miércoles, agosto 25, 2010

AMLO en la UNAM: Bienvenido!!!


La UNAM es de todos y todas

Redes Universitarias respeta todos los puntos de vista que vivimos y compartimos a diario las aulas universitarias y que le dan vida a un movimiento en verdad diverso y plural.

Para Redes Universitarias es fundamental que la UNAM se preserve como una institución de puertas abiertas en donde se puedan expresar libremente los distintos puntos de vistas, es por ello, que nos parece acertado la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Facultad de Economía y a la UNAM porque refuerza el carácter plural de nuestra institución.

El jueves 26 de agosto presentará su más reciente libro "La mafia que se adueñó de México... y el 2012" en el Auditorio Narciso Bassols del anexo de la Facultad de Economía de la UNAM. Presentarán el libro Rogelio Ramírez De la O y el Dr. Leonardo Lomelí.

Te invitamos a darle continuidad a este esfuerzo participando en la construcción de una agenda juvenil que enriquezca el Proyecto Alternativo de Nación y la defensa de nuestros derechos.

Nuestra propuesta es construir un movimiento muy amplio que elabore esta agenda, formando comités, circulos de estudio en escuelas, barrios y en cada estado.

Es lamentable saber que con los tres mil millones de pesos que se gastarán en los festejos del Bicentenario se podrían otorgar becas a 600 mil jóvenes, es por eso que consideramos necesario organizarnos.

REDES UNIVERSITARIAS

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Narco decapitados en el bicentenario calaveras y caricatura politica Eduardo Soto


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Las cuentas sucias

Falta de transparencia, corrupción, subejercicios e ineficiencia para manejar más de 1 billón de pesos por excedentes petroleros –que no se sabe dónde están o en qué se gastaron– halló Arturo González de Aragón al fiscalizar, como auditor superior de la federación, las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox y dos años de la administración de Felipe Calderón. Ya retirado de su importante función, revela en entrevista las “cochinas” maniobras con las que el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, lo presionó constantemente para que no ahondara en las ilegalidades y dejara impunes a sus personeros.


Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2002 a 2009, el contador Arturo González de Aragón revela en entrevista con Proceso que durante su gestión recibió presiones del Ejecutivo Federal; anónimos y amenazas de los banqueros para que modificara sus dictámenes sobre las cuentas públicas que se referían al rescate bancario, y “sugerencias” del PRI para que en el caso del Pemexgate emitiera recomendaciones laxas y que no se trataran “jamás de Francisco Labastida”.

Además, González de Aragón hubo de confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revirtió sus dictámenes sobre la ilegalidad de los casos de Fobaproa, ISOSA y los multimillonarios Contratos de Servicios Múltiples de Pemex que autorizó el entonces director jurídico de la paraestatal, César Nava, con la anuencia de Felipe Calderón como secretario de Energía. Particularmente lo sorprendió la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” e impidió que el erario recuperara 100 mil millones de pesos.

A ocho meses de haber dejado la ASF y dedicado por ahora a concluir un libro de reflexiones, González de Aragón recuerda que, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz lo acosó con auditorías personales, a su despacho e incluso a una empresa de la que ya no formaba parte. El “finiquito” de tales auditorías lo retuvo durante meses dicho funcionario “como una espada de Damocles”.

También la Procuraduría General de la República lo investigó cuando indagaba sobre la posible desviación de recursos públicos hacia la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox.

La ley en subasta

El 9 de septiembre de 2002, el contador González de Aragón entregó los resultados de la cuenta pública de 2000, donde determinó que mil 500 millones de pesos de Pemex se desviaron a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, pero además concluyó que cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, hoy HSBC) defraudaron al erario federal por el caso Fobaproa y tenían que regresar 110 mil millones de pesos.

Sólo 28 días después, el 7 de octubre de 2002, fue notificado de tres auditorías fiscales: una a su despacho –del cual ya había donado sus acciones a sus hijos–, otra personal y una más a una empresa de radio de la cual había sido socio un año y medio atrás.

–¿Recibió presiones por su actuación?

–¡Tremendas! Estuvieron instrumentadas desde el Ejecutivo federal.

–¿Por quién?

–A través de Francisco Gil Díaz, de nuestro amigo Paco Gil –aclara, irónico.

–¿Y de los bancos?

–Sí, pero no directamente. No se atrevían de frente. Hubo algunos emisarios. Me pedían que nuestra posición fuera más laxa, cosa que no aceptamos nunca. Eran mensajeros de los cuatro bancos que pedían que no fuéramos tan duros, tan rígidos. Decían que ya todo estaba resuelto. Ahí empezaron las presiones.

Recuerda que a su oficina llegó un anónimo de Banamex. “Fue una nota, según esto, del jurídico de Banamex. En ella decía que existían elementos para hacer una denuncia de daño moral en mi contra por las declaraciones sobre el Fobaproa. Nunca supe cómo llegó esa nota hasta mi escritorio”.

“A los 28 días de mi primer informe empezó la presión. La respuesta del aparato de Estado fueron las tres auditorías que me iniciaron. Incluso, las auditorías fueron renovadas dos veces. Ya con la tercera no encontraron nada en mi contra, pero no me dieron el finiquito hasta tiempo después: lo mantenían como la espada de Damocles.”

La maniobra del gobierno federal, operada por Gil Díaz y que el exauditor califica de “perversa y cochina”, prosiguió. En julio de 2003, el conductor de noticieros de Televisa Joaquín López-Dóriga reveló que la PGR tenía información de que el despacho de González de Aragón había prestado servicios al gobierno de Carlos Salinas de Gortari por los que cobró sumas millonarias.

“Yo quería ver la magnitud del ataque y saber cuál era la estrategia del gobierno –dice González de Aragón–, así que llamé al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y me puse a sus órdenes. Recuerdo lo que le dije: ‘…porque ahora, señor procurador, se juzga desde los noticiarios’. Y su respuesta fue: ‘No sólo eso, auditor. También se emiten fallos’.”

La indagatoria contra él, que duró entre cinco y seis meses, se realizó “contra todo principio de estado de derecho, porque en lugar de que ellos probaran las acusaciones, el que tuvo que probar la inocencia fui yo. Y pude probar que, cuando trabajé para el gobierno, lo hice como independiente; que llevaba 16 años sin estar en cargos públicos. Y a mí nunca me importó si me pagaban con dinero de la partida secreta, concreta o indiscreta”, sostiene.

González de Aragón trabajó entre 1979 y 1985 para el gobierno federal, incluso con Rogelio Montemayor, y con Francisco Gil en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Sin embargo, en los primeros años de su gestión como auditor superior tuvo “a tres instituciones alineadas en mi contra: Hacienda, la PGR y la SCJN”.

Particularmente lo molestó la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que a partir de su revisión comprobó que los bancos debían reintegrar al erario federal 110 mil millones de pesos, pero el tribunal se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” y sólo se recuperaron 10 mil millones. Los ministros Genaro Góngora Pimentel y Juventino Castro y Castro respaldaban a la ASF en esa ocasión, pero el resto se opuso a privilegiar el interés público.

En su momento, González de Aragón dijo a sus colaboradores: “Ahí está la mejor demostración de que el derecho lo haces para donde quieras”. Y cuestiona: “Si la demanda estaba fundamentada y motivada, ¿por qué no se tomó en cuenta el interés de la nación y el hecho de que todos los mexicanos tenemos que pagar el dineral que se llevaron?”.

–Usted ha dicho que el derecho lo hacen para el lado que quieren. ¿Los ministros de la SCJN obedecieron a otros intereses?

–Yo no tengo elementos para afirmarlo, pero mi gran pregunta sigue siendo esta: si había fundamentos, ¿por qué actuaron así? Mi conclusión, después de estos ocho años al frente de la ASF, es que la aplicación de la ley y del estado de derecho es una subasta pública.

–¿Qué quiere decir con eso?

–Al mejor postor. El que tiene recursos para comprar la ley es el que obtiene la justicia, no importa que sea inocente o culpable, eso es lo que menos importa. En México lo que menos importa es la justicia.

Pemex e ISOSA

Lo mismo ocurrió en el Pemexgate. Con las pruebas del desvío de fondos públicos en la mano, González de Aragón presentó una denuncia penal por presunto daño patrimonial que ascendía a mil 580 millones de pesos.

El problema no se solucionó, sino que se evadió con una componenda. El gobierno presentó “un reconocimiento del adeudo firmado con Pemex de parte del sindicato petrolero para pagar los mil 580 millones de pesos. Eso quitó la causa penal, pues ya no había delito que perseguir… Aplicaron adeudos que tenía Pemex con el sindicato, se llegó a un acuerdo”.

–¿Pemex se convirtió en la gran caja de las administraciones pasadas?

–No sólo en la pasada, ¿eh? Pemex era la gran caja en todos los gobiernos.

–¿Lo sigue siendo?

–Ahorita no sé, estoy fuera.

–Cuando usted era auditor, César Nava fue responsable de algunos actos que la ASF consideró ilegales… –se le plantea.

–…Le observamos en tres auditorías. Dos fueron estando él al frente del jurídico de Pemex. Se trató de los casos de los Contratos de Servicios Múltiples y por los permisos de energía.

El entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, autorizó contratos y permisos. Nava dio su opinión favorable para que se realizaran. Por ello el presidente Fox decidió llevar ambos casos a la SCJN, que finalmente falló a favor del Ejecutivo.

La última auditoría en la que tuvo que ver César Nava se realizó con motivo del fideicomiso que se constituyó en Banjército para el equipo de transición de Felipe Calderón. “De los 130 millones de pesos que se le aprobaron, nosotros le observamos 30 millones manejados en forma irregular”, comenta González de Aragón. Pero Nava fue salvado por el gobierno foxista.

“Las irregularidades por 30 millones de pesos que le detectamos fueron corregidas y solventadas, en uso de sus atribuciones, por Gil Díaz, por Hacienda, que es la que interpreta”, dice el exauditor superior. Aun así, Nava tuvo que regresar 1 millón de pesos.

Al retomar el tema de Pemex como caja gubernamental, González de Aragón destaca la denuncia penal que interpusieron para que se devolviera el pago por la renta de una embarcación, que se contrató por 39 mil dólares cuando el Instituto Mexicano del Petróleo ofreció cobrar 19 mil dólares.

Y acerca de Oceanografía, la empresa intermediaria de los hijos de Marta Sahagún, el exauditor sostiene que sólo hubo observaciones. Lo mismo sucedió cuando el Congreso le pidió a la ASF que investigara a la fundación Vamos México.

–Por qué no hubo una acusación formal por la desviación de recursos de la Presidencia hacia Marta Sahagún?

–¿Se acuerda que por eso vendió todos sus vestidos e hizo aquel show, un desfile de modas? Ahí no se comprobó que hubiera recursos públicos entregados a Vamos México, esa no fue la vía. A lo que pudimos llegar es que ella no tenía calidad jurídica de servidora pública, y por lo mismo no podía hacer uso de recursos públicos. Por eso recomendamos: reglamenten la figura.

En 2003, al revisar la cuenta pública de 2001, González de Aragón examinó el estado de la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V., la empresa que Francisco Gil creó en 1993 para cobrarles a los contribuyentes los derechos de trámite aduanero.

González de Aragón encontró en ISOSA visos de corrupción y una afectación al erario federal por 10 mil millones de pesos que, en lugar de ir a parar a las arcas de la federación, se estaban desviando a los propietarios de la empresa al depositarse en un fideicomiso privado, que por lo mismo era inescrutable. El dictamen de la ASF fue contundente: los servicios aduaneros los presta el gobierno y el dinero captado por ese concepto debe reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

Gil Díaz, que ya era su enemigo político, recurrió de nuevo a la SCJN. El fallo volvió a favorecer al Ejecutivo e ISOSA devolvió únicamente 2 mil 500 millones.

–¿En este caso Gil Díaz presionó a los ministros?

–Directamente, no tuve conocimiento de eso. Lo que sí supe fue que el jurídico de Hacienda, Luis Mancera, estaba metido en labor de lobbing con los ministros.

Intenciones regresivas

La administración foxista fue incrementando sus fideicomisos, muchos de los cuales se consideraban privados e inescrutables aunque tuvieran fondos públicos: de mil 387 que tenía en 2004, pasaron a mil 409 en 2005, cuando su monto alcanzó 742 mil millones de pesos.

Las dificultades para fiscalizar estos instrumentos de inversión constituidos con dinero público llevaron a González de Aragón a uno de sus primeros triunfos. Presentó al Congreso una iniciativa de ley para que esta figura quedara sujeta a fiscalización. Al aprobarse la reforma, ISOSA no pudo continuar viva y Gil la liquidó, según sus propios reportes de cuentas públicas.

En el primer año de Felipe Calderón los fideicomisos se redujeron en forma importante. En 2007 eran 377 y tenían 321 mil 74 millones de pesos.

Aunque González de Aragón está satisfecho por esa aportación a la transparencia de las finanzas federales, resalta que no es precisamente la tendencia: “Se muestran muchas intenciones regresivas. Pasamos del presidencialismo, del poder absoluto, al poder compartido, y ahora son los gobernadores. Resulta que estás sujeto a la buena voluntad del servidor público, y eso no puede ser”.

Se le pregunta al exauditor superior si en los primeros años del sexenio de Calderón persistió la falta de transparencia que encontró en la administración de Fox.

“A nivel del Ejecutivo –responde– hay más voluntad de transparencia y apertura, la cual no es compartida por muchos de sus colaboradores y obviamente tampoco por los gobiernos estatales, porque ya se dieron cuenta de que pueden manejar de manera mañosa, indebida, los recursos que reciben.”

Un ejemplo de la forma indebida en que se han manejado los recursos en ambos sexenios panistas son los llamados “excedentes petroleros”, que de 2003 a 2008 alcanzaron la exorbitante suma de 1 billón 330 mil 116 millones de pesos.

“No estoy diciendo que se los hayan robado. La pregunta es en qué se los gastaron y dónde están. El 72% se fue al gasto corriente, 12% a inversiones financieras y 16% a inversiones físicas, cuando se debió aprovechar esa bonanza petrolera para crear grandes proyectos e infraestructura, a fin de generar una gran cantidad de empleos”, acota.Corrupción de Felipe Calderón, corrupcion panista, Vicente Fox, Arturo González de Aragón, IFAI, Pemex,

Experto en el manejo de finanzas y presupuestos, advierte que a las administraciones de Fox y Calderón las han caracterizado los subejercicios, la discrecionalidad de los servidores públicos y el exceso de “disponibilidades” o el dinero que no se utiliza. Explica González de Aragón:

“Una de las grandes áreas que sumamos para su revisión son los subejercicios presupuestales. Por ejemplo, detectamos la cantidad de 102 mil millones de pesos en diciembre de 2007, como disponibilidades que existían, y la transfirieron de manera indebida a fideicomisos. Fue dinero que no fue ejercido pero ellos (los funcionarios federales) lo dieron por ejercido.”

Este engaño lo lleva a preguntarse “por qué, si era tal la cantidad de recursos que tenían en la mano, actuaron así”. Se responde: “Creo que la realidad los rebasó. No estaban listos, había carencia de proyectos. ¿Por qué mandaron millonarias cantidades a fideicomisos? Porque no sabían en qué aplicarlas y quieren darlas por gastadas para que el siguiente año no las puedan etiquetar en lo que el Legislativo aprueba como presupuesto, sino que ellos puedan manejarlas con toda libertad y discrecionalidad”.

Para evitar esto, él propone que con los excedentes petroleros se constituya un fondo y que el Ejecutivo y el Legislativo acuerden cómo usarlo. Con eso se evitaría la discrecionalidad de los funcionarios de Hacienda y el exceso de disponibilidades.

“Es válido dar un grado de discrecionalidad, pero no tanta. Ahora tienen tal cantidad los servidores públicos que pueden hacer mal uso de los recursos, pero ¡ojo!, el dinero no se pierde, simplemente se pasa de manera mañosa a fideicomisos. Ahí hay que tener cuidado”, advierte.

Por eso considera que la grave corrupción que persiste en el país hace urgente la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, impulsada por él mismo y aprobada en 2008, por lo que debe estarse adaptando en todo el país para 2012. La norma obliga a todos los niveles de gobierno a llevar la contabilidad del gasto y un inventario de sus bienes.

Indignado, pone ejemplos: “Un presidente municipal, en Morelos, compró un camión de basura, y como no llevó registro de patrimonio, no lo registró a nombre de la administración, sino al suyo propio. Al dejar el cargo, mandó arreglar el camión, fue con el nuevo presidente municipal y se lo vendió. Otro caso: en un solo año, un estado reportó que se habían perdido 2 mil vehículos…”.

La ASF también tiene injerencia en los bienes intangibles de la nación, por lo que González de Aragón demanda que la actual autoridad audite desde sus bases la licitación número 21 del espectro radioeléctrico, que le otorgó a Televisa 30 megahertz a precio de ganga.

Los partidos, un freno

González de Aragón llegó a la ASF con el respaldo del PRI y del PAN, partidos que, revela hoy, lo frenaron para que repitiera en el cargo: “Yo no les convenía a ninguno de los dos para 2012”, año de la elección presidencial.

“Durante mi gestión logré la recuperación de 40 mil millones de pesos y su ingreso a la Tesorería de la Federación. De esos recursos, entre 14 y 15 mil millones correspondieron al mal uso del dinero por parte de los estados. El más observado fue el Estado de México, siguió Michoacán y luego Jalisco, entidades gobernadas por PRI, PRD y PAN, respectivamente. Ante ellos fui claro: o devuelven el dinero o los denuncio penalmente.”

–¿Por qué dice que no le conviene al PRI y al PAN para 2012?

–Porque yo no acepto consignas. A mí me daba lo mismo que fueran de un color u otro.

–¿Quiere decir que Juan Manuel Portal Martínez, quien lo sucedió a partir de diciembre de 2009, sí les conviene?

–No puedo especular.

–Se la cambio: ¿la ASF será manipulada por los partidos?

–Lo que es cierto es que ellos tenían certidumbre de cómo actuaba yo, es todo lo que puedo decir, y no pretendo adivinar cómo van a actuar. Lo cierto es que la ASF es un instrumento de la sociedad y tiene que ser preservada para beneficio de todos.

Señala que los partidos políticos no han querido darle autonomía a la institución “porque dejaría de ser un instrumento político”. Abunda: “La ASF es un instrumento de presión de los partidos políticos. Y yo nunca permití intromisión, jamás acepté ni una sola recomendación. En el momento en que aceptas una, la ASF deja de tener validez”.

–¿Cuál es su opinión de quienes hoy manejan el dinero en el país?

–México requiere hombres de Estado que tengan visión en perspectiva y no hombres de aldea que se quedan en el cortoplacismo. Decía alguien: los hombres de primera tienen subordinados de primera; los hombres de segunda tienen surbordinados de tercera para evitar que les hagan sombra. Ahí la dejo.

Calderón violó la Constitución pero... no habrá sanción: TEPJF

SOLO EN MEXICO.....

MÉXICO, DF, 25 de agosto (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución al transmitir en cadena nacional un mensaje en materia de seguridad el pasado 15 de junio, en pleno proceso electoral.

En la sesión de este miércoles, que duró dos horas, los magistrados respaldaron uno por uno la propuesta de la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, al considerar que todo funcionario público, sin excepción, está obligado a observar y proteger la Carta Magna.

Sin embargo, Calderón no podrá ser sancionado porque los propios magistrados reconocieron que la legislación electoral no prevé castigo alguno para el titular del Ejecutivo.

En el proyecto de Alanís también se resolvió que otros dos mensajes difundidos en medios electrónicos, con cifras de empleo y simplificación tributaria, también constituyeron una violación a la ley.

Con el aval de los siete magistrados integrantes de la Sala Superior, el TEPJF resolvió que Calderón violó la Constitución al emitir el 15 y 30 de junio, así como el 1 de julio, propaganda gubernamental en el marco de los recientes comicios locales.

Los magistrados puntualizaron que los mensajes del Ejecutivo infringieron el artículo 41 apartado C de la Constitución, “por lo que se modifica la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral”.

La tirria de Calderón

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

José Gil Olmos

Para Pedro Matías, por el reconocimiento a su oficio de reportero

MÉXICO, D.F., 25 de agosto (apro).- Después de constatar las condiciones de peligro en que trabajan los periodistas en México, los enviados de la ONU no pudieron conversar con Felipe Calderón quien, de esta manera, mostró nuevamente el poco interés y hasta la aversión que siente por los reporteros desde que era diputado y dirigente nacional de su partido, el PAN.

A Calderón no le gusta la prensa y si la soporta es por mera conveniencia. Su menosprecio no es de ahora, sino desde que paseaba por los pasillos del Congreso legislativo y las oficinas de su partido. Pero se le acentuó más conforme fue saltando a puestos de gobierno y, sobre todo, cuando llegó a Los Pinos.

Calderón ve a la prensa como un mal necesario, como un elemento que le incomoda y le molesta, y prefiere evitar cualquier contacto.

La intemperancia a la prensa muestra la inclinación autoritaria que Calderón ha expuesto en varios momentos de su gobierno, desde la implementación de la estrategia militar en el combate al crimen organizado hasta la criminalización de la protesta social, pasando por la falta de acuerdos con los partidos de oposición para sacar adelante las reformas laboral y electoral, entre otras.

Sin tener un sólo dato de las razones por las que el jefe del Ejecutivo no quiso reunirse con ellos, los relatores de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se mostraron preocupados por el desinterés de Calderón, sobre todo por la grave situación por la que atraviesa el ejercicio periodístico, debido al creciente poder del crimen organizado.

“Creo que es una oportunidad perdida”, dijo en tono lacónico La Rue al precisar que Calderón hubiera aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje a la prensa y decir que se solidarizaba con los periodistas mexicanos.

Sin embargo, todo parece indicar que a Calderón no le quita el sueño el asunto de los riesgos que atraviesa la libertad de expresión en algunas regiones del país, donde han optado por la autocensura frente a las amenazas de los diferentes grupos del crimen organizado.

De hecho, eso fue lo que dijo a través de twitter cuando hace unas semanas secuestraron a cuatro reporteros y un usuario le preguntó si le preocupaba esa situación. “Eso no me quita el sueño”, espetó sin preocupación alguna.

Pero si el gobierno hizo poco caso a los relatores de la ONU, tampoco se sabe si tuvieron contacto con los dueños de las televisoras, de las estaciones de radio y de los principales periódicos y revistas para conocer las condiciones laborales de los periodistas mexicanos.

Porque son los dueños y directivos de los medios los primeros responsables en dar garantías de seguridad a los reporteros, a quienes algunas veces los envían a cubrir eventos en las zonas de mayor riesgo sin tener siquiera Seguro Social, menos seguro de vida o de gastos médicos mayores.

Ni el gobierno ni los dueños de los medios se han preocupado por reconocer legalmente el trabajo de los periodistas; tampoco por ofrecer las garantías mínimas de seguridad social. Hay empresas que prefieren dar contratos de meses y pagar como colaboradores a sus reporteros para no contratarlos y evitar darles los derechos que por ley tienen.

Mientras tanto, el ejercicio del periodismo en México se hace cada vez más difícil por la impunidad con que ejercen su poder no sólo los grupos del crimen organizado, sino los caciques, ediles, gobernadores y representantes de grupos políticos y económicos que presionan para incidir en el ejercicio de la libertad de expresión.

El desdén de Calderón preocupa también por otra razón quizá más de fondo. Al final lo que le importa es que haya una prensa a modo para que no cuestione ninguna de sus decisiones, una prensa apacible a sus cambios de temperamento, una prensa silenciosa a sus errores.

Y si esa prensa es secuestrada por el crimen organizado, a Calderón le conviene tenerla igualmente amordazada en víspera de las elecciones de 2012.

Sistemáticos, los excesos del Ejército

Militares patrullan Ciudad Juárez.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 25 de agosto.- El análisis de las recomendaciones 36 y 45, emitidas este año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en referencia a la muerte de los dos menores Almanza Salazar y de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, deja claro que en ambos casos los efectivos del Ejército que participaron cometieron los mismos agravios: alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los acontecimientos–; sembrar evidencias para pretender involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones; y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional.

La existencia de conductas similares en dos hechos distintos, no muy separados en el tiempo, pero sí realizados por efectivos pertenecientes a dos zonas militares diferentes, siembra la sospecha de que se trate de una política general y no de un comportamiento personal anómalo de los involucrados.

Particularmente la recomendación 45, relativa al asesinato de los dos estudiantes, es demoledora respecto a la siembra de evidencias por parte del Ejército, pues utilizando los mismos documentos de la Sedena demuestra que los militares colocaron a los estudiantes las armas que previamente habían recogido a los delincuentes.

Al respecto, la recomendación señala: “en el correo electrónico de imágenes anexo al informe de la autoridad responsable, AR13, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo León, refirió que una vez terminado el enfrentamiento contra miembros de la delincuencia organizada se llevó a cabo la inspección del vehículo marca Yukón color gris, dentro del cual se encontró lo siguiente: (…) un fusil automático, calibre .308, de la marca Century Arms, modelo Cetme Sporter, matrícula borrada; así como una carabina, calibre .223-5-56 mm, marca Bushmaster, modelo XM15-E2S, matrícula L262834”.

Y más adelante indica: “…en el acta de fe ministerial e inspección cadavérica realizada por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, consta que Javier Francisco Arredondo Verdugo tenía sobre su miembro superior derecho un arma de fuego tipo fusil, en color negro con verde y correa negra, contando con cargador metálico, sin presencia de cartuchos, no observándose el número de serie o marca de la misma. Por su parte, Jorge Antonio Mercado Alonso tenía en su miembro superior izquierdo …un arma de fuego metálica en color negro, calibre 223, modelo XM15-E2S, de la marca Bushmaster y con matrícula L262834”.

La recomendación concluye: “…del informe rendido por el comandante de la VII Zona Militar se desprende que las dos armas encontradas dentro de la camioneta, cuando se realizó su revisión por los elementos militares, son las mismas que aparecieron en los brazos de ambos estudiantes al momento de la fe ministerial de inspección cadavérica, aun cuando con el mencionado video ha quedado demostrado que no viajaban en la camioneta, iban saliendo del campus y no portaban armas, lo que permite advertir que estas fueron colocadas con el propósito de alterar la escena de los hechos”.

En el caso de la familia Almanza Salazar las evidencias surgen de declaraciones contradictorias. Los dos elementos más relevantes son la ubicación de la camioneta Tahoe en que viajaban los dos menores fallecidos, Martín y Bryan Almanza Salazar –se halló entre dos camionetas ocupadas por integrantes del crimen organizado–, y los impactos de bala que le propinaron en la parte delantera para simular que la misma se encontraba en medio del fuego cruzado.

Respecto a la ubicación de la camioneta, el documento de la CNDH señala: “…en el correo electrónico de imágenes número 13018, del 5 mayo de 2010, emitido por AR3, que aparece como anexo al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional rendido mediante oficio DH-V-5030 ante esta Comisión Nacional, se manifestó lo siguiente:

“…5. Al término de la agresión se efectuó la revisión del lugar de los hechos, ubicándose tres vehículos, en el orden que se citan, localizando en su interior:

“a) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en una camioneta color azul; b) Una persona del sexo masculino con heridas en las piernas, en una camioneta tipo Tahoe color negro, quien se identificó como V6, indicando que venía procedente de Nuevo Laredo, con destino a Matamoros, Tamaulipas, y que lo acompañaba su familia; localizándose también en el interior del vehículo, en la parte posterior, el cuerpo sin vida del menor Martín Almanza Salazar, quien falleció en estos hechos, y c) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en un vehículo color rojo.”

Sobre el particular, la recomendación asienta: “…esta Comisión Nacional observó que se realizaron maniobras para alterar el sentido de las investigaciones, lo cual se puede advertir de los testimonios de T2 y T3 (identificación de los testigos, para proteger su identidad), del 9 de mayo de 2010, quienes manifestaron que una vez que recibieron el llamado por radio de V1 (identificación de Martín Almanza Rodríguez, padre de los menores, quien conducía el vehículo), de que la camioneta en que viajaban había sido baleada por efectivos militares, se trasladaron al lugar de los hechos, arribando aproximadamente a las 21:30 horas del 3 de abril de 2010, observando en dicho lugar sólo la camioneta Tahoe, color negro, con las luces intermitentes prendidas, a la que identificaron plenamente como la unidad propiedad de V1, y al cuestionar a los militares sobre los pasajeros, éstos les indicaron que los lesionados ya habían sido trasladados para su atención médica a Miguel Alemán, por lo que se dirigieron a los nosocomios de esa localidad (…) al regresar a Nuevo Laredo y cruzar por el puente el mismo lugar, aproximadamente a las 23:30 horas del 3 de abril de 2010, advirtieron (…) que la camioneta de V1 estaba en medio de una camioneta pick up azul y un vehículo rojo”.

(En otros documentos del Ejército referentes al aseguramiento de camionetas se observa que se ha procedido exactamente igual que en el caso anterior: los bienes que decomisan a los criminales los utilizan para alterar la escena del crimen y modificar el sentido de las investigaciones.)

También, para simular que la familia fue víctima del fuego cruzado, una vez que los heridos y los cuerpos habían sido retirados los soldados dispararon contra el parabrisas y el cofre de la camioneta, por lo que la recomendación de la CNDH señala: “…en relación con los impactos que presenta en el frente la camioneta, cabe agregar que los mismos no coinciden con la narrativa de las víctimas y, además, en el dictamen pericial de la Comisión Nacional se indica que, en relación con los orificios de arma de fuego descritos en el asiento delantero derecho, es posible establecer que el disparador o victimario se encontraba por afuera y al frente del vehículo en estudio; asimismo, que este lugar no se encontraba ocupado por persona alguna, con base en la ausencia de maculaciones de fluidos biológicos (manchas hemáticas o de tejidos blandos), por lo que muy probablemente fueron realizados una vez que la camioneta estaba desocupada”.

En ambos casos, al inicio de las recomendaciones, la CNDH hace una observación casi idéntica, y en el de los estudiantes señala: “Ahora bien, este organismo protector de derechos humanos considera necesario hacer evidente que durante la investigación del caso materia de esta recomendación existieron obstáculos y falta de colaboración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien negó parcialmente la información solicitada para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos”.

Así, de acuerdo con las recomendaciones de la CNDH, los comportamientos y los encubrimientos son muy similares, pese a que se trata de casos, elementos y zonas militares distintos, e inclusive de instancias diversas (la Procuraduría General de Justicia Militar y la Sedena), con lo cual es más difícil atribuir las violaciones de derechos humanos a errores o excesos humanos…

Las frivolidades del Bicentenario

Alonso Lujambio, titular de la SEP.

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 24 de agosto (apro).- El titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, se ha convertido en el conductor, animador y presentador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana que tienen más similitud con un gran circo y una superproducción televisiva que con un evento histórico.

Para Lujambio, los festejos serán una gran pachanga. Bastante cara, por cierto, ya que tan sólo para el 2010, los costos del “monumental desfile” del 15 de septiembre y del “brillante y majestuoso” espectáculo de pirotecnia, conciertos y coreografías ascenderán a 2 mil 900 millones de pesos.

Eso sin contar con los recursos del Fideicomiso Bicentenario, un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, con 600 millones de pesos de presupuesto, manejados por Banjército, y cuya principal obra será la construcción del Parque Bicentenario, en la exrefinería 18 de Marzo, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Desde el 4 de agosto, Lujambio ofreció varias conferencias de prensa para anunciar el gran despliegue de eventos del 15 y 16 de septiembre. En su calidad de coordinador ejecutivo de los Festejos del Bicentenario y del Centenario, el exconsejero electoral y excomisionado presidente del IFAI se ha transmutado en una especie de productor televisivo que confunde la conmemoración con la celebración y privilegia el espectáculo, sujeto a los criterios de la dinámica del rating.

De esta manera, para Lujambio lo más majestuoso no será repensar el futuro o el proyecto de una nación que surgió hace dos siglos, sino las cinco horas de transmisión televisiva y el despliegue de 45 pantallas entre el Zócalo capitalino y el Castillo de Chapultepec para disfrutar un espectáculo producido y dirigido por un australiano, Ric Birch.

Y no por malinchismo sino por elemental sentido común, el titular de la SEP no ha aclarado por qué se contrató a un australiano y no a un mexicano para dirigir el desfile de 27 carros alegóricos, los tres conciertos simultáneos (flamas, proyección de imágenes en La Catedral y los espectáculos El Arbol de la Vida, El Coloso y Vuela México).

Las críticas a Lujambio no han sido menores. El 18 de agosto presentó ante los medios de comunicación la melodía El futuro milenario, con letra del roquero Jaime López e interpretada por Aleks Syntek, cantautor de la fábrica de estrellas efímeras de Televisa.

No pasó ni un día de la presentación cuando Jorge Torres, jurado del concurso de composiciones para el bicentenario, afirmó: “No lo puedo creer. ¿El tema de Syntek es el que defiende el secretario Lujambio? ¿Es en serio? Pues díganle que me parece ofensivo” (Milenio Diario, 22 de agosto 2010).

Lujambio desplazó el propio resultado del concurso Tema Musical 2010, convocado por la propia SEP y Conaculta, y cuyo ganador fue José Miguel Delgado Anzón. Para enmendar la plana, la directora del Fonca, Martha Cantú, afirmó que este es un tema de la sinfónica y el otro será la canción del evento entre el 15 y 16 de septiembre de este año.

A la defensiva, el titular de la SEP declaró el domingo 22 de agosto que las críticas a los festejos del Bicentenario le parecían “mezquinas”. Y afirmó que si no se celebran, sería “un desperdicio imperdonable”.

El problema no es la pachanga o el circo que se prepara para el Día del Grito. Las críticas han sido generalizadas por la frivolidad, la excesiva mediatización y la ausencia de una labor realmente educativa e histórica para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.

Las declaraciones del titular de la SEP son tan sólo el reflejo de la crisis de origen: la ausencia de un proyecto serio, incluyente y de Estado por parte de los dos últimos gobiernos panistas para encabezar los festejos de las dos gestas más importantes de la historia mexicana.

En la comisión han predominado más las ocurrencias. Por ejemplo, se presumió el Fuego Bicentenario, al estilo de la antorcha de los Juegos Olímpicos, que inició su recorrido sin pena ni gloria en septiembre de 2009.

Se incorporó como actividades del Bicentenario una serie de 150 programas titulados Discutamos México que han tenido escasa o nula repercusión en las audiencias, por su hermético formato. También se organizó la regata Copa México, en la Riviera de Nayarit.

Las “obras monumentales” son más similares a un parque de diversiones. Es el caso del Parque Bicentenario que se construirá en un predio de 500 hectáreas en lo que fue la exrefinería 18 de Marzo de Pemex. Como si fuera un Six Flags histórico, la Comisión anuncia en su página electrónica que el parque tendrá cinco grandes jardines: Natura, Viento, Tierra, Sol y Agua, con espacios para juegos y diversiones.

El “monumento emblemático” será un espectáculo de rayos láser: la Estela de Luz, formada por dos columnas paralelas de 104 metros que estarán en el Paseo de la Reforma.

La comisión patrocinó un “espectáculo multidisciplinario” titulado Orgullosamente mexicanos, que se asemeja a una feria itinerante con rayos láser, efectos especiales y proyección de pantallas en ciclorama.

La ocurrencia más polémica y reciente de la comisión fue la exhumación de los restos de 14 cadáveres, correspondientes presuntamente a héroes de la guerra de 1810-1821, que fueron trasladados del Monumento de la Independencia, donde se encuentra El Ángel, al Castillo de Chapultepec, y de ahí a Palacio Nacional.

Se organizó un desfile necrofílico el 15 de agosto a lo largo de la avenida Reforma. Fue la metáfora más clara de la momificación de la historia. El titular del INAH, Alfonso de Maria y Campos, declaró que esto simboliza “la muerte para muchos mexicanos”. Bastaba con que se difundieran las calaveras de Posadas.

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En gobiernos panistas, 1 mil disidentes encarcelados


Más de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la “protesta social”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus “verdugos”, médicos o custodios.

Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.

Los “macheteros”, campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano “criminaliza la protesta social”. Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.

También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.

La “suerte” de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.

Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: “Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo”.



Incapacidad para dialogar

El Reporte sobre la criminalización de la protesta social, elaborado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) –organismo dedicado a la defensoría de los derechos humanos–, indica que, en la confrontación entre movimientos sociales y el Estado, “se están reduciendo las condiciones para las salidas negociadas”.

El documento, coordinado por Pablo Romo Cedano, precisa que el “Estado está cada vez menos dispuesto a hacer concesiones sustantivas a los movimientos sociales; trata de justificar su endurecimiento al calificarlos de extralegales e ilegítimos, de no ser interlocutores válidos que merezcan incorporarse a través de la presión a ningún tipo de negociación-acuerdo”.

Contrario a ello, “un número significativo de movimientos sociales está cada vez menos dispuesto a ceder frente a la decisión vertical o frente al daño o despojo que sufren”.

Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que la protesta social es un derecho que cobra legitimidad ante la incapacidad de cauces institucionales adecuados para la atención de las demandas de los grupos sociales.

“Busca la plena garantía de derechos y permite en última instancia el acceso a la justicia. Esta forma de manifestación social se relaciona como la actuación u omisión del Estado, en situaciones de desigualdad y marginación social y con la impunidad que facilita la violación de derechos humanos”, dice.


Mil detenciones en una década

A través del proyecto Viento de Libertad –página de internet que lleva un registro de los casos judiciales contra luchadores sociales–, el Comité Cerezo muestra que, en la década reciente, 1 mil 194 personas han sido sometidas a un proceso judicial como consecuencia de su participación en algún movimiento social.

Antonio Cerezo Contreras –acusado de terrorismo en 2001, junto con sus hermanos Alejandro y Héctor, por el gobierno federal, sin que éste haya podido comprobar los cargos– dice en entrevista que la criminalización de la protesta social es solamente un aspecto de la conformación del Estado mexicano en un Estado terrorista, al que se le suma la militarización del país y la modificación de leyes que validen el arraigo.

Las mismas estadísticas muestran que, durante el sexenio de Vicente Fox, 2006 fue el año en que más personas fueron aprehendidas. El caso que llevó más luchadores sociales tras las rejas fue el de Atenco, con el movimiento del FPDT. De las listas se destaca que, durante los primeros cinco años de administración, los detenidos por año no rebasaban la decena de personas.

En tanto que los procesados del sexenio de Fox Quesada que continuaban prisioneros hasta hace un mes eran 68; con el ascenso al poder de Felipe Calderón Hinojosa, la cifra se incrementó en 219 por ciento, al contabilizar 149 detenidos a julio de 2010.

Para Romo Cedano, si bien la criminalización de la protesta social viene desde los tiempos en que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, es evidente que “en los últimos años se han incrementado notablemente este tipo de expresiones de criminalización y judicialización; es decir, entran en un proceso de descalificación social y un proceso judicial que cuesta la vida a quienes permanecen en las cárceles”.

El defensor de derechos humanos resalta el caso de Atenco, en el que más de 200 personas fueron sujetas a un proceso penal en 2006 y 12 continuaron presas hasta el pasado 30 de junio. También destaca el de las indígenas queretanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación. “Éstos no son hechos aislados, responden a una estrategia del gobierno y del Estado para reprimir, soslayar y acabar con la protesta social”.

Gobiernos opresores

Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.

Golpeteo a la sociedad

Simón Hernández, abogado del Centro Prodh, explica que la “protesta” representa un fenómeno de expresión colectiva, vinculada con la organización y las transformaciones populares y democráticas que enriquecen la vida pública al operar como mecanismo para la transformación y la realización de la justicia social.

La protesta también permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales desaventajados, fungiendo en última instancia como elemento de la transformación social. Puede definirse como un “acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientado al sostenimiento de una demanda, en general, con referencia directa o indirecta al Estado”.

Al criminalizar, el Estado utiliza una doble estrategia: “Primero, posterga la solución de las demandas sociales buscando el desgaste de los movimientos; luego, permite que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para justificar ante la opinión pública la inexistencia de salidas dialogadas, criminalizando al movimiento social y a sus demandas”, comenta.

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Un pueblo a cambio de una refinería

La indefinición en la construcción de la Refinería Bicentenario detona el conflicto entre los ejidatarios, quienes fueron persuadidos para vender sus tierras para materializar el proyecto energético de Felipe Calderón: se les imbuyó la idea de que serían contratistas de Pemex y a ello destinaron sus recursos. Hoy no tienen tierra ni empleo, mientras su capital fue invertido en maquinaria sin uso.

Atitalaquia, Hidalgo. En junio de 2009, levantaron la última cosecha, la del tiempo de aguas que es la mejor del año: frijol, trigo, avena, cebada, calabacita, tomate, chile verde, nabo y alfalfa. Luego, los campesinos del polígono que forman Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula fueron persuadidos de vender sus tierras para la Refinería Bicentenario a cambio de convertirse en contratistas y franquicitarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), el sueño de cualquier empresario.

Ellos nada saben de licitaciones ni de la normatividad en las contrataciones que hace el gobierno, y nadie les informó que, por ley, la obra deberá someterse a concurso, donde las compañías prueben su capacidad técnica, experiencia y respaldo económico. Ellos sólo saben que les prometieron trabajo inmediato, excavando, acarreando, nivelando, levantando ladrillo a ladrillo la nueva refinería. De manera que en cuanto recibieron el pago por sus tierras, ultimaron la compra de camiones de volteo, excavadoras, grúas y trascavos con los que las concesionarias los engancharon cuando aún se discutía el precio de los ejidos.

Les dijeron también que sus hijos ingresarían a Pemex, donde el salario más bajo ronda los 10 mil pesos mensuales, muy tentador para la región donde el sueldo del 61 por ciento de la población económicamente activa (PEA) no rebasa los dos salarios mínimos. Y quien quisiera incluso podría instalar su propia gasolinería. Un promisorio futuro en un Hidalgo que ocupa el quinto lugar de marginación del país.

Una vida de ensueño en el estado donde una de cada cuatro personas vive en pobreza alimentaria; una de cada tres no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación, educación y salud; y una de cada dos vive en pobreza patrimonial, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo.

Pero el sueño no acaba de cuajar. Las 700 hectáreas que Pemex demandó para el proyecto, disputado en una loca carrera entre Guanajuato e Hidalgo, yacen hasta hoy sin uso alguno, al igual que la maquinaria que los ejidatarios compraron para enrolarse en la industria petrolera.

Con su inversión ociosa, los campesinos comienzan a dudar si la Bicentenario será otra de las promesas incumplidas de Felipe Calderón. Si en términos energéticos equivaldrá al Proyecto Fénix de Vicente Fox: sólo papel y palabra. Los atormenta pensar que recién concluyó el mejor temporal –donde invierten poco y cosechan mucho? y ellos no levantarán una sola mazorca.

“Todos nos esforzamos. Dejamos la tierra porque nos dijeron que llegarían las obras, el desarrollo, el progreso, por eso invertimos todo el dinero en maquinaria”, explica Óscar Ramírez, ejidatario de Dendhó, uno de los tres pueblos de Atitalaquia (los otros son Colonia Dendhó y Cardonal) que aportaron 520 de las 700 hectáreas que comprende el polígono de la Refinería Bicentenario.

Hasta hoy, la donación de estas tierras a Pemex no ha traído el anunciado empleo, por el contrario, dejó sin empleo a cientos de jornaleros de Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, que de manera temporal se enrolaban a la siembra, barbecho y cosecha, contratados por los ejidatarios.

Hace unas semanas que las oficinas ejidales se han convertido en despacho de quejas y confesionario de penares. El dinero se esfuma, la tierra es intocable, el trabajo no llega. Los campesinos pasan de la molestia a la desesperación; se dicen timados. “Parece que de nuevo fuimos engañados”, expone el comisariado ejidal Valentín Montoya Cerda.

En su oficina, mientras intenta colgar en la pared un póster color sepia del general Emiliano Zapata empuñando un fusil, Valentín Montoya advierte que ante la indefinición del gobierno federal en la obra, pasarán a una etapa de movilización: manifestaciones y plantones en la ciudad de México, ante Pemex y la Presidencia. “Porque aquí –subraya? se está creando un conflicto social”.


Dendhó, sueño amargo

Los lugareños hacen eco de la advertencia de Montoya. En realidad, los problemas llegaron aparejados con la asignación del proyecto: desconfianza y codicia entre quienes venderían y los que no. Entre quien podría ver de junto la herencia de los bisabuelos y abuelos, y quizá tumbar la casita de barro encalado para levantar una de tabique macizo con todo y su herrería de aluminio, o cambiar el televisor por una pantalla, o la troca por un carro último modelo. Y a sólo unos metros, el vecino que, simplemente, seguiría igual.

Mogotes y arcilla

A escasos 20 kilómetros del polígono destinado a la Bicentenario, en el municipio Tula de Allende, se ubican los restos de la capital del estado Tolteca, civilización que entre los siglos X y XII dejó una marcada influencia en los pueblos precolombinos del Sur-Sureste de México y hasta Nicaragua y El Salvador.

Después de que el gobierno de Hidalgo había formalizado la entrega de los terrenos al jurídico de Pemex, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Miguel Ángel Carvaeo Chávez, anunció que en dichas tierras también había presencia de vestigios arqueológicos. Habló de un complejo de 15 basamentos de la cultura teotihuacana en 200 de las 520 hectáreas correspondientes a Atitalaquia, en el área conocida como el Chingú.


Retomar las tierras

A los ejidatarios les molesta recordar el engorroso proceso de venta: el estira y afloja en el precio, los cálculos algebraicos del ingreso en efectivo a corto plazo contra el ingreso de la venta de la cosecha dos veces por año, y la tenencia de la tierra que parecía invaluable. El dilema de los viejos de que “la tierra no se vende, la tierra se defiende” contra la impaciencia de los hijos y nietos de querer estrenar carro, de apalabrar la boda, de hacerse de un guardaropa, de comprar los aparatos electrónicos con los que siempre soñaron.

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La guerra que México oculta

La escalada de violencia afecta las relaciones exteriores de México. Mientras que los corresponsales extranjeros trabajan en este país como en una zona de guerra, parlamentarios europeos manifiestan su decepción por el incremento de las violaciones a los derechos humanos.

Los 25 mil asesinatos de civiles, la existencia de una industria del secuestro, el incremento de levantones, los constantes asaltos a centros de tratamiento para adictos, el asesinato de activistas sociales y la escalada en la muerte de periodistas impactan las relaciones de México con el exterior.

“Es impensable que esto suceda en un país. Es increíble lo que estoy escuchando aquí. Eso nunca ocurriría en mi país”, expresa Wolfang Gunkel, diputado socialdemócrata alemán, en su primera visita a México.

Este legislador fue amigo epistolar de Camilo Torres Restrepo ?el sacerdote revolucionario colombiano?, conocedor de la experiencia antinarcóticos de Colombia y exjefe policiaco. Su estancia en México –del 24 al 25 de junio? fue fugaz pero intensa. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento alemán, se reunió con legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

También conversó con el embajador de su país, quien le expresó que no ocurre “nada serio” en México. Sostuvo una charla informativa con representantes de organizaciones no gubernamentales, así como con algunos miembros de la prensa mexicana; culminó con un intercambio con académicos y especialistas en seguridad. La información que obtuvo en la segunda parte de entrevistas contrasta con lo que le expresaron los legisladores mexicanos y su embajador.

Aunque admite que las condiciones en su país son muy diferentes a las de México en cuanto a la violencia que genera el supuesto combate al crimen organizado, Gunkel sintetiza el balance de su visita en una frase, que expresa cerrando el puño y golpeándolo contra la mesa: “Nunca ninguno de mis colegas alemanes concebiría que en Alemania se diga que hay 62 periodistas asesinados ¡y no se haga nada!”

Para este expolicía que vivió la reunificación de Alemania, las Fuerzas Armadas son necesarias para combatir al crimen, pero sin cometer excesos o violaciones a los derechos humanos. Tras escuchar las explicaciones de los mexicanos con los que se entrevistó, confiesa que regresa a su país muy preocupado por el escenario de violencia generalizada que observó en México. Promete que esto lo manifestará en el parlamento alemán y ante el parlamento europeo.

Días después de la estancia de Wolfang Gunkel, llegaron al país dos eurodiputadas del Grupo de los Verdes: la alemana Franziska Keller y la finlandesa Satu Hassi, quienes permanecieron del 1 al 4 de julio. Su objetivo era conocer el avance en las investigaciones por los asesinatos de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola. El 27 de abril de 2010, ambos fueron emboscados por un grupo paramilitar a la entrada de la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca.

Tras reunirse con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, así como con representantes de organizaciones civiles y de sus propias embajadas, manifestaron que su solicitud de entrevista con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, no fue atendida.

Hassi, exministra de Cooperación del Medio Ambiente y Desarrollo de Finlandia, admitió que se sentía “decepcionada” por la respuesta de los gobiernos federal y estatal ante la emboscada en el Municipio Autónomo. “Nos dijeron que era un conflicto interno de la comunidad triqui, pero ahora sabemos que es mucho más que eso: es notorio que el grupo paramilitar Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui cuenta con muchas armas y entrenamiento”. Enseguida lanza la pregunta que, afirma, deseaba formular al gobernador oaxaqueño: “¿Quién les da esas armas y entrenamiento?”

Ambas eurodiputadas, tras recoger testimonios de quienes resultaron atacados en la emboscada paramilitar del 27 de abril, afirman que “se alteraron evidencias” y que la policía tardó tanto tiempo en arribar al sitio de los hechos que los atacantes pudieron modificar la camioneta en la que viajaban las dos víctimas. Con miras a evitar que esos acontecimientos se repitan, las legisladoras expresaron que llevarán el caso ante el parlamento Europeo.

El 18 de mayo, desde Alemania, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se anunciaba que ese día, y en el marco de la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Felipe Calderón Hinojosa se reunió con la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, a quien manifestó “su pesar por el fallecimiento del ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, así como el de la mexicana Beatriz Cariño”.

Tras ese suceso, ocurrido en el municipio de San Juan Copala y al que el comunicado oficial denomina “lamentable incidente”, el mandatario se comprometió a esclarecer los hechos y a castigar a los responsables “con estricto apego a la ley”. Promesas que aún no cumple.


Cobertura de guerra

Hace dos años, el jefe de Tracy Wilkinson la envió a México bajo esta consigna: “Ahí hay una guerra y tú tienes que cubrirla”. Esta periodista ?que cubrió para Los Angeles Times los conflictos armados en Centroamérica durante la década de 1980, las ofensivas militares contra Irak (de 1991 y de 2003), así como la guerra de los Balcanes en la antigua Yugoslavia? ha recurrido a su experiencia como corresponsal de guerra durante sus recorridos por México.

Explica la necesidad de que, al cubrir una zona de conflicto armado, los corresponsales distingan a los actores del mismo, qué intereses defienden y cuál es su fortaleza. Asegura que aunque ha usado chaleco antibalas, no utiliza ni armas ni fotógrafos en escenarios de gran peligro porque así puede entrar y salir de manera pronta y más segura, “y con la información necesaria”.

La jefa de la oficina en México de Los Angeles Times, ganadora del premio George Polk ?que otorga la Universidad de Long Island, en Nueva York? y reconocida por el Overseas Press Club, responde a la pregunta ¿realmente vive México una guerra y de qué tipo?

—Sí. Lo que está pasando en México se puede llamar guerra, pero obviamente una guerra no convencional. Hay bandas armadas que combaten, narcos que luchan entre sí con sus propias fuerzas paramilitares y otros que combaten con las fuerzas de seguridad del Estado. No hay líneas de batalla bien definidas o no son fluidas y cambian. Eso lo hace más peligroso cuando se trata de cubrir periodísticamente.

A la opinión de esta periodista, se suma la experiencia de Ioan Grillo, ahora reportero de investigación independiente y excorresponsal de The Houston Chronicle y Associated Press, así como de estaciones de televisión estadunidenses y británicas. Desde su llegada a México, se especializó en la cobertura del ascenso en el poderío y capacidad del crimen organizado, un trabajo que, reconoce, ha realizado con el apoyo de sus colegas mexicanos y de los ciudadanos de este país.

El 13 de julio, Grillo publicó en Globalpost el artículo “El séptimo círculo”. Ahí plasma su visión como corresponsal de lo que ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, en estos términos: “Si Dante alguna vez hubiera estado en Juárez, lo habría situado en el séptimo círculo del infierno, la única vivienda de la violencia y rodeado por un río de sangre hirviendo”. Describe lo que significa esta ciudad fronteriza donde se libra una guerra que no se divulga en el exterior: “La ciudad, que reposa sobre el Río Grande, justo al otro lado de El Paso, Texas, es la capital mundial del asesinato, en la que se registran más de 5 mil 500 asesinatos desde enero de 2008. Es responsable de una quinta parte de los más de 25 asesinatos relacionados con las drogas que han ocurrido en México desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón oficialmente declaró la guerra contra los fuertemente armados cárteles de la droga del país. Esa guerra nacional alcanzó un dramático punto decisivo el mes pasado, cuando el candidato mejor posicionado para la gubernatura de este estado fronterizo fue asesinado por hombres armados que, se cree, fueron enviados por un cártel de las drogas”.

Al compartir su experiencia en zonas de conflicto con sus colegas mexicanos, en el marco del foro titulado Cobertura de la Violencia en México desde la Mirada de los Corresponsales Extranjeros, que convocó la organización Periodistas de a Pie, Grillo también mencionó el asesinato del reportero Brad Will y del activista Jyri Jaakkola, ambos en Oaxaca, aunque en diferentes contextos y tiempos, como parte de los riesgos que viven los extranjeros que cubren y se preocupan por la realidad mexicana.

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Reflexiones del compañero Fidel. El capítulo principal del último libro

Por Fidel Castro Ruz








25 agosto 2010

(Tomado de CubaDebate)

Después de publicadas las dos Reflexiones sobre el libro del escritor Daniel Estulin, titulado "La verdadera historia del Club Bilderberg", el autor envió un mensaje solicitando entrevistarse conmigo. Deseaba que antes del encuentro leyera un capítulo importante de su nuevo libro que está por publicar y debía ser traducido del inglés.

Ayer me lo entregaron ya traducido en Cuba. Su contenido es espectacular y merece ser analizado en sus aspectos esenciales. Seleccionando párrafos de ese material ofrezco una idea del contenido del capítulo, que ofrece importantes datos que para los técnicos implica un desafío.

El autor comienza afirmando:

"Éste es el capítulo más extraño que usted podrá encontrar jamás en un libro, en este o en cualquier otro que se haya escrito [...]. Las últimas piezas del rompecabezas serán puestas en su lugar para que usted pueda ver la imagen del mundo en que vivimos. [...] no será tan fácil hacer que usted crea en ella por razones puramente sicológicas. Ello podría deberse en parte a nuestra propia mentalidad servil que tan esmeradamente creó en nosotros la propaganda inhumana que con tanta fuerza ha estado dirigida contra la humanidad desde el siglo XIX."

"... pequeños grupos de conspiración han actuado contra Cuba, Laos, Afganistán y Nicaragua. Durante décadas han estado involucrados en todo, desde las drogas y el tráfico de armas hasta los asesinatos, la guerra encubierta y el terrorismo abierto."

"Personas como George H.W. Bush; William Casey, ex director de la CIA; [...] Oliver North, el ex hombre-punta del Irán-Contras; y Mike Harari, segundo al mando del Mossad son algunas de las más notorias en este glosario de agentes de operaciones encubiertas..."

"Este capítulo trata de las armas de destrucción masiva. Las armas atómicas, las armas nucleares, las mini-armas nucleares."

"En este capítulo analizaremos el atentado con bomba en la ciudad de Oklahoma, del cual se culpó a la extrema derecha estadounidense; el de Bali, del cual se culpó a los terroristas islámicos; el asesinato de Rafiq Hariri, del cual se culpó a Siria; y el atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, del cual se culpó a ETA."

"Según la información oficial, a las 9:02 a.m. (Hora Estándar del Centro) del 19 de abril de 1995, el camión Ryder, que contenía aproximadamente 2 300 kilogramos de fertilizante y una mezcla de nitrometano, detonó frente al lado norte del Edificio Federal Alfred P. Murrah de nueve pisos. La explosión destruyó la tercera parte del edificio y creó un cráter de 9 metros de ancho por 2.4 metros de profundidad en la calle NW 5th Street próxima al edificio. La explosión destruyó o dañó 324 (¡!) edificios en un radio de dieciséis cuadras, destruyó o quemó 86 autos en los alrededores del lugar y quebró cristales en 258 edificios cercanos. La destrucción de los edificios dejó a varios cientos de personas sin hogar y provocó el cierre de múltiples oficinas en el centro de la ciudad de Oklahoma. Al menos 168 personas murieron y otras 853 resultaron lesionadas; la mayoría de las lesiones eran quemaduras. Los efectos de la explosión pudieron escucharse y sentirse hasta una distancia de 89 kilómetros."

"Aunque la versión oficial haya sido confirmada por el gobierno de los Estados Unidos y la mayoría de los medios corporativos, no será especialmente difícil desmentir la versión ‘oficial’ con una versión más sensata de los acontecimientos:

"1. Los coches bomba no dejan cráteres; los cráteres sólo pueden ser ocasionados por una carga soterrada. Incluso si usted coloca una bomba nuclear en un camión y la hace detonar, aún en estas circunstancias, la bomba no dejará un cráter.

"2. Los explosivos convencionales no provocan el incendio de los autos en los alrededores del lugar de la explosión¼ "

[...]

"4. Las explosiones convencionales no le causan quemaduras a sus víctimas —éste es un rasgo típico de las explosiones nucleares— porque esas quemaduras son provocadas solamente por las radiaciones térmicas.

"5. Los explosivos convencionales no provocan ningún impulso electromagnético (EMP, por sus siglas en inglés) que pudiera calcinar las tarjetas de circuitos impresos de las computadoras de los alrededores."

"6. [...] El monto de los daños era el típico provocado por al menos 10 bombas de 10 toneladas cada una de las que utiliza la aviación moderna, o el provocado por una ‘mini-bomba nuclear’ programada para explotar con la potencia correspondiente —es decir, 0.1 kilotones."

"9 ... una magnitud de 3.52 en la escala Richter es típica de una ‘mini-bomba nuclear’ de 0.1 kilotón —el equivalente a 100 toneladas métricas de TNT."

"10. Un volumen de 2 300 kilogramos de fertilizante (el equivalente a 1.8 toneladas de TNT), aún cuando se entierre, nunca podría crear una señal sísmica de magnitud 3.0 (y si se coloca en un camión esta carga no producirá ninguna señal sísmica)."

"Un tal Sr. Timothy McVeigh confesó haber cometido el crimen. Fue juzgado, condenado, sentenciado a muerte y ejecutado mediante inyección letal el 11 de junio del año 2001. El ataque había sido el peor acto terrorista en territorio estadounidense hasta el 11 de septiembre. Sin embargo, le dio al gobierno estadounidense la excusa que necesitaba y el pretexto necesario para la adopción de nuevas medidas de emergencia —el Proyecto de Ley contra el Terrorismo, que pocos meses después, pisándole los talones al 11 de septiembre, se transformaría en Seguridad de la Patria, que privaría a los ciudadanos estadounidenses de la mayoría de sus derechos constitucionales."

"Desde Bali hasta la ciudad de Oklahoma; desde Kosovo hasta Moscú; desde Afganistán hasta Wall Street, estos acontecimientos le brindan al lector una visión de cómo opera el Gobierno en la Sombra, utilizando a traficantes de drogas, criminales y terroristas para que hagan lo que a dicho Gobierno se le antoje."

"El hombre-punta para esas operaciones fue el veterano agente de la CIA, Theodore G. Shackley, quien trabajó en estrecha colaboración con personalidades de la mafia como John Roselli, Sam Giancana y Santos Traficante."

"En 1975 Shackley se convirtió en Director Adjunto de la Dirección de Operaciones, quien lo designó a cargo de las Operaciones Encubiertas, la Contrainteligencia e, irónicamente, la Lucha Antidrogas, todas bajo el mando de George Herbert Walter Bush."

"Fue en este contexto en el que Shackley se desempeñó como ‘consultor’ de actores tales como Bush padre, Oliver North, y el director de la CIA William Casey en su ilegal y sangrienta red de intercambio de armas por drogas cuyos resultados fueron decenas de miles de muertes y el hecho de que toneladas de drogas inundaran nuestras calles."

"Desde Bahía de Cochinos hasta el caso Irán-Contras; el atentado con bomba en la ciudad de Oklahoma; el vergonzoso bombardeo nuclear contra los kurdos en Kirkuk, al norte de Irak; el bombardeo nuclear contra la famosa mezquita chiíta de Khillani, en Bagdad y el bombardeo nuclear cuádruple sin precedentes contra la secta satánica Yazidi cerca de Mosul en Irak, que impuso un nuevo récord en víctimas humanas —más de 550 muertos y varios cientos de lesionados."

"Siendo aún miembro del ejército, Timothy McVeigh le escribió una carta a su hermana donde le decía que había sido seleccionado para integrar la Unidad de Operaciones Tácticas (CTU por sus siglas en inglés) (los Boinas Verdes) de las Fuerzas Especiales, (que estaba involucrada en actividades ilegales)."

"Es muy probable que se le haya dicho que tenía la importante misión de infiltrarse en una organización terrorista y evitar un ataque con bomba. Este es un cuento que un hombre joven e impresionable como McVeigh se hubiera creído."

"De cualquier forma, el hecho de que existieran dos ‘Timothy McVeighs’, así como existieron dos Oswalds, sugiere la existencia de una sofisticada operación de inteligencia, destinada a colocar a McVeigh en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Al igual que Oswald, McVeigh probablemente se creyó que era un agente del gobierno, que era parte de un proyecto secreto."

"... fue engañado, lo convirtieron en cabeza de turco y finalmente lo mataron. Caso cerrado. Las pruebas fueron destruidas. Sin embargo, las preguntas aún no han sido respondidas."

"12 de octubre de 2002. Atentado con bomba nuclear en un club nocturno de Bali."

"Según la versión oficial del atentado con bomba en Bali, una tonelada métrica de explosivos convencionales colocada en un vehículo tipo jeep explotó en las inmediaciones del Club Nocturno Sari, provocando la muerte inmediata de 187 personas, lesiones fatales a muchas otras, enormes bolas de fuego, provenientes supuestamente de los balones de gas para cocinar, la demolición de los edificios circundantes al lugar de la explosión y grandes fuegos que se esparcieron por los alrededores."

"Una de las primeras informaciones sobre el atentado con bombas en Bali llegó a través de Fox News: ‘Atentado con bomba en club nocturno indonesio es catalogado como acto terrorista’. ‘La explosión tuvo lugar alrededor de las 11:p.m. [...] El lugar se encontraba abarrotado de personas, y se incendió en un milisegundo’."

"La palabra ‘milisegundo’ constituye uno de los lapsos más imperdonables. Al igual que ‘nivel cero’, esta palabra está reservada para las explosiones nucleares. De modo que nunca, bajo ninguna circunstancia, uno utilizaría esta extraña palabra al referirse a una explosión, a menos que estuviésemos hablando de una explosión nuclear."

"El problema es que una explosión convencional, por grande que sea, no produce ni calor ni llamas."

"Otro turista [...] declaró lo siguiente: ‘Sentí que mi hotel se sacudió violentamente y corrí a mirar por la ventana. En la distancia pude ver una gran nube blanca en forma de hongo, y supe que no estaba observando un ataque ordinario’."

"Yo creo que todo el mundo sabe qué significa en realidad una nube en forma de ‘hongo’.

"Además, las explosiones ordinarias no provocan incendios en los edificios aledaños. Son las explosiones nucleares las que provocan incendios en los edificios aledaños —debido a la intensa radiación térmica que emana instantáneamente de las bolas de fuego."

"La policía indonesia declaró que el número total de muertes había ascendido a la increíble cifra de 202 víctimas. Usted no podría ser capaz de matar instantáneamente a un par de cientos de personas y lesionar no sólo a otros cientos, sino a miles con una carga de 1000 kilogramos de explosivos convencionales colocados en un jeep."

"¿Acaso sabía el gobierno de Indonesia que lo que había explotado en Bali había sido una bomba nuclear? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara, A. M. Fatua, al referirse a un supuesto terrorista que supuestamente había colocado la bomba, declaró lo siguiente: ‘Mi conciencia me dice que él no es el autor principal. No creo que Amrozi (el supuesto terrorista) haya tenido la capacidad para haber realizado todos los preparativos para el ataque con bomba, como la detonación de un tipo de mini bomba nuclear en Bali’. De modo que, el vicepresidente de la Cámara de un país con una población de más de 200 millones de personas sabía que se trataba de una ‘mini bomba nuclear’. ¿Lo sabía la entonces Presidenta de Indonesia, Megawati Sukarnoputri? Y si lo sabía, ¿por qué no dijo nada?"

"Existe una versión ‘confidencial’, conocida por supuesto por el gobierno indonesio, los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y el Mossad israelí —según la cual se trató de una ‘mini-bomba nuclear’ que detonó con una potencia de 0.01 a 0.015 kilotones según la potencia equivalente en TNT, y que la ‘mini-bomba nuclear’ pertenecía a ‘Al Qaeda’."

"En el capítulo anterior he demostrado de manera concluyente que a Al Qaeda le sería más fácil armar, a todo correr, una nave espacial de madera y aterrizar en la Luna que tener acceso a una mini-bomba nuclear. También he demostrado que cuatro naciones cuentan con la capacidad técnica para fabricar una mini-bomba nuclear —los Estados Unidos, Rusia, Francia e Israel. Fuentes confidenciales indonesias le confirmaron a la inteligencia nuclear rusa que la bomba pertenecía al Mossad de Israel."

"Las pruebas fotográficas que demuestran el uso de un arma no convencional fueron eliminadas casi de inmediato de todos los principales medios de difusión, aunque no de la cámara de video de un aficionado que proporcionó la foto que se aprecia en la parte central superior. [...] La sola presencia del propio cráter demuestra que el arma fue detonada por debajo de la superficie del suelo, mientras que la profundidad del cráter, además de su diámetro, demuestra la profundidad a la cual el arma fue colocada originalmente."

"Comenzaremos por el final: Fue una gran explosión nuclear que no tenía nada que ver con ninguna ‘mini-bomba nuclear’. Sin embargo, oficialmente se dijo que había sido un ‘coche bomba’, como ha sido la tradición. [...] ‘confidencialmente’ varios ‘patricios’ dijeron que había sido una ‘mini-bomba nuclear’."

"El 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA coloca una bomba en una furgoneta que iba cargada con entre 200 y 500 kilos de explosivos, según las Fuerzas de Seguridad del Estado. La agencia EFE, recoge de fuentes de la investigación que las primeras estimaciones policiales apuntan a que ETA podría haber utilizado cerca de 500 kilos de explosivos para cometer el atentado.

"Estas fuentes han añadido que el cálculo (200-500 kilos) está basado en los efectos visibles de la explosión y en la experiencia de los técnicos en desactivación de artefactos.

"La furgoneta bomba, un Renault Traffic, estalló el mismo día, un sábado, 30 de diciembre de 2006 a las 9:01 en el aparcamiento D de la T4 del madrileño aeropuerto de Barajas. La explosión provocó una densa columna de humo y el hundimiento de cinco plantas del módulo D del aparcamiento de la T4.

"Como consecuencia del atentado se ha derrumbado el 60% del módulo D y ha afectado a tres de los seis módulos que conforman el aparcamiento de la T4, en el que los etarras aparcaron la Renault Traffic de color granate. Los bomberos confían en que las llamas terminen por extinguirse solas.

"Sobre el vehículo utilizado, la Policía ha emprendido una línea de investigación que apunta a que la furgoneta fue robada hace tres o cuatro días en alguna localidad del País Vasco. En concreto, informa EL MUNDO, podría estar matriculada en la localidad guipuzcoana de Ordizia aunque fue robada en Francia.

"¿Puede alguien en su sano juicio creer que se puede demoler una parte tan grande de una estructura de concreto reforzada con acero utilizando sólo 200 kilogramos de explosivos convencionales colocados en un solo lugar? [...] El máximo daño que una explosión convencional de 200 kilogramos pudo haber causado, habría dañado parte del concreto de las instalaciones que se encontraban en las inmediaciones del lugar de la explosión; los pisos (el piso superior y el inferior, no más) y varias de las columnas de los alrededores."

"... la estructura real no estaba hecha sólo de concreto, sino de concreto reforzado con acero. El radio de un área tan dañada sería muy limitado (de 20 a 30 metros como máximo). Una vez más, las posibilidades de que una gran estructura reforzada con acero colapse por la detonación de 200 kilogramos de explosivos colocados en un solo lugar son nulas."

"Lo más que usted podría lograr en este caso (si usted fuera un experto profesional en demoliciones y fuera a colocar su coche bomba en el lugar exacto) sería el debilitamiento total de una columna. Sin embargo, usted no podrá debilitar dos columnas a la misma vez con un solo coche bomba. Ahora, observe nuevamente la foto anterior y medite. ¿Cuántas columnas de concreto reforzadas con acero tendría usted que debilitar para hacer colapsar toda la estructura central que ahora no existe?"

"... una sola explosión convencional no provoca la demolición de un edificio. Alguna otra explosión lo demolió. Lógicamente, es de suponer que fue demolido por una ‘mini-bomba nuclear’ —esa sería la típica verdad patricia acerca del acontecimiento. Pero, desafortunadamente, usted no puede demoler un edificio tan grande reforzado con acero, con tantas columnas y tanto espacio vacío entre sus pisos aunque detone una ‘mini-bomba nuclear’. Aún en el caso de que usted haga detonar su ‘mini-bomba nuclear’ a la máxima potencia disponible —1 kilotón— esto no sería suficiente para demoler completamente una estructura tan grande, fuerte y casi vacía."

"Ni un solo vehículo presentaba indicios de haberse quemado, como ocurrió en la explosión de Bali. [...] destruiría los autos restantes que se encuentren en las inmediaciones con su tremenda onda expansiva. Pero ninguno de estos efectos esperados fue reportado después de la explosión del ‘coche bomba’ en el aeropuerto de Barajas. Por tanto, podemos tranquilamente descartar la teoría de la ‘mini-bomba nuclear’."

"De igual forma aquí están presentes algunos efectos verdaderamente extraños —si usted trata de trazar una línea imaginaria de arriba hacia abajo para indicar el límite exacto de la destrucción, dicha línea no sería vertical. Sería una línea en un ángulo de aproximadamente 45 grados. ¿Por qué una onda destructiva que ha causado estos daños se propagaría con este ángulo de inclinación?"

"Me imagino que usted haya entendido lo que he querido decir. Parece que aquí eso fue exactamente lo que ocurrió. Al parecer fue una gran explosión nuclear bajo tierra a una gran profundidad, debajo de la parte central del edificio del parqueo, la que ocasionó tal destrucción."

"Además, el hecho de que las Fuerzas de Seguridad del Estado hayan errado sus cálculos acerca del tamaño de la explosión en un 150 por ciento es algo verdaderamente alucinante. El hecho de que el cálculo (200-500 kilos) esté basado en los ‘efectos visibles de la explosión y en la experiencia de los técnicos en desactivación de artefactos’, me hace pensar dos cosas. 1) Estos son los agentes más ineptos que existen sobre la faz de la Tierra, comparables, en el mejor de los casos, con el famoso Inspector Cluzeau. 2) Estos agentes afirmaron inmediatamente que la explosión había sido causada por una bomba nuclear, y trataron de ocultarles las pruebas a la población en general."

"No tengo dudas de que los dos terroristas ETA de hecho hayan parqueado su Renault Traffic en el aparcamiento D de la Terminal 4. Cuando admitieron su culpa ante los tribunales, estoy seguro que pensaron que sus acciones habían provocado el caos. Sin embargo, el daño real, el daño nuclear, provino de una bomba nuclear enterrada a gran profundidad dentro de la terminal. ¿Quién lo sabía y quién lo hizo? No lo sé. Pero creo que he demostrado quiénes no lo hicieron.

"Conclusiones en relación con los atentados con ‘mini-bombas nucleares’, alias ‘coches bomba’ y ‘camiones bomba’:

"1) Las ‘mini-bombas nucleares’ existen.

"2) Se dice ‘confidencialmente’ que estas ‘mini-bombas nucleares’ pertenecen a varias organizaciones terroristas, casi invariablemente las llamadas organizaciones ‘musulmanas’.

"3) Estas ‘organizaciones terroristas’ no vacilan en utilizar estas ‘mini-bombas nucleares’ contra diferentes objetivos, la mayoría de ellos civiles.

"4) Estas ‘mini-bombas nucleares’ provocan explosiones de una potencia inusual —equivalentes a cantidades irracionales de TNT u otros explosivos convencionales que pudieran apenas caber en el interior del más grande de los camiones, para no hablar de un vehículo de pasajeros."

Estulin continúa razonando sus puntos de vista en los párrafos 5, 6, 7, 8, 9, 10, algunos de ellos extensos, que omito en aras de la brevedad ya que no son indispensables para comprender su tesis.

Al llegar al 11 en la página 64 una vez más afirma:

"11) Estas ‘mini-bombas nucleares’ sólo pudieron ser fabricadas como máximo por cuatro de los países más desarrollados —los Estados Unidos, Rusia, Francia e Israel.

"12) El ‘Grupo Secreto’ realiza casi todos estos atentados con las modernas ‘mini-bombas nucleares’, probablemente sólo con un par de excepciones. Este ‘Grupo Secreto’, ya sea estadounidense, israelí, francés o ruso, no tiene nada que ver absolutamente con el Islam.

"13) En todos los atentados con las modernas ‘mini-bombas nucleares’, con excepción de un par de casos, se utilizan las ‘mini-bombas nucleares’ de tercera generación —la más reciente—, que son lo suficientemente pequeñas como para que puedan ser ocultadas en el sistema de alcantarillado.

"14) Si bien las ‘mini-bombas nucleares’ pudieran obviamente destruir un área extensa donde existan construcciones de estructuras ordinarias, no pueden derribar completamente un edificio moderno fuertemente reforzado aun si explotan en sus inmediaciones —como quedó demostrado en el caso del atentado con bomba en Oklahoma en el año 1995 y también en el caso del atentado con bomba a las Torres Khobar en 1996."

Con estas palabras concluye Estulin, en lo fundamental, el capítulo traducido del inglés de su último libro.









Fidel Castro Ruz
Agosto 24 de 2010
7 y 06 p.m.