domingo, junio 20, 2010

Lo que deja Uribe.........

En gobierno PANista, Cientos de civiles levantados

Cientos de civiles, campesinos, obreros, comerciantes, jornaleros agrícolas son levantados por comandos armados, corporaciones policiacas y militares, sin que hayan cuentas pendientes ni petición de rescate; las víctimas simplemente desaparecen sin dejar rastro. Es uno de los lados oscuros de la estrategia de guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.


Ana Lilia Pérez / Primera parte

A plena luz del día, cientos de personas son sustraídas de sus casas, lugares de trabajo, plazas públicas o en trayecto vehicular. Es la geografía del terror que abarca Coahuila, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Guanajuato, por orden de incidencia.

Son levantados en zonas rurales y urbanas donde no basta con tapiar la casa. Quienes los levantan, como perros de guerra persiguen a su presa hasta debajo de las piedras. La raptan camino a la escuela, cuando hace deporte, o en su casa mientras ve el televisor. No importa si está sola o acompañada, como en los tórridos años de la Revolución Mexicana cuando a los hombres se los llevaba la leva. Éstas son sus historias.

En el México de Felipe Calderón, 12 personas desaparecidas (como los trabajadores de Atlanta Duramex) no son un caso extraordinario, sino más bien común en el clima de impunidad total que vive el país, donde los civiles se han convertido en el blanco tanto de los grupos de la delincuencia organizada como de policías y militares al servicio de las organizaciones a las que dicen combatir.

Coahuila, el paradigma

En sus cuatro puntos cardinales, Coahuila es una trampa para propios y extraños. De 2008 a la fecha, más de 200 hombres han sido levantados sin que haya indicios de su paradero. La cifra corresponde sólo a los casos denunciados por los familiares ante instancias estatales y federales.

Los datos se consideran conservadores ante las circunstancias en las que se efectúan las sustracciones o de quienes participan en ellas, pues “muchos familiares no denuncian por temor a represalias”, explica la abogada Blanca Isabel Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, de entre los primeros en denunciar públicamente este tipo de agravios.

Los casos ocurridos en Coahuila son un paradigma de este fenómeno no sólo por la frecuencia, sino porque en algunos se ha identificado tanto a comandos armados como a elementos del Ejército Mexicano o de policías locales.

En Torreón, ciudad que concentra al 23 por ciento de la población total y es la segunda en importancia en el estado, hay 64 casos reportados de levantones de civiles que, sumados a los asaltos, secuestros, tiroteos y ejecuciones, han convertido a esta metrópoli en una “zona de excepción”.

Inteligencia para levantar

En diciembre de ese año, ocurrieron en Torreón otras 12 “desapariciones”, varias de éstas involucraban también a militares. Tal es el caso de Dan Jereemel Fernández Moran, ejecutivo de ING Afores (35 años de edad y 1.70 de estatura). Fue levantado en su Jetta rojo el 19 de diciembre en el camino entre su casa y la central camionera, a donde se dirigía a recoger a su mamá. De él nunca más se supo nada.

En 2009, militares de la Unidad de Inteligencia del Ejército Mexicano fueron implicados en el secuestro del empresario regiomontano Rodolfo Javier Alanis Applebaum, a quien asesinaron e incendiaron cuando negociaban el rescate, según la averiguación previa APPL1-RCH3/AC-001/2009.

Vendedores, obreros y campesinos,el otro blanco ....

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“Guerra” contra las drogas: el intervencionismo de EU

Como no ocurría en décadas, la “guerra” de Calderón Hinojosa contra las drogas terminó por someter la soberanía nacional a los dictados de Washington. Generales brigadieres reconocen que, con el fortalecimiento de la ASPAN, la Iniciativa Mérida y la adhesión militar al Comando Norte, las Fuerzas Armadas mexicanas se han subordinado completamente a los intereses de Estados Unidos.

Con el pretexto de combatir el narcotráfico en México, el gobierno de Barack Obama impone su agenda de seguridad a la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A cambio, este último ha recibido, en tres años, 1 mil 300 millones de dólares como “ayuda” antinarcóticos.

A pesar de los nulos resultados de la “guerra” contra las drogas –que ha costado la vida a más de 23 mil civiles y sólo ha enjuiciado a 1 mil 306 miembros de la mafia mexicana (Contralínea 184)–, la intervención estadunidense está en marcha.

Y es que, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –firmada en el sexenio de Vicente Fox Quesada y ratificada por Calderón Hinojosa– se promueve no sólo la adhesión de las Fuerzas Armadas mexicanas al Comando Norte, sino también las “operaciones conjuntas” en territorio nacional, amparadas en la Iniciativa Mérida.

—Calderón está de acuerdo con la intromisión [de Estados Unidos] en los asuntos internos del país, con la participación de la potencia del norte en operativos conjuntos y acciones antidrogas en territorio mexicano. El tráfico de drogas dentro de su país los tiene sin cuidado [a los estadunidenses], únicamente les preocupa que su mercado pueda quedar desabastecido –señala el general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa.

Entre las formas de intrusión que ya se aplican en el país, destaca la oficina bilateral de la Iniciativa Mérida, que reunirá a 75 funcionarios: 45 estadunidenses y 30 mexicanos. A decir de la embajada de Estados Unidos, se trata de un “espacio de trabajo compartido que será utilizado únicamente para la implementación de proyectos de capacitación y equipo de la Iniciativa, y de ningún modo tendrá un enfoque de realización de operativos”. No obstante, su sede se localiza físicamente en México, no en el país vecino.

Intrusión abierta y velada

El general brigadier y doctor en administración pública, Francisco Gallardo, opina que “hay una política de entrega de la soberanía que se radicaliza más con la llegada de la derecha en 2000”.

—México no es un Estado fallido. Ése es un pretexto para justificar la intromisión de las fuerzas de seguridad [estadunidenses]. Dijeron que, como México no podía con el asunto de la lucha contra las drogas y como es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, ellos se pueden meter aquí. Así lo han dicho abiertamente. Tenemos un gobierno fallido, no un Estado fallido. El gobierno es lo que está fallando: están colapsados los sistemas de justicia, seguridad, salud. Lo que no está colapsado es el pueblo, aunque lo quieren someter a través del miedo.

A mediados de marzo pasado ocurrió la primera intervención de Estados Unidos en México, sin la participación de las fuerzas del orden nacionales. Entonces, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se trasladaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para investigar los asesinatos de Lesley Enriquez –funcionaria del Consulado de Estados Unidos en esa entidad–, su esposo y el marido de otra empleada de esa misma delegación, ocurridos en un par ataques simultáneos y atribuidos al narcotráfico.

Otras operaciones, sin embargo, son veladas. Tal sería el caso de la Operation Black Flag, a cargo de la Drug Enforcement Administration (DEA), que tiene por objetivo debilitar a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que estaría proveyendo de información a la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Arturo Chávez Chávez.

“El principal objetivo del programa es realizar un seguimiento e informar, con recursos de inteligencia, la capacidad y la probabilidad de que esos cárteles de la droga mexicana ejecuten actos violentos en Estados Unidos”, señala la DEA en su presupuesto para 2010.

Agrega que los trabajos de inteligencia se hacen en Estados Unidos y en México y que incluyen el uso de fuentes confidenciales, el seguimiento a trabajos periodísticos y la “intercepción de telecomunicaciones”.

“La operación Bandera Negra cubrirá los cambios en las estructuras de comando y transporte de los cárteles en ambos lados de la frontera con México. Al rastrear los cambios en sus estructuras de liderazgo, la DEA desarrollará un conocimiento único dentro de las actividades y motivaciones detrás de los cárteles del Golfo y Sinaloa en su lucha por el control de la frontera”, indica el presupuesto.

Sometimiento total

El 23 de marzo de 2005, los entonces presidentes Vicente Fox, George W Bush y Paul Martin –primer ministro de Canadá– signaron la ASPAN, en Waco, Texas. De acuerdo con la información oficial difundida por el gobierno mexicano, la Alianza es un proceso trilateral permanente hacia una mayor integración de América del Norte.

Militarización, el fin

El sometimiento de México a Estados Unidos no sólo abarca al aparato de seguridad pública. También toca al sistema judicial. De diciembre de 2006 a mayo de 2010, el gobierno del panista Calderón Hinojosa ha concedido 320 extradiciones, principalmente de presuntos narcotraficantes.

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En México, los bancos más usureros

HSBC, Santander, BBVA Bancomer y Banamex rebasan en México hasta en un 76 por ciento el cobro de comisiones por el uso de tarjetas de crédito, respecto de sus países de origen. Los usuarios del llamado “dinero de plástico” denuncian ante la Condusef su mayor problema con los bancos: el “cobro indebido” que hacen a sus cuentas, indican informes oficiales.

El Banco Nacional de México (Banamex), filial de la institución estadunidense City Group, es el que más comisiones cobra a los mexicanos por el uso de tarjetas de crédito. Rescatado en 2009 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ese banco tiene un Costo Anual Total (CAT) del 85 por ciento sobre el crédito utilizado por sus clientes.

El estudio La regulación de la tasa de interés bancaria en el mercado de las tarjetas de crédito en México –elaborado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados– indica que, mientras City Group cobra un CAT del 9 por ciento con base en el financiamiento otorgado, en México incrementa en un 76 por ciento su aprovechamiento.

En septiembre de 2008, los reporteros de La Jornada Roberto Garduño y Roberto González Amador publicaron que la incorporación de Banamex Accival al grupo financiero estadunidense se dio a través de una “transacción por 12 mil 500 millones de dólares, sin pago de impuestos”. La operación estuvo avalada por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Otra de las operaciones importantes en los últimos años, en beneficio del banco, fue el rescate financiero que hiciera el presidente estadunidense Barack Obama. Luego de la crisis hipotecaria que desestabilizó al país vecino en 2009, el gobierno estadunidense adquirió el 36 por ciento de Citigroup en febrero de ese año e inyectó recursos por unos 45 mil millones de dólares.

CAT del 61 del banco inglés

El investigador parlamentario Reyes Tépach Marcial indica que el segundo banco que mayores comisiones cobra a sus usuarios es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), que llegó a México en 2002, tras la compra de Grupo Financiero Bital por 1 mil 135 millones de dólares.

HSBC, dice el informe de Tépach Marcial, tiene un CAT del 61 por ciento mayor al que exige a sus clientes en Inglaterra, país de origen de la institución. Según el reporte, los ingleses están obligados a cubrir el 16 por ciento de los intereses de la deuda asumida a través del crédito del banco.

Mientras, los mexicanos pagan el 77 por ciento de las comisiones sobre la deuda. Pese al cobro que supera el 60 por ciento, ésta es una de las instituciones con más clientes en México, pues tiene cautivos a 2.4 millones de usuarios, como lo muestra en su portal de internet.

En enero de 2007, el grupo financiero anunciaba la incorporación del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz como consejero independiente de HSBC.


Españoles por arriba del 55 por ciento

La fusión Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)-Bancomer rebasa el 50 por ciento de los cobros de comisiones a los sujetos de crédito mexicanos. El informe del Congreso de la Unión indica que, mientras en el país de origen el CAT asciende al 25 por ciento, en México los cobros cierran en el 80 por ciento. La diferencia representa para los usuarios de las tarjetas de crédito de la institución un incremento del 55 por ciento.

Cobros indebidos...

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Agencias de colocación, artífices de la subcontratación

Las agencias de colocación de trabajadores incurren en prácticas de subcontratación de personal, contraviniendo las normas nacional e internacional que establecen su carácter de intermediarias en las relaciones laborales. La práctica –que ha tomado auge en los últimos años en el país– es “negocio redondo” para agencias y empresas, mientras que para los trabajadores implica condiciones laborales más precarias.

En un contexto de creciente desempleo –que ha dejado en la calle a más de 900 mil personas tan sólo en el primer trimestre del año–, las agencias de colocación de personal han florecido.

Se trata de empresas nacionales y trasnacionales que, tras eufemísticas denominaciones como “administradora de recursos humanos” o “industria de recursos humanos”, operan mediante la firma de convenios en los que los trabajadores acceden a laborar en la empresa que la agencia le señale, “siendo ésta la que determina el puesto, el salario y las prestaciones de las que gozará el empleado”, de acuerdo con el documento Elementos de análisis sobre la regulación de la subcontratación laboral, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Elaborado en 2006 por José de Jesús González Rodríguez, el texto señala que de esta forma se triangula la relación laboral, pues las agencias de colocación “reclutan, seleccionan y venden mano de obra a terceros mediante la propia autorización de los trabajadores”.

Datos de los Censos económicos 2004, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que las empresas dedicadas al suministro de personal permanente se incrementaron 38.7 por ciento en un lustro, y el personal ocupado bajo esa modalidad creció 19.5 por ciento en el mismo lapso. En el caso de las agencias de empleo temporal, el número de trabajadores ocupados aumentó 312.6 por ciento.

La doctora Raquel Partida Rocha, quien desde hace más de una década investiga el fenómeno de la flexibilización laboral en el país, explica que desde finales de la década de 1980 ha habido un impulso de las agencias de colocación porque garantizan un tipo de empleo que exime del gasto social a las empresas, además de que se adjudican la responsabilidad de resolver cualquier conflicto laboral con los trabajadores, con lo que resultan una opción atractiva para los empleadores.

La investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara señala que este esquema representa un “negocio redondo” para las empresas y las agencias de colocación, pues además de quitarle toda responsabilidad laboral a los consorcios, le genera jugosas ganancias a las agencias, que reciben entre el 60 y 70 por ciento del pago que la compañía cliente hace por cada trabajador que acepta.

Flexibilización, ¿consentimiento u omisión?

El Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores, creado en marzo de 2006, estipula como servicios de colocación el reclutamiento, la selección de personal y la localización de vacantes para vincular laboralmente a un trabajador con un empleador, o viceversa.

No obstante, Partida Rocha señala que, en los hechos, el asunto es más complejo, pues las agencias incurren en prácticas de subcontratación, fungiendo como tercerizadoras y no como meras intermediarias de las relaciones laborales.

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), correspondientes a abril de este año, indican que hay 295 agencias de colocación que cuentan con constancias de autorización de funcionamiento y registro en el país. De éstas, sólo el 15 por ciento no tiene fines lucrativos, pues se trata de agencias de colocación universitarias o pertenecientes a gobiernos municipales o estatales.

Dentro del 85 por ciento de empresas con fines lucrativos, la mayoría no se dedica exclusivamente a ofrecer servicios de vinculación laboral, sino también a la “administración de nómina” o staffing, como suelen referirse a la subcontratación de personal, principalmente en áreas operativas, administrativas y de mantenimiento.

Entre las agencias que cuentan con el aval de la STPS, figura la compañía Manpower, de capital estadunidense, pero que tiene presencia en 82 países y que tan sólo el año pasado tuvo ganancias por 16 mil millones de dólares.

Definida como una empresa dedicada a cubrir “todo el proceso del ciclo laboral de las empresas”, en México cuenta con tres registros de las cinco marcas que opera, no obstante que la triada de empresas tengan la misma dirección y el mismo representante legal, Eduardo Hernández Ángeles.

Un caso similar ocurre en Jalisco con Adán Magaña Ochoa, quien figura como representante legal de nueve de las 30 agencias de colocación que cuentan con registro en esa entidad.

Fomento del trabajo precario....

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El nazifascista anteproyecto panista


Es de aplaudirse que los senadores más democrática y republicanamente conscientes, asidos a los derechos y garantías constitucionales, detuvieron el voraz anteproyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que a toda costa pretendían imponer diputados federales y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), con apoyo del Partido de la Revolución Democrática. Sobre todo los panistas –que dejan asomar el animal irracional que llevan dentro y que camina como nazi y vocifera como fascista– intentaban entregarle a Calderón, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde despacha Molinar Horcasitas (todavía impune por los 49 homicidios culposos de la guardería sonorense), facultades para controlar antidemocrática y antirrepublicanamente las radios y televisiones, si bien de servicio público, concesionadas a empresarios.

Al respecto, el análisis de Ernesto Villanueva, Regreso del Estado autoritario (Proceso, 25 de mayo de 2010), es una de las más lúcidas explicaciones y crítica, sustentadas en los medios constitucionales y sus fines. Las cinco razones que detalla Villanueva van al fondo y forma de las propuestas panistas y cuestiona que el anteproyecto de Calderón y su grupo quiera desmantelar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y dejarla como apéndice de la SCT, para permitir los abusos presidenciales, y que busca “subordinar a los concesionarios a los vaivenes de la política gubernamental”.

Los panistas nazifascistas –pues su inspiración está en lo que Hitler-Goebbels impusieron en los medios de comunicación y el cine, al dar a la SCT la facultad discrecional para otorgar concesiones de radio y televisión– quieren controlar las nuevas frecuencias con requisitos autoritarios y que el gobierno designe los contenidos de la programación cuando se trate de informar y criticar a los actores de la vida pública, a los que no se tocará “ni con el pétalo de una rosa”. Y, lo mucho muy grave, quieren suprimir el derecho de amparo, pieza fundamental de la institucionalidad democrática para evitar la interrupción de la vigencia constitucional, al dejar en total estado de indefensión, cuando a concesionarios, permisionarios e incluso a periodistas se les prohíba ejercer derechos y garantías que constituyen al individuo mexicano como persona y ciudadano con sus medios jurídico-democráticos y republicanos para limitar los abusos de los gobernantes.

Los panistas quieren fortalecer, en lugar de un estado de derecho y fines republicanos con apoyo en el liberalismo político, un Estado nazi-fascista plenamente autocrático. Si avanzamos a duras penas (a pesar del calderonismo y del PAN) a más democracia, entonces el anteproyecto para una ley federal de telecomunicaciones que presentaron los del PAN debe rechazarse para evitar sus tentaciones autoritarias, pues no hallan cómo pasar del golpismo militar a olvidar las elecciones presidenciales de 2012, que ya tienen perdidas, para ser echados de la Presidencia de la República tras su fracaso como gobierno y administración fallidas.

El PAN, en los órganos legislativos del Estado federal, quiere establecer un Estado unitario-autoritario. Y con el camuflaje de impedir abusos en radio y televisión, como partido y grupo en el poder, arrasan derechos y garantías que apuntalan las libertades políticas conquistadas como fondo del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, y no como simples festividades con las que éstos buscan distraer a los mexicanos para interrumpir la observancia de los principios fundamentales de la Constitución.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Depredador libertinaje neoliberal de BP en el Golfo de México

La “desregulación” –es decir, la falta de supervisión gubernamental y ciudadana– del modelo neoliberal de las trasnacionales petroleras anglosajonas y texanas se ha asentado como la culpable principal de la mayor catástrofe ambiental en la historia de Estados Unidos.

La “desregulación”, el dogma ideológico del libertinaje de las trasnacionales anglosajonas, constituye el pecado capital del capitalismo descontrolado que busca como objetivo primario el lucro bursátil sin el menor miramiento a la depredación ambiental y el daño que provoca al bien común y a los intereses patrimoniales de terceros.

En síntesis, la “desregulación” neoliberal en todas sus aplicaciones terrenales representa la barbarie del capitalismo.

La explosión de la plataforma Deepwater Horizon (“Las trasnacionales petroleras devastan el Golfo de México”, Radar Geopolítico, Contralínea 182) que alquilaba la británica British Petroleum (BP) a la perforadora texana Transocean –disfrazada un día como Schlumberger (de la que es directivo y accionista relevante Adrián Lajous Vargas, exdirector de Petróleos Mexicanos), otro día como “Suiza” (con el fin de evadir al fisco)– ha obligado a Barack Obama a interrumpir sus vacaciones y visitar tres veces las costas contaminadas de las entidades estadunidenses colindantes con el Golfo de México (Alabama, Louisiana, Mississippi y Florida), debido a la derrama de petróleo que está aniquilando los nichos ecológicos y la riqueza de la fauna y la flora –que más temprano que tarde afectará a Cuba y a las costas mexicanas.

Llama poderosamente la atención el silencio estruendoso del gobierno de Texas, vecino relevante del Golfo de México, debido quizá a que es la sede de las principales trasnacionales de hidrocarburos.

Hasta la presunta fraudulenta aseguradora ING no ha podido esconder el costo estimativo de más de 22 mil millones de dólares que, hasta ahora, ha ocasionado el cataclismo petrolero de la tríada depredadora: BP-Halliburton-Transocean.

Aunque suene increíble, la administración de Obama se encuentra incapacitada para lidiar con tal catástrofe después de más de mes y medio de derrama petrolera incontenible. Pese a las truculencias indelebles de la tríada privada petrolera BP-Halliburton-Transocean, la administración de Obama ha dejado irresponsablemente en sus manos la solución del hasta ahora insoluble problema ecológico, que cada día se exacerba más y que empieza a alcanzar las costas de Florida (que vive del turismo).

Ahora resulta que tampoco las petroleras texanas y británicas estaban capacitadas para una derrama en las aguas profundas del Golfo de México, según devela desde Houston Ed Crooks, reportero de The Financial Times (2 de junio de 2010): “BP no disponía todo (sic) el equipo necesario para detener la fuga del pozo Macondo en el Golfo de México”. !Así de simple!

¿Por qué perforan, entonces, las petroleras texanas y anglosajonas si no están adiestradas para contrarrestar los accidentes a 1 mil 500 metros de profundidad? ¿No lo saben, acaso, los gobiernos implicados en otorgar permisos generosos y laxos para las alocadas perforaciones en aguas profundas?

No es nuestra intención hacer leña del árbol caído de BP, quien, hay que reconocer, no es la única culpable, cuando la corresponsabilidad del accidente es también de las texanas Transocean y Halliburton.

Cabe señalar que, sin el menor desparpajo, Transocean –que había ya provocado hace 31 años otro inolvidable accidente mayúsculo en Ixtoc (Campeche), en aquel entonces a solamente 5 metros de profundidad en el Golfo de México–, a las dos semanas de la reciente catástrofe ambiental, cobró el monto del seguro de su plataforma por más de 500 millones de dólares. !Que eficiencia financiera! ¿A quién le importa la seguridad ambiental y de los humanos carentes de “seguros” redimibles?

Curiosamente, BP ha recurrido a las mismas técnicas añejas de hace 31 años utilizadas en la derrama del Ixtoc (Campeche), de menor cuantía comparada a la Deepwater Horizon y que duró un año en ser contenida.

¿No evolucionó la gran tecnología petrolera anglosajona y texana en tan largo plazo de tiempo cuando sus técnicas de lucro financiero las han colocado en los primeros sitiales del desempeño global?

Tony Hayward, el mandamás de BP, al unísono de la muy sesgada prensa británica, le ha echado la culpa a las texanas Halliburton y Transocean –que participaron respectivamente en la cimentación y la instalación de la plataforma alquilada por medio millón de dólares al día–, y en fechas recientes ha inculpado a otra empresa texana, Cameron International, que manufacturó y vendió a Transocean el “preventivo de explosiones”, que no funcionó.

Es evidente que el asunto de la devastación petrolera en el Golfo de México ha provocado la furia ciudadana y ha llevado a que Robert Reich, anterior secretario del Trabajo en la primera administración de Bill Clinton, exija la liquidación de BP por el gobierno estadunidense para, primero, impedir que siga contaminando las costas de Estados Unidos y, segundo, con el fin de contar con recursos financieros suficientes para indemnizar a las víctimas. ¿Quién podrá indemnizar al medio ambiente, a los nichos ecológicos y la riqueza de la fauna y la flora? ¿Cómo se puede cuantificar tal daño que suele pasar desapercibido?

El asunto ya se volvió la peor cefalea política de Obama a unos cuantos meses de las elecciones legislativas de noviembre. El costo político es ya muy alto debido a la impotencia que ha exhibido hasta ahora el gobierno estadunidense: primero, al dejar hacer de las suyas a las trasnacionales petroleras depredadoras en medio del desastre ambiental y, segundo, al padecer catatonia administrativa.

Sin contar sus anteriores felonías (una explosión en Texas y fugas de gas en Alaska debido al pésimo mantenimiento, con el fin de ahorrar “costos”), BP no termina de arrojar más sal a las heridas múltiples de la nación estadunidense –y, de paso, a los países ribereños del Golfo como México y Cuba– al haber contratado a la polémica Ann Womack-Kolton –anterior funcionaria de prensa de Dick Cheney, el tan vilipendiado exdirector de Halliburton y exvicepresidente de Estados Unidos– con el fin de pretender aplacar la tormenta multimediática mediante las consabidas lubricaciones a las que son muy vulnerables cierto tipo de “comentaristas” de radio y televisión, que le deben muchos “favores” previos a la administración republicana, además de defenderse de las imprecaciones del Partido Demócrata que ha fulminado contra la parálisis presidencial de Obama, quien en un descuido puede ser enjuiciado políticamente y, tal vez, obligado a renunciar.

El centro de pensamiento Center for American Progress ha imputado que la derrama es consecuencia de la política petrolera del anterior vicepresidente Cheney, quien desde 2001 mantuvo estrechas relaciones de los “reguladores” gubernamentales con las trasnacionales petroleras, además de la conexión directa entre Cheney y Minerals Management Service (la supuesta reguladora nominal), que ha sido criminalmente negligente.

La impotencia catatónica de la administración de Obama ha alcanzado niveles inconcebibles cuando la marea negra de la derrama prosigue ineluctablemente su marcha hacia las costas.

Hasta ahora, tampoco se ha notado la funcionalidad del Cuerpo de Ingenieros ni la de los Guardias de la Costa, quienes, al parecer, carecen de recursos y del equipo para yugular la hemorragia petrolera.

El exsecretario del Pentágono, Colin Powell, ha llegado a pedir la intervención del ejército para controlar la derrama. El problema subyace en que BP y las trasnacionales petroleras texanas se encuentran fuera del control del gobierno de Estados Unidos debido a la maldita y maldecida “desregulación”: la quintaesencia dogmática neoliberal proclamada para hacer más “eficientes” a los “mercados”.

Peor aún, el almirante Mike Mullen, jefe de las fuerzas armadas conjuntas de Estados Unidos, confesó que no disponían del equipo para la tarea de detener la hemorragia del pozo afectado, ya que “la mejor tecnología en el mundo se encuentra en la industria petrolera”. ¿Donde está, entonces, tal tecnología? ¿Se puede seguir perforando y extrayendo alocadamente petróleo cuando se carece de tal tecnología?

Resulta azorante que el mayor ejército del mundo, el de Estados Unidos –con un presupuesto anual de 1 millón de millones de dólares (1 trillón en anglosajón)–, cuya principal tarea es destruir lo ajeno, no cuente con la capacidad técnica ni filosófica para reparar los daños ambientales catastróficos en su propio suelo.

El centro de pensamiento estratégico europeo de Defensa comenta que “el drama pone cada día en evidencia la crisis misma de la autoridad política y de la renuncia de esta autoridad para el beneficio de las potencias del dinero”.

Conclusión

Cuando los gobiernos en el mundo –con mayor ahínco los de Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos políticos siguen siendo muy bien lubricados por el “cabildeo” de las petroleras anglosajonas y texanas– han claudicado a defender el medio ambiente y los intereses superiores de sus gobernados, resulta imperativo que los ciudadanos tomen riendas en el asunto en forma creativa: si no liquidan el libertinaje de las trasnacionales, en especial, las petroleras, van a acabar liquidando el medio ambiente, los nichos ecológicos y la riqueza de la fauna y la flora, además de perjudicar gravemente los intereses de los indefensos habitantes.

No sería una mala idea, como medida de alerta de sanidad pública, anunciar anualmente la lista negra de las 10 principales depredadoras globales, para que los ciudadanos del mundo escudriñen sus actividades estrechamente y obliguen a sus gobiernos a tomar las medidas precautorias.

Así como existe el Tribunal Penal Internacional, los ciudadanos del planeta deben promover la creación de un tribunal ambiental global que por necesidad sería tanto penal como civil. Éste regularía la actividad petrolera que, por lo visto, no puede ser un asunto particular ni motivo para el libertinaje de una ideología barbárica, la neoliberal, que solamente busca el lucro sin importarle un comino el medio ambiente ni el destino de los humanos.

Consejo de Seguridad: México votó más contra Brasil que contra Irán

Bajo la Lupa
Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía, durante una conferencia de prensa, el 7 de junio en Estambul

Alfredo Jalife-Rahme

Habíamos quedado en que no se debía dramatizar demasiado la cuarta resolución de las sanciones contra Irán (ver Bajo la Lupa, 13/6/10) emitida por la mayoría de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU –entre ellos los cinco permanentes (EU, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia)– y el restante de miembros no permanentes, de los cuales Brasil y Turquía votaron negativamente, mientras Líbano se abstenía.

Lo grave de la postura de México no es que haya votado contra Irán en forma esquizofrénica, sino, peor aún, es que la sesión haya sido presidida por el “mexicano” Claude Heller Roissant, quien no aprendió nada de la diplomacia de desarme y desnuclearización de don Alfonso García Robles, nuestro único Premio Nobel de la Paz.

¿De dónde viene la esquizofrenia del voto mexicano? Pues que –según reportó amargamente el portal Debka, presunto portavoz del Mossad– México se había adherido a la histórica declaración de Teherán del 17 de mayo del BIT (Brasil, Irán, Turquía) sobre el trueque nuclear persa y avalado consensualmente por el G-15: núcleo del resucitado Movimiento de los No-Alineados, que comporta 118 países.

Si se entiende racionalmente, el aval de México a la declaración del BIT en Teherán debió haber conducido a que votase en forma similar a la negación de Brasil y Turquía.

Hubiera sido demasiado soñar un voto negativo de México, que contó con una oportunidad histórica para refrendar el legado pacifista, de desarme y desnuclearización impulsados por la “edad de oro” de nuestra otrora muy competente diplomacia, en particular en la fase de la guerra fría bipolar.

No se puede pedir demasiada creatividad diplomática durante la etapa aciaga del castañedista Arturo Sarukhan Casamitjana, el todavía muy verde embajador de México en EU, a quien le falta madurez y conocimiento para “representar” a nuestra principal embajada en el mundo, cuando es notorio que le ha quedado muy grande el saco para confrontar la mexicanofobia imperante con uno de nuestros dos socios anglosajones del TLCAN.

No vamos a ahondar ahora en las consecuencias conceptuales que tendrá negativamente sobre el Tratado de Tlatelolco –una joya de la creatividad diplomática mexicana que promueve zonas libres de armas nucleares– el voto positivo de México en favor del unilateralismo de EU y en contra de Irán.

¿Evisceró Claude Heller Roissant el significado conceptual y simbólico del Tratado de Tlatelolco?

Tampoco profundizaremos, por ahora, que mediante su voto contra Irán y en favor de EU, México se hace el harakiri tecnológico –visto en el mediano y largo plazo cuando el diapasón mundial pasa de la unipolaridad estadunidense a la multipolaridad regional– al aprobar, en contra de nuestros intereses de mayor seguridad nacional, la política de apartheid que aplican los poseedores de armas nucleares (en forma oficial: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y en forma oficiosa: los países clandestinos como Israel) contra quienes no las poseen, lo cual constituye desde su génesis la principal crítica al oligopolio del Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares que EU –único país que ha lanzado dos bombas atómicas en la historia de la humanidad contra las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki– pretende controlar con sus premios obscenos (a Israel) y sus castigos injustos (a Irán).

Pese a todos los agravios acumulados que ha propinado EU a México, con demócratas y republicanos por igual –desde la erección del muro transfronterizo de la ignominia, pasando por la mexicanofobia de Samuel Huntington, hasta la oprobiosa ley Arizona–, en términos de realismo político –porque tampoco nos podemos enfrentar alocadamente a la todavía máxima potencia militar mundial, pese a su decadencia–, nuestro país tuvo la oportunidad dorada de haberse abstenido y/o haber pospuesto la votación hasta que otro país presidiera la sesión mensual (y así evitar un grave error que deberá ser analizado cuidadosamente por los futuros y creativos diplomáticos del ejemplo de lo que no hay que hacer).
Pero más allá del crudo realismo político –que conducía a no confrontar a EU, pero tampoco a desdecirse de la declaración de Teherán y en apoyo público al BIT– la coyuntura –para no decir, un milagro diplomático de la Virgen de Guadalupe– le dio al país una oportunidad inédita: el asesinato, un día antes a la votación (insistimos presidida por “México”) del joven Sergio en Ciudad Juárez por los mexicanicidas de la Patrulla Fronteriza. Tan sencillo como haber expuesto la verdadera protesta de México ante el mexicanicidio transfronterizo mediante una abstención que hubiera tenido resonancia mundial: más por la hostil política migratoria de EU (que se pasa perorando en el vacío sobre sus muy selectivos y etnodiscriminatorios “derechos humanos”) que por el contencioso iraní, donde México solamente puede aportar humildemente su lubricación a la paz mundial.

De hecho, con la sanción a Irán, que puede derivar en una guerra en el golfo Pérsico, el voto “mexicano” apoya indirectamente la confrontación en espiral.

Es evidente que el voto hostil de México contra Irán no le va a quitar el sueño al país persa que es muy hábil en el manejo diplomático cuando su mismo presidente Ahmadinejad, pese a la resolución adversa del Consejo de Seguridad, no ha dado por muerto el canje de su uranio (Naharnet, 15/6/10), con base en la solución diplomática creativa de Lula, el presidente brasileño, y de Erdogan, el premier turco: dos muy capaces estadistas de los países emergentes que debiera Felipe Calderón adoptar como émulos.

Independientemente de que exhibe al PAN y a su presidente muy desangelado en turno como instrumentos del unilateralismo de EU, y desnuda la ausencia de una política exterior propiamente autónoma (sería mucho pedir que sea “independiente”), ante la catatonia del Senado, el paroxismo de la comedia de errores que se acumularon en el voto de México contra Irán lo constituye la falta de colaboración y solidaridad de México con el país líder de Latinoamérica: Brasil, uno de los proponentes de la creativa solución diplomática al uranio persa. Este solo hecho hubiera conducido a la abstención de México para no ofender, más allá del BIT, al gigante latinoamericano.

Una vez más el “México panista” de Fox y Calderón colisiona abiertamente con Brasil y coloca en tela de juicio la voluntad de unión latinoamericana a la que convocó recientemente en Cancún: otra esquizofrenia de la cancillería mexicana que llegó a su delirium tremens con el filosionista Jorge Castañeda Gutman y que parece más una franquicia del Departamento de Estado de EU.

En lugar de abstenerse, por los tres motivos racionales que hemos aludido (el legado del desarme y desnuclearización de don Alfonso García Robles, el infanticidio de Sergio y la solidaridad con Brasil), México optó insanamente por seguir los cánones y cañones de EU en su confrontación estéril con Irán –a menos que Washington busque una guerra, que tampoco se ve cómo podría ganar cuando se encuentra empantanado en Irak y Afganistán. En este caso, entonces, Claude Heller Roissant se habrá pronunciado (¿inconscientemente o teledirigido por el Departamento de Estado?) en favor de la guerra contra Irán. Y en estos lúgubres asuntos no existe vuelta atrás.

Así, Calderón ha militarizado insanamente tanto la política interna como su política exterior y, lo peor, coloca innecesariamente a México en un frente de batalla donde se puede volver tiro al blanco de los pletóricos enemigos de EU que, hasta donde sabíamos, no son nuestros.

La Corte fatua mexicana

Los ministros José Fernando Franco, José Ramón Cossío y Margarita Beatríz Luna Ramos.

Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F., 18 de junio (apro).- Poco les faltó a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle perdón al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a su actual titular, Daniel Karam, por haberlos investigado por la tragedia de la guardería infantil ABC.

De haber alargado sus deliberaciones en busca argumentos para justificar a esos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, habrían terminado por responsabilizar a los padres de los 49 menores muertos y los 104 heridos en el incendio por llevarlos a una guardería que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.

Como representantes del tercer Poder, esos ministros quedaron como integrantes de un poder de tercera.

Por la manera en que salieron al paso de su obligación constitucional de investigar las graves violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados que por acto u omisión cometen las autoridades, como fue en el caso de la guardería, demostraron a quién sirven.

Con un estrecho legalismo respondieron a la ignominia que representó no sólo para los padres de los bebés, sino para la sociedad, la manera en que se comportaron las autoridades del IMSS, del gobierno de Bours y de la anterior presidencia municipal antes, durante después de la tragedia.

Como la Constitución no precisa en su artículo 97 los alcances de las investigaciones que haga la Corte para casos como el de la guardería ABC, la matanza de Aguas Blancas o los asesinatos en Oaxaca y en San Mateo Atenco, en el estado de México, los ministros se dieron unas reglas con las que se amarraron las manos.

El intento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para hacer una nueva interpretación de esa facultad y posibilitar así el establecimiento de responsabilidades desde los más altos niveles de gobierno, se topó con esas reglas como si fueran letra sagrada, imposible de modificar.

Las reglas son un candado impuesto por el sector más conservador de la Corte para no hacer efectiva esa facultad constitucional y sancionar a los funcionarios que violan de manera grave los derechos humanos.

La mayoría conservadora que domina a la Corte, integrada por seis de los once ministros a la que se le suman otros ministros según el tema en conflicto, se ha encargado de mantener al Poder Judicial cercano al Ejecutivo para garantizar el actual estado de cosas, que desde la perspectiva judicial está caracterizado por la impunidad ante el ejercicio abusivo del poder.

Ese grupo echó a la basura no sólo el proyecto de Zaldívar, sino una costosa investigación de medio año, que entre otros datos arrojó que de mil 480 guarderías subrogadas por el IMSS al momento de la tragedia, como lo era la estancia infantil ABC, sólo el 0.3 por ciento cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento.

En el caso de la supervisión por parte del IMSS, la investigación demostró que se trataba de un “mero control administrativo” que se cumplía en el 88.7 por ciento de los casos. Pero en el caso de protección civil, sólo la mitad tenía constancia vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tenía vigente el visto bueno de bomberos.

Nada de eso fue importante para una mayoría de ministros que también pasó por alto que el esquema de subrogación de guarderías del IMSS responde más a intereses mercantilistas en beneficio de personas cercanas al poder que a la prestación de un servicio.

Encabezado por el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el conservadurismo va de la mano de los intereses personales de algunos ministros, algunos más claros que otros.

Para quienes quieren llegar al máximo cargo del Poder Judicial cuando Ortiz deje la presidencia en diciembre próximo, su votación en esta investigación tendrá que ser tomada en cuenta en el Poder Ejecutivo, pues es claro que esa decisión no se queda sólo entre los once ministros.

A la suma de voluntades entre sus pares, quien quiera ser el próximo presidente de la Corte deberá contar el respaldo entre los otros dos poderes políticos, el Legislativo y, sobre todo, el Ejecutivo.

Es claro que la Corte hace política no sólo porque es uno de los tres Poderes del Estado, sino porque sus ministros son designados por el Senado a propuesta del presidente de la República.

Al resolver el caso ABC, los ministros que claramente apoyaron a los funcionarios del Ejecutivo Federal y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, fueron Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández. Parcialmente lo hicieron José Ramón Cossío Díaz y Jesús Gudiño Pelayo.

Esta vez, las excepciones fueron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

jcarrasco@proceso.com.mx

Réquiem por el implacable crítico de los desfiguros del poder

Carlos Monsiváis, cronista de la vida cotidiana, del arte y la cultura popular de los mexicanos, falleció ayer a las 12:50 horas en la capital. La noticia abrió una herida profunda entre sus lectores, amigos y entusiastas seguidores. El cuerpo del prolífico escritor fue recibido por una multitud en el Museo de la Ciudad de México, donde es velado y muchas personas expresaron: “Monsi, al Zócalo; homenaje popular, no oficial”. Los restos del autor de Amor perdido serán incinerados hoy al mediodía Foto Barry Domínguez
Monsi, ciudadano comprometido
En los malos tiempos que se abaten sobre el país, la muerte de Carlos Monsiváis, El Monsi –como le decían afectuosamente sus amigos, sus conocidos y sus incontables lectores desconocidos– resulta doblemente desoladora. Cualquiera en el que México hubiera tenido que despedirlo habría sido un mal momento, pero el actual es el peor imaginable para perder a una de sus inteligencias más éticas, generosas y comprometidas con las gestas sociales, a su principal cronista, a un intelectual particularmente lúcido y agudo, al crítico más implacable de los desfiguros del poder.

A lo largo de su vida, Monsiváis registró, con humor, rigor y una suerte de erudición de los terrenos inexplorados de la sociedad, las formas de relación y las prácticas de identidad de la población urbana de la segunda mitad del siglo XX y, sin hacer con ello un retrato complaciente, las presentó como maneras de resistencia o, cuando menos, de compensación frente a la desigualdad, la corrupción y el abuso.

Al mismo tiempo, Monsi dedicó su pluma a la crítica de la cerrazón política oficial; la tragicómica ineptitud de los funcionarios; la prepotencia y los atropellos de un sistema político sin contrapesos formales; la insultante frivolidad de los grupos que se han ido transfiriendo el control de las instituciones, con o sin el aval de la voluntad popular; la connivencia entre los anteriores y los poderes fácticos del dinero y del músculo mediático; el clericalismo rústico y, en años recientes, la inocultable conformación de una clase política-empresarial que es a la vez mandante y mandataria, y responsable principalísima del desastre nacional que hoy padecemos.

Más allá de la innovación formal, de la conversión de usos coloquiales en gran literatura, de la observación aguda en la que se hermanan la mirada del barrio con la tradición conceptista, el sentido central de la vida y de la obra de Monsiváis reside en la subversión verbal y textual frente al poder del gobierno, de la televisión, de las trasnacionales, de la jerarquía eclesiástica, de las corporaciones priístas, de la publicidad, de la venalidad, de la arrogancia, de la ambición, de la miopía y de la insensatez.
No cabe llamarse a engaño: con motivo del proceso electoral de 2006, Monsiváis señaló que un poder entronizado por el “dinero a raudales” habría de terminar sometido a los designios del mandato económico y advirtió sobre los riesgos de la “violencia ideológica” de la derecha. Vistos en retrospectiva, esos señalamientos adquieren la condición de una denuncia profética.

El sentido de orfandad es, pues, doblemente arduo en el momento actual, cuando la inteligencia constituye un déficit generalizado; cuando se confunde Estado con Ejército, política con encuestas de popularidad, y opinión pública con opinocracia; cuando el sentido de país está ausente de las decisiones que aún pueden ser adoptadas en las cúpulas políticas y económicas; cuando el cinismo y el pragmatismo extremos dejan de ser motivos de vergüenza y se convierten en actos de lucimiento; cuando el designio arbitrario, la violencia armada y la ley del más fuerte parecen ser los únicos sucedáneos de convivencia civilizada y de régimen republicano.

Signo de los tiempos: los factores de poder denunciados y desnudados por Monsiváis elogian, en estas horas amargas, a un personaje descafeinado, desprovisto de ideología, tolerante para con todo: casi a un intelectual de Estado, situado por encima de diferencias y fracturas sociales. Es obligado recordar, en tal circunstancia, que el escritor desaparecido fue siempre un ciudadano comprometido con las causas políticas, culturales y sociales de los marginados, de los discriminados, de los invisibles, de los de abajo, de los sin voz. Los homenajes póstumos de los poderosos parecen, pues, un ejercicio de hipocresía, que es como se denomina al tributo que el vicio rinde a la virtud.

Para la sociedad de abajo y para los ciudadanos de buena fe que aspiran a un país legal, justo, soberano, democrático e inteligente, el fallecimiento de Carlos Monsiváis es una noticia demoledora. Valga como pésame colectivo y compartido el compromiso de seguir encontrando, en su obra, razones para mantener vigentes esas aspiraciones.

El ciudadano

In memoriam

Jesús Ramírez Cuevas

A partir de hoy, México está incompleto pues le falta uno de sus hombres más lúcidos de su tiempo. Los últimos 50 años mexicanos no pueden entenderse sin la presencia, la omnipresencia, de Carlos Monsiváis, el intelectual independiente del poder, el escritor brillante, el ciudadano comprometido con las causas democráticas de la sociedad, el comentarista de cuanto fenómeno cultural, social y político asomara a la realidad.

Gracias Carlos por darnos tanto de ti desinteresadamente. Gracias por ser como eras, por pensar como pensabas, por reírte como te reías (de todos), por las enormes lecciones morales e intelectuales que nos diste a todos (todavía pasaremos un buen tiempo en lograr entender y asimilar muchas de ellas).

Tenemos tantas cosas que agradecerte Carlos. En primer lugar, tu amistad a toda prueba, tu solidaridad incondicional con las personas en desgracia. Gracias, Carlos por tu apoyo incansable a las causas del pueblo y a los sectores más decididos a enfrentar el cinismo y la impunidad del poder. Gracias, Carlos, por tu capacidad de indignación y tu talento para traducirla en alegatos brillantes y demoledores; por tu ingenio cotidiano que supo hacer del humor la mejor arma de la crítica implacable. Pero sobre todo, gracias, Carlos, por haber demostrado que la inteligencia y el talento no están reñidos con el compromiso ético y político.

Gracias Carlos, maestro de varias generaciones de periodistas, escritores, artistas, activistas. Maestro: tu voz genuina, tu conocimiento omnívoro, tu infaltable humor y tu visión deslumbrante, alternativa, siempre informada y aguda.

Cada mañana, casi sin fallar, sonaba (tengo que usar el pretérito) el teléfono de casa, Carlos Monsiváis estaba presto a comentar los últimos acontecimientos del país y del mundo. Siempre con ironía, hacía gala de su agudeza y sintetizaba en una frase los problemas más complejos de la vida nacional, al vuelo citaba referencias históricas, libros y episodios culturales que venían a cuento. Jamás perdió filo su capacidad de indignación frente a las injusticias, incluso las más pequeñas lo sublevaban, lo obligaban a convertir su pesimismo programático en sesudos análisis de la realidad y lograba entender las cosas, generar así la luz que es motivo de esperanza.


Afuera de Bellas Artes en el año 2006Foto José Carlo González
Promotor incansable de la sociedad que se organiza, cronista genial del empoderamiento de los ciudadanos, Carlos acompañó a cuanta lucha y movimiento social se le atravesó en su camino. Incluso se puede decir que redactó o ayudó a redactar la mayor parte de sus manifiestos. Hoy lo recuerdan y lo acompañan los maestros, médicos y ferrocarrileros del 58; los estudiantes de 1968; los activistas de los movimiento sociales urbanos; los capitalinos que vivieron del temblor de 1985; los convencidos en esfuerzos democratizadores de la sociedad; los indígenas zapatistas del Chiapas digno que no se rinde; las minorías que pugna por un lugar en la nación; las mujeres y su causa feminista; las lesbianas y homosexuales que combaten la homofobia, el prejuicio y el derecho a ser diferentes; los mexicanos que hoy luchan contra el capitalismo salvaje y sus lamentables consecuencias sociales y ecológicas, los que reivindican el arte popular, la historia nacional, y aquellos que llenan las calles convencidos de que la democracia y la justicia algún día llegarán a reinar en nuestro maltratado país.

Carlos, nos haces falta, nos harás falta siempre. Gracias, Carlos, por todo, gracias por tus palabras y tus ideas, por tu sabiduría, toda, siempre puesta al servicio de los demás, por creer, por pugnar, por pensar en un México incluyente y democrático.

Nada mejor te describe, Carlos, que aquellas palabras que escribiste, citando al poeta Luis Cernuda, en el homenaje que te ofreció la Universidad Autónoma de la Ciudad de México al reconocerte con el insólito y único doctorado honoris causas perdidas:

Gracias compañero, gracias por el ejemplo, gracias porque me dices que el hombre es noble, nada importa que tan pocos lo sean, uno, uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana, muchas gracias.