla en función de box efectuada en el Poliforum Zamná el Sábado 20 de Febrero de 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=bUgA_KTGCDc

Entrevista al monero Helguera

Entrevista al monero de La Jornada y El Chamuco Antonio Helguera en el programa La Escalera conducido por los compañeros Clara y José que se transmite los viernes por RadioAMLO.tv

Watch live streaming video from laescalera at livestream.com

Evo Morales Conferencia de Prensa visita a México

Conferencia del mandatario Boliviano después de una intensa agenda en México, realizada del el Hotel Sevilla Palace el día 21 de febrero de 2010. Mostrando su lado humilde, pero muy firme contesto una serie de preguntas enfocadas a su gobierno, a su relación con los medios y por supuesto la política mexicana, las cuales de manera diplomática no conesto por las debidas ccuestiones políticas.

http://www.youtube.com/watch?v=VIsUzQnUoTQ

Aristegui,Meyer y Dresser en el análisis 24 febrero 2010


Boletin de Prensa SME 24 febrero 2010

Comunicado+de+Prensa+Martin+Esparza.1

Columna Asimetrías. La Indiedad Americana





24 febrero 2010

“México se liberará pronto”.

Evo Morales.

I

Evo Morales, jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, es el participante en la llamada reunión “Cumbre de la Unidad” --realizada en Cancún-- de Nuestra América india- afro-ibérica y caribeña afro-europeizada, con ejemplos de profunda trascendencia histórica: la reivindicación indígena.

De hecho, es el único mandatario indio –de la nación aymara-- participante, pues todos son o criollos, descendientes de los colonizadores españoles, o mestizos, formados y conformados en el molde aun prevaleciente de los resabios de la dominación imperialista y cristiana europeos.

Mas si la indiedad étnico-cultural, cosmogónico-filosófica e ideológica y política del mandatario boliviano es un hecho insoslayable, también lo es otro de sus atributos: los indios de Nuestra América --oprimidos y despojados durante cinco siglos-- reivindican derechos ancestrales.

Acude, pues, don Evo a Cancún con un bagaje de acervos experienciales plenos de moralejas que, obvio antojaríase, los demás participantes ven, como los mandatarios de Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela, con empatía, pero otros –los de Colombia, México y Perú-- con recelos.

Don Evo trajo a un primer plano de atención mundial la insurrección civil de conciencia india, por un lado; por otro, que esa insurgencia tomó el poder político del Estado boliviano para liberarse de las opresiones del imperialismo estadunidense aliado a la oligarquía local.

II

Mientras en Bolivia los indios han tomado el poder y proceden a la transformación del mapa estructural y superestructural y el andamiaje de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, en México los pueblos originarios son encadenados y destruidos por el Estado.

Esa destrucción se observa, fedatariamente, con dramatismo, en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, en el confín mexiquense, Tlaxcala, etc. El Estado mexicano libra una feroz guerra contra las naciones indias que habitan México.

Esa guerra se da en todos los confines y bajo varias modalidades, que van desde la militar y paramilitar y económica y político-ideológico hasta la cultural. Esa guerra se realiza en nombre del pueblo mestizo, mayoritario. La filosofía es la misma que la de los conquistadores: despojar.

Esa brutal guerra de exterminio --agresiones con fines de despojo de hábitat históricos, destrucción y daño a éstos y saqueo de las riquezas naturales --v. gr., las minas de consorcios canadienses y de oligarcas mexicanos como los Larrea-- ocurre ante la indiferencia societal.

En los estratos y sustratos medios de la sociedad mexicana –incluyendo aquellos proletarizados ya por la inviabilidad misma del modelo económico neoliberal, y las burguesías--, la discriminación rampante agravia “lo indio” y cierra las redes de capilaridad social, económica y política .

III

No hay movilidad de los pueblos indios con respecto a la sociedad mestiza potenciaria en las redes de ésta. La oligarquía está confomada por criollos; los políticos de alto vuelo son éstos y/o mestizos. Algunos indios, como el general Guillermo Galván, sirven ignominiosamente a aquellos.

Y muchos indios, que pasan por mestizos,carecen de conciencia de su indiedad y, por tanto, ignoran la enorme riqueza de su etnicidad y la importancia histórica y cultural identitaria de ésta y la definitiva e insoslayable aportación genética al mestizaje mexicano y la cosmicidad inherente.
Lázaro Cárdenas fue el último mandatario indio. La Virgen de Guadalupe, tan venerada por los mexicanos y asidero político de El Vaticano, es morena, pero no india; fue a un indio, el mítico Juan Diego, a quien se le “apareció”, pero éste fue accesorio y coyuntural, usado, un “extra”.

En Brasil, los indios son despojados y, por ello, destruidos; en Colombia, Chile, Guatemala, Panamá y Perú, igual; Pero resisten, como en México. Aquí las lenguas náhuatl y maya son habladas por millones, con literatura propia y, por cierto, muy rica, con simbolismos mágicos.

La ley misma agravia a los indios de México: procurar e impartirles justicia es violatorio de los derechos de habitantes de un territorio del cual les despojamos y ocupamos. Nos impresionan sus monumentos, pero reprmimos su existencia. Nos aterra que se organicen, como en Bolivia.

ffponte@gmail.com