sábado, abril 17, 2010

El proyecto



El desastre nacional se ha agravado en este cuarto año del gobierno de facto de Felipe Calderón al carecer de un proyecto para México y querer utilizar la aplicación de los programas neoliberales, exigida desde el exterior, y la supuesta “guerra contra el narco”, que le impuso Washington, como moneda de cambio para perpetuarse en 2012.

1. La obsesión del clan calderonista por 2012, año de elección presidencial, se ha convertido en el eje de las acciones de un gobierno cuyo titular debió haber sido removido del cargo por sus actos contra México y que permanece en él por la complicidad del PRI y de otras supuestas fuerzas de oposición, que han tolerado que las acciones del gobierno panista respondan únicamente a las exigencias de Washington, que no han cambiado mucho en los últimos tiempos.

2. El gobierno demócrata de Barack H. Obama no tiene otro proyecto para México que el mismo de su predecesor republicano George W. Bush, que supone intervenir de manera cada vez más directa en nuestro país, con pretexto de la seguridad interna de Estados Unidos, controlando la frontera, las costas, las aduanas y nuestro espacio aéreo y marítimo, y para ello a las fuerzas de seguridad mexicana, sin olvidar el objetivo fundamental: el petróleo y los recursos estratégicos del país, todo lo cual le ha ido siendo garantizado por la administración de Calderón, haciéndolo posible con su supuesta guerra contra el narcotráfico.

3. Acción Nacional, que no tuvo nunca otro proyecto para el país que no fuera echar abajo la separación Estado-Iglesia alcanzada en el siglo XIX y las reformas sociales que se instauraron en los años de Lázaro Cárdenas (1934-1940), desde el reparto de la tierra y las conquistas laborales hasta la expropiación del petróleo, se ha ido de bruces ante los programas neoliberales que conducen el desmantelamiento de los estados nacionales, y ha aceptado las pretensiones de Washington. Calderón, ante su falta de legitimidad, se entregó a los gobiernos estadunidenses, sea cual fuere su signo, aunque sus preferencias por los republicanos, que financiaron al PAN en el pasado, no las escondiera al hacer abierta campaña por McCain en 2008, y ahora doblegado por completo ante Washington y sin una política propia, utilizando como pretexto esa desquiciada “guerra contra el narco” para crear un clima de miedo que le permita seguir gobernando después de 2012.

4. La colombianización de México, que ha acelerado el gobierno panista en la primavera de 2010, responde a las exigencias del Departamento de Estado, de la DEA y de la FBI, que están creando con la violencia desenfrenada las condiciones para un mayor control de Estados Unidos sobre territorio mexicano, pero también se ha tornado elemento esencial de las políticas panistas a fin de poder vender a la administración Obama la tesis de que, a pesar del fracaso escandaloso de Calderón, otro gobierno del PAN, aunque de nuevo fuese espurio, podría con su respaldo serle más funcional a Washington que el regreso del PRI, y no se diga que un gobierno de izquierda, por lo que le ha demandado más apoyo en la insensata creencia de que puede levantar su imagen con actos como la visita, bastante desairada, de Michelle Obama a México, del 14 al 15 de este mes, o el viaje de Calderón a Washington en unas semanas, que ya se sabe lo que será.

5. La demanda de ayuda de Calderón y los panistas a Obama para poder superar el año crítico de 2010 y más tarde enfrentar al movimiento popular y al PRI en 2012 parece destinada al fracaso, porque el proyecto de los think tanks de Washington de que Obama levantase en el exterior el prestigio de la institución presidencial estadunidense al proyectar una nueva imagen –y en particular por ser afroestadunidense–, se derrumbó desde los inicios de su gobierno, al constatarse en el mundo entero que la política exterior de la Casa Blanca sigue siendo la misma de los años de Bush, y de que Obama actúa, al igual que su deplorable predecesor, como empleado de las grandes corporaciones y un enemigo de la libertad de los pueblos latinoamericanos, de manera que la relación entre Obama y Calderón tiene en México otra lectura: el entreguismo del gobernante de facto mexicano.

6. La escandalosa sumisión de la soberanía nacional a Estados Unidos en función de los intereses privados del clan calderonista y de sus amigos está siendo objeto de un cuestionamiento en relación a decisiones que siendo de gravedad no son las más críticas. Medidas anunciadas a finales de marzo por el gobierno de Calderón, como la de que los turistas extranjeros poseedores de una visa para entrar a Estados Unidos serían admitidos en México, o la de que la FBI investigaría en México algunos casos delictivos fueron objeto de múltiples críticas en días recientes, y esto ha abierto el paso a que se cuestione más la entrega de sectores estratégicos del aparato estatal al control de Washington, y sobre todo el que haciendo a un lado la Constitución se claudique cada vez más en materia petrolera y de recursos básicos.

7. La violencia instaurada en México por Felipe Calderón por móviles facciosos respondiendo a un dictado del exterior, está terminando ya, por otro lado, por revertirse contra los intereses de Estados Unidos y es muy claro que existe allá un creciente disgusto contra el gobierno calderonista por su desastrosa gestión, que ha hundido aún más en la inestabilidad a la región. Washington tiene intereses y no amigos, y las actuales políticas de militarización de México, instrumentadas de manera servil, pero torpemente por el gobierno de Calderón, lejos de resultar exitosas en algún terreno, están generando enormes conflictos en los estados fronterizos de ambos lados de la línea. Para Washington su objetivo de alcanzar mayor control del país ya se logró, y tener a un México desquiciado y hundido en la pobreza, el desempleo y la ilegalidad, podría tornarse en un problema mayor.

8. El narcotráfico no se va a terminar con una guerra desenfrenada contra los sectores más indefensos del pueblo, cosa que en Estados Unidos se entendió desde hace tiempo, por lo que el Ejército no se halla en las calles de las ciudades estadunidenses y el tráfico de drogas se lleva a cabo ahí como una actividad comercial, ilegal, pero tolerada, por lo que si en México se han producido en estos años 22 mil muertos, de aquel lado de la frontera no han sido más que unos cuantos.

9. La estupidez de los panistas ha sido aún mayor cuando se ha ignorado que en muchos países la mariguana y otras drogas se han legalizado y que hay en el mundo una tendencia creciente en ese sentido, sin olvidar que en México hay cientos de miles de personas dedicadas a la producción y al comercio de las drogas y que éstas representan varios miles de millones de dólares al año para la economía mexicana, por lo que la cuestión requería otro tratamiento.

10. El desafío de los mexicanos en 2010 es, por lo mismo, muy claro: el destino de nuestro país no puede subordinarse tanto tiempo a las acciones desquiciadas de un gobierno que ha hecho de la mentira su principal instrumento de grupo, como tampoco hipotecarse su futuro por esos intereses espurios.

Rechaza Senado condena a Cuba por tema presos

El Senado de la República rechazó el exhortar al gobierno de Cuba para que pondere la liberación de los presos de conciencia y propicie canales de diálogo con los disidentes.

Con 43 votos en contra, los legisladores determinaron su rechazo a la propuesta por considerarla que de aprobarse no se respetaría el principio diplomático tradicional de México “de no intervención”.

Con excepción del perredista Graco Ramírez, PRD, PRI, PT, Convergencia y PVEM frenaron la postura del PAN, fracción legislativa que asi dejaba de manifiesto su incondicional entrega a las politicas de Washington sobre la politica imperialista contra el régimen cubano.

La Senadora Polevnsky pidió a los senadores a no debatir puntos de acuerdo con el nivel de superficialidad con que se había puesto a discusión el exhorto en el Senado. En su intervención preciso que el gobierno norteamericano asigna actualmente más de 45 millones dólares para desestabilizar al gobierno de la isla caribeña a través del apoyo económico y logístico a diversos grupos de disidentes que tanto en el exterior como al interior de Cuba trabajan con ese objetivo. Al final de su intervención la Sen. Yeidckol Polevnsky pidió a los legisladores votar en contra del exhorto y que demuestren verdadera congruencia con sus principios.
Audio de la intervención de la Senadora Polevnsky

Por su parte el Sen. Ricardo Monreal cuestionó a los senadores la incongruencia que existe con la situación de los presos politicos en México ya qué no condenan con la misma virulencia la situación de los presos de Atenco, de los indígenas de Querétaro, y les preguntó si irían a defender la huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas?


Audio del Senador Monreal

Mientras tanto en las intervenciones del Sen. Camarillo del PAN y del Sen. Graco Ramírez quedó de manifiesto que a nombre de una supuesta defensa de los derechos humanos en Cuba estos Senadores tenían la encomienda de hacerle el trabajo sucio al imperialismo norteamericano.

Audio del Sen. Camarillo

Audio del Sen. Graco Ramírez


Desechan propuesta contra Cuba

Senadores del PRI, PT, Convergencia y algunos del PRD rechazan iniciativa del PAN para hacer un exhorto al gobierno de la Isla / Los legisladores hacen valer el principio constitucional de no intervención en asuntos internos de otras naciones, como pretendían hacer los blanquiazules

MEXICO, D.F., 15 de abril (APRO).- El Senado de la República rechazó por 43 votos contra 42 la propuesta del Partido Acción Nacional para exhortar al gobierno de Cuba a que pondere la libración de los presos de conciencia y propicie los canales de diálogo con los disidentes.
La sesión anterior el pleno senatorial rechazó discutir el punto de acuerdo, promovido por el panista Rubén Camarillo. Sin embargo, hoy fue presentado nuevamente con el apoyo dividido del PRD, pero la mayoría de los senadores del PRI, PT y Convergencia se opusieron.
En tribuna, Camarillo tomó como ejemplo la resolución del Congreso español que instó al gobierno de Cuba a la “inmediata e incondicional liberación de todos los presos de conciencia, así como el final de la huelga de hambre” de Guillermo Fariñas.
“Eso no sería noticia si no fuera porque, por primera vez en décadas, el PSOE, se suma al Partido Popular español y a otros partidos de izquierda a condenar de manera unánime esta situación en Cuba, que nos debe de llamar la atención a todos y cada uno de los aquí presentes”, afirmó Camarillo, vicecoordinador de los temas internacionales en el PAN.
A nombre del PRI, el senador y secretario general del partido, Jesús Murillo Karam, expresó que su partido se sujetaba a la política exterior diseñada en la Constitución y al principio de no intervención en asuntos internos de otras naciones.
El senador perredista Graco Ramírez reviró la posición de Murillo Karam, reprochándole la incongruencia del PRI. En la sesión pasada, la excanciller Rosario Green se enfrascó en una discusión con otros senadores porque ella sí estaba a favor del punto de acuerdo.
En contra del punto de acuerdo, el coordinador del PT, Ricardo Monreal, le recriminó al partido en el gobierno que si en el caso de San Salvador Atenco y de otras situaciones donde se violaron derechos humanos aceptaría la opinión de un gobierno extranjero.
También subió a tribuna María Rojo, del PRD, para subrayar que lo sucedido en Cuba “es consecuencia del criminal bloqueo” de Estados Unidos.
“¿De veras queremos hablar en pro de los derechos humanos en Cuba? ¿De veras nos preocupa la vida de los cubanos? Entonces no dejemos que una campaña basada en la dispersión de los hechos, que se cuelga de casos aislados, nos haga olvidar que los cubanos, en su conjunto, han sido y son víctimas de la hipocresía internacional que permite el bloqueo económico”, afirmó la actriz y senadora.

El general desesperado

Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena.

MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- A las 6 de la tarde del pasado 7 de abril, en el salón de usos Múltiples de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, parco y directo, se dirigió a los legisladores, a los diputados que tenía frente a él y, sin más, les pidió su apoyo para aprobar una “legislación emergente” que les permita legalizar los actos que desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa, los obligó a enfrentar enmarcados en la guerra contra el narcotráfico.

El diputado del PRI, Ardelio Vargas, excomisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y actual presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, encabezo la comitiva de priistas, panistas, petistas y legisladores del Partido Verde.

Enrique Ibarra, del Partido del Trabajo, y Pablo Escudero, del PVEM, escuchaban azorados las peticione del general Galván, del secretario de la Defensa Nacional: carta abierta para legalizar los atropellos que han cometido en su lucha contra el narcotráfico, según denuncias ciudadanas promovidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro que tuvo el general Galván con los diputados se repetiría cinco días después con los senadores de la República. Sin embargo, en esa reunión las peticiones no fueron tan claras como con los integrantes de la Cámara baja.

La petición de aquel 7 de abril ante diputados obtuvo 9 puntos centrales, los cuales forman parte de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el próximo lunes se discutirá en comisiones en el Senado de la República. Sin embargo, la traducción de su contenido, en voz del propio general, resultó más clara y cruda ante los diputados.

Las demandas fueron:

--Uno: potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.

--Dos: poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.

--Tres: Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.

--Cuatro: Intervenir las comunicaciones

--Cinco: Potestad para rastrear o hackear páginas de internet.

--Seis: Cancelar espectáculos públicos.

--Siete: Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías...

Los dos aspectos más graves que generaron escozor al diputado del PVEM, Pablo Escudero, y a Enrique Ibarra, del PT, fueron la petición del general para que quedara explicito en la Ley que el Ejercito puede declarar “zonas de excepción”, es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendió, puede ser detenido por miembros del Ejercito.

Y el más preocupante: “Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.”

En este aspecto habría que preguntarse cómo se acredita una intención.

Otro de los aspectos que habría que preguntarse es si la declaratoria de una “zona de excepción” incluye la autorización o legalización de los retenes militares y que hasta hoy se vienen practicando, en franca violación a la Constitución, ya que en ella se establece la libertad de tránsito para todos los mexicanos.

Todo lo que solicitó el general Galván no fue otra cosa que legalizar la guerra contra el narcotráfico ordenada por Calderón en 2006, sólo que no hay que olvidar que una de las premisas de toda guerra es que en la lucha los contrincantes se valen de todo, pues todo les está permitido para ganar.

La lógica del general Galván, expuesta ese día ante los diputados, “es que el Ejercito, incluyendo a la Marina, es el último reducto que tiene el Estado para su protección debido a que las policías locales están infiltradas y, que mientras se depuran se hacen necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles por un periodo de cinco a 10 años para poder acabar con el narcotráfico”.

De aceptarse todas estas demandas del general y de Felipe Calderón en la nueva ley de Seguridad Nacional los mexicanos estarán totalmente desprotegidos y a merced de las fuerzas militares que, con la ley en la mano, podrían incurrir en vejaciones; y no es difícil que esto ocurra. Si no, sólo basta echar un ojo a los cientos de denuncias que hay en la CNDH en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los derechos humanos; o recordar el caso de la anciana Ernestina Ascencio, quien fue violada por militares y cuyas lesiones le provocaron la muerte, aunque para el gobierno Federal la mujer murió por una gastritis.

Pero esto no es lo único preocupante con esta nueva Ley en caso de ser aprobada tal y como lo pidió el general Galván, durante las elecciones presidenciales del 2012 México se enfrentaría a un escenario donde la represión podría estar presente y no sólo en las mentes de los mexicanos.

Como sabemos, actualmente las acciones que realiza el Ejército en contra de la lucha contra el narcotráfico son actividades que no se le están asignadas en la Constitución y que son exclusivas de la Policía Federal.

Así pues, todas las peticiones que realizó el secretario de la Defensa a diputados y senadores es que, con la ley en la mano, el Ejército realice todas las funciones que sólo se le confieren al Ministerio Público y la Policía Federal. En pocas palabras: El poder judicial estaría siendo desplazado por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de la Marina.

Estas peticiones no hacen sino abrir más la puerta para que el gobierno de Felipe Calderón intensifique sus actos autoritarios que ha venido realizando desde que “tomó” el poder y entró por la puerta de atrás del Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2006 custodiado por elementos de la Secretaría de la Marina.

Lo único que pretende hoy Calderón con esta nueva ley que se discutirá el lunes, es recompensar y otorgarles más poder a quienes abrieron, por la fuerza, las puertas de la Cámara de Diputados para que pudiera protestar como presidente de la República y aligerar el enorme costal de dudas que le aventó la mitad de los votantes al cuestionar su legitimidad.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

UN PEDERASTA Y RATA DE DOS PATAS QUIERE GOBERNAR VERACRUZ, ¡¡LOS JAROCHOS NO PERMITIREMOS QUE ASI SEA!!


http://www.youtube.com/watch?v=7TYaONNSXns

Los PANistas no tienen moral....ni madre!

Miente la indígena que afirma fue violada por militares, dicen autoridades ante la CIDH

Hay una testigo y las pruebas físicas y sicológicas dan la razón a la víctima: abogados

Para el gobierno mexicano no es verdad que soldados en Guerrero hayan abusado sexualmente de Inés Fernández, indígena me’phaa que asegura haber sido violada por elementos castrenses en marzo de 2002.

Frente a los ministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes gubernamentales de México aseguraron que no hay elementos para afirmar que el delito realmente se cometió.

El tribunal realizó en Lima, Perú, una audiencia pública por el caso de Fernández, en el que se juzga al gobierno de México por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de la víctima.

Esta es la primera vez que el país es investigado por la CIDH en relación a un caso de violación sexual cometida por militares.

Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), calificó de grave que el Estado mexicano no reconozca el delito cuando existen todos los elementos de prueba y por el que ha habido ocho años de impunidad. Se pone en duda la palabra de la víctima y se afirma que no es verdad que la violación la hayan cometido militares. Esa es una posición bastante complicada, sobre todo porque hay varios elementos que comprueban la responsabilidad estatal.

En entrevista concedida desde la capital peruana, la abogada aseveró que además de la declaración de Fernández, se cuenta con el testimonio de una de sus hijas que estuvo presente durante los hechos, con una prueba médica que acreditó semen en su cuerpo, un examen sicológico que asegura que la mujer fue sometida a un evento traumático. Además, agregó, existen pruebas de que los militares estaban presentes en el área y fecha en que ocurrió el delito.

En la sesión participó en representación del gobierno mexicano el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín, quien aseguró ante los ministros que negamos la acusación, pues no existen pruebas.

Responsabilizó a la víctima de que las investigaciones del caso no llegaran a buen término. Tocará a la CIDH pronunciarse sobre las diligencias que procuró realizar el Estado hasta en 23 ocasiones para atender (a la mujer).

La abogada del Cejil refirió que el representante estatal se refirió a la ausencia de Fernández en una diligencia en la que se realizaría un retrato hablado de los agresores.

Uno de los ministros de la CIDH cuestionó a los funcionarios mexicanos cómo podían hacer afirmaciones del caso si las investigaciones –que atiende la justicia militar– no han concluido.

Una juez se percató de una contradicción por parte de los representantes gubernamentales, porque por un lado afirmaron que no tratan de trasladar la responsabilidad de la investigación a la víctima, pero al mismo tiempo señalan que cuando ella no compareció retrasó la investigación.

La defensa de la mujer, conformada por Cejil, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa presentaron ante la CIDH un video en el que Inés Fernández pide justicia al tribunal, pues a ocho años de los hechos no la ha obtenido.

Ambas partes tendrán hasta el 24 de mayo para presentar alegatos finales por escrito. Posteriormente, la CIDH analizará los argumentos y emitirá (en alrededor de tres meses) una sentencia.

OCULTAN SUS TRANZAS..........

Documentaría pagos del STPRM

Petróleos Mexicanos (Pemex) declaró la inexistencia de documentos que prueben el depósito a la Tesorería de la Federación de más de mil 580 millones de pesos por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para restaurar daños al patrimonio de la paraestatal causados a partir del convenio 10275/04, el cual dio origen a la sanción contra el ex director de la petrolera Raúl Muñoz Leos.

Según la Ley de Fiscalización de la Federación, toda multa económica impuesta a funcionarios o a quienes hayan ejercido inadecuadamente recursos públicos, debe ser ingresada por Hacienda y Crédito Público a las tesorerías de los poderes de la Unión o a la dependencia que sufrió el quebranto.

La declaratoria de inexistencia la hizo el comité de información de Pemex, en respuesta a la solicitud de información 1857200011310. La paraestatal también declaró la reserva hasta 2011 del convenio 10275/40, suscrito entre Pemex y el STPRM, motivo de quebranto patrimonial para la paraestatal por mil 724 millones de pesos. Reservó también, hasta marzo de 2013, el oficio OAG/0329/2009 (cuyo contenido difundió La Jornada, Pemex finiquitó adeudo de sindicato petrolero por más de mil 500 millones de pesos, 2/02/2010), el cual la paraestatal envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como el convenio de transacción de agosto de 2005, que detalla los términos del acuerdo en que el sindicato cubre el monto citado.

En el oficio CI-233/10, María Teresa González, secretaria técnica suplente del comité de información de Pemex, afirma que la difusión de los documentos puede causar serio perjuicio a la impartición de la justicia, ya que forman parte de la averiguación 084/UEIDCSPCAJ/2007 de la Procuraduría General de la República, tras denuncia de la ASF contra servidores públicos, así como del expediente de juicio de nulidad 27804/07-17-058, promovido por Raúl Muñoz Leos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

A que le tiene tanto MIEDO la SIRVIENTA de la "First Lady"?

OPERATIVO DE SEGURIDAD, MICHELLE OBAMA Y MÁRGARA ZAVALA


http://www.youtube.com/watch?v=YJDJJSb8a0o

Frenar a toda costa plan panista de reforma laboral, acuerdan gremios

El STUNAM toma distancia de la propuesta que presentará hoy el PRD

En foro de San Lázaro insisten en la renuncia del secretario del Trabajo

Periódico La Jornada

Frenar a toda costa la iniciativa de reforma laboral del PAN, defender la Ley Federal del Trabajo y exigir la inmediata renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, por ser factor de confrontación con el sector obrero, son algunos de los resolutivos tomados por gremios y organizaciones independientes, en el foro que para analizar dicha iniciativa coordinó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la Cámara de Diputados.

En tanto, Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), informó que este miércoles se presentará en San Lázaro la propuesta perredista de reforma laboral, la cual será apoyada por diversas organizaciones de esta central sindical.

Adelantó que dicha iniciativa propone medidas como seguro de desempleo y eliminación del requisito de toma de nota que otorga la STPS a los gremios. En la mesa de la UNT, el también presidente colegiado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, tomó distancia de la propuesta que presentará el PRD. Señaló que para el gremio que representa no hay condiciones para impulsar ninguna reforma progresista.

Mientras esta discusión ocurría en el seno de la UNT, en el SME se dieron a conocer los resolutivos tomados durante el foro de análisis de la propuesta panista de reforma laboral, entre los que también destaca el acuerdo de diversas organizaciones sindicales de unificarse en una gran movilización este primero de mayo, en defensa de los derechos laborales y contra la iniciativa armada y elaborada por el secretario del Trabajo; mantener la solidaridad con los mineros de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, así como reclamar que se solucionen los conflictos con el SME y con el sindicato minero.


Foro de Análisis de la iniciativa de Reforma Laboral



http://www.youtube.com/watch?v=i1K-8nKJang

Para “vivir mejor”, otra década perdida

México SA
Desplome del poder adquisitivo

Con FCH, peor que con MMH y CSG

Para “vivir mejor”, otra década perdida




Con la novedad, por si alguien no lo hubiera registrado, de que en medio sexenio (el de Calderón) la caída del poder adquisitivo del salario es mayor que (la observada) en la década pérdida”, es decir, la de los 80, cuando la tecnocracia se instaló en Los Pinos y comenzó la fiesta neoliberal. Y lo anterior no lo documenta un espontáneo, sino el calificado equipo universitario que integra el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el cual adelantó a México SA su más reciente reporte de investigación, el número 86.

Así de contundente, y el citado equipo universitario documenta: “si sumamos la pérdida del poder adquisitivo del salario en alimentos y en servicios, la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de los trabajadores es de 47.1 por ciento. La caída en el poder adquisitivo durante el gobierno de Felipe Calderón es mayor que la sufrida en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. En sólo tres años y cuatro meses (primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010), prácticamente se ha dado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores similar a la sufrida en la llamada década perdida, mostrando así un retroceso. De continuar la tendencia, el salario mínimo presentaría una pérdida mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue de 51.1 por ciento, y podría alcanzar 62 por ciento, la mayor caída desde los años 40”.

El más reciente incremento al salario mínimo de los trabajadores, a partir del primero de enero de 2010 (4.85 por ciento), se mantiene anclado al aumento esperado para la inflación. Sin embargo, los incrementos sistemáticos en los precios de productos como gasolina, electricidad, gas y otros han provocado que el mini ingreso siga acumulando pérdida del poder adquisitivo como ha sido durante los últimos decenios. “Lo anterior ha contribuido a un deterioro constante desde 1982, que a la fecha significa 82.2 por ciento de pérdida de poder adquisitivo. El precio de la canasta alimenticia recomendable (CAR)1 pasó de 80.83 a 156.76 pesos del primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010, con un incremento acumulado de 93.9 por ciento sólo en alimentos. Sin tomar en cuenta el aumento en otros renglones (servicios, gas doméstico, renta, aseo personal y del hogar). En el mismo lapso el salario mínimo únicamente creció 17 por ciento, sufriendo una pérdida en su poder adquisitivo de 47.1 por ciento. Los resultados muestran claramente la política salarial que el capital ha impuesto a los trabajadores, condenándolos a enfrentar un sistemático y cada vez mayor deterioro en el nivel de vida y de trabajo. La gestión de Felipe Calderón Hinojosa, a más de tres años de iniciada, ha agravado el problema de la precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores mexicanos”.

El CAM indica que el primero de diciembre de 2006 el salario mínimo era de 48.67 pesos diarios –área geográfica A– y el precio de la canasta alimenticia recomendable de 80.83 pesos; en ese entonces se podía comprar 60.21 por ciento de la CAR. Para el primero de abril de 2010, con un salario mínimo diario de 57.46 pesos (para igual área geográfica) y un precio de 156.76 pesos de la canasta únicamente se puede adquirir 36.65 por ciento. Las familias trabajadoras en México hoy pueden adquirir 39 por ciento menos alimentos que al comienzo del actual gobierno, lo que ha implicado el incremento de la pobreza en el país.
Ante la notoria insuficiencia del poder adquisitivo del salario, señala el CAM, “¿qué alternativas han asumido las familias trabajadoras en México? El primero de diciembre de 2006 los trabajadores tenían que laborar 13 horas 17 minutos para poder adquirir la CAR. En cambio, para el primero de abril de 2010 tenían que trabajar 21 horas 50 minutos (63.25 por ciento de incremento). Actualmente para poder acceder únicamente a la canasta alimenticia recomendable con un salario mínimo el trabajador y su familia tienen necesariamente que sumar jornadas laborales de más horas. Y es que con el actual salario mínimo, 17 millones 776 mil personas, que representan 41 por ciento de las trabajadoras y trabajadores (de la población económicamente activa) en México no tienen los suficientes ingresos para adquirir la citada canasta (incluye la población trabajadora que no percibe ingresos y a los que perciben hasta dos salarios mínimos diarios)”.

La pérdida del poder adquisitivo del salario es más clara si se compara lo que se podía comprar con un salario mínimo 27 años atrás (cuando arrancó el actual modelo neoliberal en México) y lo que se puede adquirir hoy en el gobierno de Felipe Calderón; “se hace una comparación, bajo el supuesto de que un salario mínimo se dedicara íntegramente a la compra de un solo artículo de la CAR, para ver cuánto se puede adquirir del mismo y ejemplificar de forma clara la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores mexicanos”.

En este contexto, el primero de diciembre de 2006 –fecha de comienzo del gobierno de Felipe Calderón– con un salario mínimo de 48.67 pesos se podían comprar 7.22 kilogramos de tortillas de maíz; al primero de abril de 2010 con el salario vigente de 57.46 pesos sólo se adquieren 6.04 kilogramos, es decir, 1.18 kilogramos menos. Históricamente, desde la aplicación del modelo neoliberal los trabajadores mexicanos han dejado de consumir 44.87 kilogramos de tortillas. El primero de enero de 1982 con el salario mínimo se compraban casi 51 kilogramos, y 9.47 kilogramos en el arranque del gobierno foxista. Ahora sólo 6.04.

El CAM define que la CAR es una canasta de alimentos recomendable ponderada para el consumo diario de una familia mexicana conformada por cinco personas (dos adultos, un joven y dos niños). Fue integrada considerando los aspectos nutritivos, de dieta, culturales, de tradición, económicos, y fue definida en su estructura, contenido y ponderación por el doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, “pero es importante indicar que las familias trabajadoras tienen que considerar el gasto en vivienda, transporte, educación, salud, vestido y calzado, recreación, que no cubre la canasta alimenticia recomendable. Las encuestas son levantadas directamente por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM”.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, con los blanquiazules y “para vivir mejor”, otra década perdida.

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