lunes, marzo 21, 2011

Ciudad Juárez, el crimen y el mito

Con apoyo de todos los sectores de Ciudad Juárez, un oficial del Ejército, el teniente coronel Julián Leyzaola, ya se hace cargo de la policía local, como lo hizo en Tijuana, casi hermana en violencia. A muy pocos parece importarles la historia negra que arrastra... Las opiniones de víctimas del militar y de activistas de derechos humanos coinciden para darle forma a un símil que describe con puntualidad lo que le espera a Juárez con la llegada de Leyzaola: el incendio se intentará apagar con gasolina.

Un mito conduce a otro mito…

La falsa idea de que la criminalidad en Tijuana se logró abatir ha llevado a la creencia de que el presunto artífice de esa paz hará posible la tranquilidad en Ciudad Juárez, la urbe más violenta del mundo…

En diciembre último, el exalcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández invitó a algunos empresarios juarenses a visitar la ciudad bajacaliforniana para que constataran cómo se superó ahí –supuestamente– la violencia generada por el crimen organizado. Un mes después el exfuncionario panista viajó a Ciudad Juárez a dar una serie de pláticas con sus propuestas para disminuir los índices de inseguridad. Pero no fue solo. Lo acompañaba el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez.

El resultado es que desde el jueves 10 de marzo este militar sinaloense, considerado de mano dura, es titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, contratado por el alcalde Héctor Murguía Lardizábal. El salario del flamante secretario es un secreto. “No se dará a conocer”, advirtió Murguía.

Carlos Chavira Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) en Ciudad Juárez, dice a Proceso que Leyzaola, exjefe de la policía de Tijuana, llega a la ciudad chihuahuense con la aprobación de los tres niveles de gobierno.

El militar asumió el cargo en medio de una polémica por sus antecedentes represivos en Tijuana –por los que incluso enfrenta un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– y antes de que se filtrara un documento diplomático de Estados Unidos que menciona vínculos de ese personaje con el crimen organizado de Baja California.

Y hasta la fecha Leyzaola Pérez no ha dado a conocer ningún plan de trabajo, por lo que el viernes 18 el pleno del cabildo juarense lo conminó a presentar cuanto antes su estrategia para abatir la criminalidad.

Represión y acuerdos poco claros

Al respecto Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, dice a Proceso: “Si violentó o no los derechos humanos en Tijuana es una polémica a la que nosotros, después de 7 mil 500 muertos, no queremos entrar. Aquí ya probamos la mano dura del Ejército y la blanda del exalcalde José Reyes Ferriz... y no funcionan.

“Lo que queremos es que se cambie el modelo de policía represor por el de proximidad con la ciudadanía, porque el primero es el que ha permitido que el narcotráfico penetre la estructura policial”.

Con el nombramiento de Leyzaola el temor es que se detenga a personas o se cateen domicilios sin órdenes judiciales. “Ya sufrimos mucho con la delincuencia, con los asesinos, con los extorsionadores y secuestradores para que todavía vayamos a sufrir violación a nuestras garantías; damos por hecho que va a tener que respetarlas, no le queda de otra”, advierte.

Añade: “Cuando Héctor Murguía asumió la alcaldía dijo que iba a nombrar al secretario de Seguridad Pública luego de una consulta con la ciudadanía. Con el argumento de que sólo tiene 30 patrullas en cada turno para cubrir la ciudad cuando necesita 200 y no tiene dinero para adquirirlas, establece una estrategia de no presencia policiaca y deja la responsabilidad a la Policía Federal.

“Pero esa indolencia intencionada del alcalde hace crisis, porque la Policía Federal no tiene posibilidad de controlar todos los niveles de violencia de Ciudad Juárez, y en lugar de bajar la violencia, ésta se mantiene con más de 250 muertos en lo que va del año y con una gran cantidad de secuestros y extorsiones.

“Cuando la situación hace crisis, amigos de él que forman parte de la Coparmex, de las cámaras de comercio, de las cámaras patronales, le proponen a Leyzaola. Sólo que aquí las cámaras son como sindicatos charros, un grupo corporativo del estado que le sirve de eco al gobierno.

“Finalmente no se sabe si la idea fue de algún representante empresarial o de Murguía; lo cierto es que llegaron a un acuerdo de encargarle la seguridad a ese grupo de asesores encabezado por Jorge Ramos y que estuvieron en la policía municipal en Tijuana.

“Murguía tiene una estrategia: si Leyzaola resulta bueno, se va a colgar la medalla; si es malo, responsabilizará a las cámaras, porque así lo hizo con Saulo Reyes cuando lo detuvieron en Estados Unidos por sus nexos con el cártel de Juárez”, considera De la Rosa.

Por lo pronto, tres días después de asumir el cargo en Ciudad Juárez, Leyzaola recibió la primera amenaza del crimen organizado, dejada en una cartulina sobre el cuerpo de un hombre torturado y moribundo.

Por otra parte, en un cable del 14 de julio de 2009 (09TIJUANA732) clasificado como “confidencial”, difundido por WikiLeaks y publicado el miércoles 16 por el diario La Jornada, el consulado estadunidense en Tijuana dice: “Es fácil caer en la tentación de ver a Julián Leyzaola como el bueno de la película, el que combate el poder corruptor del narcotráfico. En efecto, parece tener toda la intención de modernizar a la policía de Tijuana y nadie ha insinuado que él sea corrupto. Desafortunadamente la historia es más turbia”.

De acuerdo con los contactos del consulado de Estados Unidos, informa el rotativo mexicano, “Leyzaola persiguió con tanto entusiasmo al narcotraficante Teodoro García Simental, El Teo, sólo porque llegó a un arreglo con los rivales del capo dentro del cártel de los Arellano Félix, quienes podían hacer ‘sus negocios de manera más discreta’”.

Currículum tenebroso

A finales de 2009, en Tijuana había 62 ejecuciones del narco cada semana, el mayor número en su historia. Los cuerpos de las víctimas mostraban huellas de enorme brutalidad: eran mutilados, colgaban de puentes vehiculares, se dejaban en basureros y quedaban disueltos en tambos con ácido. Eran producto de la guerra entre dos cárteles, uno dirigido por Fernando Sánchez Arellano El Ingeniero y otro por Teodoro García Simental El Teo.

Para someter a estos dos grupos, Julián Leyzaola aplicó una estrategia en dos vías. La primera fue contra los grupos de narcotraficantes; la segunda, contra los delitos comunes, como los asaltos o el robo de autos y viviendas.

Leyzaola inauguró en Tijuana las operaciones de una policía con mando único, cuya cabeza era el general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la II Zona Militar. La coordinación entre ellos “garantizaba” la comunicación con el gobierno federal, según Francisco Blake Mora, entonces secretario estatal de Gobierno y hoy secretario federal de Gobernación.

Esa coordinación fomentó la figura del arraigo con propósitos de tortura. Para lograrlo, Leyzaola colocó en las jefaturas a militares e inició un plan para sectorizar cuadro por cuadro la ciudad, declaró al periódico El Universal Raúl Ramírez Bermea, exprocurador de Derechos Humanos de Baja California y actual presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

Nada detuvo al teniente coronel: cuando se hizo cargo de la policía de Tijuana cesó de inmediato a 400 agentes y 25 de ellos fueron arraigados en instalaciones del XXVIII Regimiento de Caballería; ahí durante varios días fueron torturados por militares y por subordinados de Leyzaola (Proceso 1737). Finalmente los 25 fueron exonerados.

Blanca Mesina Nevárez –hija de Miguel Ángel Mesina, exjefe de zona de la policía de Tijuana, uno de los torturados– y la abogada y activista Silvia Vázquez debieron exiliarse en Estados Unidos luego de recibir amenazas de muerte. Era 2009, cuando Blake Mora se desempeñaba como secretario de Gobierno de Baja California.

En mayo de ese año, un hombre vestido de negro y con pasamontañas bajó de una camioneta e interceptó a Mesina. “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana; hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional”, le dijo antes de besarla en la mejilla e irse.

Las acciones de Leyzaola tuvieron repercusiones graves. Durante 2009, 47 de sus agentes fueron ejecutados. Según un documento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, elaborado en agosto pasado, la respuesta de Leyzaola fue ordenar una cacería: sus policías operaron al margen de la ley, vestidos de civil y en vehículos sin matrícula; irrumpieron sin órdenes judiciales en domicilios de sospechosos y a los detenidos los entregaban a militares para que los torturaran y los hicieran declararse culpables.

Ciudades semejantes

Chavira Rodríguez habla de las circunstancias que rodearon la contratación de Leyzaola: “Partimos de los antecedentes de que es una persona que tuvo un eficaz desempeño en Tijuana, la única ciudad en todo México más parecida a Juárez. Estas cartas jugaron a su favor. Ahora el reto es trabajar juntos para apoyar sus decisiones, para que tengan sentido”.

–¿Qué los convenció del trabajo de Leyzaola en Tijuana?

–En diferentes momentos varios grupos fuimos a Tijuana: representantes de organismos empresariales, de la industria maquiladora, clubes rotarios, gente vinculada con el sector comercio y de servicios y autoridades. En los diversos viajes conocí las circunstancias en que se vive en Tijuana.

“Recorrí la ciudad y vi a una señora correr sola en un parque a las 11 de la noche, y 15 minutos después estuve en una cancha de futbol rápido en donde había 300 o 400 jóvenes en espacios bien iluminados, donde se hace deporte toda la noche. Vi una gran confianza y tranquilidad. Fuimos a algunos restaurantes y estaban llenos. Indicadores que muestran que existe un nivel de estabilidad que por el momento nuestra ciudad no tiene. Esto no lo he visto, por lo menos en Juárez, desde hace mucho tiempo.”

–¿En Tijuana bajaron el secuestro, la extorsión…?

–Aún debe tener problemas de diferente índole, pero no al nivel de los que tenía o de los que padecemos en Juárez. Se redujo el nivel de violencia y eso le dio a la gente de Tijuana mayor confianza y mejoró su percepción de la ciudad. Nosotros aspiramos a que Ciudad Juárez recupere un nivel de seguridad similar al de Tijuana.

Según Chavira, de estas visitas surgió la idea de invitar a Leyzaola a Ciudad Juárez, para que impartiera al sector empresarial pláticas sobre su experiencia en Tijuana:

“Fue un proceso gradual que empezó con la depuración de la policía, siguió un entrenamiento y capacitación adecuados, equipamiento y vinculación con la comunidad. Este último punto es un trabajo que nos toca en buena medida a nosotros, al reconocer socialmente al policía como un servidor público.”

También aplicarán esquemas que fueron “valiosos” en Tijuana: los policías recibirán descuentos en centros comerciales y almacenes de ropa, becas escolares, programas de vivienda digna para sus familias, reconocimientos por desempeño, estímulos para que cuiden su equipo y patrullas. Con ello se busca que el policía logre vincularse con la comunidad.

“Creemos que estas acciones mejorarán la autoestima de los policías y apreciarán su labor, al grado de que comprendan que es más costoso perder su trabajo que aliarse con un grupo delictivo”, afirma.

–¿Cuánto tiempo le llevó a Leyzaola este proceso en Tijuana?

–Lo relevante es que esto ocurrió a lo largo de una administración municipal. Se logró una real vinculación con las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno. Aunque no todo fue orientado a la seguridad pública, hubo un componente muy importante en materia de recuperación de la inversión, de promoción de la imagen, rescate de espacios públicos; se impulsaron mejores esquemas de administración de la justicia con los ministerios públicos, así como con los jueces locales y federales.

Las supuestas aptitudes del teniente coronel llevaron a los empresarios a proponer a los tres niveles de gobierno que fuera él quien coordinara el Operativo Conjunto Chihuahua: “Sería conveniente. No hablamos de un mando único pero sí de que en esa coordinación indispensable que se tiene que dar, se impulse a las otras corporaciones hacia él (Leyzaola), porque es un militar que se entiende bien con el Ejército. Esto le da un grado de legitimidad ante los mismos policías de la ciudad”, afirma Chavira.

–¿Qué hizo para combatir a los grupos de la delincuencia organizada?

–La policía municipal no combatía a los cárteles. Sus tareas son preventivas, como reducir los delitos del fuero común y emprender acciones para eliminar la impunidad. La delincuencia empieza por un delito menor y luego va escalando. El primer paso es contener el delito menor que ha ido creciendo hasta volverse una situación de gran escala, porque sin castigo, el mensaje que transmitimos al pequeño delincuente es que si comete un delito mayor no pasa nada. Eso tiene que acabar.

Para los empresarios, otro punto a favor de Leyzaola es que, antes de concluir su gestión al frente de la policía de Tijuana, representantes del gobierno de Estados Unidos le entregaron un reconocimiento por su labor: “Para nosotros es excepcional, no ubicamos otro caso en que haya ocurrido y lo coloca como una persona seria, honesta, capaz, con carácter…”.

–Pero Leyzaola tiene antecedentes de violar los derechos humanos de 25 policías y tiene un juicio pendiente ante la CIDH. ¿Tomaron esto en cuenta?

–Desde luego. Es algo que nos preocupa. Pero pensamos que con la debida coordinación de los organismos sociales y empresariales podemos llevar esto a buen término. Es importante que se cuiden los derechos de las víctimas. Es un tema en el que estaremos al pendiente y en coordinación con los organismos de derechos humanos.

–¿Estos antecedentes causarán malestar entre los policías de Juárez?

–Desconozco con detalle este tipo de situaciones que menciona. Estaremos atentos a una adecuada coordinación con el nuevo jefe policiaco, con sus oficiales y con las demás corporaciones de seguridad en esta ciudad para evitar que se violen los derechos.

Mientras tanto el CCE se prepara para aplicar la estrategia Juárez Competitiva, que tiene como fin limpiar la imagen de la ciudad más violenta del mundo:

“Juárez es México y los delitos que se han cometido aquí se han extendido al resto del país y se conocen en el mundo. Hoy queremos transmitir lo bueno. Para ello en octubre se efectuará un megaconcierto por la paz, a la mitad del Puente Internacional de Las Américas. Entre los asistentes están el Premio Nobel de química Mario Molina, Nelson Mandela, Plácido Domingo, Juanes, Miguel Bosé y por supuesto Juan Gabriel”, informa Chavira.

Los fallos dela corte

Ministros de la Corte: opulencia a cuenta del erario

La Suprema Corte llega a su 186 aniversario como uno los tribunales superiores más caros del mundo. Tan sólo el sueldo, las prestaciones y compensaciones de los 11 ministros rebasan los 32 millones de pesos anuales; mientras, sus comidas han costado 9 millones de pesos entre 2009 y 2011. En ese mismo periodo, los funcionarios de la SCJN han gastado 159 millones en seguros médicos, 116 millones en viáticos y pasajes, 54 millones en compra de vehículos y gasolina, y 5 millones en servicios de telefonía celular. Según el ministro Cossío Díaz, la discusión de los sueldos y prestaciones en la Corte está superada; no obstante, actas oficiales revelan las “licencias” que los ministros se dan para derrochar el dinero público.

Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuesta a los mexicanos entre 223 mil 163 y 245 mil 428 pesos mensuales, descubren los datos más recientes de esa institución. Al año, el monto total de los 11 sueldos, prestaciones y compensaciones netas suma unos 32 millones de pesos.

De acuerdo con sus reportes de transparencia en materia de remuneración mensual por puesto –de enero a septiembre de 2010–, el gasto por mes ascendió a 2 millones 696 mil 716 pesos, por lo que cada ministro habría cobrado un sueldo neto de 245 mil 428 pesos.

En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, el monto mensual ascendió a 2 millones 454 mil 803, que equivaldría a sueldos individuales de 223 mil 163 pesos.

A los titulares de la Suprema Corte, el erario también les paga sus “gastos de alimentación”, que entre 2009 y 2011 sumarán 9 millones 476 mil pesos. Además, sufraga la compra de vehículos de lujo para su transportación, gasolina y aditivos; así como el sueldo de los 79 choferes que tienen a su disposición los 11 ministros y los altos funcionarios de la Corte. El sueldo mensual de cada chofer es de 12 mil 627 pesos.

Al menos el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia cuenta, también, con un equipo de guardias de seguridad pagado con recursos de la SCJN, consta en actas del Comité de Gobierno y Administración del máximo tribunal. En su momento, el exministro Genaro Góngora Pimentel de igual forma hizo uso de un grupo de seguridad.

—¿Son justificables los sueldos y las prestaciones que perciben los ministros?

—Están fijados por el Congreso y ya entramos en la regla de que no pueden ganar más que el presidente. Eso ya está establecido en artículos constitucionales. Yo creo que en este momento esa discusión ya no tiene mucho sentido porque, conforme a los artículos transitorios y conforme a lo que se estableció en la reforma a la Constitución, ya estamos tasados, ya estamos limitados. Ya se está estableciendo en ese mismo sentido tal como la Constitución lo prevé ­­–dice a Contralínea el ministro José Ramón Cossío Díaz.

Sin embargo, la remuneración mensual neta de Felipe Calderón Hinojosa es de 208 mil 570 pesos, indica la Presidencia de la República en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

“Los ministros deberían percibir el salario mínimo, igual que el presidente de la República, para que vean lo que se siente. Además de su salario, cada ministro tiene prestaciones que triplican o cuadruplican el importe de éste. Tienen gastos de representación, choferes y automóviles, en plural; les pagan el menaje, el mantenimiento de sus casas y los alimentos”, señala Juan de Dios Hernández Monge, abogado e integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas.

En la SCJN, las prestaciones y compensaciones no se limitan a los ministros en activo: benefician a los exministros o, como también se les llama, “ministros en retiro”. Las canonjías alcanzan incluso a las esposas de los que ya fallecieron, descubre el acta de sesión del Comité de Gobierno y Administración del 19 de noviembre de 2009. Signada por los ministros Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza, indica que el pago de aguinaldos para los “ministros en retiro” y las viudas fue aprobado, a pesar de que Silva Meza votó en contra del aguinaldo a favor de las viudas.

“Tienen un fondo de jubilación que es creado con el erario para garantizarles, aún después de que terminan su periodo como ministros, que tengan un ingreso de más de 1 millón de pesos mensuales, cuando la gran mayoría de los trabajadores en México tienen uno o si acaso dos salarios mínimos como ingresos, es decir, de 1 mil 500 a 3 mil pesos”, dice Hernández Monge.

El abogado acusa: “Es vergonzoso y es insultante lo que perciben los ministros por un servicio que se supone es público. Estos funcionarios deberían vivir en la honrosa medianía, como decía Benito Juárez. Pero, obviamente, lejos están de ello. Ahora resulta que hasta las viudas de los ministros tienen pensiones vitalicias que representan muchas decenas de miles de pesos mensuales”.

Millonarios seguros médicos

Este 25 de marzo, la SCJN cumple 186 años de existencia. Creada a cuatro años de la consumación de la Independencia, la mexicana es considerada una de las cortes más onerosas del orbe.

“Nuestra Suprema Corte es significativamente más cara que algunos de los tribunales más prestigiados del mundo que tienen a su cargo tareas de control constitucional como nuestro máximo tribunal. Se podría argumentar que la Corte mexicana es más cara que las otras porque es más productiva; es decir, nuestros ministros resuelven muchos más asuntos que los otros tribunales. Sin embargo, los datos disponibles no apoyan esta hipótesis”, señalan los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo Mayer-Serra.

En su estudio ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?, presentado en noviembre de 2010, evidencian que, si se les compara con la Corte mexicana, el costo de la Supreme Court of the United States es apenas del 37 por ciento; el de la Supreme Court of Canada, del 15.2 por ciento; el de la alemana Bundesverfassungsgericht, del 13.4; el del Tribunal Constitucional de España, del 12.8; el de la Corte Constitucional de Colombia, del 3.3; y el del Tribunal Constitucional de Perú, del 2.9 por ciento.

Por ello, indican que “la independencia judicial no es sinónimo de buen desempeño. Tampoco la autonomía presupuestaria asegura un uso eficiente, racional y eficaz de los recursos públicos”.

“Los ministros fijan sus salarios en sus presupuestos. Ellos siempre dirán que tienen una función bastante fuerte en la República, que es aplicar el derecho al caso concreto; argumentarán que tienen cargas de trabajo significativas, pero la crítica siempre va en el sentido de que en un país pobre no se puede tener una burocracia rica”, considera el doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la SCJN revela que los seguros de gastos médicos destacan entre las erogaciones más onerosas. Entre 2009 y 2011, la cifra por ese concepto alcanzará los 159 millones 379 mil 67 pesos.

Este gasto no sería del todo transparente. Sin mediar licitación pública, el 19 de noviembre de 2009, el Comité de Gobierno y Administración autorizó “la renovación automática de las pólizas de seguro institucional y colectivo de retiro para los ejercicios 2010 y 2011”, y aprobó facultar al oficial mayor para que firmara los contratos de gastos médicos mayores y voluntarios de automóviles y casa habitación propiedad de los servidores públicos para la vigencia 2010-2011.

Aunado a ello, la Suprema Corte otorga los servicios de atención médica y odontológica y realiza campañas de salud, de prevención de enfermedades y atención de urgencias en 12 cubículos de consulta, medicina general y especialidades (medicina interna, cardiología, odontopediatría, cirujano maxilofacial, radiología y ginecología), distribuidos en los edificios sede y alterno, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF agrega que la Suprema Corte paga los sueldos de un médico con nivel de director de área, 10 médicos con nivel de subdirector y un subdirector administrativo, seis enfermeras y seis administrativos, lo que constituye un gasto integral de 51 millones 404 mil pesos anuales.

Los reportes del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones detallan, además, que las compras de medicinas y productos farmacéuticos ascienden a 1 millón 742 mil 32 pesos entre 2009 y 2011.


Viáticos, opacidad garantizada

“Se confirma el criterio consistente en que no existe obligación de los titulares de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubricar los comprobantes del uso dado a los viáticos, lo que corresponderá al servidor público comisionado.”

Ése es el punto 21 del orden del día que ratificaron los ministros Juan N Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz Mayagoitia –entonces presidente de la Corte– el viernes 1 de febrero de 2008, muestra el acta de esa sesión del Comité de Gobierno y Administración.

Un año después, la SCJN reconoce haber destinado 39 millones 970 mil 423 pesos al pago de pasajes y viáticos nacionales y extranjeros: 14 millones 412 mil 664 pesos para viáticos nacionales; 2 millones 155 mil 575 para viáticos extranjeros; 14 millones 464 mil 672 para pasajes locales, y 2 millones 655 mil 890 para viajes al exterior.

En 2010, la cifra total por esos conceptos ascendió a 42 millones 685 mil 596 pesos; mientras que en 2011 se tiene programado gastar 33 millones 678 mil 801 pesos. En total, los viáticos y pasajes sumarán 116 millones 334 mil 820 pesos en el trienio, que no serán supervisados como indica el criterio.

El 7 de diciembre de 2010, los ministros Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia retiraron de la discusión “el proyecto de acuerdo general de administración por el que se regulan los gastos de viaje en actividades oficiales de este alto tribunal”.

Para el doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del IIJ, “hace falta transparentar mucho el uso de los recursos, y racionalizarlos de mejor manera no sólo en la Suprema Corte, sino en el Poder Judicial en su conjunto. Hay ahí un asunto pendiente que es muy importante, que debe atenderse con seriedad, porque además de los excesos en el gasto, los desplantes económicos excesivos generan un desgaste en la legitimidad del máximo tribunal. En la Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el Poder Judicial en su conjunto, hay un despliegue excesivo de recursos”.

Otros rubros que aún no se transparentan son los de las contrataciones por adjudicación directa y las ampliaciones de montos en los contratos previamente signados. El acta del Comité de Gobierno y Administración de la sesión del 7 de diciembre de 2010 ilustra dos casos de este tipo.

En su punto 10 de carácter extraordinario, el acta apunta: “Se toma conocimiento de las ofertas presentadas por AXA Seguros, SA de CV, para la cobertura de los bienes patrimoniales (inmuebles y contenidos) y los vehiculares para la vigencia de las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2010 a las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2011, así como de los importes de las primas correspondientes.

“Se autoriza concluir el proceso de contratación conjunta con el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, por asignación directa, de las pólizas (…) con AXA Seguros, en los términos y condiciones propuestos por la compañía aseguradora y con base en el dictamen técnico económico presentado por la Dirección General de Tesorería.”

De acuerdo con el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, la SCJN tiene presupuestado un gasto para 2011 en el rubro de seguros todo riesgo de 9 millones 600 mil pesos.

La misma acta del 7 de diciembre descubre que, al discutir el punto 9 de carácter extraordinario, el Comité autorizó a la Dirección General de Informática el pago de la consultoría especializada en programación tipo SAP por 25 días de trabajo a dos consultores, por un monto de 80 mil dólares más el impuesto al valor agregado, dentro del contrato que se tiene vigente con la empresa SAP México, SA de CV.

Para la partida presupuestal 330401, “Otras asesorías para la operación de programas”, la Corte tiene programado un gasto de 10 millones 523 mil 600 pesos en este año.

Dinero público para vehículos y celulares

Entre 2009 y 2011, la adquisición de vehículos; la compra de gasolina, combustible y lubricantes; el pago de seguros vehiculares, y la renta de estacionamiento implican al erario un gasto total de 54 millones 642 mil pesos: 25 millones 69 mil 827, en 2011; 19 millones 912 mil 68, en 2010; y 9 millones 660 mil 127, en 2009. En ese mismo periodo, los servicios de telefonía celular suman 5 millones 428 mil pesos.

La escasa rendición de cuentas que persiste en el máximo tribunal se debe a que “venimos de un contexto sumamente autoritario, de una cultura de la opacidad muy fuerte, de una Corte que era un poder inaccesible para los controles de otros poderes. Además, al ser la última instancia, es un poder que se controla a sí mismo. Es ahí donde hay una serie de efectos muy sensibles”, considera el doctor Salazar Ugarte.

Para el investigador Daniel Márquez, “todo el aparato del que se rodean ^

[los ministros] no es correcto: choferes, carros, préstamos para quién sabe qué tantas cosas. Nosotros desearíamos que el esquema de previsión social que ellos tienen fuera extensivo a toda la nación; que todos tuviéramos acceso a préstamos blandos para casas, para vehículos”.

Agrega: “Me parece maravilloso que tengan buenos sueldos, buenas prestaciones, pero ojalá esas condiciones se reflejen en buenas decisiones jurisdiccionales, donde se tutele el interés en juego de los particulares con la necesidad del Estado mexicano de contar con instituciones sólidas, capaces de preservar, en lo que vale, la institucionalidad del país”.

Vestuario para edecanes

El 7 de agosto de 2008, los ministros Silva Meza, Franco González Salas y Ortiz Mayagoitia “tomaron conocimiento” del estudio sobre la solicitud de otorgamiento excepcional de uniformes adecuados a seis personas para desempeñar la actividad de edecán. “En virtud de lo anterior, se autoriza la compra de los uniformes respectivos”, indica el acta que rubricaron ese día.

La erogación que implicó la adquisición de uniformes para las seis edecanes se inscribió en la partida 2701, “Vestuario, uniformes y blancos”, uno de los escasos rubros que observó la Auditoría Superior de la Federación en su revisión a la Cuenta Pública 2009 de la Corte.

Según el máximo órgano de fiscalización, en ese ejercicio se registró el pago por 8 millones 304 mil 900 pesos a Suburbia, S de RL de CV, por la adquisición de 1 mil 967 tarjetas electrónicas canjeables por ropa y calzado para ser destinados al personal operativo de la SCJN por la prestación de vestuario.

Asimismo, indica la Auditoría Superior, en esta partida se registró la entrega en efectivo al personal foráneo por 1 millón 630 mil pesos. “Se comprobó que la SCJN no consideró como ingresos acumulables para los trabajadores el beneficio del otorgamiento de la citada prestación; sobre el particular, la Dirección General de Personal informó que la SCJN, en su carácter de patrón y como responsable solidario, absorbió el impuesto sobre la renta y lo enteró por conducto de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.

“Al respecto, después de la reunión de preconfronta, el secretario ejecutivo de la Contraloría informó a la Auditoría Superior que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial inició la investigación CI 80/2010, referente a los hechos que pudieran configurar una infracción administrativa relacionada con el tratamiento dado al ingreso acumulable por la prestación denominada vestuario.”

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es transparente ni en su gasto ni en ninguna otra cosa –señala el abogado Hernández Monge–. A pesar de que ahora son filmadas las sesiones del Pleno de la Corte, hay una gran cantidad de omisiones: no se explica a la sociedad cuáles son los razonamientos que llevan las autoridades para determinar una u otra cosa.” (Con información de Mayela Sánchez)


Bonos de riesgo en la Corte

Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baráibar Constantino fueron beneficiados con el llamado bono de riesgo, inventado en el gobierno de Felipe Calderón en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.

El acta de la sesión del 4 de diciembre de 2008 del Comité de Gobierno y Administración revela que los ministros Juan Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz Mayagoitia autorizaron otorgar a ambos funcionarios la “compensación por grado de riesgo en el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos, autorizados por el órgano de gobierno”.

La justificación: los magistrados formaron parte de “la comisión asignada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar posibles violaciones graves de garantías con motivo de los hechos acaecidos en Oaxaca de Juárez y zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007”.

El bono de riesgo es una de las prestaciones que se asignan de manera frecuente en la Suprema Corte, descubre el acta de sesión del 12 de marzo de 2009, del mismo Comité.

Al discutir el primer punto extraordinario, los ministros Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia autorizaron cubrir las siguientes prestaciones: “asignaciones adicionales” y “compensación por grado de riesgo en el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos”, así como la compensación por diferencia salarial a favor de 10 personas que no identifican.

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011

SCJN, sometida e incapaz

Mayela Sánchez

Encargados de determinar la constitucionalidad de las normas y actos de la autoridad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son designados en su encargo mediante un mecanismo que no garantiza la idoneidad de su perfil ni la independencia de su trabajo. A 186 años de haberse constituido, la Corte no logra consolidarse como la cabeza de un Poder Judicial autónomo y al servicio de la sociedad.


El guardadito de la Corte por 2.9 mil MDP

Nancy Flores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación administra 2 mil 941 millones de pesos por medio de seis fideicomisos, considerados las figuras más opacas en el ejercicio público. Destinados al pago de pensiones complementarias, gastos médicos extraordinarios, modernización del sector judicial y financiamiento de publicaciones, estos fondos se manejan sin rendir cuentas a nadie.