sábado, mayo 29, 2010

La PGR como arma política de Calderón

Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 28 de mayo (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) se utiliza como un arma política tanto para pegarle al adversario como para ganar elecciones y legitimar abusos de poder.

Eso pareciera desprenderse de la reciente detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, quien pareciera --como ocurrió a Andrés Manuel López Obrador con el desafuero, para infortunio del gobierno federal panista, que sólo lo hizo crecer en popularidad-- se ha convertido en una víctima más del poder.

No se pretende aquí exonerar a quien hoy desde el gobierno federal ya se le sentenció como culpable antes de ser sometido a juicio; se trata más bien de cuestionar las acciones erróneas que de manera constante realiza el gobierno panista.

Si el candidato perredista es culpable o no, le corresponde a la autoridad judicial --y no a Felipe Calderón-- demostrarlo; sin embargo, existen formas que no se pueden desatender y antecedentes que no se pueden olvidar.

La manera en que actuó la Federación parece desaseada al grado de recurrir al mismo juez federal que antaño le otorgó las órdenes de aprehensión contra casi una treintena de servidores públicos de Michoacán --acusados por el mismo delito que hoy encara Greg: delincuencia organizada y lavado de dinero--, y quienes con el paso de los meses tuvieron que salir en libertad después que no se les pudo comprobar la acusación.

Al candidato perredista, quien por cierto iba arriba en las encuestas para ganar la gubernatura, se le detuvo bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de la temeraria suposición de que está involucrado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y por la cual tres excolaboradores de Greg Sánchez están siendo procesados.

Esos mismos excolaboradores son quienes hoy señalan al candidato perredista de estar involucrado con el narco.

Sin embargo, no hay que perder de vista lo ocurrido el pasado 7 de mayo cuando la PGR solicitó al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, la orden de aprehensión contra Greg Sánchez y éste se la negó.

Según los argumentos del juez federal, la PGR no pudo acreditar la participación de Greg, y tampoco siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por los cuales hoy está en el penal de mediana seguridad de Nayarit.

Dos párrafos de la sentencia del juez son claves, aquí su reproducción:

“La representación social --es decir la PGR-- perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos provenientes de actividades ilícitas… incumplió la carga probatoria que le corresponde”.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado… lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Esta decisión del juez federal, al que determinó acudir la propia PGR, llevó a Arturo Chávez Chávez, titular de la dependencia, no ha obtener los elementos que probaran sus acusaciones contra Greg, sino que se fue por el camino ya conocido y recorrido el año pasado, que fue el de ir con el mismo juez de Tepic que le otorgó las órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales y autoridades locales de Michoacán.

Como se recordará, hace un año a funcionarios y alcaldes de Michoacán se les acusó de estar vinculados con el crimen organizado, entonces la PGR, en un acto publicitado en extremo, los detuvo luego de haber obtenido de parte del juez Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en Tepic, las respectivas órdenes de captura.

Meses después, como las pruebas presentadas por la PGR no fueron suficientes, durante los procesos que se les siguieron a las autoridades de aquel estado, se les ha tenido que ir dejando en libertad.

Hoy, a pesar de que el juez del Estado de México le informó a la PGR que no aportó los elementos suficientes para probar la presunta culpabilidad de Greg Sánchez, el gobierno decidió irse con el mismo juez Alberto Elorza y de él obtuvo la orden de aprehensión.

Como también se recordará, la detención de los presidentes municipales se dio previo a elecciones locales en Michoacán y el traslado de éstos al penal de Nayarit fue igualmente publicitado y se les puso chamarras de color amarillo, similar al tono que utiliza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En aquel momento se dijo que todo era un “golpe político bajo” de parte del gobierno federal, e incluso se le acusó de estar utilizando a la PGR como un arma para desacreditar a los adversarios políticos. En aquella ocasión las acusaciones fueron negadas por el gobierno panista de Calderón.

Hoy, por la forma en que se ha dado todo este proceso contra Greg Sánchez y con un proceso electoral en puerta, pareciera que el gobierno recurre a la misma formula. Y de la misma forma que ayer, se niega que esto pudiera tener objetivos políticos.

Sólo un necio repite la misma acción en espera de resultados diferentes. Parece ser que la necedad del gobierno federal, de mantenerse en el poder a través de acciones ilegítimas pero con acciones “reconocidas como legales”, persistirán.

Hace algunos años, en el 2006, Felipe Calderón llegó ilegítimamente a la silla presidencial, pero con el reconocimiento legal de las autoridades electorales; el año pasado pretendió, mediante acciones legales como una orden de un juez federal, buscar inculpar a funcionarios del gobierno perredista de vínculos con el narcotráfico y, a falta de pruebas, debió recular.

En esta ocasión, el gobierno pone todos los elementos de la duda que hacen difícil no pensar en que se trata de otra maniobra “electorera”, falta de ética y que sólo pone de manifiesto, nuevamente, la falta de sabiduría para conducir un país.

En este espacio no se defiende al candidato del PRD, pues no se cuenta con los elementos para ello, de lo que disiente es de la forma en que el gobierno federal actúa y esto preocupa, pues si la PGR, como ya se ha visto en otros casos, se sigue utilizando como arma política, uno se puede preguntar qué ocurrirá en el 2012, cuando el proceso electoral presidencial esté, de manera formal, en marcha.

Lo único claro al día de hoy es que gracias a las acciones del gobierno panista, de nueva cuenta, el ambiente político se vuelve más turbio y el malestar de un sector del país se hace más evidente.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

ESTA ES LA PROCURACION DE JUSTICIA DEL QUE PRETENDE SUCEDER A CALDERON

ESTE ES EL PUTO ASESINO QUE QUIERE LOS PINOS!...LO PERMITIREMOS?

TODOS SON UNOS CORRUPTOS, AMORALES, MIERDAS!!!!!!!


http://www.youtube.com/watch?v=_Qlkyi4V08w

Paulette fue asesinada: Bazbaz lo ocultó

Desfiladero

Alberto Bazbaz renunció a la titularidad de la procuraduría mexiquense tras dar las conclusiones en el caso Paulette NotimexFoto Foto.

Jaime Avilés

Tres casos de nota roja –el brutal asesinato de Paulette Gebara Farah, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez, Greg, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo– vuelven a exhibir los profundos vínculos de complicidad que hay entre los empresarios dueños de México, los políticos que los sirven desde el poder y el crimen organizado. Y explican, asimismo, la desaparición del estado de derecho, la guerra civil que avanza por distintas regiones del país y la certeza de que vivimos un proceso de transformación irreversible: nada volverá a ser como antes.

Chiapaneco avecindado hace muchos años en Quintana Roo, predicador evangélico que en sus mítines religiosos llamaba a sus huestes “el pueblo de Dios”, estafador acusado por un robo de 10 millones de dólares y por tratar de privatizar ilegalmente el malecón de Cancún, aparte de sospechoso de fomentar el tráfico de balseros cubanos, Greg se había revelado hace tiempo como una verdadera fichita.

Jaime Montejo, dirigente de Brigada Callejera, organización nacional protectora de los derechos humanos y civiles de distintas agrupaciones de sexoservidores, escribió en su blog dos días después de la captura: “La detención del ex alcalde perredista fue recibida con beneplácito por trabajadoras sexuales que fueron objeto de intimidación, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas, robo y allanamiento de morada, cuando elementos de seguridad pública [de Cancún], comandados por Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, arremetieron contra ellas para expulsarlas de la supermanzana [colonia] 63”, en 2009.

El Vikingo fue detenido por “haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, baleado el 3 de febrero de 2009”. Al recordar estos sucesos, agrega Montejo, “los medios de comunicación olvidan el asesinato de la trabajadora sexual Greici Lizbeth Vargas Rivera, de 19 años, decapitada el 28 de noviembre de 2009 después de declarar en el Ministerio Público del fuero común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz”.

Todos esos crímenes fueron atribuidos a uno de los cárteles con los que ahora la PGR asegura que está ligado Greg. Pese a las múltiples, reiteradas y bien documentadas advertencias que acerca de tan cautivador político leyeron en este diario entre enero y marzo del año actual, Manuel Camacho y Jesús Ortega se obcecaron en lanzarlo como candidato a gobernador de Quintana Roo y, al hacerlo, sellaron para siempre su destino. Hasta el martes pasado, Greg era de ellos; ahora, ellos son de Greg. Van juntos, nadie sabe hacia dónde.

Diego: estado de excepción

A quienes se llevaron a Fernández de Cevallos, el “gobierno” y Televisa –uno no investigando, otra no hablando del asunto–, resolvieron darles todas las comodidades para negociar un acuerdo que permita su devolución. Catorce días después del secuestro, lo poco que se sabe rasgó, para decirlo con estilacho, el velo del misterio. El iracundo remedo de conquistador español fue atrapado por alguien que tiene informantes de primera mano dentro de su bufete de abogados –al que pertenecen el secretario de Gobernación y el procurador general de la República– o dentro de su familia.

Quienes lo sorprendieron en su hacienda de Querétaro sabían que llevaba un chip de localización satelital subcutáneo y se lo quitaron. Dos días más tarde se enteraron de que el general Arturo Acosta Chaparro había sido contratado para buscarlo, y lo balacearon para alejarlo del asunto. Estos dos detalles bastan para ayudarnos a entender que se trata de un ajuste de cuentas en la cúpula de la mafia política, alrededor de una pieza clave del grupo del que también forman parte Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, cuya candidatura presidencial se desmorona a medida que salen a flote más y más evidencias de que su gobierno encubre a los asesinos de la niña Gebara Farah.

Manchas de sangre

La noche del 30 al 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, Jorge Rojas González, perito en ingeniería civil de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), al inspeccionar la habitación de la menor comenzó a quitar el edredón y las sábanas de la cama. Todo fue grabado por una cámara de video, que registró el momento exacto en que descubre la primera mancha de sangre y dice en voz alta: “La madrearon, güey”. En seguida, ante manchas más gruesas, repite: “La madrearon”.

Pocos instantes más tarde, levanta la última sábana y destapa, entre la piesera y el colchón, el cuerpo de la pequeña. Alguien tose, agredido por la pestilencia que despide el cadáver, y el perito comenta: “Está bien putrefacta”. La escena está disponible en Youtube. El 31 de marzo, muy temprano, la PGJEM emitió un boletín para anunciar que “fue encontrado el cuerpo de Paulette, dentro de una bolsa negra, durante la reconstrucción de hechos en presencia de los padres”.

¿No es alucinante? El video y el boletín pueden consultarse en Google. Y a pesar de la contradicción entre uno y otro, las televisoras guardaron silencio, y acompañaron al procurador mexiquense Alberto Bazbaz en su cínica, y ahora muy sospechosa, fabricación de mentiras. A sabiendas de que la niña había sido privada de la vida con violencia –las manchas de sangre y la exclamación del perito lo demuestran–, Bazbaz permitió que se manipulara no sólo la verdad sino también el cadáver.

¿O acaso ya olvidamos la célebre foto en que la criatura aparece debajo de la cama, en el tapete de su cuarto? ¿Quién la puso allí, para que la retrataran? Y lo que todo el país repite, ¿cómo es que su mamá y su tía durmieron varias noches en esa cama, que las empleadas de la casa tendían cada mañana, y nadie la vio, ni sintió su olor? ¿Y qué hay del cuento de los perros que huelen a los vivos pero no a los muertos? Todo se resume en una palabra: encubrimiento oficial.

A punto de cumplirse un año del incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Sonora, en las redes sociales de Internet crece la convicción de que Paulette fue víctima de un asesino, pero también de que éste sigue libre gracias a Bazbaz. A la destitución del ex procurador debe seguir una investigación a fondo, que esclarezca su responsabilidad en el caso y la del gobernador del estado. Antes de que aparecieran esas manchas de sangre bajo la colcha y las sábanas de Paulette, y el revelador y espontáneo comentario del perito –“la madrearon, güey”–, la horrorosa historia hablaba de la ineficacia de quien se siente ya sucesor de Calderón.

Hoy, gracias al incontrovertible testimonio de ese video, sabemos que Paulette fue asesinada con algo que le provocó una hemorragia externa; que Bazbaz dijo que la causa del deceso había sido la asfixia; que las plumas mercenarias del régimen lo defendieron hasta el día de su despido. Y que la televisión también se hizo cómplice al proteger a Peña Nieto en virtud de los millonarios contratos de publicidad que sostiene con él. ¿Se imaginan si hubiesen agarrado al procurador del Distrito Federal en una mentira como ésta? Habrían repetido el video hasta que nos lo aprendiéramos de memoria...

jamastu@gmail.com

Perito encuentra a Paulette: "La Madrearon Gûey" (Sin Censura)



http://www.youtube.com/watch?v=p6yMA5AC5cU

Paulette

Javier Jiménez Espriú

Tristeza, indignación, pasmo, desconcierto, incredulidad, burla, impotencia, avasallamiento, todo a un tiempo, fueron los sentimientos que me sobrecogieron luego de escuchar al procurador general del estado de México explicar” que la muerte de Paulette había sido “un accidente”, que no se ejercería acción de la justicia contra nadie y que el caso quedaba cerrado, y que me decidieron a cambiar el giro de mis colaboraciones en La Jornada y dedicar esta al “caso Paulette”.

Cuántas agresiones en un “fallo” de la justicia, que es realmente una nueva “falla” de enorme magnitud y significado, de quienes están para procurarla. Nuevamente, la aparición de “evidencias” –¿dinero, compromisos políticos, connivencias, u órdenes superiores de espíritus inferiores, o todo a la vez?– que concurrieron a la conclusión, ésta con premeditación, alevosía y ventaja; con presumibles manipulaciones, ocultamiento de pruebas e ignorancia de las decenas de escenas que saturan las redes sociales de las telecomunicaciones mundiales, con que nos insultó la procuraduría del estado de México.

Un fallo que con tal de “justificar” su conclusión, acepta explícitamente, sin el más elemental pudor, la incapacidad de las autoridades “competentes” para abordar el problema y tácitamente la incompetencia de la multitud de gentes y agentes que inspeccionaron minuciosa y vanamente la recámara de la pequeña Paulette sin encontrar rastro alguno, pero que seguramente, en conmemoración del centenario de la Revolución, buscaron emular a aquel ilustre “científico porfirista” que sentenció: “la ignominia, antes que la renuncia”, hasta que la presión social obligó al procurador a aceptar presentar la suya.

Cito las agresiones: en primer término, la agresión a una niña, una pequeña guerrera inocente que luchó día tras día, minuto a minuto de su corta pero difícil existencia, para superar las discapacidades que le dejó el hecho fortuito de su nacimiento prematuro. Qué agresivo desprecio por su pequeña vida y por su lucha gigantesca interrumpidas fatalmente por “el accidente”. Qué pequeñez de espíritu de todos los que aceptan esta agresión póstuma en aras de un falso mejor vivir para los que aún viven.

La pequeña Paulette, sin embargo, es la única de todos los personajes de esta tragedia cuyo final –¿final?– nos han contado que “descansa en paz”.

Nadie más lo podrá hacer; ni la sociedad que sabe que no pasó lo que nos dicen que pasó, ni menos los que saben lo que pasó realmente.
Ni su familia cercana que se ha apresurado a aceptar “el fallo de la justicia”, ni su hermanita mayor, víctima inocente también de por vida de los acontecimientos, podrán vivir un solo momento de su existencia en paz. Se trata de un asunto de conciencia para los mayores y de inexorabilidad para la niña.

Ni las decenas o centenas de participantes en las pesquisas que saben que Paulette no murió en donde se dice que murió; ni la amiga de la madre ni los parientes del papá que durmieron sucesivamente en la cama de la niña ¿sin cambiar las sábanas? –¡qué falta de higiene!– y supuestamente con el cadáver a sus pies, y que saben la verdad y las falsedades.

Agresión también contra la inteligencia de un pueblo consternado por la tragedia y expectante de la procuración de la justicia. ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Otra vez Millán Astray rencarnado en el procurador del estado de México.

Agresión también contra las leyes de la física, de la química, de la biología y, si no bastara, contra la lógica y, desde luego y en primer lugar, contra la ética y contra la moral.

Agresión contra la justicia, que no sólo para “el cierre del caso”, sino incluso en la rueda de prensa que se organizó para anunciarlo, no acepta preguntas. Obviamente, porque no existe respuesta ni para la más elemental que se planteara.

Finalmente, agresión a la sociedad, de la que se pretende sólo sometimiento: ¡así fue y te aguantas! ¡Así pasó y te callas! ¡Así juzgamos y lo acatas! ¡Así decidimos y lo asumes!

¿Cerramos todos el “caso”, como dijo el procurador? ¿Nos damos por bien servidos con su temporal inmolación política? Si este fuera el caso, estaríamos aceptando cerrar todos los “casos” en la forma en que se les ocurra a los dueños del poder y del dinero.

¿Es éste el “futuro de México” que nos obsequiarán los aspirantes a ser los salvaguardas del “estado de derecho”?

Basta de agresiones desde el poder; no debemos agachar la cabeza y aceptar, como dogmas de fe, la infalibilidad y la omnipotencia de las autoridades, ni resignarnos a la esclavitud de la injusticia y al dominio implacable de los poderosos.

Decía Quevedo en su Epístola satírica: No he de callar, por más que con el dedo, /ya tocando la boca, o ya la frente, /silencio avises o amenaces miedo…//En otros siglos pudo ser pecado /severo estudio y la verdad desnuda…

México no puede cerrar su porvenir “cerrando el caso”.

A la memoria de una víctima inocente

jimenezespriu@prodigy.net.mx