MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.
Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.
La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.
Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.
Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.
La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.
Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.
Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.
Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.
“Todo bajo control”
Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.
Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.
El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.
Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.
Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.
Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.
Destino: el cártel de Sinaloa
Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.
Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.
El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.
Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.
En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:
Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…
Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.
Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).
Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.
El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.
Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.
Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.
El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.
Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.
Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez
En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.
En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recibido tantas armas como las que se necesitan para equipar a un regimiento entero”.
Y puso énfasis en los 34 rifles Barrett calibre .50 que habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa. Señaló que el poder de destrucción de estas armas es tal que podría cambiar el desenlace de cualquier combate.
*Andrew Kennis es un periodista independiente que trabaja en Chicago y en la Ciudad de México y ha colaborado en The Christian Science Monitor y Al- Jazeera. Jason McGahan es maestro de literatura británica y estadunidense; formó parte del equipo editorial de The Washington Post.
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