domingo, enero 23, 2011

El diagnóstico; psicótico maniáco-depresivo

Calderón, “un peligro para México”

La salud del presidente de la República es un asunto de seguridad nacional. Sus decisiones afectan, para bien o para mal, la vida de los mexicanos, y determinan las relaciones políticas, económicas y sociales con otros países. Por ello, el gabinete de seguridad nacional debe preocuparse y ocuparse de lo ocurrido hace unos días a su jefe Felipe Calderón, quien, ante un clima de terror y presión por la amenaza del narcotráfico, ha llegado a un punto mental de negar dichos y hechos que antes repetía con insistencia.

Hace dos semanas, Calderón afirmó, en un diálogo con organizaciones civiles, que nunca había calificado como una “guerra” el combate que el gobierno federal sostiene en contra de la delincuencia organizada. De inmediato, los medios de comunicación desmintieron al presidente y exhibieron –con grabaciones de imagen y voz– cómo desde que llegó a Los Pinos ha repetido una y otra vez que se trata de una “guerra” (sic) del Estado en contra de los cárteles de la droga.

Esta contradicción en el pensamiento del mandatario mexicano no es cosa menor y debe ser analizada por un cuerpo médico de especialistas, quienes deben determinar su estado de salud física y mental para que el Congreso considere si el jefe del Ejecutivo está en condiciones de gobernar. Sobre todo porque el tema de la delincuencia organizada y la violencia que asola el país –con un saldo de más de 34 mil ejecutados en sus cuatro años de gobierno, de los cuales más de 15 mil fueron asesinados en 2010– lo ha sometido a duras críticas y presiones.

Recordamos que hace algunos años, cuando arrancó su campaña a la Presidencia, Calderón se refirió al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, y hace apenas unos meses, en una entrevista radiofónica, al explicar el motivo de aquella dura declaración, el mandatario argumentó que el odio y la rabia social del excandidato presidencial habían contaminado a un importante sector de la sociedad.

Ahora, desesperado, contradictorio y bipolar en su forma de gobernar, Calderón es quien debe someterse a un tratamiento clínico para determinar si está en condiciones de salud adecuadas para seguir tomando decisiones sobre el rumbo del país y que sean las mejores para los mexicanos, o aclarar si él es quien se ha convertido en “un peligro para México”.

En Estados Unidos, el Departamento de Estado coincide en la urgencia de revisar si Calderón está en condiciones de gobernar. Así lo hizo saber la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien, según las filtraciones de Wikileaks sobre México, solicitó en uno de los cables fechado en diciembre de 2009 se le informara cómo están afectando en la personalidad del presidente Felipe Calderón y en su forma de gobernar las noticias adversas de la “guerra” contra el narcotráfico y la crisis económica en México. También el gobierno de Obama considera que el mandatario mexicano puede ser un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Un trastorno afectivo bipolar

Como referencia, en Wikipedia se explica que la enfermedad de trastorno afectivo bipolar, también conocido como trastorno bipolar y, antiguamente, como psicosis maniaco-depresiva, es el diagnóstico siquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo.

Agrega que clínicamente se refleja en estados de manía o, en casos más leves, hipomanía junto con episodios concomitantes o alternantes de depresión, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho más marcada que las personas que no padecen esta patología.

Por lo general, dice Wikipedia, tiene expresión por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales. Adicionalmente, debido a las características del trastorno bipolar, los individuos tienen más riesgo de mortalidad por accidentes y por causas naturales, como las enfermedades cardiovasculares. A pesar de ser considerado un trastorno crónico y con una alta morbilidad y mortalidad, una atención integral que aborde todos los aspectos implicados, biológicos, sicológicos y sociales, puede conseguir la remisión total de las crisis, de ahí la gran importancia de que el diagnóstico del afectado sea correcto.

El elemento básico para el tratamiento del trastorno bipolar es la toma de conciencia del problema, su conocimiento por parte del afectado y sus allegados mediante una sicoeducación adecuada que les permita hacer frente a las crisis, sin temores infundados y con las herramientas más válidas; así como prevenir las recaídas.

La terapia farmacológica personalizada, especialmente durante las fases de desequilibrio, es otra de las claves. Benzodiazepinas, antisicóticos y estabilizadores del ánimo son los fármacos más utilizados. Los patrones de cambios del estado de ánimo pueden ser cíclicos, comenzando a menudo con una manía que termina en una depresión profunda. En ocasiones, pueden predominar los episodios maniacos o los depresivos. Algunos de estos trastornos se denominan “de ciclado rápido”, porque el estado de ánimo puede cambiar varias veces en un periodo muy breve de tiempo. Otras veces se presenta el llamado “estado mixto”, en el que los pensamientos depresivos pueden aparecer en un episodio de manía o viceversa.

Faltan todavía dos años para que el actual gabinete pase al retiro. Si en 2010 hubo más de 15 mil muertes, para 2011 y 2012 el nivel de violencia podría aún ser peor. Por eso es importante que todas las decisiones que tome Felipe Calderón sean las mejores y, sobre todo, se tomen con la mejor capacidad mental posible.

*Periodista

Supervía: sobre reserva ecológica, colonias populares y zona residencial


El trazo de la Supervía, realizado por la asociación civil Colegio de Ingenieros Topógrafos para Contralínea –a partir de las coordenadas publicadas en el decreto de expropiación–, muestra por primera vez la proyección de los cinco poligonales por donde pasará la vialidad de cuota. Los expertos observan un número indeterminado de afectaciones en zonas verdes y habitacionales que, aseguran, no ha sido informado por el Gobierno del Distrito Federal. Además, indican que serán necesarias nuevas expropiaciones para construir las llamadas “adecuaciones viales y obras complementarias”, previstas en el proyecto. El GDF afirma que no habrá más afectados

Elva Mendoza / Rubén Darío Betancourt, fotos

Tras un minucioso trabajo, miembros de la asociación civil Colegio de Ingenieros Topógrafos dicen a Contralínea que en los cinco poligonales que el gobierno de Marcelo Ebrard expropió –bajo la figura jurídica de utilidad pública– para la construcción y funcionamiento de una vía de peaje al interior de la ciudad, habrá un número indeterminado de afectaciones que aún no han sido dadas a conocer a la opinión pública.

El 6 de abril de 2010 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, los cinco polígonos expropiados para la edificación de la Supervía Poniente. El impreso, de más de 40 fojas, no indica colonias o calles; sino coordenadas, vértices y rumbos propios del sistema Universal Transversal Mercator, ilegibles para los afectados, quienes se encuentran en la incertidumbre, pues no tienen claridad respecto de si su propiedad se localiza dentro de la zona que ya ha sido expropiada (pero que no han sido notificados) o dentro de las que serán expropiadas en el futuro.

El Gobierno del Distrito Federal únicamente notificó a 126 propietarios: 51 predios –incluido un centro religioso–, en la colonia La Malinche, de la delegación La Magdalena Contreras, y 75 predios en la delegación Álvaro Obregón (mayoritariamente localizados en la colonia La Angostura). Las expropiaciones en Contreras, dicen los vecinos, apenas suman 3 mil metros cuadrados, de un total de 8 mil 371 metros cuadrados que tendrían que ser expropiados, de acuerdo con los cálculos de los ingenieros topógrafos.

Según el decreto de utilidad pública, se requieren 336 mil 626.524 metros cuadrados para la construcción de la Supervía Poniente: 140 mil 596.630 metros cuadrados correspondientes al polígono uno; 35 mil 148.511, al polígono dos; 34 mil 261.601, al polígono tres; 113 mil 245.056 corresponden al cuatro, y 13 mil 374.726 metros cuadrados, al polígono cinco. En este último, mediciones de los ingenieros indican que la zona urbanizada es de 8 mil 371 metros.

Aunque el gobierno capitalino se empeña en declarar que para la construcción de la vía no habrá más afectaciones, e incluso más expropiaciones, el trazo realizado por miembros de la asociación civil de ingenieros, a partir de las coordenadas publicadas en la declaratoria de utilidad pública, revela que debido a la magnitud del proyecto, se decretarán expropiaciones subsecuentes, puesto que entre otras “adecuaciones” la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, establece la ampliación de tres carriles a cuatro por sentido en la Avenida Luis Cabrera. “Se necesitarían 4 metros más, los cuales sólo se podrían obtener mediante afectaciones a las propiedades que se encuentran a las orillas de la vialidad”.

No obstante que el proyecto ejecutivo entregado por la concesionaria a la Secretaría del Medio Ambiente carece de planos respecto de las adecuaciones y obras complementarias, en la décimo octava condición del Título de concesión para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de la vía de comunicación urbana de peaje, el gobierno de la ciudad permite la ejecución de obras adicionales con el objeto de ampliar la vía “mediante la incorporación de tramos adicionales o derivaciones que puedan beneficiar el tránsito vehicular de la zona”.

Luego de revisar las coordenadas del decreto expropiatorio y los planos del proyecto entregados por Controladora Vía Rápida Poetas, los topógrafos determinaron que se trata de un proyecto incompleto. “Hacen falta algunos tramos de la vialidad, los planos contienen errores angulares que no permiten la coincidencia exacta entre los mapas y el trazo; carece de acotaciones y no hay certeza en cuanto a si es el trazo definitivo o se hicieron modificaciones”. Agregan que no están los planos de las afectaciones tanto en áreas urbanas como naturales, los cuales califican de “obligatorios”. “Seguramente existen, pero no los incluyeron en la versión pública”.

En entrevista, Pablo Fuentes, asesor de la consejera Jurídica Leticia Bonifaz Alfonzo, niega la posibilidad de más afectaciones a las zonas urbanizadas: “No faltan notificaciones o expropiaciones. Pagamos todas las indemnizaciones y todo el mundo se salió muy convencido”.

El asesor manifiesta que incluso hay un anuncio en el portal de internet de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal que acredita su dicho. El aviso reza: “Estimado vecino. El Gobierno del Distrito Federal te informa: si no fuiste notificado de la expropiación para la realización de la Supervía Poniente, no sufrirás ninguna afectación en tu hogar o patrimonio familiar. Por tu atención y comprensión, mil gracias” (sic).

Cristina Barros, integrante del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota, asegura a Contralínea que, desde el anuncio de la construcción de la carretera, los vecinos esperan nuevas expropiaciones, e incluso afirma que tiene conocimiento de que funcionarios del gobierno de la ciudad se han acercado con propietarios que viven en Álvaro Obregón y en La Magdalena Contreras para negociar de manera directa la compra de sus casas: “Las autoridades no hacen uso de instrumentos legales, lo que deja en la indefensión y el anonimato a los dueños de los predios”.

Carolina es una de ellas. Su casa en la calle Malinche número 19 colindaba con la zona expropiada. Sus vecinos aseguran que los miembros de las dos familias, que habitaban la propiedad desde hace 35 años, fueron constantemente visitados y presionados por funcionarios del Gobierno del Distrito Federal con el objeto de que vendieran: “Fueron víctimas de presión sicológica; les cortaron el paso, no los dejaban entrar y les propusieron comprar la casa. Ya están con los trámites de la venta”.

Al respecto, Luis Miguel Cano, codirector de la asociación civil Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE), que lleva la defensa de los afectados, asegura que el estudio realizado por el Colegio de Ingenieros confirma la incertidumbre jurídica que vivía la ciudadanía, puesto que no se podía tener el conocimiento técnico para saber qué domicilios fueron expropiados.

El abogado recuerda que la demanda de amparo 605/2010, firmada por 320 habitantes en contra de la Supervía, se estructuró bajo tres categorías de afectados: quienes fueron expropiados y notificados; quienes pensaban que podían ser expropiados, pero carecían de certeza, y por quienes pensaban que no serían expropiados pero consideraban que la construcción de la Supervía violentaba sus derechos.

“Si el gobierno acude casa por casa para presionar a la gente argumentando que su casa ya fue expropiada y debe vender, y se usa esta medida como instrumento de presión, sin notificación de por medio y sin que ello trascienda a los medios, se les estaría negando su legítimo acceso a la justicia, lo que es terrible”, argumenta Cano.

Francisco López, abogado y habitante de la colonia La Malinche, dice no tener ninguna certeza de lo que abarcan los cinco polígonos que fueron expropiados, por que el gobierno no les ha proporcionado información, pero afirma que las 50 viviendas notificadas son apenas una pequeña parte de los 336 mil metros cuadrados requeridos para la construcción.

El también miembro del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota considera que el gobierno de Marcelo Ebrard ha actuado de manera “desproporcionada, inhumana, discrecional y con abuso de autoridad” en contra de los vecinos de La Malinche y los habitantes de la ciudad.

El movimiento ciudadano de resistencia pacífica que surgió a partir del decreto expropiatorio ha sido constantemente amedrentado por el gobierno capitalino. La más reciente agresión desafía, incluso, medidas precautorias que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF): se usó la fuerza pública el 1 de enero para tomar posesión de 50 predios de La Magdalena Contreras. A pesar de que el documento emitido por el organismo autónomo establecía que las autoridades no debían hacer uso de la fuerza pública durante el periodo vacacional, 800 granaderos se impusieron a los vecinos a las 06:30 horas del pasado 1 de enero de 2011.


GDF, sin prudencia política

Luis Fernando García, abogado perteneciente a la asociación civil Litiga OLE, explica que en la vía jurídica aún se encuentran en proceso el juicio de amparo 605/2010, un juicio de nulidad y una queja ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. “Un gobierno prudente está obligado a esperar las resoluciones de los jueces para iniciar los trabajos”, comenta el abogado.

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A un año de Salvárcar, puras promesas...

Todos Somos Juárez: de las protestas a las promesas

A 11 meses del arranque del programa Todos Somos Juárez, activistas sociales de esa ciudad insisten en que las acciones emprendidas por el gobierno federal siguen siendo desatinadas e ineficaces. Algunos de ellos comentan a Proceso que el problema es de estrategia, y aun cuando no dejan de reconocer algunos logros, documentan las pifias de las acciones emprendidas supuestamente para ayudar a los jóvenes y combatir la violencia en la ciudad fronteriza.
Salvarcar, la herida abierta.

Patricia Dávila

Las declaraciones del presidente Felipe Calderón desde la capital de Japón sobre el asesinato de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010 –a quienes llamó pandilleros– sólo activaron la indignación, hasta ese momento contenida, de los juarenses.

Ya pasó un año de que un comando de sicarios del cártel de Juárez asesinó a esos adolescentes durante un convivio, pero la violencia no cede, sino que exhibe más las fallas de estrategia de las autoridades. Ante los embates de las organizaciones delincuenciales la población no ha dejado de elevar su clamor en busca de justicia.

En marzo de 2008, cuando se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 5 mil 500 soldados que inundaron las calles de Juárez, las protestas fueron inmediatas. Los ciudadanos rechazaron la intromisión del Ejército y comenzaron a documentar las violaciones de las tropas a los derechos humanos de los habitantes; algunos grupos organizados denunciaron incluso ejecuciones de civiles.

Imparable, la violencia dio origen a delitos colaterales, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso por parte de las organizaciones criminales, el robo de autos y los asaltos.

Por eso las declaraciones de Calderón hechas en Tokio dos días después de la matanza de los jóvenes en Villas de Salvárcar, según las cuales se trató “de un ajuste de cuentas entre pandillas”, enardecieron a los juarenses, quienes le exigieron dar la cara. Y tuvo que hacerlo.

El 11 de febrero siguiente, Calderón llegó a Juárez, la urbe más violenta del país, y anunció su plan Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad, que se inició seis días después “como respuesta al círculo vicioso de violencia” que se vive en esa zona fronteriza.

Con una inversión de 3 mil 386.5 millones de pesos, el proyecto comprende seis áreas básicas: seguridad, educación, salud, desarrollo social, economía y empleo. Las primeras cuatro absorberán, se dijo, 99% de los recursos.

Acciones sin estrategia

A 11 meses del arranque del “programa integral”, la doctora Leticia Chavarría, de la Mesa de Seguridad formada por ciudadanos comprometidos con el buen desarrollo de su entorno social, sostiene que el fracaso de Todos Somos Juárez es patente. Y enumera las pifias.

El Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), dice, no logró disminuir sus tiempos de respuesta ante las contingencias. Hoy, según la representante de los médicos locales, existen muchas quejas acerca del tiempo que tardan en llegar los socorristas cuando alguien los requiere; algunas veces ni siquiera atienden el reporte.

Entre los delitos que han tenido mayor impacto durante los meses recientes Chavarría menciona el secuestro y la extorsión –de los que, precisa, “no existen cifras confiables”– además del robo de autos. Por lo que atañe al programa de fronterización, cuyo propósito es dar facilidades a ciudadanos para regularizar sus vehículos, comenta, es inoperante por sus elevados costos.

A ello se debe que aún circulan alrededor de 80 mil unidades sin placas, lo que da pie a que se cometan delitos con ese tipo de autos, incluso en los dos “corredores seguros”, que sólo funcionaron de manera temporal y donde los actos delictivos van al alza pese al operativo de blindaje en la zona turística del Programa Nacional Fronterizo.

Por lo que respecta a la profesionalización de la Policía Municipal, la activista reconoce que no se ha abierto una campaña de reclutamiento ni se han diseñado cursos de capacitación para los agentes y tampoco se ha depurado la corporación. Cada que los juarenses cuestionan a las autoridades, les responden que carecen de recursos para instrumentar ese proyecto.

Otro punto débil del programa Todos Somos Juárez es el de la violación constante a los derechos humanos. En el Centro de Confianza Ciudadana (CCC) se reciben innumerables denuncias contra agentes federales. Uno de los casos más críticos es el del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) José Darío Álvarez Orrantia, quien el 29 de octubre de 2010 fue agredido dentro del campus por dos policías armados.

Los pendientes

Hugo Almada, integrante también de la Mesa de Seguridad, dice que pese a que observa “algunas cosas significativas” en el programa integral del gobierno federal, “es evidente que hay problemas en los que no se ha logrado nada.

“Se trata de una guerra innecesaria dirigida contra los pobres”, dice. Y lamenta que no se enfrenten delitos como el lavado de dinero ni la corrupción política y a los funcionarios implicados; tampoco interesa a las autoridades atacar la estructura financiera de los cárteles. Las acciones sólo se enfocan a la parte operativa, a los consumidores y vendedores, pobres en su mayoría, o a los sicarios.

Desde el punto de vista táctico la estrategia ha sido mal planteada. Carece de labor de inteligencia. Eso provoca que los operativos no sean ágiles ni contundentes.

–¿Cómo han actuado las autoridades? –se le pregunta a Almada.

–Las fuerzas federales o la tropa se desplazan a los lugares de conflicto sin hacer ninguna investigación previa; el problema es de estrategia. Quiero ser enfático: no estamos de acuerdo (como lo planteamos en febrero de 2010, cuando pedimos fortalecer el área de inteligencia) con la poca respuesta del gobierno federal (para enfrentar la violencia criminal).

Almada, quien participa también en la Mesa de Salud y de Desarrollo Social expone sus desacuerdos en esos rubros. Con respecto a la primera, admite que hay avances en la construcción del hospital psiquiátrico y en el equipamiento del hospital infantil y en la edificación de otro nosocomio con 120 camas, pero la afiliación de gente de escasos recursos al Seguro Popular tiene sus claroscuros.

Dice que aun cuando miles de personas de mayor pobreza fueron incorporadas a ese programa sanitario, instituciones como el IMSS y el ISSSTE resultaron “castigados”, pues ahora tienen que atender a más pacientes y algunas veces se saturan. Almada señala el error: primero debió ampliarse la infraestructura y luego realizar la afiliación. Así de fácil.

En lo relativo a las adicciones, el entrevistado señala que se están construyendo centros como Nueva Vida para atender a la población afectada, además de una red de organizaciones abocadas a ese problema. La UACJ y la Secretaría de Salud, por su parte, están a punto de culminar una investigación en torno a las adicciones en la ciudad.

–Si no ha dado resultado el combate al narcotráfico, ¿funcionará el programa contra las adicciones?

–Sí. Pero aquí hay dos problemas. Uno: mientras no mejore la seguridad de manera sustancial será difícil recomponer el tejido social… No obstante, nosotros también pensamos que independientemente de ello tenemos que entrarle a los programas sociales, sobre todo a los emergentes. Es claro que aunque no mejore la situación de seguridad, la falta de programas sociales empeora las cosas.

“En la Mesa de Salud Mental el problema es que prácticamente no hay presupuesto. La salud mental no existía en las predicciones presupuestales del gobierno federal, a pesar de que el daño psicoemocional de la población juarense es similar al de un desastre humanitario.

“A pesar de esa situación, no hay esa predicción presupuestal prevista en la normatividad del gobierno; tampoco se implementó un programa emergente con la mano de obra necesaria, a pesar de que se lo demandamos a Calderón desde su primera visita.”

En la Mesa de Desarrollo Social las cosas son aún peores, considera Almada. Dice que la gente que envió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera se interesó por conocer la situación que viven los juarenses. Optaron por incorporar a más gente al padrón del programa Oportunidades en sólo tres colonias: Oasis Revolución, Plutarco Elías Calles y Luis Olague, de las 900 que hay en la ciudad.

“Esto hace que los problemas más significativos no se hayan atendido, a pesar de que la problemática es acuciante a causa del abandono”, expone el entrevistado.

“Hay un rezago histórico en todos los temas: educación, salud, atención a la niñez, a la juventud, a las personas con discapacidad y a quienes tienen problemas psicoemocionales o de adicciones”, dice Almada.

E insiste: “Lo que se requiere es sanar el tejido comunitario y atacar la pobreza que afecta a la mitad de la población (1.3 millones de habitantes)”. Y pone como ejemplo las guarderías. “Tenemos cupo sólo para 8 mil niños, pero la demanda es de 120 mil lugares”.

A lo anterior deben sumarse los problemas sociales emergentes derivados de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narco: atención a víctimas de la violencia así como a los adolescentes en situación crítica. Y aunque comenta que algunas cosas se están haciendo desde la Mesa de Educación, la Sedesol no trabaja con las redes comunitarias y sociales por lo que se desconoce cuáles son las poblaciones más afectadas.

–¿Es incongruente que no se atiendan estos problemas cuando Todos Somos Juárez se inicia a raíz de la masacre de 15 jóvenes a cuyas familias lastimó el presidente Calderón al llamarlos “pandilleros”?

–Fue el detonante. Pero también viene como respuesta a una realidad de gran dolor que ya vivía la ciudadanía, al clamor de las organizaciones sociales y civiles que demandaban la intervención gubernamental.

Hay avances, pero limitados

La activista Teresa Almada, integrante de la Mesa de Educación, en la que se incluyen 72 de los 140 compromisos de la estrategia Todos Somos Juárez, habla de los aciertos, sobre todo, dice, por la ampliación de la jornada escolar en 60 primarias públicas en las colonias críticas, aunque aclara que en las secundarias aún hay dificultades.

Otra acción significativa es el crecimiento de la matrícula en educación media superior y la construcción de cuatro escuelas de bachillerato en las zonas más pobres de la ciudad. “Es la primera vez que va a haber escuelas en esta zona. Es el pago a una deuda histórica, porque la escuela estaba dirigida a la clase media”, expone.

En cuanto a las becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, la ayuda es notable. En el primer caso, relata, fueron 5 mil 100. Además se abrieron 4 mil espacios en la UACJ, en la Universidad Tecnológica y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. “Son acciones importantes, aunque por el rezago educativo obviamente no van a revertir el grado de violencia”, advierte.

En el ámbito cultural las autoridades remodelaron los museos de la ex Aduana y de la Revolución Mexicana, y pusieron en marcha varios proyectos comunitarios y otros orientados a la promoción de artistas, todo ello pese a que faltó una estrategia para convertir la cultura en un recurso frente a la violencia avasallante.

Teresa Almada pone énfasis en el punto 84 –las acciones de la sociedad civil– que, dice, se abordó de manera velada. Aun cuando la encomienda era atender a 2 mil 500 niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para reintegrarlos a la educación básica, ella reconoce que el problema es mucho mayor.

“Creo que hay un fondo de 2.5 millones de pesos para un tema que requiere una estrategia mucho más acabada y más recursos. El problema es que hay miles de adolescentes fuera del sistema educativo y que las estructuras de la SEP son más para los jóvenes integrados que para los excluidos.

“Todos los adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia requieren otro tipo de estrategia de intervención, no porque se pongan ahora escuelas van a venir a las aulas. Este punto es central porque 30% de los adolescentes de 12 a 15 años está fuera del sistema escolar; mientras que el índice de jóvenes de 15 a 19 años llega a 31%.”

–¿Cuáles son las características de estos jóvenes?

–No me gusta el concepto de los “ninis” (los que ni estudian ni trabajan). Creo que encubre situaciones muy diferentes, cada una de las cuales requiere un tipo específico de tratamiento. En ese concepto se engloba lo mismo a un joven que no pudo entrar a la universidad y está esperando otra oportunidad, que a un adolescente de barrio que a los 15 o 18 años no sabe leer ni escribir.

“Por eso el concepto no me parece adecuado. Yo distinguiría varios tipos: uno, ligado a adolescentes y jóvenes vinculados con procesos de socialización violenta que, paradójicamente, desde mi punto de vista, no es tan difícil integrar y menos en este contexto.

“Los consejeros insistimos en colocar este sector como prioridad para 2011. El reto es saber cómo diseñar alternativas para estas poblaciones que no están necesariamente vinculadas al narcotráfico, pero potencialmente pueden estarlo. Sabemos que las bandas suelen contratarlos para un trabajo determinado, incluso riesgoso, pero el día de mañana ya no les sirven, algunos incluso son asesinados. Hay sicarios que sólo viven un día.”

–Resulta paradójico que temas enfocados a rescatar a los adolescentes y jóvenes sean ajenos al programa Todos Somos Juárez, cuando éste se diseñó después de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el año pasado...

–Y cuando lo jóvenes son utilizados por la delincuencia organizada. Es lo que te decía. Esto implica mucho más. Este programa fue hecho al vapor. l

Lo que faltaba: crisis de los derechos humanos

Contrastan AMLO y Encinas el lujo del grupo Atlacomulco con la miseria de los mazahuas

Atlacomulco, Mex., 22 de enero. Desde la tierra del gobernador Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el estado de México es la entidad donde más han dominado los políticos "prepotentes, fantoches y ladrones", en referencia al grupo Atlacomulco, integrado por priístas.

También lo definió como el estado donde "impera la corrupción". Por eso "hay tanto cacique, gente que llega a los cargos para robarse el dinero del pueblo". Indicó que como "ya se pudrió este régimen es necesaria una renovación tajante de la vida pública". Así que "no aceptamos la simulación de ir en alianza" con el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones para suceder al priísta en el cargo.

Resaltó, como lo hizo en los cinco municipios que este sábado visitó –El Oro, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Temascalcingo y Atlacomulco– que el perredista Alejandro Encinas es "la propuesta" que el Movimiento Regeneración Nacional hace a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia para que, en los tiempos electorales que corresponden por ley, se resuelva si lo postulan para las elecciones de julio próximo, en las que –aseguró– "ganaremos".

Lo definió como un hombre honesto, con ideales y con principios, en medio de una "gran crisis política en todo el país". Previamente, en San Felipe del Progreso, remarcó que, si Encinas fuera un "ambicioso vulgar, estaría atendiendo el llamado del canto de las sirenas para convertirse en el candidato del PRD y del PAN" al gobierno del estado.
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  • Planea la CFE producir menos electricidad para beneficiar a la IP
Retirará CFE capacidad instalada para dar espacio a la participación de la IP
  • Para compensar cierre de unidades licitará construcción de plantas generadoras mediante gas natural
Para abrir mayores espacios a la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado el retiro de 11 mil 93 megavatios (Mw) de capacidad del servicio público durante los próximos 15 años, según establece la nueva Prospectiva del sector eléctrico 2010-2025, elaborado por la Secretaría de Energía (Sener). La posibilidad de construir una planta nuclear se difiere hasta los últimos años del horizonte de planeación.

La electricidad que dejará de producir la CFE equivale a una quinta parte de la actual capacidad de generación, que es de 51 mil 575 megavatios; también es comparable a la energía requerida para encender simultáneamente 110 millones de focos de 100 watts, uno por cada habitante del país o el equivalente a la generación hidroeléctrica de todo el país.

El programa de retiro de capacidad se fundamenta, según la Sener, en los costos de operación y la vida útil de las unidades generadoras. Para compensar el retiro de algunas plantas se realizarán licitaciones para la construcción de plantas generadoras mediante gas natural, mejor conocidas como plantas de ciclo combinado que serán edificadas por el sector privado.
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Entrenan colombianos a "miles" de agentes y soldados mexicanos

Colombia entrena a "miles" de policías y soldados mexicanos para la lucha contra el narcotráfico, según un extenso reportaje publicado ayer por The Washington Post.

La mayor parte del adiestramiento se realiza en México, pero al agravarse la amenaza de los cárteles mexicanos cada vez más elementos han viajado al país sudamericano para ser entrenados, agrega el diario, el cual cita recientes declaraciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de que el país puede ofrecer su experiencia en “desmantelar cárteles, entrenar oficiales de inteligencia y capacitar a la policía judicial”.

El reportaje, firmado por Juan Forero, del servicio extranjero del WP, afirma que instructores colombianos, “acompañados por investigadores y fiscales de Estados Unidos y Canadá, han impartido cursos semanales en México acerca de cómo recabar evidencia y sustanciar procesos judiciales para desmantelar los cárteles de la droga”. Añade que agentes del Ministerio Público y jueces mexicanos han viajado a Colombia para discutir las reformas legales que México podría llevar a cabo, con el fin de dar al Estado mayores facultades para decomisar bienes al narcotráfico.
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Torturas y crímenes, tácticas que utiliza ahora la Semar: ONG
  • El caso de Daniel Rodríguez, uno de los que han documentado grupos de derechos humanos
  • La dependencia sólo niega todo; se le ha dado excesivo poder, señalan los activistas
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada

La Secretaría de Marina (Semar) ha demostrado utilizar como sistema el recurso de la negación, ante las denuncias por violación a derechos humanos contra su personal. Los casos de torturas, asesinatos, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad o fabricación de delitos se acumulan.

La Semar negó en una carta enviada a La Jornada, el pasado 17 de enero, que haya tenido desaparecido a Daniel Rodríguez Morales y que lo haya torturado, como denunció el joven. La misiva fue enviada luego de la publicación de un reportaje sobre el operativo que realizó en la calle Uranio, colonia San Pedro 400, en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde violó garantías individuales, según el testimonio de los vecinos (domingo 16 de enero).

Daniel y media docena de testigos afirman que el operativo fue el 15 de octubre pasado, mientras la Marina sostiene que fue el 16 y que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad el día 17 sin que se violaran sus derechos humanos. Sin embargo, el 17 fue domingo y coincide con la versión de Daniel de que fueron llevados hasta el lunes 18. El joven estuvo desaparecido tres días (viernes, sábado y domingo) durante los cuales fue torturado, según el testimonio de Blanca Eva Morales, madre del detenido.
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Pemex gastó $19 mil en una muñeca inflable

Cuernavaca, Mor. Integrantes del colectivo Lazarillos realizaron la primera Jornada de balconeo de gastos criminales del gobierno federal, reunidos por el periodista Federico Arreola por medio de solicitudes hechas al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, según explicó Daniel Vázquez Hernández, integrante de dicha agrupación y simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. Son más de 50 gastos criminales, entre los cuales sobresalen los 150 mil pesos para una fiesta de halloween del Bancomext, realizada el 26 de octubre de 2007 mediante el número de contrato 20070335. Asimismo, Pemex gastó 19 mil 716 pesos en la adquisición de una muñeca inflable, solicitada bajo el contrato 4200092370 a cargo de la gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de la paraestatal. Estos casos y otros fueron exhibidos a la población que visitó el zócalo de esta ciudad.
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Critican a Lujambio por solapar al Panal

Integrantes del magisterio disidente censuraron que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, intente eludir su responsabilidad por "solapar" el proselitismo del Partido Nueva Alianza (Panal) –de Elba Esther Gordillo– en escuelas públicas de algunas entidades, al aseverar que toca indagar los hechos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Afirmaron que Lujambio conocía de las acciones de las huestes de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero "fue omiso para evitar un enfrentamiento".

José González Figueroa, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Esteban Ojeda, secretario general del comité ejecutivo democrático de la sección 3 del SNTE en Baja California Sur, aseguraron que el funcionario "ha puesto sus aspiraciones políticas por encima de la educación pública del país".
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Estrofas de La Internacional despiden a Fausto Trejo

Tal y como lo pidió, el luchador social Fausto Trejo Fuentes fue despedido con las estrofas de La Internacional.

En sus últimos días, el doctor dio, a una de sus hijas, los detalles de cómo deseaba se le diera el "último" adiós: la bandera roja con la hoz y el martillo sobre su féretro, la imagen de su amigo Ernesto Che Guevara y que las voces presentes se unieran para entonar la letra de esa canción de lucha (compuesta en 1871 por el francés Eugéne Pottier).

Fue así como familiares, colegas y amigos rindieron ayer al mediodía un homenaje de cuerpo presente a un destacado activista del movimiento estudiantil de 1968, quien falleció el viernes pasado.

“Aquel profesor que el 27 de agosto del 68, en un mitin en el Zócalo, tomó el micrófono y se atrevió a gritar: ‘Chinga a tu madre mona Díaz Ordaz’”, recordó Jorge Peña, quien fue presidente del Consejo Nacional de Huelga (CNH), donde se agruparon los representantes de las diferentes escuelas que participaron en el movimiento.
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El Despertar

En carne propia

José Agustín Ortiz Pinchetti

Hace poco, en un desayuno, un amigo de mi generación me comentaba que si hace 30 años nos hubieran pronosticado todo lo que hemos sufrido los mexicanos por el deterioro progresivo en nuestra vida pública y privada, no lo hubiéramos creído. Habríamos apostado que si eso sucedía nos rebelaríamos.

En las democracias industriales la gente se ha manifestado enfurecida porque sus gobiernos, ante la crisis, han recortado algunas prestaciones del estado de bienestar. En México, donde los pocos beneficios que se otorgaban al pueblo han sido recortados salvajemente, la mayoría parece soportarlo y someterse.

Todos hemos padecido daños en carne propia. En mi caso, he sufrido asaltos a mano armada, me han robado cuatro coches, una de mis hijas estuvo a punto de ser asesinada en un conato de atraco. Mis tres hijos han tenido que emigrar y ninguno de mis nietos será mexicano. Aunque "me he podido defender", sufro todos los días al ver la incuria, el cinismo y la desorganización; cómo se abre la brecha social y cómo perdemos la sensación de destino.

Pero otros han sufrido mucho más: los abusos de las autoridades, el desempleo, la ruptura de las familias, el abandono de pueblos y aldeas, y ahora hambre y violencia. Mientras tanto, unas 300 mil familias no pasan penurias. Ni siquiera sufrieron mermas importantes en las caídas económicas de 2009 y 2010: las grandes empresas ganaron como nunca. Los bancos obtuvieron ganancias récord. Aun los adinerados han sufrido asaltos, secuestros y violencia. Empieza el éxodo de la elite empresarial a Estados Unidos. Ellos son bien recibidos: generan negocios, empresas, consumen y compran o rentan casas. Lo peor es que aquellos que han causado el desastre gozan de impunidad. Dirigen empresas, son consultores y coyotes, dan conferencias y organizan campañas electorales.
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Electricidad: privatización de hecho

Con la disminución, proyectada para los siguientes 15 años, de la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad de 11 mil 93 megavatios –que equivale a 28 por ciento de la capacidad total de la paraestatal, sin contar la de los productores privados independientes–, el gobierno federal da una nueva muestra de su proclividad a debilitar las empresas propiedad del Estado en el rubro energético, con miras a la generación de grandes oportunidades de negocio para particulares.

Aunque la Secretaría de Energía recurra a consideraciones sobre los costos de operación y la vida útil de las unidades generadoras de electricidad para justificar la medida, ésta es consistente con el rumbo adoptado por las administraciones federales del ciclo neoliberal, que han pretendido minimizar e incluso anular la intervención del Estado en sectores estratégicos para el país, como el energético. Debe recordarse que desde 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se avanzó en forma determinante en la llamada "privatización silenciosa" del sector eléctrico, con las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitieron otorgar permisos a empresas trasnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola y Electricidad de Francia para que participaran en la industria eléctrica nacional. Esta situación se agravó durante el sexenio foxista, cuando se autorizó que los permisos de supuesto "autoabastecimiento", otorgados a algunas compañías, incluyeran la figura de "asociados beneficiados", lo que hizo posible que un productor privado pudiera vender a terceros la energía que genera, mediante la simulación de sociedades.
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Sobre el tema de la residencia

Arnaldo Córdova

Residencia y domicilio, en derecho, quieren decir lo mismo, aunque es mucho más precisa la expresión de domicilio. Éste es una dirección que indica la residencia; la residencia sin el domicilio no quiere decir nada. El domicilio, en cambio y durante tiempos sucesivos, no necesita de la residencia física actual, que quiere decir estar en el lugar (como cuando se viaja frecuente o prolongadamente). Nuestros textos constitucionales se reducen a usar el término de residencia. El tema se discutió en las sesiones del Congreso Constituyente de 1856 y 1857. Entonces fue que se prefirió el término de residencia. La legislación civil usa, por lo general, el término de domicilio.

Una persona fija su domicilio como el lugar en el que habita, como el asiento de sus negocios y como la dirección en la que recibe notificaciones o cualquier tipo de correspondencia. En nuestros textos constitucionales se ha vuelto un problemón, sobre todo por razones electorales o electoreras. Es un método favorecido para descalificar a los oponentes. En esta materia, fijar el requisito sólo puede tener una explicación: se requiere que el individuo esté, de modo permanente, en un lugar para que, en primer lugar, se le pueda ubicar para los más disímbolos asuntos en sus relaciones con los demás y con las autoridades; pero y sobre todo, para que pueda demostrar, por ese solo hecho, que está enterado de los problemas del lugar y puede actuar con una cierta capacidad de decidir sobre los mismos.
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¿Para quién es negocio importar el gas?

Antonio Gershenson

Los discursos oficiales no se preocupan demasiado por la realidad. Se trata de presentarlo todo muy bonito para el público, y la verdad es lo de menos.

Se trata del proyecto de Manzanillo, del que habría una planta para regasificar gas licuado, comprado a la trasnacional española Repsol. El discurso dice que va a ser más barato el gas natural, y que será menos costoso que si se trae por gasoducto de Texas o de Tabasco. Se cambiarían las plantas termoeléctricas, de combustóleo, por otras de gas natural, ciclo combinado.

¿Quién ha propuesto llevar gas a Manzanillo desde Texas o Tabasco en gasoducto? Al rato se va a presumir de que es más barato que traerlo desde Alaska. El precio contratado se basa en los precios de Henry Hub, Luisiana, que en el promedio de los pasados 20 años ha sido poco más de 5 por ciento más caro que el de Houston Ship Channel, en Texas. No se trata de importar uno ni el otro, sino dejar de quemar el gas mexicano y aprovecharlo para nuestro uso. Se trata de no quemar gas a diestra y siniestra y usar más racionalmente lo que tenemos. Pero no va a bajar el precio de uno ni del otro, de Texas o de Luisiana, por una obra en Manzanillo.
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Lo que faltaba: crisis de los derechos humanos

Rolando Cordera Campos

Con el fin de la guerra fría y el desplome del sistema comunista soviético comandado por la URSS, los derechos humanos pudieron volverse el criterio mayor de evaluación del desempeño de los estados. Gracias a Amartya Sen y, más recientemente, a Stiglitz y otros de sus colegas, el desarrollo económico debe pasar ahora por la prueba de ácido del respeto y avance, fortalecimiento y diversificación de esos derechos como condición, sin la cual no puede hablarse de desarrollo humano o de Estado democrático y constitucional.

Con la globalización como pretenso régimen sustituto del bilatelarismo de la posguerra, se llegó incluso a pensar en un régimen universal de mercado unificado, democracia representativa y derechos humanos en expansión para todos.
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El mito de los derechos humanos


Néstor de Buen

En estos días se habla, con frecuencia, de los derechos humanos. Confieso que la expresión no me hace mucha gracia porque me resulta redundante. No conozco un derecho que no sea de una persona o varias, según el caso.

En materia internacional, el tema asume una importancia especial. Todas las naciones celebran convenios mundiales que tienen como objetivo listar los derechos humanos que, como consecuencia de ello, se convierten en normas de cumplimiento obligatorio. En nuestro país, para ello, el artículo 102 constitucional consagra la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados de establecer organismos que protejan los derechos humanos "que ampara el orden jurídico mexicano".
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Petróleo y constitucionalidad: cuarta aproximación

José Antonio Rojas Nieto

A decir del director general de Pemex, los contratos incentivados tienen por objeto lograr que empresas privadas extraigan el petróleo y el gas natural para Pemex. Debió decir en lugar de Pemex. Por eso no se entiende por qué asegura que aumentarán su capacidad de ejecución. Asegura que se trata de un mecanismo que permitirá traer tecnología pues ésta –director de Pemex dixit– no se compra en el supermercado, se obtiene de la experiencia de ejecución. Sí, pero Pemex ejecutará cada vez menos.

Es un mecanismo –agrega– que permitirá traer rápidamente una tecnología de quien tiene experiencia en ciertas técnicas aplicadas para ciertos campos. Se empieza con licitaciones en los denominados Campos Maduros. El de Carrizo con un solo campo de 13 kilómetros cuadrados con 43 pozos perforados ninguno en operación y con crudo del tipo pesado y extra-pesado. El de Magallanes con los campos Otates y Sánchez Magallanes de 169 kilómetros cuadrados y con 775 pozos perforados, 54 en operación que producen diariamente 6 mil 833 barriles de petróleo y 13.59 millones de pies cúbicos, con crudo del tipo ligero. Y, finalmente, el de Santuario con los campos Caracolillo, el Golpe y Santuario de 130 kilómetros cuadrados y con 211 pozos perforados, 32 en operación, que producen diariamente 6 mil 777 barriles de petróleo y 3.67 millones de pies cúbicos de gas, con crudo del tipo ligero. Todos ellos en el estado de Tabasco. Pero se pretende continuar con Chicontepec en el estado de Veracruz y con aguas profundas en el Golfo de México
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Solicita Andrés Manuel López Obrador al gobierno de EU respete la soberanía nacional



Solicita Andrés Manuel López Obrador al gobierno de EU respete la soberanía nacional

Nezahualcóyotl, estado de México.-
Domingo 23 de enero de 2011

* Pide la suscripción de un acuerdo bilateral para la cooperación en materia de crecimiento económico, de generación de fuentes de empleo y de bienestar social

* Envía una carta a la secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton para pedirle que rectifique la política dirigida hacia México

A unas horas de que la secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton, realice una visita relámpago a México, Andrés Manuel López Obrador solicitó al gobierno del vecino país del norte respeto a la soberanía nacional y la suscripción de un acuerdo bilateral para la cooperación en materia de crecimiento económico, de generación de fuentes de empleo y de bienestar social.

El presidente legítimo de México informó sobre el envío de una carta a la representante del presidente Barack Obama para pedirle que rectifique la política dirigida hacia nuestro país y expresarle que el problema de la inseguridad y violencia en la frontera común y en toda la geografía nacional no se resolverá con medidas coercitivas ni con la construcción de muros, tampoco con la deportación masiva de compatriotas.

En la misiva, adelantó, se explicará a la señora Clinton que el mencionado problema no se solucionará con el entrenamiento militar de marinos mexicanos en suelo estadunidense, mucho menos con la llamada cooperación en materia de servicios de inteligencia.

En entrevista que concedió al término de la asamblea informativa en este municipio, señaló que el flagelo de la violencia e inseguridad se combate con oportunidades de estudio y de trabajo para millones de jóvenes.

Fuente: Gobierno Legítimo

Denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de la CFE en zona norte de Chiapas

Este Comité hace un llamado serio a las autoridades federales y del gobierno de Chiapas para que se garantice el derecho de las comunidades indígenas al servicio de energía eléctrica

Comité de derechos humanos de base de Chiapas Digna Ochoa

El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa” denuncia la actitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual violenta gravemente los derechos humanos de los pobladores del Ejido Nueva Esperanza del Municipio de Tila, Chiapas, al condicionar la reparación y/o reemplazo de un transformador de más de 37 años por el pago de un injusto y arbitrario adeudo de energía eléctrica de 2, 086, 773 pesos.

El día 17 de enero del 2011, el Responsable del Área Jurídica de nuestro Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, recibió de parte de Silverio Sánchez Parcero, monitor de Derechos Humanos en la zona norte, una copia del oficio que fue dirigido al Ing. Luis M. Hernández Vaquerizo, Jefe de departamento de Distribución en San Cristóbal de Las Casas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde le solicitaron la intervención de la CFE para reparar o cambiar un transformador en el Ejido Nueva Esperanza.

Ya que pobladores del ejido Nueva Esperanza señalan que desde el día 7 de enero “empezó a tener alta y baja la energía eléctrica como a esos de las 9 horas de la noche y en ese mismo día quedaron sin luz los Barrios Santa Cruz Primera y Segunda y el Barrio Liquidambar”, afectando a cerca de 400 usuarios. Estos barrios se encuentran hasta este momento sin energía eléctrica, por lo que se afecta a los alumnos de primaria, secundaria y media superior porque no pueden realizar sus actividades educativas, provoca problemas de seguridad y además es temporada de la cosecha del café lo que les permite al año contar con un pequeño ingreso económico en la familia, actividad que se dificulta realizar.
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Gira de la Lealtad - AMLO - 21 al 23 de enero 2011

ESTADO DE MÉXICO: Tecámac, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Ocoyoacac, Lerma, San Mateo, El Oro, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Atlacomulco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca

JUEVES 20 DE ENERO DE 2011
16:30 horas Mitin en Tecámac
18:00 horas Mitin en Teotihuacán
19:30 horas Mitin en San Martín de las Pirámides

VIERNES 21 DE ENERO DE 2011
16:30 horas Mitin en Ocoyoacac
18:00 horas Mitin en Lerma
19:30 horas Mitin en San Mateo

SÁBADO 22 DE ENERO DE 2011
11:00 horas Mitin en El Oro
12:30 horas Mitin en San José del Rincón
14:00 horas Mitin en San Felipe del Progreso
17:00 horas Mitin en Temascalcingo
18:30 horas Mitin en Atlacomulco

DOMINGO 23 DE ENERO DE 2011
10:30 horas Mitin en Nezahualcóyotl
12:30 horas Mitin en Valle de Chalco
14:30 horas Mitin en Chalco
17:00 horas Mitin en Ixtapaluca

Fuente: Gobierno Legítimo