martes, marzo 29, 2011

La Guerra Fascista de la OTAN



No había que ser adivino para saber lo que preví con rigurosa precisión en tres Reflexiones que publiqué en el sitio Web CubaDebate, entre el 21 de febrero y el 3 de marzo: “El plan de la OTAN es ocupar Libia”, “Danza macabra de cinismo”, y “La Guerra inevitable de la OTAN”.

Ni siquiera los líderes fascistas de Alemania e Italia fueron tan sumamente descarados a raíz de la Guerra Civil Española desatada en 1936, un episodio que muchos tal vez hayan recordado en estos días.

Han transcurrido desde entonces casi exactamente 75 años; pero nada que pueda parecerse a los cambios que han tenido lugar en 75 siglos, o si lo desean, en 75 milenios de la vida humana en nuestro planeta.

A veces parece que, quienes serenamente opinamos sobre estos temas, somos exagerados. Me atrevería a decir que más bien somos ingenuos cuando suponemos que todos debiéramos estar conscientes del engaño o la colosal ignorancia a que ha sido arrastrada la humanidad.

Existía en 1936 un intenso enfrentamiento entre dos sistemas y dos ideologías aproximadamente equiparadas en su poder militar.

Las armas entonces parecían de juguete comparadas con las actuales. La humanidad tenía garantizada la supervivencia, a pesar del poder destructivo y localmente mortífero de las mismas. Ciudades enteras, e incluso naciones, podían ser virtualmente arrasadas. Pero jamás los seres humanos, en su totalidad, podían ser varias veces exterminados por el estúpido y suicida poder desarrollado por las ciencias y las tecnologías actuales.

Partiendo de estas realidades, son bochornosas las noticias que se transmiten continuamente sobre el empleo de potentes cohetes dirigidos por láser, de total precisión; cazabombarderos que duplican la velocidad del sonido; potentes explosivos que hacen estallar metales endurecidos con uranio, cuyo efecto sobre los pobladores y sus descendientes perdura por tiempo indefinido.

Cuba expuso en la reunión de Ginebra su posición respecto al problema interno de Libia. Defendió sin vacilar la idea de una solución política al conflicto en ese país, y se opuso categóricamente a cualquier intervención militar extranjera.

En un mundo donde la alianza de Estados Unidos y las potencias capitalistas desarrolladas de Europa, se adueña cada vez más de los recursos y el fruto del trabajo de los pueblos, cualquier ciudadano honesto, sea cual fuere su posición ante el gobierno, se opondría a la intervención militar extranjera en su Patria.

Lo más absurdo de la situación actual es que antes de iniciarse la brutal guerra en el Norte de África, en otra región del mundo a casi 10 000 kilómetros de distancia, se había producido un accidente nuclear en uno de los puntos más densamente poblados del planeta tras un tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9 que a un país laborioso como Japón ha costado ya casi 30 mil víctimas fatales. Tal accidente no habría podido producirse 75 años antes.

En Haití, un país pobre y subdesarrollado, un terremoto de apenas 7 grados en la escala de Richter ocasionó más de 300 mil muertos, incontables heridos y cientos de miles de lesionados.

Sin embargo, lo terriblemente trágico en Japón fue el accidente en la planta electronuclear de Fukushima, cuyas consecuencias están todavía por determinarse.

Citaré solo algunos titulares de las agencias noticiosas:

“ANSA.- La central nuclear de Fukushima 1 está difundiendo “radiaciones extremadamente fuertes, potencialmente letales”, dijo Gregory Jaczko, jefe de la Nuclear Regulatory Commission (NRC), el ente nuclear estadounidense.”

“EFE.- La amenaza nuclear por la crítica situación de una central en Japón tras el sismo, ha disparado las revisiones de la seguridad de las plantas atómicas en el mundo y ha llevado a algunos países a paralizar sus planes.”

“Reuters.- El devastador terremoto de Japón y la profundización de la crisis nuclear podría generar pérdidas de hasta 200.000 millones de dólares en su economía, pero el impacto global es difícil de evaluar por el momento.”

“EFE.- El deterioro de un reactor tras otro en la central de Fukushima siguió alimentando hoy el temor a un desastre nuclear en Japón, sin que los desesperados intentos para controlar una fuga radiactiva abrieran un resquicio a la esperanza.”

“AFP.- Emperador Akihito expresa preocupación por el carácter imprevisible de la crisis nuclear que golpea a Japón tras el sismo y el tsunami que mataron a miles de personas y dejaron a 500.000 sin hogar. Reportan nuevo terremoto en la región de Tokio.”

Hay despachos que hablan de temas más preocupantes todavía. Algunos mencionan la presencia de yodo radiactivo tóxico en el agua de Tokio, que duplica la cantidad tolerable que pueden consumir los niños más pequeños en la capital japonesa. Uno de los despachos habla que las reservas de agua embotellada se están agotando en Tokio, ciudad ubicada en una prefectura a más de 200 kilómetros de Fukushima.

Este conjunto de circunstancias determinan una situación dramática para nuestro mundo.

Puedo expresar mis puntos de vista sobre la guerra en Libia con entera libertad.

No comparto con el líder de ese país concepciones políticas o de carácter religioso. Soy marxista-leninista y martiano, como ya he expresado.

Veo a Libia como un miembro del Movimiento de Países No Alineados y un Estado soberano de los casi 200 de la Organización de Naciones Unidas.

Jamás un país grande o pequeño, en este caso de apenas 5 millones de habitantes, fue víctima de un ataque tan brutal por la fuerza aérea de una organización belicista que cuenta con miles de cazabombarderos, más de 100 submarinos, portaaviones nucleares, y suficiente arsenal para destruir numerosas veces el planeta. Tal situación jamás la conoció nuestra especie y no existía nada parecido hace 75 años cuando los bombarderos nazis atacaron objetivos en España.

Ahora, sin embargo, la desprestigiada y criminal OTAN escribirá una “bella” historieta sobre su “humanitario” bombardeo.

Si Gaddafi hace honor a las tradiciones de su pueblo y decide combatir, como ha prometido, hasta el último aliento junto a los libios que están enfrentando los peores bombardeos que jamás sufrió un país, hundirá en el fango de la ignominia a la OTAN y sus criminales proyectos.

Los pueblos respetan y creen en los hombres que saben cumplir el deber.

Hace más de 50 años, cuando Estados Unidos asesinó a más de cien cubanos con la explosión del mercante “La Coubre”, nuestro pueblo proclamó “Patria o Muerte”. Ha cumplido, y ha estado siempre dispuesto a cumplir su palabra.
“Quien intente apoderarse de Cuba -exclamó el más glorioso combatiente de nuestra historia- solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre”.

Ruego se me excuse la franqueza con que abordo el tema.

Fidel Castro Ruz
Marzo 28 de 2011
8 y 14 p.m.

Mayorga, en la mira de la ASF

El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda se encuentra en la mira del máximo órgano de fiscalización del país por cobrar subsidios del Procampo en su calidad de empresario y titular de la Secretaría de Agricultura. El funcionario deberá justificar documentalmente ante la Auditoría Superior de la Federación su conducta o, de lo contrario, devolver los recursos públicos. Otros 576 de sus subordinados se encuentran en la misma situación. Legisladores piden a la autoridad fiscalizadora que presente denuncias penales por este hecho, denunciado por Contralínea desde octubre de 2009

Érika Ramírez

Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), deberá devolver los subsidios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), obtenidos en su dualidad de empresario y servidor público, de no justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la obtención de más de 31 mil pesos durante el ciclo primavera-verano 2009.

No obstante, el titular de la dependencia y su familia se han allegado de más de 14 millones de pesos del erario a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada, como lo reveló Contralínea en octubre y noviembre de 2009.

En la misma situación de Mayorga Castañeda, se encuentran otros 576 empleados del Estado que operan en la dependencia y cobran los subsidios como productores agrícolas.

Así lo indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la ASF. El documento indica que de no justificarse la entrega de los “apoyos” a los funcionarios, la Auditoría Superior procederá a recuperar 5 millones 663 mil pesos.

El máximo órgano de fiscalización del país –encabezado por Juan Manuel Portal Martínez– advierte que los servidores públicos contravienen las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

El perredista José Narro Céspedes, secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, asegura que la ASF debe avanzar e instrumentar demandas penales porque se está recibiendo un pago indebido”.

Correligionaria de Mayorga Castañeda, la diputada panista Dora Evelyn Trigueras Durón sale en defensa del secretario de Estado, pues dice que “es uno de los mejores que ha habido en la Sagarpa; antes de ser funcionario, era empresario”.

Los Mayorga, subsidiados en 2009

De acuerdo con el Padrón de Beneficiarios Ciclo Primavera Verano 2009- Procampo Tradicional, Registro Alterno y Capitaliza (el más reciente, actualizado en el portal de internet de la Secretaría), Francisco Javier Mayorga Castañeda fue apoyado en ese periodo con 31 mil 779 pesos por la dependencia que él mismo encabeza.

El también director de Industrias Melder y Semillas Caloro aparece como subsidiado, al igual que su hermana Luz Teresa Mayorga Castañeda, por la siembra de maíz blanco y amarillo en Ameca, Jalisco, de donde son oriundos.

El programa operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –órgano dependiente de la Sagarpa– indica que Luz Teresa Mayorga Castañeda obtuvo en ese mismo ciclo agrícola 26 mil 964 pesos.


Las reglas de operación

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 cita las Reglas de Operación de la Sagarpa para puntualizar las faltas cometidas por los 576 servidores públicos que aparecen en las listas del Procampo.

En su artículo 6 se establece que “…bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes Reglas de Operación los servidores públicos de la Secretaría, de los agentes Técnicos o las secretarías de Desarrollo Agropecuario (SDA) o sus equivalentes de las entidades federativas o de los municipios.

“Aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo participen en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios [...] deberán excusarse de intervenir.

“Los servidores públicos deberán informar de inmediato y por escrito a la Secretaría respecto de la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con el párrafo anterior y, en su caso, su calidad de beneficiario de cualquiera de los programas o componentes a que se refieren estas Reglas”, de acuerdo con las Reglas de Operación vigentes al momento de realizar la auditoría.

El diputado perredista Narro Céspedes critica: “Por ética y norma, los servidores públicos deben abstenerse de cobrar el Procampo, aunque tengan tierras y sean campesinos. Es claro que esto se presta al tráfico de influencias y cosas totalmente ilegales”.

La secretaria de la Comisión de Agricultura, Trigueras Durón, dice que si la ley pide que renuncie a los apoyos del Procampo, “que se aplique”.


Los otros apoyos

El 4 de octubre y el 1 de noviembre de 2009, Contralínea documentó que el secretario Francisco Mayorga y su familia han sido beneficiarios del Procampo, a pesar de que el político ha encabezado la Secretaría en dos periodos.

De los montos publicados por la Sagarpa, se evidenció la entrega de 507 mil 573 pesos, recibidos en total de 2000 a 2008. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.

El Padrón de Beneficiarios del Procampo revela que, junto con Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.

El capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ordena en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Indica que el funcionario podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

Además, el secretario de Estado ha sabido allegarse de otros recursos públicos por más de 14 millones de pesos: por la entrega de apoyos, contratación de asesorías y sueldos como servidor público (Contralínea 155).


El dictamen de la ASF

Con base en las Reglas de Operación de la Sagarpa, la ASF auditó el programa social más importante en el agro mexicano: Procampo. Resultado de las investigaciones, se derivó que en el padrón de beneficiarios hay adscritos 577 servidores públicos que cobran subsidios.

De estas acciones, el máximo órgano de fiscalización del país solicitó información al respecto de los subsidios cobrados por los funcionarios. A través del oficio F00.5.2.01/093/2010 del 25 de noviembre de 2010, el director de Seguimiento Operativo de Aserca informó que de los 577 servidores públicos de la Sagarpa, sólo 35 se encuentran directamente involucrados en la dictaminación del apoyo de Procampo por ocupar una jefatura, “dado que una vez validada la pertinencia documental, el productor llena el formato de solicitud de apoyo, firma la solicitud y la entrega al Cader (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) que acusa de recibido y entrega una copia de ésta al productor. Al final de la jornada diaria, el jefe del Cader revisa las solicitudes y dictamina su procedencia con la clave P000”.

No obstante, la ASF no quedó satisfecha con la respuesta oficial, pues asentó en el informe que la Sagarpa “no demostró las gestiones realizadas para sancionar a los servidores públicos o recuperar los recursos otorgados”.

Por lo anterior, la entidad fiscalizadora solicitó que Aserca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5 millones 663 mil pesos que se otorgaron en el ejercicio fiscal de 2009 a 577 servidores públicos de la Sagarpa como subsidios del Procampo.

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, advierte, “la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”.

Además, solicitó al Órgano Interno de Control en la Sagarpa que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, durante 2009, obtuvieron beneficios por apoyos del Procampo”.

Alberto Jiménez Merino, coordinador del Sector Agrario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, reprueba las acciones de los servidores públicos subsidiados por el Procampo, por lo que dice, “es urgente que se depure el padrón. Quienes tienen una responsabilidad pública, por naturaleza de su función, por ética debieran estar retirados de los apoyos”.

Fuente: Contralínea 226 / 27 de marzo de 2011

lunes, marzo 28, 2011

¿ Estas hart@ de esto ?


http://www.youtube.com/watch?v=gBSOcWqU7E8

...lo exigible es que Felipe Calderón Renuncie YA!

Juicio a Calderón y Suárez Coppel

Nada que festejar este 18 de marzo
Juicio a Calderón y Suárez Coppel
Consuman privatización de petróleo



Ante la amenaza de perder su posición como exportador de petróleo, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) – de la cual depende gran parte de los ingresos con los que sobrevive este país – busca delegar en compañías privadas su responsabilidad constitucional de remontar la crisis de reservas por la que atraviesa. Además, desde el primer año de gestión de Felipe Calderón, la petrolera mexicana cayó del sexto al onceavo lugar en el listado de las mayores firmas petroleras del mundo.

Sin embargo, esta estrategia de “diversificación” no es nueva y ha fallado en experiencias recientes que se han convertido en esquemas velados de privatización: arrendamientos, contratos de servicios múltiples, integrales y subrogaciones. Ese ha sido el problema: Pemex no ha sido transparente y, en medio de la indefinición, la corrupción se cuela como el agua que inunda un edificio y mina sus más profundas estructuras.

Así, este 18 de marzo, más que un nuevo aniversario de la expropiación petrolera a manos del general Lázaro Cárdenas, será para Felipe Calderón y su director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, una fecha histórica de cómo fracasaron, se corrompieron y vendieron al mejor postor lo que tantos años había significado el principal orgullo nacional: el petróleo.

Nada que festejar y mucho que lamentarse, de cómo gobiernos priistas y ahora panistas acabaron con las principal industria del Estado y arrasaron con las arcas de la paraestatal petrolera. Hoy como nunca, la corrupción en Pemex se ha convertido en algo inherente a su forma de operación, empresa que otorga contratos de bienes y servicios en donde servidores públicos se enriquecen con las comisiones y sobornos; empresarios corruptos, mexicanos y extranjeros, abultan sus cuentas bancarias mediante el incumplimiento de obras y servicios; los políticos del gabinete, del Congreso y hasta de la Corte festinan las recomendaciones que hacen a la paraestatal petrolera en beneficio de consorcios privados; el sindicato sigue asaltando la caja de la empresa petrolera, y hasta los abogados que litigan los juicios de Pemex en México y en el extranjero, se ven beneficiados económicamente cuando pierden los casos en tribunales.

Como documenta la reportera Nancy Flores, en la portada de la más reciente edición de la revista Contralínea, la paraestatal ya no es dueña de plataformas, equipos de perforación ni buques-tanque. Mientras tanto, su deuda total por 675 mil millones de pesos compromete poco menos de la mitad de sus activos y la importación de petrolíferos supera ingresos por 690 mil millones, tan sólo en lo que va del gobierno de Calderón. Una delicada situación financiera.

Aún más, el sistema de refinerías opera a menos del 50 por ciento de su capacidad. Además, se posterga la decisión de construir una nueva refinería, a pesar de que la paraestatal mantiene ese proyecto entre las prioridades que vende a los inversionistas del mercado de valores. No obstante, ni siquiera la publicidad que se ha dado a este proyecto ha logrado que se termine con la decisión “política” adoptada en la década de los ochenta, en el gobierno de Miguel de la Madrid, de no volver a construir refinerías.

Es en medio de estos fracasos que a 73 años de la expropiación petrolera, impulsada por el general Lázaro Cárdenas del Río, la iniciativa privada ha sustituido a Pemex en el control de sus procesos, incluso aquellos que se consideran estratégicos, como la exploración y explotación de los hidrocarburos.

Más allá del inagotado debate en torno a las violaciones a la Constitución, Pemex y su transición hacia los nuevos esquemas de participación de la iniciativa privada en el sector petrolero ha fallado en el seguimiento, control y cumplimiento de objetivos. En otras palabras, ha sido la alta burocracia de la paraestatal la que, escudándose en los “obstáculos” del régimen fiscal, ha fallado en dirigir el destino de la industria petrolera nacional que hoy navega a la deriva.

Un ejemplo que ilustra la ausencia de una estrategia son los contratos de arrendamiento y servicios que han permitido a la filial Pemex Exploración y Producción (PEP) ceder el control al sector privado de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 185700001610 hecha por Contralínea.

De esas plataformas privadas, 11 son embarcaciones, indica PEP. Y, aunque la subsidiaria señala que otras 241 plataformas aún son de su propiedad, sus informes –entregados a ese semanario vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– omiten incluir los datos del Yuum K’ak’náab, o Señor de los Mares, la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga cuya renta implica, en total, 1 mil 134 millones 692.9 mil dólares.

Ahora, con los contratos incentivados, Pemex establecerá una asociación en participación con compañías privadas-extranjeras, lo cual amenaza con terminar con todo el conocimiento en materia de exploración.

El reportaje de Nancy Flores documenta que después de 1938, en México el control y rectoría del Estado sobre los recursos petroleros permitió que se formaran varias generaciones de ingenieros y expertos mexicanos quienes hicieron prosperar la industria de capitales: antes se compraba 50 por ciento o más de los equipos de las refinerías y ahora se compra, cuando bien nos va, el 5 por ciento.

Los esquemas de contratación que veladamente privatizan el sector, también han permitido que, de los 257 equipos de perforación de pozos que operan en los yacimientos petroleros de México, 155 ¬–el 60.3 por ciento – sean propiedad de trasnacionales.

Desde mediados de 2007, PEP también privatizó sus ductos como resultado de la licitación 18575111-006-07 para la operación y mantenimiento, durante 10 años, de 66 ductos ubicados en Veracruz y Tabasco.

Ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llamó la atención de los legisladores sobre esta área y las irregularidades descubiertas en ella: en su auditoría al contrato asignado por Pemex Exploración y Producción a la compañía estadounidense Energy Maintenance Services Group, para el mantenimiento y operación de ductos, la ASF comprobó que Pemex pagó millonarios montos por trabajos que no se hicieron. Además, alerta que la falta de mantenimiento tiene en riesgo la principal área de distribución de hidrocarburos del país.

Las conclusiones de la auditoría confirman un trabajo también publicado en Contralínea por Ana Lilia Pérez. El año pasado, la reportera publicó una investigación periodística que documentó ampliamente las irregularidades en el proceso de contratación de EMS, que, según Pemex, ganó la licitación pública 18575111-006-07 y que derivó en el contrato 420407836 por 4 mil 312 millones 553 mil pesos para el “Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ducto de PEP, Sistema 4”. Se evidenció su deficiente desempeño y abandono de los servicios de mantenimiento –preventivo, predictivo y correctivo‒ a los ductos a su cargo, área medular para el transporte de crudo desde Campeche, Chiapas y Tabasco.

La investigación periodística expuso las irregularidades en el proceso de licitación para simular el concurso, lo que generó, incluso, que el senador Graco Ramírez Garrido presentara una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del entonces director de la petrolera, Jesús Reyes Heroles; del titular de PEP, Carlos Arnoldo Morales Gil, y de la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel.

La ASF dice que, en efecto, se trató de un concurso manipulado mediante bases que no contenían completa la información técnica, la ingeniería ni los alcances del proyecto, lo que impidió a otros 10 consorcios presentar propuestas. Se declaró que la propuesta ganadora fue la de EMS, pero la ASF encontró que ni siquiera compró las bases de licitación.

La firma asentada en Houston, que encabeza el exejecutivo de la Marathon Oil, Timothy Harold Nesler, no cubrió cabalmente los requisitos para que la subsidiaria que dirige Carlos Arnoldo Morales Gil le suscribiera el contrato, determina la ASF.

EMS no presentó la calificación crediticia que debía emitirle una calificadora de valores registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tampoco acreditó su solvencia financiera.

Como parte de la estrategia de privatización de Pemex que Felipe Calderón aceleró desde inicios de su gobierno, la operación del 57 por ciento de la red de ductos de PEP se le entregó a EMS, aun cuando Pemex no tenía suficientemente acreditado el análisis de costo beneficio de este nuevo esquema.

Contratos incentivados

Ahora, el gobierno panista de Calderón busca escribir en Pemex una nueva historia con un nuevo tipo de contratos: de riesgo, en asociación en participación con empresas privadas y que se han probado con buenas y malas experiencias en varias regiones del mundo.

La presentación de estos contratos se hizo en la ciudad de México, Estados Unidos y Canadá, en la ciudad de Calgary, en donde directivos de Pemex buscaron atraer el interés de inversionistas ligados con la industria petrolera. Así salen al mercado los contratos incentivados después de que la Suprema Corte de Justicia les dio su aval para declararlos legales.

Muchos mexicanos, entre ellos expertos petroleros, sin embargo, los siguen considerando inconstitucionales y contrarios al interés público. Se privatizarán, de esta forma, las ganancias de la exploración petrolera, pero se democratizarán y distribuirán entre los mexicanos los riesgos. La diferencia, como siempre, podría aportarla la transparencia y rendición de cuentas de este tipo de contratos dirigidos a la exploración en aguas profundas.

No obstante, es un objetivo difícil de alcanzar y que requiere de mucha buena fe y honestidad, lo cual en Pemex no existe. El legajo de 200 páginas que contiene los términos de los contratos relacionados parece, sin embargo, más un campo minado para Pemex que una oportunidad de negocios. Aún más, se trata de una relación que se iniciará de una forma desventajosa para la empresa estatal. Simplemente se carece de experiencia en este tipo de acuerdos, mientras que compañías como Halliburton, Schlumberger o Repsol, por sólo mencionar algunas, tienen décadas de trabajo y hasta de litigios en esta materia con una lista enorme de despachos de abogados listos para entrar en acción.

Para muestra un botón de lo que nos espera con los contratos relacionados:
“En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias técnicas, operacionales o relacionadas con cuestiones de contabilidad, impuestos y cálculo de pagos exigibles conforme al Contrato, las Partes podrán acordar sujetarse a las decisiones de un Experto Independiente”.

También Pemex, en forma cándida, aclara en el contrato: “De conformidad con los artículos 25, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no confiere al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u otras operaciones petroleras en el Área Contractual. Por lo que, bajo ninguna circunstancia, se entenderá que el Contrato confiere al Contratista derecho de propiedad alguno sobre los depósitos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad de México y así permanecerán en todo momento. Asimismo, este Contrato no confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni derecho a participar de, los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta, los cuales serán y permanecerán propiedad de PEP. Igualmente, en ningún caso, otros recursos minerales existentes en el Área Contractual (sean o no descubiertos por el Contratista) serán propiedad del Contratista”. Menos mal aunque en la teoría se comparte la propiedad, aunque eso, seguramente, será materia en litigios futuros.

oficiodepaperl@yahoo.com.mx

domingo, marzo 27, 2011

Unasur: quinta potencia

El 11 de marzo entró en vigencia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con la ratificación de nueve de los 12 países miembros que lo integran. La región se perfila como un nuevo polo de desarrollo económico mundial. Una de las claves de su exitosa política económica ha sido el haber destinado mayores recursos financieros al gasto social. Desde ahora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoce el desempeño de las economías de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela en su lucha contra la pobreza y el desempleo.

La Unasur es ahora la quinta potencia económica mundial, tiene 361 millones de habitantes y una superficie superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados; posee 27 por ciento del agua dulce del mundo, con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, y es también la región que más alimentos produce y exporta. Se calcula que sus reservas de hidrocarburos son para 100 años. A ello se agrega algo no menos importante: el 95 por ciento de sus habitantes tiene una historia común y valores compartidos. Al Tratado sólo le falta ser ratificado por Brasil, Colombia y Paraguay, que ya han desempeñado un papel preponderante dentro de la Unión. De hecho, el organismo será presidido este primer año por Colombia.

Para entender los alcances regionales de la Unasur, es conveniente referirse a sus principios rectores, magníficamente resumidos en el preámbulo del Tratado, en el que las partes establecen que:

Apoyadas en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común, afirman su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.

Seguras de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva.

Ratifican que la integración y la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.

Con esa sólida base ideológica, desde la firma del Tratado en Brasilia, en 2008, esta Unión ha producido resultados específicos para el desarrollo y la paz de la región. En ese mismo año, la Unasur se avocó a defender el proceso de cambio democrático en Bolivia ante las intentonas separatistas de los prefectos y líderes opositores de las llamadas cinco regiones de la “media luna”. Movimiento en el que se detectó la intervención del embajador estadunidense en ese país andino, Philip Goldberg, quien finalmente fue expulsado por el presidente Morales en septiembre de 2008. Ello se logró sin la intervención de la anquilosada Organización de Estados Americanos. También en 2008, en julio, los 12 países adoptaron una postura común de rechazo a la Directiva de Retorno de la Unión Europea, mediante la cual se pretendía sancionar a empleadores de inmigrantes irregulares. En cuanto a asuntos de seguridad regional, para 2009 los países miembros ya habían creado el Consejo de Defensa Suramericano.

A partir de ahora, una de las principales tareas a la que deberá dedicarse la Unasur es la impostergable entrada en funcionamiento del Banco del Sur, que tiene también aprobado su Tratado desde 2009 y que apenas ha sido ratificado por dos de sus siete miembros. También, la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y los avances del Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones, entre otros.

Por su parte, la Cepal reconoce desde ahora los buenos resultados de las economías locales y sus alentadoras perspectivas. Una de las claves ha sido destinar mayores recursos al gasto social. Alicia Barcena, secretaria ejecutiva del organismo, declaró a la publicación Finanzas & Desarrollo (marzo de 2011), del Fondo Monetario Internacional, que la pobreza en la región se encuentra en el nivel más bajo en 30 años, a pesar de la crisis económica. Ello porque el gasto social subió de 12.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el periodo 1990-1991 al 18 por ciento del PIB en 2007-2008. Además, dentro del gasto público global, los programas sociales crecieron de 45 a 65 por ciento. Por último, afirma la Cepal, “el empleo también ha sido clave a la hora de medir las mejoras en los índices de reducción de la pobreza”, y que “a diferencia de las naciones desarrolladas, donde la crisis financiera ha golpeado duramente el mercado laboral, especialmente en Estados Unidos y España, en muchos países latinoamericanos se registró un incremento del empleo en el sector formal de la economía”. La Cepal tiene razón: la clave reside en destinar mayores recursos al gasto social.

*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia

Fuente Contralínea 226 / 27 de marzo de 2011

Siria: la primera revuelta árabe por el agua y el cambio climático

Bajo la Lupa
Un opositor al gobierno sirio muestra rótulos en lengua árabe, en los que se lee: Sí a la libertad, no a la violencia, durante una manifestación de miles de inconformes el viernes pasado en Damasco.


El extático aroma del jazmín revolucionario ha despertado los rescoldos acumulados en el mundo árabe en los recientes 60 años y cada región, subregión, país, provincia y hasta aldea aprovecha la oportunidad para acudir a su inesperada cita con la historia y así manifestar su lista de legítimos agravios idiosincráticos frente a los cuales las satrapías se encuentran impotentes en reaccionar ilustre e ilustradamente.

El extático aroma de la revolución del jazmín del paradigma tunecino alcanzó dramáticamente el sur de Siria, en la frontera con Jordania e Israel, lo cual comienza a sacudir su andamiaje transfronterizo y la geopolítica regional, específicamente en la ciudad agrícola de Daraa, que padece una severa penuria del agua debido al cambio climático de los recientes cinco años, donde las precipitaciones pluviales han disminuido 60 por ciento.

El aroma revolucionario del jazmín irrumpe en la hipercomplejidad del Creciente Fértil, que ya habíamos formulado en nuestra taxonomía de las cinco subregiones árabes (ver Bajo la Lupa, 6/3/11), donde el grado de las sutilezas y los matices aumenta considerablemente.

Daraa, ciudad de la provincia de Hourán y frontera con Jordania, se encuentra a 100 kilómetros al sur de Damasco sobre la carretera que la conecta con Ammán (capital de Jordania). La revolución transfronteriza de Daraa se encuentra prácticamente equidistante de Damasco (capital de Siria) y Ammán (capital de Jordania, donde ha recrudecido la contestación).

Daraa representa un bastión sunnita de 755 mil habitantes en la superestratégica planicie de Haurán, lo cual ha colocado a la defensiva al nepotismo de los Assad, de 41 años en el poder (30 con el padre Hafez y 11 con su hijo el reformista Bashar).

Las protestas de los sunnitas de Daraa se han intensificado y han empezado a propagarse a ciudades de Siria en forma alarmante, pero todavía no determinante para defenestrar al nepotismo de los Assad que depende, a mi humilde juicio, de la aquiescencia de la burguesía sunnita de las grandes ciudades y, a escala regional, de la anuencia de tres potencias sunnitas regionales: Turquía (su relevante frontera), Egipto y Arabia Saudita (con la que mantiene excelentes relaciones, pese a la alianza estratégica de Damasco con Irán). Se trata de la alta precisión del engranaje de un reloj muy fino.

Se pudiera aducir que las protestas todavía no alcanzan la masa crítica para una revolución, ya que, en un análisis estricto, se encuentran confinadas a la ciudad de Daraa –en la cercanía de las superestratégicas alturas del Golán (pletóricas en agua y ocupadas y saquedas por Israel)– donde las fuerzas de seguridad (los siniestros mukhabarat) perpetraron el error infantil de encarcelar a unos adolescentes inofensivos por haber osado escribir grafitis contra el gobierno, lo que luego desembocó en una confrontación con la población local que ha arrojado un saldo de entre 17 y 100 muertos (dependiendo de quién manipule las cifras).

El epicentro de la revuelta de Daraa se concentra en la mezquita al Al Omari y ya se salió del control del régimen atrapado sin salida, que ha recurrido cosméticamente a promesas invaluables desde el levantamiento de la ley de emergencia hasta el permiso de participación de otros partidos fuera del Baas, edulcorado con la súbita liberación de 250 detenidos.

Siria se encuentra gobernada desde el golpe de Estado de 1970 por la secta minoritaria de los alawitas (a la que pertenecen los Assad): una excrecencia del chiísmo (13 por ciento) que gobierna a la mayoría de sunnitas (74 por ciento) y a las minorías de cristianos (10 por ciento) y drusos (3 por ciento), según datos de la CIA.

Entre la mayoría sunnita habría que incluir a los kurdos no-árabes, que representan 10 por ciento de la población.

Es evidente el riesgo de balcanización en varias entidades que fracturaría su mosaico mantenido a sangre y fuego durante 41 años (v. gr. el genocidio de los hermanos musulmanes, con presunta bendición occidental e israelí, en la ciudad de Hama, que, dependiendo de quién manipule las cifras, van desde 20 mil hasta 100 mil asesinados).

Ya habrá tiempo para detenernos sobre el riesgo de balcanización de Siria en cinco entidades: sunnita, alawita (que en 1922 proclamó su autonomía y, luego, varias veces su independencia), drusa, kurda y cristiana.

Sin adentrarnos por el momento en la correlación de fuerzas étnicas y religiosas en el delicado mosaico plural de Siria (22.5 millones de habitantes), es fundamental ubicar el número poblacional de sus más importantes ciudades: Alepo (3 millones); Damasco (capital, 2.5 millones), Homs (1.3 millones), Hama (854 mil) y Latakia (650 mil habitantes y su principal puerto; igualitariamente repartidos entre sunnitas y alawitas, con una minoría de cristianos).

Más allá de la caída del régimen, que no se vislumbra en lo inmediato –porque puede repetirse el modelo Bahrein implementado por las seis petromonarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, encabezado por Arabia Saudita–, la crisis de Daraa estaba escrita en el muro cuando el nepotismo de los Assad descuidó la ominosa desertificación de la otrora fértil planicie de Hourán, cuyo suelo volcánico lo había convertido en el granero de Oriente Medio cuando abundaban las lluvias en tiempos otomanos, según Khaled Yacoub Oweis, de Reuters (19/3/11).

Yacoub aduce que en el este de Siria, la crisis hídrica de los últimos cinco años, que dicen expertos se debe mayormente a la mala gestión estatal de recursos, ha sumido a 800 mil personas en la extrema pobreza, según un informe de Naciones Unidas en 2010. Cientos de miles de personas más fueron desplazadas. Agrega que otros productores también han resultado afectados por las escasas lluvias y recortes a los subsidios. El Ministerio de Agricultura dijo que las cosechas en la provincia agrícola de Daraa cayeron 25 por ciento el año pasado.

Daniel Williams (NYT, 2/3/11) cita un reporte de la ONU: Las lluvias son 45 por ciento y 66 por ciento en promedio menores a lo normal (sic) en tres provincias orientales de Siria en los pasados dos años. La falta de agua ha causado que más de 800 mil personas en la parte oriental de Siria pierdan casi todo su modus vivendi.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (EU), la cosecha de trigo ha disminuido a la mitad.

Al más del millón de refugiados de la guerra de EU y Gran Bretaña en Irak, se ha sumado otro medio millón de desplazados internos –los campesinos sunnitas que huyen de las sequías de la planicie sureña de Hourán (Daraa) y los kurdos de la ciudad norteña de Qamishli (frontera con Turquía y cerca de Irak)– quienes viven en condiciones infrahumanas en tiendas de campaña en Damasco, junto a insolentes campos de golf muy bien irrigados de la plutocracia. ¡Luego quieren que no existan revoluciones!

Un reporte del Banco Mundial (15/8/08) sentencia que Medio Oriente y Noráfrica son las regiones más afectadas por la penuria global del agua.

Estudios de la ONU proyectan que 30 países sufrirán carencia de agua en los próximos 15 años, de los cuales 18 se encuentran en el Medio-Oriente y Noráfrica (Reuters, 20/3/11).

Ante la penuria estructural del agua no existe satrapía, monarquía, plutocracia o democracia que evite una revuelta y/o revolución.

“Sentencia contra Chevron, ejecutable y justa”

La sentencia ejemplar contra una trasnacional por contaminar el medio ambiente, en riesgo de quedar sin ejecución. Luego de que un tribunal comprobó los daños a la Amazonía ecuatoriana cometidos por Chevron (de capital mayoritariamente estadunidense) y de que la condenara a pagar 9.5 mil millones de dólares, la trasnacional inició una campaña internacional para sabotear la resolución judicial. Juan Pablo Sáenz, integrante del equipo de abogados que puso en el banquillo a la petrolera, no tiene dudas: el fallo es justo y ejecutable.

Quito, Ecuador. El 14 de febrero, un tribunal provincial ecuatoriano dictó la condena ambiental más severa de la historia contra una empresa petrolera, la corporación estadunidense Chevron. Sin embargo, hay pocas esperanzas de que se ejecute.

“No seguiríamos trabajando en esto si no pensáramos que la posibilidad de éxito, en una escala de uno a 10, es 10”, responde en entrevista con Tierramérica el más joven de los abogados ecuatorianos litigantes, Juan Pablo Sáenz.

Se trata del juicio ambiental del siglo. La sentencia en primera instancia ordena a Chevron pagar 9 mil 510 millones de dólares para remediar los daños causados a la salud humana y al ambiente en una zona amazónica del Noreste de Ecuador, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde su actual filial Texaco realizó actividades de exploración y explotación de crudo por 26 años.

A finales de febrero, la empresa había presentado un pedido de aclaración y ampliación del fallo, lo que en los hechos congela el plazo de 72 horas que tienen las partes para apelar una vez emitida la sentencia.

Cuando la batalla judicial se inició en 1993, Juan Pablo Sáenz egresaba de la escuela primaria. Hoy, con 29 años, integra el equipo legal que acaba de anotarse la victoria, al que ingresó cuatro años atrás al ganar un concurso, mientras terminaba sus estudios de derecho.

Gonzalo Ortiz (GO): En una escala de uno a 10, ¿qué puntuación le daría a la posibilidad de que la sentencia se ejecute?

Juan Pablo Sáenz (JOS): Nosotros no seguiríamos trabajando en esto si no pensáramos que la posibilidad es 10. Muchas personas dijeron que esto nunca se iba a lograr, que una corte ecuatoriana nunca iba a fallar contra una gran trasnacional.

Pero tenemos varias opciones y estamos asesorados por un estudio jurídico estadunidense, Patton Boggs LLP, que es experto en la ejecución de este tipo de sentencias. Estamos absolutamente convencidos de que esto se puede ejecutar porque es justo.

GO: La amarga realidad es que la justicia no siempre triunfa, sobre todo cuando hay intereses tan poderosos de un lado.

JPS: De acuerdo, pero hay que creer en los milagros. Lo que nos diferencia de otras causas similares es que nosotros estamos trabajando directamente con las comunidades.

Nosotros nos dedicamos, en última cuenta, a ejecutar las decisiones que ellas toman y esto nos da fortaleza. Como dijo Pablo Fajardo (coordinador del equipo legal), éste es un tema de principios. Y aunque tome muchísimos años, estoy seguro de que nosotros y hablo por los abogados, pero sobre todo por las comunidades, vamos a aguantar mucho más que nuestros oponentes.

GO: Está claro que la demanda no buscaba dinero para repartir y la sentencia dice que los montos de la multa deben destinarse a rubros específicos de remediación ambiental y cuidado de la salud, y dispone que esos recursos sean administrados por un fideicomiso. ¿Cuántos son los eventuales beneficiarios?

JPS: Todos los moradores de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Hace algunos años, se hablaba de 30 mil personas. Son los directamente afectados por ser vecinos de las zonas petroleras. Pero, según los datos del último censo, estaríamos hablando de unas 223 mil personas en las dos provincias.

GO: ¿Cuántos fueron los demandantes?

JPS: Las personas que firmaron la demanda, y la han continuado con una tenacidad admirable, no van a recibir ningún dinero. Ésta es una demanda de acción colectiva, es decir que se hizo en nombre de todas las personas que habitan en el área. Se trata de un grupo indefinido, pero identificable.

GO: Puesto que manejan varias opciones, como actuar legalmente contra Chevron fuera de Estados Unidos para conseguir que se ejecute la sentencia, y ya que la empresa hace años que no opera en Ecuador, ¿en qué países están pensando?

JPS: Existe la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, de la que Ecuador es signatario. Lo más fácil sería buscar que la ejecución sea en un país también signatario de este tratado, porque el proceso se vuelve más rápido, pero en principio podremos dirigirnos a cualquier país donde Chevron tenga plataformas, barcos, cualquier tipo de bienes, y buscar su embargo hasta que reconozca la obligación que se le ha impuesto.

GO: ¿Tienen algún país en mente?

JPS: Tenemos una lista de países, pero es prematuro ahora porque es evidente que ellos van a presentar todas las apelaciones del caso, y hay un par de instancias todavía.

GO: La primera es ante el pleno del Tribunal de Sucumbíos. Luego, si Chevron sigue apelando, tendría que elevar el juicio a la Corte Nacional de Justicia en casación. ¿Es así?

JPS: Sí. Pero la casación es un recurso mucho más limitado porque ya no se discutiría el fondo del asunto, sino tres o cuatro causales específicos. Los tiempos van acelerándose, porque se trata de un juicio verbal sumario para el que la ley da a los jueces plazos más cortos.

GO: Entonces, ¿el plazo de un año es razonable?

JPS: Sí. La primera apelación no debería demorarse más de seis meses, porque no se receptan nuevas pruebas, sino simplemente se juzga con base en lo que existe en autos.

GO: ¿Cómo ven el recurso de Chevron ante la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, y ante un tribunal de Nueva York para impedir que la sentencia se ejecute?

JPS: Ellos demandaron a Ecuador y están tratando de relitigar todo el asunto como si el Estado ecuatoriano fuera parte, y no lo es. Es difícil imaginar que el tribunal arbitral de La Haya esté solicitando al gobierno ecuatoriano que interfiera en la función judicial del país. Es ridículo pensar eso.

El tribunal de La Haya no puede prejuzgar sobre las resoluciones que tomen los tribunales del Ecuador, que son independientes, y mucho menos decirle al gobierno que irrespete las resoluciones judiciales.

El proceso de Nueva York y el de La Haya no tienen posibilidad de interferir en la ejecución de la sentencia. No hay un foro supranacional en el que nos vayamos a enfrentar contra Chevron.

GO: ¿Y cuando llegue el momento de ejecutar la sentencia?

JPS: Cuando pidamos acciones precautelares contra Chevron, todo juez o tribunal revisará que se hayan cumplido ciertos requisitos básicos: que no se haya privado a nadie del derecho a la defensa, que se haya seguido el debido proceso; pero nada más.

GO: Pero Chevron ya está actuando de otras formas.

JPS: Lo que está haciendo es cabildeo contra Ecuador; por ejemplo, impedir que se le renueven preferencias arancelarias. Lo que quiere es que el Estado ecuatoriano interfiera en el debido proceso. En eso han gastado millones de dólares desde hace algunos años para malquistar al gobierno de Estados Unidos con el de Ecuador. No tienen interés en que realmente se ventile esto en una corte: no tienen argumentos.

Fuente: Contralínea 224 / 20 de marzo de 2011

La frustración de Calderón

Los cárteles crecen, la frustración también

La cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y de México en la guerra contra el narcotráfico se vuelve confrontación fácilmente. Basta que el presidente Felipe Calderón le reclame a Barack Obama –quien lo ve “frustrado”– más ayuda y trabajo antinarcóticos en su país, o que claridosos funcionarios estadunidenses señalen que, pese a la ofensiva militar, los cárteles mexicanos siguen fortaleciéndose y la guerra interna ya le costó al país más de 34 mil muertos. La renuncia de Carlos Pascual como embajador en México abre un nuevo capítulo, más que cerrarlo, en la escalada de tensiones entre ambos países… Y están en puerta más reveses para Calderón en materia de contrabando de armas y derechos humanos.

WASHINGTON.- Una vez que renunció como embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual es ahora mucho más que un fantasma para el presidente Felipe Calderón…

El personaje repudiado por él no solamente se mantendrá en activo dentro de la embajada durante varios meses, asegurando el legado de sus políticas hacia México, sino que constituye el contundente recordatorio de la fracasada lucha de Calderón contra el narcotráfico.

Las nuevas tensiones diplomáticas están precedidas por los cables diplomáticos “clasificados” que reveló el sitio en internet WikiLeaks –y que difundió en México, con amplitud, el diario La Jornada–, según los cuales Pascual informó al Departamento de Estado sobre la descoordinación entre el Ejército y la Marina en operaciones contra capos de la droga ubicados e identificados por las agencias estadunidenses que actúan a sus anchas en México. De ellas forman parte, también, los reclamos de Calderón a Obama, durante su visita a Washington.

En entrevista con el periódico El Universal el 22 de febrero, Calderón estalló contra Pascual por el contenido de los cables y lo calificó de “ignorante”. Después, en declaraciones hechas al Washington Post difundidas el 3 de marzo en el sitio electrónico de ese diario, manifestó que le había perdido la confianza. El mismo día, en la reunión que sostuvo con Obama en Washington, volvió a quejarse de Pascual.

La noche del sábado 19, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió en Washington un comunicado de prensa en el que dio a conocer la dimisión del embajador en México, quien se vio obligado a renunciar debido a que Calderón le cerró el acceso a las esferas gubernamentales mexicanas. Con todo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado le refrendaron su apoyo.

Si bien Calderón dijo que su inconformidad se debía a los reportes de la embajada, son cada vez más insistentes las versiones periodísticas y dentro del gobierno federal acerca de que el presidente tampoco toleró que Pascual tenga un romance con Gabriela Rojas Jiménez, la hija de Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Gabriela, la novia de Pascual, fue esposa de Antonio Vivanco Casamadrid, amigo y exasesor de Calderón, quien el jueves 24 lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad, en sustitución de Alfredo Elías Ayub.

El dardo de Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue muy directo en su reciente diagnóstico sobre Felipe Calderón: está “frustrado” porque su lucha militarizada contra el crimen organizado no da los resultados que prometió al pueblo de México.

El adjetivo que le clavó el presidente Obama a Calderón mientras estaba de gira en El Salvador se sustenta en conclusiones de reportes oficiales de varias agencias federales y dependencias de primer nivel de su gobierno, según las cuales el narcotráfico se ha fortalecido en México y el saldo de muertos de la guerra interna opaca el triunfalismo de Los Pinos.

Y antes de que el presidente Calderón pueda extraerse la espina, la administración de Obama afila otras…

Una fuente del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca adelanta a Proceso que el mandatario estadunidense oficializará esta semana su rechazo a la solicitud que el pasado 17 de septiembre le hizo el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para responder a la “regla de emergencia”; es decir, que la Casa Blanca emita una orden ejecutiva para obligar a las armerías de los estados fronterizos con México a reportar al ATF todas las ventas masivas de armas que se hagan a una sola persona. De hecho, la petición ya había sido denegada por Obama el 4 de febrero último.

Y en cuanto al capítulo de los derechos humanos, una fuente del Departamento de Estado que pidió el anonimato refiere a Proceso que en el reporte anual que esta instancia dará a conocer el próximo 4 de abril, correspondiente a 2010, incluye “severas” recriminaciones a las Fuerzas Armadas mexicanas por las continuas violaciones a los derechos humanos en que incurren con el pretexto del combate al narco, cuyos resultados tienen insatisfecho al presidente Calderón.

“La relación con México es realmente muy fuerte. El reto es que los cárteles de las drogas se han fortalecido y el presidente Calderón está, justamente, frustrado”, declaró Obama a la cadena de televisión estadunidense CNN en Español, en una entrevista exclusiva que se transmitió el 22 de marzo.

Esa “frustración”, dijo Obama, se manifiesta en las demandas de Calderón a Washington: reducir el consumo de drogas y contener el flujo ilegal hacia México de armas y del dinero procedente de la venta de los narcóticos en Estados Unidos.

Para el mandatario estadunidense, el sentimiento de Calderón se debe a que, a sólo 18 meses de que termine su sexenio, la lucha militarizada contra el narcotráfico continúa ensangrentando al país y a que en el mundo se conocen, más que sus logros, su costo en muertes: 34 mil 612 hasta enero pasado, de acuerdo con el reporte oficial.

Por eso, en la entrevista con CNN en Español, Obama comentó: “Lo que le he dicho a él (Calderón) es que debemos compartir estas cargas, tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo en reducir la demanda (de drogas) en Estados Unidos”.

Y puso como ejemplo de esa “responsabilidad compartida” su pedido presupuestal de 10 mil millones de dólares al Congreso de su país para combatir el consumo de drogas; sin embargo, calló ante las demandas directas de Calderón para que impulse una reforma a las leyes que regulan la venta de armas de asalto, contrarreste la normatividad local y estatal que permite la siembra y venta de mariguana para fines terapéuticos, e incremente los fondos de la Iniciativa Mérida en lugar de reducirlos, como hizo al solicitar sólo 387 millones de dólares para este instrumento bilateral en el año fiscal 2012.

Descalificaciones

La afirmación de que el narcotráfico se ha fortalecido en México desmiente la versión del gobierno calderonista y se basa en información que divulgó el Departamento de Estado el 3 de marzo, día en que el presidente mexicano se reunió con su homólogo estadunidense en la Casa Blanca.

En su capítulo sobre México, el Reporte de la estrategia internacional para el control de los narcóticos destaca: “Las organizaciones del tráfico de drogas continúan expandiendo su presencia y encontrando nuevas rutas para transportar las drogas y ampliar sus mercados. La producción doméstica de mariguana, heroína y metanfetaminas está creciendo rápidamente, y la cocaína procedente de Sudamérica continúa transitando por México para llegar a los mercados de Estados Unidos”.

Todavía más contundente fue James Clapper, director Nacional de Inteligencia, quien el pasado jueves 10 informó en una sesión del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadunidense:

“México enfrenta una aguda y constante escalada de violencia criminal por parte de los cárteles, que luchan entre ellos por el dominio (de plazas) y buscan intimidar al gobierno y a la población. Los cárteles han tratado de minar la confianza de la gente en el gobierno y de mostrar su desacato a la ley, al tiempo que le dan difusión a más actos de salvajismo, como decapitaciones, ejecuciones en público y, en general, cambios en sus tácticas brutales.”

Seis días después, el director del FBI, Robert Muller, dijo ante el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes: “El presidente Calderón ha realizado acciones sin precedentes que han tenido impacto en los cárteles (del narcotráfico) y la violencia en México; desafortunadamente, (la lucha contra el narco) no ha sido tan exitosa como él o cualquier otro quisiera, tomando en cuenta el nivel de asesinatos y atrocidades que ocurren al sur de la frontera”.

La frustración que le atribuye Obama a Calderón puede explicar el hecho de que sólo un día después, por medio del embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, el gobierno mexicano haya descalificado el análisis del jefe del FBI:

“Extraña que a un funcionario de procuración de justicia con la trayectoria y larga experiencia del director Muller se le olvide que este es un reto generacional de largo aliento, en donde los resultados no se obtienen de la noche a la mañana”, manifestó Sarukhán en un comunicado que difundió la oficina de prensa de la embajada entre los corresponsales mexicanos acreditados en Washington.

Recalcó: “El gobierno de México rechaza categóricamente las aseveraciones formuladas ayer por el director del FBI en una audiencia del Congreso. No sólo ignoran los avances que ambos gobiernos estamos constatando… sino que están fuera de sintonía con lo que el propio presidente (Barack Obama) y miembros relevantes de su gabinete han declarado al respecto”.

Sin embargo, los altos funcionarios estadunidenses sí están en la misma sintonía. El 7 de febrero, Joseph Westphal, subsecretario del ejército de Estados Unidos, expuso ante estudiantes y académicos de la Universidad de Utah:

“Como saben, hay una forma de insurgencia en México con los cárteles del narcotráfico justo al lado de nuestra frontera, y creo que esto es una opinión personal, aunque la he compartido con gente de la Casa Blanca. Este problema no es sólo sobre drogas y migración de indocumentados; potencialmente esto significa que tomen el control del gobierno individuos que son corruptos y tienen una agenda distinta.”

Westphal se aventuró a predecir que ante una escalada insurgente en México, Estados Unidos no tendría más opción que desplegar soldados para vigilar la frontera sur, o incluso internarse a territorio mexicano.

Dos días después, el 9 de febrero, fue la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, quien alertó en el Capitolio sobre el peligro de las organizaciones criminales. “Desde hace mucho tiempo hemos pensado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas”, dijo ante el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

Napolitano destacó que el presidente Obama le encargó a su dependencia que se mantuviera muy vigilante “de la guerra al otro lado de la frontera” por el nivel “sin precedentes” de la narcoviolencia. “Ni se les ocurra (a los traficantes mexicanos) arrastrar esa guerra hacia Estados Unidos, porque se enfrentarán a una reacción avasalladora… Sería preocupante que organizaciones terroristas se aprovecharan de las redes de los cárteles para tratar de exportar sus actividades”, puntualizó.

Las declaraciones del subsecretario del ejército y de Napolitano desataron la furia de Calderón, que a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación descalificó los análisis de ambos y consiguió que el Pentágono obligara a Westphal a desdecirse.

Sin embargo, el Centro de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia ya lo había advertido desde febrero de 2010, cuando publicó su Evaluación nacional sobre la amenaza de las drogas:

“Las organizaciones mexicanas del narcotráfico continúan representando la gran mayor amenaza de tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Ya cuentan con proveedores prominentes para la distribución de drogas ilícitas al mayoreo en Estados Unidos y están ganando una mayor fortaleza en los mercados del este (de Estados Unidos), donde está disminuyendo la fortaleza de las organizaciones colombianas del tráfico de drogas.”

En el reporte del Departamento de Estado que se difundió el jueves 3, el gobierno de Obama afirma que Calderón está haciendo lo mejor que puede en el combate al narcotráfico e incluso contra la corrupción, aunque sobre esto último plantea:

“Estos nuevos esfuerzos para reducir la corrupción están dirigidos a las agencias federales y se concentran en bajar el nivel de corrupción entre los funcionarios de más alto rango. Pese a estos avances, la corrupción continúa siendo un impedimento significativo para los esfuerzos antinarcóticos en México.”

Medios: la mordaza se gestó en Los Pinos

..Y los medios se amordazan

Promovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por el duopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidas para encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchos comunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación, consideran que la iniciativa “no es tan ciudadana”, pretende uniformar la información y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de Los Pinos.

Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010, Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte de su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar “criminales” para no convertirlos en héroes.

Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios –aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca

Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista telefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”.

Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación. “Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”.

–¿Ven una posibilidad de censura?

–Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del gobierno.

El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentos en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso.

“Puedo decir con toda responsabilidad, pero sin citar mi fuente, que directores de varios medios me confirmaron que fue de las oficinas corporativas de Televisa de donde los llamaron para invitarlos a sumarse a este documento”, afirma Trejo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

Agrega en entrevista con Proceso que para Televisa y TV Azteca el acuerdo es en realidad “un acto de propaganda” y que por eso fue presentado en un “escenario lamentable” y “espectacularizado”: el Museo de Antropología convertido en un set de televisión.

Regulación

Regular la cobertura informativa sobre el narco ha sido un propósito de Calderón desde hace años. En noviembre de 2009 se realizó en Boca del Río, Veracruz, el congreso Ciudadanía y Medios. Acción Conjunta, organizado por el gobierno de la entidad y la Procuraduría General de la República. Participó Margarita Zavala, esposa del presidente. Uno de sus principales resolutivos fue que los medios “no otorgarían espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a sus representantes”.

El 5 de agosto de 2010, en aquella reunión en Los Pinos, Calderón insistió en el tema al pedirle a los dueños de medios que se sumaran al Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado.

La reunión fue privada. Entre los asistentes estaban directivos de Televisa, TV Azteca, Radio Mil, Organización Editorial Mexicana, El Universal, MVS, Radio Fórmula, Grupo ACIR, de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), del Grupo Milenio, Radiorama, Radio Centro y de los periódicos Unomásuno, La Crónica, La Jornada, La Razón y Rumbo de México.

El 9 de noviembre de ese año, al inaugurar la sexagésima sexta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Calderón nuevamente habló del tema. Tras señalar que el crimen organizado se ha convertido en “el mayor riesgo al ejercicio del periodismo y se levanta como la principal fuente de restricción, intimidación y represión a la labor informativa”, pidió la regulación de los contenidos.

“Es necesario informar sin hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a la agenda mediática de las organizaciones criminales; no se trata de ninguna manera de ocultar los problemas, sino de reflejar la realidad y poner en perspectiva los grandes esfuerzos que hacemos para solucionar nuestros problemas; balancear la información, tomar en cuenta, sí, si es indispensable por el hecho mismo, noticioso, la voz intimidatoria de los criminales.”

El jueves 17 de marzo insistió, al borde del chiste: “Si yo no hubiera sido político, a lo mejor me hubiera dedicado al periodismo, que también me gusta; es una profesión que respeto”, afirmó al intervenir en el foro México: Puerta de América organizado por el Grupo BBVA-Bancomer y el diario español El País.

“Hubiera hecho un periódico que se llamara Balance y en la primera plana pondría de un lado todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado todas las más importantes buenas noticias. Y en medio las buenas o malas sin clasificarlas ahí”.

Tras asegurar que las únicas que “asientan hechos totalmente objetivos e inocultables” son las notas deportivas, Calderón afirmó que “se debe equilibrar y poner en perspectiva lo que es México, no ocultar ni ignorar los problemas que hay en el país”.

De acuerdo con el acuerdo

Con la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, Felipe Calderón parece haber logrado uno de sus objetivos: aliarse con un sector de la prensa mexicana en su lucha contra el narcotráfico.

Horas después de la transmisión nacional del acto envió un mensaje desde Apodaca, Nuevo León: “Pienso que este acuerdo es una muestra muy clara de que la responsabilidad, cuando se ejerce plenamente por todos y en particular por los medios de comunicación, permite enfrentar de mejor manera el fenómeno de la violencia delictiva, de la violencia causada por los grupos y las organizaciones criminales que afectan a los mexicanos”.

Calderón necesitaba este acuerdo sobre todo porque encuestas publicadas el mes pasado indicaban que su popularidad ha bajado a 52%, lo que no se veía desde 2008, y se incrementó la percepción ciudadana en cuanto a criminalidad y violencia.

“Calderón ha estado incómodo desde hace años con la cobertura mediática de la violencia”, dice Raúl Trejo. “Cada vez que puede reitera su anhelo para que en México haya medios que vean tanto los asuntos buenos como los malos, pero a veces no hay muchos momentos buenos que cubrir. No sé si él auspició, pero sí aplaudió este acuerdo”, señala.

Medidas huecas

Durante la elaboración del acuerdo hubo miembros de la CIRT que plantearon la necesidad de darles a los reporteros seguros de vida, cursos de capacitación, protocolos de protección y mejores salarios. La mayoría de los que trabajan para los medios que suscribieron el acuerdo carecen de esas prestaciones. Algunos no tienen ni Seguro Social.

Pero las propuestas no prosperaron; se quedaron en el enunciado de “establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo”.

Los anteproyectos del acuerdo, que Proceso pudo consultar, son sustancialmente distintos al documento final.

Por ejemplo, en el segundo punto se proponía rechazar entrevistas “a miembros de las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentencia condenatoria en su contra”. En la versión definitiva sólo se habla de “impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos” y “omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos”.

Los ausentes

Se dijo que el acuerdo estaba firmado por los principales medios de comunicación del país. Pero hubo ausencias. Algunos fueron invitados pero no quisieron participar, como El Diario de Ciudad Juárez, y otros de plano no fueron invitados, como La Jornada, Reforma, Proceso, Multivisión, TV Cable y muchos medios locales.

De hecho aparecen pocos medios de las entidades en las que el crimen organizado es más violento, como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León.

Pedro Torres precisa que aunque el medio en el que trabaja fue invitado se decidió no firmar el acuerdo porque, desde su perspectiva, no se puede normar de manera tan general los criterios editoriales: la realidad de Juárez no es la misma que la de otras ciudades.

“No podemos trabajar en las mismas condiciones que los enviados que tienen más libertad en el manejo de la información que nosotros que permanecemos aquí cuando se publica la nota. Además hay cuestiones de seguridad que tenemos que tener presentes cada vez que se publica algo, y para la gente que escribe a la distancia es muy diferente la situación. Por eso no creemos que sea viable esta generalización de los criterios y de los principios para la cobertura de la violencia.”

En su editorial del viernes 25, el diario La Jornada cuestionó las razones que, dijo, “llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas pero también por las dependencias públicas”.

Además critica que algunas empresas que encabezan el acuerdo, como TV Azteca, hayan pasado por encima de las leyes, como en 2006, cuando “recuperaron” las instalaciones de Canal 40.

El editorial del diario desglosa el decálogo y señala que cae en linchamientos mediáticos, posibilidades de censura, peligro a la independencia editorial y “evoca las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sobre lo que a su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un periódico”.

Y remata: “Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial”.

La periodista Carmen Aristegui, en su columna del viernes 25 en el diario Reforma, asegura que algunos de los firmantes, en sus respectivas colaboraciones, han acusado a los que no suscribieron el acuerdo como “los mezquinos de siempre”.

La conductora del noticiario matutino de MVS señala que es imposible sacudir la sospecha de que la pretensión final de todo esto es, parafraseando al especialista Edgardo Buscaglia, “gerenciar el flujo de la información”. Esto es, uniformar la información, y desde los medios, no desde la realidad, transformar la percepción de lo que está pasando.

“El acuerdo se firma en el momento en el que todos los indicadores apuntan al fracaso de la estrategia gubernamental”, asevera Aristegui

Aeronaves de la PGR, bajo sospecha

La mitad de las aeronaves que la Procuraduría General de la República utiliza en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley. El personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades.

Ana Lilia Pérez

La Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) es un área medular para el combate a la delincuencia organizada y estratégica en la “guerra” contra el narcotráfico; sin embargo, opera con graves deficiencias administrativas y personal bajo sospecha de corrupción.

Las auditorías que a esta área practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exponen graves problemas contables en inventarios y registros de las aeronaves, tanto de las que la PGR adquirió con recursos propios, así como las donadas por el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, en el marco del Acuerdo Bilateral para Combatir al Narcotráfico y la Farmacodependencia y del Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre cooperación contra las drogas.

De las 94 aeronaves que comprende la flota aérea de la PGR, 59 no están registradas en los inventarios. De las 35 que sí están en inventariadas, sólo 25 cuentan con la documentación que acredita que son propiedad de la PGR, como la factura o los oficios de donación emitidos por la Embajada de Estados Unidos. Las 10 aeronaves de las cuales la PGR no tiene documentación que acredite su propiedad representan un patrimonio de 87 millones de pesos.

De las 59 aeronaves que la PGR no tiene inventariadas, una de ellas fue asegurada a la delincuencia organizada y transferida a la Procuraduría desde julio de 2008, pero los funcionarios nunca la registraron en su contabilidad ni la incorporaron a los inventarios, aunque sí a los vuelos oficiales.

Otras 28 las donó la Embajada de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2009, pero tampoco fueron registradas. Más que una formalidad, la falta de registro de las aeronaves incumple el acuerdo que obligaría a México a devolverlas “cuando ya no se necesiten para los bienes que fueron proporcionadas”.

Diecinueve aeronaves que opera la PGR sobrevuelan cielo mexicano y ejecutan operativos en territorio nacional con matrículas de Estados Unidos. La razón es que la Procuraduría no ha presentado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la documentación para que el Registro Aeronáutico Mexicano le emita matrículas nacionales: títulos de posesión requisitados, pedimentos de importación y pagos de tenencia de una flota valuada en 204 millones 915 mil 600 pesos.

En cambio, aún no se da de baja ni del inventario ni de los registros contables el helicóptero Bell 206 B-3, matrícula XC-KAF, que se desplomó el 30 de marzo de 2009 en el cerro Cruz Matías, al Sureste de San Luis Río Colorado. La aeronave, que costó 2 millones 811 mil pesos y que estaba al servicio de la Base de Intercepción Aérea en Puerto Peñasco, se declaró como pérdida total; fue pagada por la aseguradora, pero la operación tampoco se registró contablemente.

Los auditores adscritos a la ASF también encontraron un desorden administrativo en la comprobación del uso de combustible –gasavión y turbosina– y los fletes aéreos.


Funcionarios bajo sospecha

La DGSA de la PGR tiene como función sobrevuelos y actividades encaminadas a investigar los delitos del fuero federal y la delincuencia organizada, que incluyen, por ejemplo, la confiscación y erradicación de cultivos ilícitos. Los auditores de la ASF descubrieron que los vuelos no son debidamente revisados y autorizados por un supervisor acreditado por la SCT a través de su Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Por las implicaciones, éste constituye uno de los hallazgos más relevantes de la auditoría. Las normas internacionales obligan a que cada vuelo debe ser autorizado por un supervisor de la DGAC previo chequeo de las condiciones físicas de la nave, de las bitácoras, órdenes de trabajo y certificados de aeronavegabilidad, entre otros.

Desde 2001, los vuelos que realiza la PGR no son autorizados por los inspectores de la DGAC, sino por 24 inspectores “honorarios” que no son parte de la SCT. Al respecto, hay una corresponsabilidad entre la SCT y la PGR por este asunto, pues en 2001 la SCT manifestó que no contaba con personal suficiente para que inspeccionara los vuelos, y la PGR propuso que lo hicieran inspectores “honorarios”. La práctica siguió en años subsecuentes sin que existan atribuciones legales para ello. A ojos de la ASF, dicha práctica es irregular.

El asunto toma otro cariz cuando se habla de que, entre el personal de esa área, hay muchos funcionarios que no aprobaron los controles de confianza:

56 funcionarios de la DGSA que laboran en 12 bases aéreas en distintas regiones del país, en tareas vinculadas al combate a la delincuencia organizada, no aprobaron las evaluaciones de control de confianza que les practicó el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) desde 2008. Se les declaró “no aptos”, y como tal, debían ser destituidos. Sin embargo, hasta agosto de 2009, la DGSA envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 37 actas administrativas que daban cuenta del resultado de “no aptos” de sus elementos.

De los otros 19 elementos que resultaron “no aptos”, en lugar de enviar las actas, a dos se les transfirió a la Policía Federal Ministerial; a otros dos se les tramitó una licencia de incapacidad; a otros tres se les ubicó en proceso de consulta; en cinco casos, se inició un proceso de reevaluación que aún está en proceso de autorización; a otros dos se les ubicó con nombramiento temporal; otros dos casos obtuvieron una resolución judicial a su favor, aunque siguen siendo no aptos según las pruebas de control de confianza. En otros dos casos, apenas está en vía de levantarse el acta respectiva, y un caso más aún no ha sido notificado del acta de no aptitud debido, argumenta la PGR, a su adscripción.

Las ASF alerta los riesgos de que el personal que no aprobó los controles de confianza continúe como servidor público activo en la PGR:

“Dicho personal, aun cuanto tiene evaluación de ‘No Apto’ para el CECC, se encuentra realizando las labores para las que fue contratado generando un costo mensual al mantener dicha plantilla.”

Eso no es todo: desde 2007, 40 servidores públicos perdieron su licencia aeronáutica (que expide la SCT) por irregularidades diversas. La PGR no les impuso sanción alguna, sino que les asignó funciones técnico-administrativas. Hasta pasados dos años (en mayo de 2009), inició el procedimiento de actas administrativas por pérdida de licencia. Se procedió entonces al cese de 22 funcionarios, que a su vez interpusieron 22 juicios de amparo; luego la PGR “concilió” reinstalar a 15. Posteriormente, a 13 de ellos se les dio de baja por incapacidad total; el resto continúa activo.

Al respecto, el doctor Samuel González Ruiz, extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, alerta lo “delicado” que es el que la PGR mantenga activo a personal que no acreditó los controles de confianza de la institución.

“Es muy delicado que no pasen estos exámenes. Para estar en la institución, deben acreditar estos exámenes, y eso es un asunto que de manera urgente debe atender la Oficialía Mayor de la PGR, porque ése es su trabajo”, explica el consultor internacional en temas de crimen organizado y corrupción.


Viajes elite

No hay control del personal que opera los vuelos en el combate a la delincuencia, pero los viajes son de elite. La norma en materia gubernamental refiere que los vuelos en aviones que tengan menos de 20 asientos no pueden contar con el servicio de sobrecargo. Pasando por alto tal disposición, sólo en 2009, 199 vuelos con menos de 20 asientos tuvieron servicio de sobrecargos.

En su argumentación, la DGSA le dice a la ASF que consideraron necesario llevar sobrecargos en ciertos vuelos al tratarse de viajes hechos por funcionarios con categoría de subprocurador o superior, al igual que los que realiza el personal de la oficina del procurador. Lo mismo que en los viajes que funcionarios de alto nivel de otras áreas de gobierno realizan en aviones de la PGR.

Subastas en el extranjero

La falta de diligencia de la PGR hasta en sus asuntos administrativos está a punto de generar un litigio internacional en contra de una compañía estadunidense que, argumentando incumplimientos de la Procuraduría para cubrirle sus adeudos de la reparación de dos helicópteros, simple y llanamente subastó uno de ellos, sin que la oficina del abogado de la nación hiciera nada por evitarlo. El caso implica un daño al erario de 48 millones 460 mil pesos.

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