lunes, mayo 30, 2011

La insostenible posición del imperio

Nadie puede asegurar que en su agonía el imperio no arrastre al ser humano a la catástrofe.

Como se sabe, mientras exista la vida de nuestra especie, toda persona tiene el deber sagrado de ser optimista. Éticamente no sería admisible otra conducta. Recuerdo bien que un día, hace casi 20 años, dije que una especie estaba en peligro de extinción: el hombre.

Fidel Castro


Ante un selecto grupo de gobernantes burgueses aduladores del imperio, entre ellos el de inmensa mole bien alimentada, el alemán Helmut Kohl, y otros por el estilo que hacían coro a Bush padre –menos tenebroso y enajenado que su propio hijo W Bush–, no podía dejar de expresar aquella verdad que veía muy real, aunque todavía más lejana que hoy, con la mayor sinceridad posible.

Al encender el televisor aproximadamente a las 12:15 horas (del 19 de mayo de 2011), porque alguien me dijo que Barack Obama pronunciaba su anunciado discurso sobre política exterior, presté atención a sus palabras.

No sé por qué, a pesar de los montones de despachos y las noticias que escucho diariamente, en ninguno vi que el sujeto hablaría a esa hora. Puedo asegurar a los lectores que no son pocas las tonterías y mentiras que, entre verdades dramáticas y hechos de todo tipo, leo, escucho o veo en imágenes todos los días. Pero este caso era algo especial. ¿Qué iba a decir el tipo a esa hora en este mundo agobiado de crímenes imperiales, masacres o aviones sin piloto lanzando mortíferas bombas, que ni siquiera Obama, ahora dueño de algunas decisiones de vida o muerte, imaginaba cuando era estudiante de Harvard hace sólo unas decenas de años?

Nadie suponga, desde luego, que Obama es dueño de la situación; sólo maneja algunas palabras importantes que el viejo sistema en su origen otorgó al “presidente constitucional” de Estados Unidos. A estas alturas, después de 234 años de la Declaración de Independencia, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia conservan los instrumentos fundamentales del poder imperial creado: la tecnología capaz de destruir al género humano en cuestión de minutos, y los medios para penetrar esas sociedades, engañarlas y manipularlas impúdicamente el tiempo en que necesiten hacerlo, pensando que el poder del imperio no tiene límites. Confían en manejar a un mundo dócil, sin perturbación alguna, todo el tiempo futuro.

Es la idea absurda en que basan el mundo del mañana, bajo “el reino de la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos”, incapaces de ver lo que en realidad ocurre con la pobreza, la falta de servicios elementales de educación, salud, empleo y algo peor: la satisfacción de necesidades vitales como alimentos, agua potable, techo y otras muchas.

Curiosamente, alguien puede preguntarse ¿qué ocurrirá con los 10 mil muertos por año que ocasiona la violencia derivada de las drogas, fundamentalmente en México, a lo que se pueden añadir los países de Centroamérica y varios de los más poblados del Sur del continente?

No albergo intención alguna de ofender a esos pueblos; el propósito es sólo señalar lo que ocurre a los demás casi diariamente.

Una pregunta sí hay que hacerla casi de inmediato: ¿qué pasará en España donde las masas protestan en las ciudades principales del país porque hasta el 40 por ciento de los jóvenes está desempleado, para citar sólo una de las causas de las manifestaciones de ese combativo pueblo? ¿Es que acaso van a iniciarse los bombardeos a ese país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte?

Sin embargo, a las 16:12 horas no ha sido publicada la bendita versión oficial en español del discurso de Obama.

Espero me excusen por esta improvisada Reflexión. Tengo otras cosas de las cuales ocuparme.

Fuente Contralínea 235 / 29 de mayo de 2011

Estados Unidos: Licencia para matar

WASHINGTON, 30 de mayo (apro).- Mientras el pasado miércoles 25 en Londres el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometía --junto al primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron--, “incrementar la presión” sobre el régimen libio, en Washington la Cámara de Representantes debatía intensamente la posibilidad de conceder al jefe de la Casa Blanca todavía mayores poderes para combatir al “terrorismo” en cualquier lugar del planeta.

El proyecto 1034 de la nueva ley de autorización de gastos para el ministerio de Defensa es tan ambigua, que hace posible la entrega al presidente de un permiso para llevar la guerra contra Al Qaeda donde sea, por lo que varias organizaciones de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU) lanzaron, por ahora sin suerte, una campaña urgente para presionar al Congreso.

El lenguaje legislativo que abre las puertas a la “worldwide war authority”, como la bautizó la ACLU, es impulsado por los sectores más “duros” de republicanos y los demócratas, a los que se oponen oficialistas más progresistas y los “libertarios” entre las filas de la oposición. También Obama estaría en contra, pero la posición del presidente es siempre controvertida y abierta a interpretación, en especial si se tiene en cuenta que el mandatario sigue adelante con la guerra en Libia sin contar todavía con una autorización explícita del Congreso.

En sus más de 900 páginas, el proyecto de ley de gastos de defensa para el año fiscal 2012 incluye en la provisión 1034 una “afirmación del conflicto armado” con Al Qaeda, el grupo fundamentalista considerado responsable de los atentados del 11 de setiembre del 2001 contra el Pentágono y las torres gemelas de Nueva York. Y también contra los talibanes afganos y cualquiera de sus “fuerzas asociadas”.

En estos párrafos, se recuerda que el país está comprometido “en un conflicto” con esos grupos radicales y que “esas entidades siguen representando una amenaza para Estados Unidos y sus ciudadanos, tanto a nivel doméstico como en el exterior”.

Aún más, el proyecto indica que el presidente “tiene la autoridad para utilizar todas las fuerzas necesarias y apropiadas durante el conflicto armado vigente” con Al Qaeda, los talibanes y sus “asociados”. Este amplio permiso para el presidente “incluye la autoridad para detener combatientes” prácticamente en todo el mundo, “hasta que concluyan las hostilidades”.

“Nadie puede legítimamente decir” que las leyes que dan marco legal en Estados Unidos a la lucha contra los grupos fundamentalistas islámicos “no necesitaba ser actualizada”, afirmó uno de los impulsores del texto, el diputado republicano Mac Thornberry, de Texas. Según el legislador, la ley lo único que hace es “aclarar la autoridad para lo que estamos haciendo en este momento”.

En una declaración distribuida el pasado martes 24, la Casa Blanca advirtió que Obama vetará la ley de gastos de defensa si incluye la provisión de la “worldwide war authority” o recorta el poder del ejecutivo para procesar judicialmente a los detenidos de la cárcel de Guantánamo, en particular la voluntad del gobierno de llevar a algunos de ellos ante tribunales civiles en territorio continental norteamericano.

La Casa Blanca fue tajante es su negativa a promulgar la ley de defensa si “desafía la autoridad del ejecutivo” para “determinar cuándo y cómo procesar detenidos” de Guantánamo. Pero menos terminante cuando se trató del proyecto de ley 1034. En este caso, la Casa Blanca dijo solamente que la “worldwide war authority” “recaracteriza el alcance” de la lucha contra los grupos fundamentalistas islámicos y se declaró preocupada por la posibilidad de que se cree “confusión sobre los estándares aplicables” en este frente, como podría ser el polémico marco legal que argumentó Estados Unidos para justificar la incursión del 2 de mayo último en Paquistán para matar al jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden.

En todo caso, la administración Obama dejó una puerta abierta para el proyecto 1034: “como mínimo –señaló-, este es un asunto que amerita una consideración más extensiva antes de su posible inclusión” en la ley de defensa.

El proyecto deberá llegar al Senado en junio entrante y por ahora, a pesar de la amenaza de veto de la Casa Blanca, las posibilidades de que la provisión siga con vida “son significativas”, según explicó a Apro el director de la oficina de Legislación y Seguridad de la organización Human Rights First, Dixon Osburn.

Para empezar, el texto cuenta con un fuerte “apoyo bipartidario”, añadió Osburn, quien recordó que los senadores John McCain, republicano por Arizona, y Joe Liberman, independiente por Connecticut, “introdujeron un proyecto de ley muy similar” en la Cámara alta.

Tras la aprobación de la ley de presupuesto de defensa, la organización Human Rights Watch sumó su protesta: afirmó que la Cámara de Representantes “mostró un pobre sentido del liderazgo al deslizar dentro de un proyecto de segura aprobación provisiones que, en realidad, lastiman los esfuerzos estadunidenses contra el terrorismo”.

“Ahora está en manos del Senado asegurarse de que estas provisiones innecesarias y poco inteligentes no se conviertan en parte permanente de las leyes de Estados Unidos”, afirmó Laura Pitter, una vocera de HRW.

Osburn, por su parte, remarcó que el proyecto 1034 “revive la idea de que existe una guerra global contra el terrorismo que Estados Unidos debe afrontar”. El experto reconoció que la ley, tal como salió del comité de Fuerzas Armadas de la cámara de diputados, “le da permiso al presidente para usar tropas dondequiera se considere que existe una amenaza de Al Qaeda, los talibanes” o los ambiguos “asociados”, un “término muy amplio que incluye tanto a aquellos que apoyan directa o indirectamente a los grupos terroristas”.

Este “permiso” para Obama y sus sucesores en la Casa Blanca está siendo discutido, mientras en Estados Unidos y en el mundo todavía se siguen escuchando voces que ponen en duda la legalidad de la acción de los comandos de la marina estadunidense que terminó con la vida de Bin Laden.

Osburn dijo que en Human Rights First “creemos que, bajo las layes de la guerra, la muerte de Bin Laden fue legal”, porque se trataba de “un combatiente que orquestó los ataques del 11 de setiembre del 2001” y que, “aunque cruzó la frontera entre Paquistán y Afganistán (donde las tropas de Washington marcharon a la guerra de manera “legal”), el jefe del grupo fundamentalista seguía siendo un “blanco legítimo”.

En cambio, para el activista David Swanson la operación militar que terminó con Bin Laden fue sencillamente “un asesinato” y un ejemplo del “doble estándar” aplicado por Estados Unidos.

“Los comandos de la marina tuvieron órdenes de matar, por lo tanto se trató de un asesinato”, dijo Swanson en entrevista con Apro. Y si bien el Pentágono no tiene mayores problemas en llevar adelante un operativo de este tipo en territorio extranjero, Washington “nunca toleraría secuestros o asesinatos en territorio estadounidense”.

Un proyecto como el 1034 podría resolver a nivel doméstico las dudas legales acerca de operaciones militares como la del 2 de mayo último en Paquistán o “legalizar” la guerra en Libia, señaló Swanson.

Además, agregó que si una legislación semejante termina siendo aprobada, en el presupuesto de defensa para el próximo año fiscal o cualquier otro, “éste y cualquier otro futuro presidente podrá lanzar una guerra virtualmente en cualquier lugar, sin preocuparse por obtener la autorización del Congreso”.

Según el entrevistado, el proyecto de ley sólo refleja la creciente preocupación de Washington por aumentar sus gastos militares y encuadrar legalmente sus acciones en el extranjero. “Es el peor jamás considerado por el Congreso porque le da al presidente el poder de lanzar guerras de manera unipersonal y encarcelar gente sin juicio”.

Asimismo, prosiguió, hace retroceder en los hechos a Estados Unidos “por lo menos dos siglos, desde cuando se impusieron límites constitucionales” a los mandatarios y se impidió que pudieran actuar como los antiguos reyes.

En varias oportunidades después de los atentados del 11 de setiembre del 2006, reportes de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados señalaron la presunta presencia en América Latina de pequeños grupos relacionados de alguna manera con Al Qaeda y con otras organizaciones fundamentalistas. En el 2004, por ejemplo, el FBI lanzó un alerta sobre Adnan Shukrijumah, un piloto saudita señalado como posible líder de una célula de Al Qaeda, quien habría sido visto en Honduras en su camino hacia México, para cruzar la frontera hacia Arizona o Texas, con la intención de cometer atentados al otro lado del borde. Otros reportes indicaron presuntos lazos de Al Qaeda con los carteles del narcotráfico, en un supuesto matrimonio de conveniencia basado en dinero y zonas de influencia que abren rutas a las drogas en Europa y África.

¿Podrían estos informes sustentar una eventual incursión “anti-terrorista estadunidense en México si se aprobara el proyecto 1034? “En teoría, si”, admitió Osburn, de Human Rights First. La sección 1034 daría –explicó-- luz verde a la Casa Blanca si existen indicios de la presencia de Al Qaeda, los talibanes o sus “asociados”, aunque “bajo las leyes de guerra es difícil justificar un blanco si no está directamente asociado a los ataques del 11 de setiembre”.

“Es altamente improbable que cualquier presidente vaya a mandar aviones sin piloto o tropas a México contra un eventual líder de Al Qaeda teniendo en cuenta la relación de Estados Unidos con México, pero esta ley lo permitiría”, afirmó Osburn.

Más allá de la ley de defensa para el año fiscal 2012, en Estados Unidos “sigue habiendo un debate sin resolver sobre cómo enfrentar de la mejor manera la amenaza de los terroristas donde sea que se encuentre”, añadió Osburn.

De acuerdo con el experto, esta situación “se cubre por el miedo, y por un malentendido general sobre las herramientas que el gobierno tiene a su disposición para enfrentar las amenazas”.

Para Osburn, lo ideal sería que estas “amenazas” fueran enfrentadas –como lo son en parte ahora- por el trabajo conjunto del Departamento de Estado, el ministerio de Justicia y el Tesoro “alrededor del mundo en colaboración con nuestros aliados”. Esta posición, completó, “debería entrar al debate para que el Congreso no vuelva a caer en el ejército como única solución, pero hasta ese momento seguramente veremos nuevas propuestas parlamentarias a favor de una respuesta sostenida en la fuerza militar”.

Comicios del miedo

En la segunda vuelta de las elecciones que se llevarán a cabo en Perú el próximo 5 de junio, los electores no parecen decidir su voto con base en las propuestas de los candidatos, sino en el miedo a lo que ellos puedan representar: en el caso de Keiko Fujimori, la repetición del régimen autoritario y represivo de su padre, Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años de prisión por corrupción y delitos de lesa humanidad; y en el caso de Ollanta Humala, la dizque implantación de un modelo estatista y populista al estilo del de Hugo Chávez en Venezuela…

LIMA.- Los brasileños están de moda en las elecciones presidenciales peruanas. El candidato nacionalista Ollanta Humala contrató a dos asesores de imagen del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Valdemir Garreta y Luis Favre, a los que se atribuye haber pertenecido al entorno del exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva.

Para estar en sintonía con su contrincante, con quien disputará la segunda vuelta el próximo 5 de junio, Keiko Fujimori convocó al llamado Profeta de América, Reinaldo Dos Santos, un viejo conocido de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a quien asesoró durante su régimen.

Dos Santos, quien supuestamente previó el ataque terrorista a las Torres Gemelas y los terremotos de Haití y Chile, se presentó en la televisión para adelantar que Keiko Fujimori ganará la elección presidencial. No había que ser adivino para sospechar cuál sería su pronóstico.

Lo cierto es que la disputa electoral es tan dura y confusa que es difícil advertir un resultado. Ni siquiera las encuestadoras se ponen de acuerdo. A una semana de la votación, los peruanos no han decidido qué camino elegir, según los sondeos. La empresa Ipsos Apoyo informó que 51.4% de los electores votaría a favor de Keiko Fujimori y 48.6% por Humala. Otra compañía, Imasen, por el contrario, atribuye a Humala 41.6% de los votos y a Fujimori 39.7%. En los dos casos se trata virtualmente de un empate técnico. Cualquiera puede ser el triunfador. Todo dependerá de 30.6% que todavía no sabe por quién votará.

Cualquiera que sea el que gane la segunda vuelta, Humala o Fujimori, uno de los dos gobernará inevitablemente un país dividido.

La herencia

Humala, excomandante del ejército, de 48 años, hijo de una familia andina, plantea la reforma del modelo económico que, según su diagnóstico, beneficia a los ricos en agravio de las mayorías empobrecidas y excluidas.

Por su parte, Keiko Fujimori, de 35 años, hija del expresidente de ascendencia japonesa Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes y corrupción, propone mejorar el sistema que instaló su padre mediante un golpe de Estado, el 5 de abril de 1992.

La lucha es desigual.

Fujimori recibe abiertamente el apoyo de poderosos e influyentes grupos económicos, entre ellos conglomerados de medios de comunicación, que consideran que Humala es una amenaza para mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a un promedio de 7% anual, uno de los más importantes del continente. Apuestan por la primogénita del expresidente porque es una garantía para que todo siga igual, sin importar el legado de crimen, corrupción y autoritarismo del régimen de Alberto Fujimori.

El 12 de febrero de 2009, Keiko afirmó que su padre “fue uno de los mejores presidentes del Perú”. Pero se vio obligada a corregir. Apenas el pasado 24 de abril manifestó que durante el mandato de éste “se cometieron errores que no vamos a repetir”.

Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos de la candidata, la imagen de que representa la continuidad del estilo de su padre no se ha despegado de ella. Durante su gobierno, Alberto Fujimori se divorció de su esposa, Susana Higuchi, y su hija Keiko la reemplazó en el papel de primera dama hasta el derrumbe del régimen y la fuga de su progenitor a Japón.

Como parte del plan de Alberto Fujimori para regresar al poder en Perú, Keiko lanzó en 2005 un nuevo partido fujimorista: Alianza por el Futuro (AF), que lo lanzaría a la presidencia en 2006. Pero el proyecto se truncó cuando el 6 de noviembre de 2005 Alberto Fujimori voló de Tokio y aterrizó en Santiago de Chile con el propósito de reingresar a territorio peruano. Al día siguiente, las autoridades chilenas lo detuvieron debido a una solicitud de la justicia peruana. Se inició así su proceso de extradición que culminó el 21 de septiembre de 2007.

No obstante, en las elecciones de 2006 Keiko ganó una diputación. Obtuvo la mayor votación entre los candidatos a diputados.

El objetivo de un eventual gobierno de Keiko quedó en evidencia el 7 de abril del 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori por el asesinato de civiles cometido por un comando secreto de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Ella dijo en esa ocasión que indultaría a su padre en caso de que triunfara en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el pasado 10 de abril, cuando quedó en segundo lugar después de Humala en la primera vuelta electoral, Keiko juró que no daría la libertad a su padre. Además, sostuvo que no repetiría el modelo de gobierno de éste.

Pero sus críticos dudan de sus palabras. Tienen al menos un motivo: en la cúpula de Fuerza 2011 –el partido de Keiko– y en el “equipo técnico” de la candidata abundan los excolaboradores del régimen de Alberto Fujimori y de su exasesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.

Por ejemplo, Jaime Yoshiyama, presidente del Congreso durante el fujimurismo, es ahora secretario general de Fuerza 2011; César Luna Victoria, exministro de Industrias, es miembro del equipo de “Plan de Gobierno” de la candidata; Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y médico personal de Alberto Fujimori, así como el excanciller Fernando de Trazegnies son asesores personales de Keiko.

Hasta mediados de este mes, Jorge Trellez, ministro de Educación durante el gobierno de Fujimori, fue el vocero oficial de la candidata. Fue despedido por cometer una pifia: dijo que durante el gobierno de Alberto Fujimori “nosotros matamos menos”.

El nuevo vocero de Keiko es Rafael Rey, quien también es candidato a la segunda vicepresidencia. En entrevista con Proceso, rechaza el presunto continuismo que representa la candidata: “Ella y su padre son dos personas distintas, totalmente diferentes. Keiko nunca ha intentado un golpe de Estado, en cambio Ollanta Humala lo ha intentado dos veces (cuando era comandante del Ejército en 2000, y presuntamente en 2005). Keiko ha pedido perdón por los errores de otros, mientras que Humala no ha pedido perdón por los actos violentos que se cometieron en su nombre en el levantamiento de Andahuaylas, en 2005, que causó la muerte de cuatro policías”, argumenta.

Los detractores de Keiko Fujimori, como los familiares de las víctimas de las masacres en Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por un escuadrón de la muerte que dirigía Montesinos, afirman que ella dará libertad no sólo a su padre, sino también a los militares que participaron en violaciones a los derechos humanos.

Sus temores no parecen infundados: en septiembre de 2010, cuando ejercía como ministro de Defensa, Rafael Rey promovió una ley para favorecer a los militares y policías acusados de cometer crímenes extrajudiciales durante la guerra interna (1980-2000), entre ellos varios que cumplieron funciones durante el gobierno de Fujimori. Debido al escándalo por la amnistía encubierta, Rey se vio obligado a renunciar. Reapareció como dirigente de Fuerza 2011, el nuevo partido de Keiko.

Cuando Proceso preguntó a Rafael Rey si era fundado el temor de un sector de la población de que el triunfo de Keiko implicaría el retorno de las prácticas antidemocráticas, respondió: “Por qué habría de tenerle miedo. Yo no encuentro un argumento para tenerle miedo. En cambio, sí se debe tener miedo de que Humala intente desconocer los resultados de la elección del 5 de junio, que cambie la Constitución, como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, y continúe avivando los ánimos y generando violencia. Espero que no, pero me gustaría escucharlo de su propia boca”.

Metamorfosis

La primera vez que el nombre de Ollanta Humala saltó a la prensa fue cuando encabezó un intento de golpe de Estado contra el desfalleciente gobierno de Alberto Fujimori, el 1 de octubre de 2000. En esa ocasión, Humala dirigía una unidad militar en Locumba, en el extremo sur del país. Humala reclamó la dimisión de Fujimori. Pocas semanas después, en medio de un escándalo de corrupción debido a que tenía cuentas bancarias secretas en Suiza, Fujimori se refugió en Japón y desde allí renunció el 21 de noviembre del mismo año.

El presidente provisional Valentín Paniagua (2000-2001) amnistió a Humala y luego el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) lo designó agregado militar, primero en Francia y luego en Corea del Sur.

Sin embargo, fue destituido en diciembre de 2004, aparentemente porque dirigía un partido de izquierda radical.

A los pocos días, el 1 de enero de 2005, Antauro Humala encabezó un levantamiento armado y tomó la estación de la policía de Andahuaylas, en los Andes del sur, una de las zonas más pobres del país. Antauro demandó la renuncia del presidente Toledo y la restitución de su hermano Ollanta en el ejército. Cuatro días después, con un saldo de cuatro policías asesinados, se acabó la revuelta. Durante el juicio se estableció que Antauro Humala no había actuado por orden de su hermano Ollanta, quien no recibió condena alguna.

Ollanta Humala es hijo de Isaac Humala, un abogado marxista que aparece como personaje de la novela de Mario Vargas Llosa Conversación en La Catedral (1969). Ollanta fundó el Partido Nacionalista Peruano (PNP) y, en alianza con la organización de centroizquierda Unión por el Perú (UPP), se presentó a las elecciones presidenciales de 2006. Contra todo pronóstico, con un discurso repleto de reivindicaciones sociales, ajuste del modelo económico neoliberal y notoriamente populista, alcanzó el primer lugar y pasó a la segunda vuelta, en la que compitió con el expresidente Alan García, quien finalmente lo derrotó.

Para que no lo vinculen con líderes de la región, como el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa, ha suavizado su plan de gobierno original de cara a las elecciones presidenciales de 2011.

Incluso el premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien en 2009 advirtió que si Humala y Fujimori se enfrentaban en una segunda vuelta sería como escoger entre el sida y el cáncer, está convencido de que el exmilitar ha sufrido un cambio ideológico y no representanta amenaza alguna. Más aún, sostiene que, por el contrario, Humala es una opción democrática y decente frente al continuismo de corrupción, crimen y abuso que encarna Keiko Fujimori.

Consultado sobre las diferencias radicales entre los proyectos de Humala y Fujimori, el vocero del candidato nacionalista, Daniel Abugattás, afirma a Proceso: “En primer lugar, tenemos un plan de gobierno que se refiere a la inclusión social. Básicamente queremos un gobierno que busca incluir a la población y sacarla de la pobreza. En cambio, el fujimorismo se limita a regalar cocinas, zapatos, arroz; es decir, a repartir asistencialismo puro. Nosotros proponemos una serie de medidas para generar empleo, empresas, asistencia social en educación, salud, ciencia, tecnología. Tenemos dos enfoques distintos, el nuestro es el del desarrollo de las personas y el otro es regalar a cambio de tener un cliente electoral”.

Los opositores a Humala sostienen que oculta una militancia izquierdista, una afiliación al dictador nacionalista, el general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que expropió el petróleo, aplicó una reforma agraria y tomó el control de la prensa. Y señalan que profesa admiración por el presidente Hugo Chávez, quien el pasado 30 de marzo dijo en conferencia de prensa que Humala “es un buen soldado”.

De acuerdo con sondeos de opinión, no votarían por Humala los electores que temen una repetición del velasquismo o la implantación del chavismo en Perú.

“No hay que tenerle miedo porque es una persona coherente y consecuente con la economía del día de hoy”, explica Abugattás. “Estos adjetivos de chavista y velasquista son producto de una campaña del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) manejado por el fujimorismo. Nosotros tenemos un programa de gobierno que garantiza el crecimiento económico y la libertad de empresa, además de libertad de expresión y de todas las libertades fundamentales de las personas. Nosotros no hemos sido dictadores, nosotros hemos nacido democráticos”.

Pero para Rafael Rey, Humala no ha cambiado: “Por supuesto, es el mismo Ollanta del andahuaylazo, el mismo admirador de Chávez que ahora lo niega. Las dos caras de la misma moneda. No ha cambiado. Es lobo con piel de cordero”, afirma.

En todo caso, a Keiko Fujimori le resultará muy difícil vencer a Humala. En la primera vuelta del pasado 10 de abril, de un total de 25 regiones, Fujimori ganó en siete. Humala se llevó la victoria en 15 regiones. Del total de mil 832 distritos peruanos, en 51% venció Humala y en 21% Fujimori. La valla impuesta por Humala es muy alta.

Fernando Tuesta, especialista en procesos electorales y director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, recuerda en entrevista con Proceso que una situación similar de polarización electoral se registró en 1962, entre la derecha representada por Fernando Belaúnde y la centroizquierda por Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Ganó el segundo, pero no superó el tercio de la votación y la elección quedó en manos del Congreso. Antes de que éste resolviera la situación, los militares dieron un golpe de Estado y convocaron a nuevas elecciones en 1963, que en esa oportunidad ganó Belaúnde. Los militares respiraron tranquilos en sus cuarteles.

El problema ahora radica en que tanto Fujimori como Humala deberán concertar con otras fuerzas políticas porque ninguno tiene mayoría en el Congreso. Los humalistas cuentan con 46 representantes de un total de 130 diputados y los fujimoristas suman 39.

“El mayor desafío para el ganador de las elecciones será captar el apoyo mayoritario del Congreso, que el gabinete tenga aceptación y que se consolide la concertación. El nuevo gobierno va a tener que tomar medidas inmediatas que busquen reducir las inseguridades”, explica Fernando Tuesta.

Sin embargo, una vez terminada la elección, el miedo no se disipará de la noche a la mañana.

“El triunfo de cualquiera despierta temores, particularmente porque son candidatos con bajo nivel de confianza. Necesariamente deberán forjar alianzas para aprobar leyes”, señala.

Además, sostiene que, “antes que cuestionar el modelo económico, la población exige que el nuevo gobierno responda a las demandas de un importante sector del país que considera o siente que las medidas del gobierno no son satisfactorias. Hay que imaginarse lo que pasará si no son satisfechas dichas demandas”.

COMENTARIO:

En Peru la derecha neoliberal esta implantando una guerra de miedo MEDIATICA en contra de Ollanta Humala. Se estan cuchareando las encuestas en favor de la fascista Keiko Fujimori para orquestar el fraude electoral el 5 de Junio......exactamente como sucedio FRAUDE: Mexico 2006!, todo con la intervencion de la CIA, USAID y como siempre, el puto imperio yanqui de por medio.

La Política exterior del bananero Calderón

Gasto por 255 mil MDP en “seguridad nacional”

El negocio de la “guerra” contra las drogas

La “guerra” contra las drogas se ha convertido en un lucrativo negocio. Detrás de los asesinatos de más de 40 mil civiles mexicanos, hay una floreciente industria armamentista. Tan sólo, en lo que va de este gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional ha destinado 4 mil millones de pesos a la compra de armamento para, supuestamente, “mejorar” su capacidad de fuego ante los criminales.

De manera conjunta, el presupuesto que la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa, Marina y Gobernación han ejercido para “garantizar” la “seguridad nacional” supera los 250 mil millones de pesos.

Sin embargo, ni el multimillonario gasto de la hacienda pública ni las miles de bajas humanas que ha implicado esta “guerra” han mermado siquiera el negocio de las drogas. A nivel mundial, las ganancias se estiman en unos 400 mil millones de dólares anuales.

Los tres grandes mercados de estupefacientes –cocaína, heroína y metanfetaminas– están prácticamente dominados por los cárteles mexicanos que, a pesar de la supuesta “lucha” en su contra, han reemplazado a los delincuentes colombianos.

Además, la silenciosa penetración del dinero sucio en todos los mercados sólo ha podido realizarse por las alianzas entre las mafias internacionales que poco o nada se combaten, como sucede también con el lavado de dinero en los circuitos financieros.

Con esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de cuatro reportajes acerca de los negocios que oculta la “guerra” antinarcóticos impuesta por Estados Unidos, el mismo país que organizó la operación Rápido y Furioso para traficar armas de manera ilegal a México.

El gobierno de Calderón habrá gastado 255 mil millones de pesos en seguridad nacional al término de 2011, revelan tres estudios de la Cámara de Diputados. De ésos, la Sedena y la Marina habrán destinado 174 mil millones exclusivamente a las acciones represivas “en campo”. Delincuencia organizada, narcotráfico, guerrilla, terrorismo y vulnerabilidad de las fronteras, las amenazas que la administración federal intenta “anular”. El monto, el más grande que se haya destinado a este rubro desde la Revolución Mexicana, alcanza ya casi medio punto porcentual del PIB y significa el 250 por ciento del presupuesto total federal para todas las universidades e instituciones de educación superior públicas en un ejercicio fiscal.

Nancy Flores / Primera parte

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/235/fotos/255mil/tanque.jpg

En cinco años de “guerra” contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habrá gastado 255 mil 108 millones 280 mil pesos en acciones supuestamente destinadas a “garantizar” la seguridad y la soberanía nacionales. El monto significa el 247 por ciento del presupuesto total 2011 para la educación superior, de 103 mil 267 millones; o, el 533.91 por ciento del total de recursos federales destinados a promover la ciencia y la tecnología: 47 mil 781 millones.

Para la administración federal, la prioridad en este tema es “anular” cinco amenazas: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, indica el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). El promedio de gasto anual durante el gobierno de Felipe Calderón oscila entre el 0.40 y el 0.43 por ciento del producto interno bruto.

No obstante, las ciudades fronterizas de México en el Norte y el Sur son tierra de nadie mientras que, a lo largo del país, los delincuentes imponen su ley y sus impuestos. Aunque miles de ciudadanos exigen el fin de la violencia, la tendencia económica de la “guerra” contra el narcotráfico revela que el multimillonario financiamiento a la represión institucional va en ascenso.

Y es que, desde su inicio, el gobierno panista privilegia las acciones de violencia respecto de las labores de inteligencia y estrategia, revelan tres estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

De los más de 255 mil millones de pesos presupuestados para la seguridad nacional entre 2007 y 2011, las tácticas de guerra habrán consumido 174 mil 756 millones 800 mil pesos, mientras que la inteligencia apenas rebasará los 20 mil millones de pesos, se desprende de los análisis El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2007-2009; El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010; y El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2010-2011.

Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “el problema de la delincuencia organizada no es la enfermedad, es el síntoma de un padecimiento más grave que se llama debilidad del Estado. Esta debilidad no sólo se ve en la delincuencia organizada, sino en varios factores, como en la lucha de los grupos por el poder de las telecomunicaciones, en la falta de control de la actividad de corrupción, en que las campañas políticas no están controlando los flujos de capital y en que [los partidos] hacen lo que quieren”.

Sedena, el mayor gasto

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/235/fotos/255mil/operativos.jpgLa participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.

También revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recursos destinará al combate frontal en campo. En los cinco años del actual gobierno, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 128 mil 468 millones 400 mil pesos para operaciones directas contra las amenazas a la seguridad y soberanía de México.

Entre 2007 y 2011, la “defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional” sumarán erogaciones por 112 mil 858 millones 610 mil pesos; al tiempo, las “acciones de vigilancia en el territorio nacional” de los militares implicarán gastos por 15 mil 609 millones 790 mil.

De acuerdo con los informes de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado para salvaguardar la seguridad nacional sirve para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada por mar, aire y tierra (terrorismo, contrabando, piratería, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos).

Además, para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración y coordinación con la Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; proporcionar seguridad a las instalaciones vitales del país mediante la cobertura aérea, terrestre y anfibia del territorio nacional; preservar la seguridad nacional del Estado, para que todos los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, de su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica; proporcionar ayuda a la población damnificada durante cualquier tipo de desastre, auxiliando a la población, salvaguardando la vida y los bienes de las personas o en la reconstrucción de las áreas afectadas por estos acontecimientos; y reforestar el país.

Los gastos de la Marina

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/235/fotos/255mil/infos/porcentajes-ejercidos.jpgLos análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.

Sin embargo, el mayor gasto se concentra en las acciones de “guerra”. “Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales” es el rubro con el que la Secretaría de Marina Armada de México justifica los gastos de sus tácticas represivas, y el que, entre 2007 y 2011, implicará erogaciones por 46 mil 288 millones 400 mil pesos.

Los multimillonarios presupuestos que mantienen a la Sedena y la Marina en las calles contrastan con la violencia que asola al país. El Estado mexicano pierde a diario el control territorial, con evidencias recientes como las exhumaciones de más de 300 cadáveres en narcofosas ubicadas en Tamaulipas y Durango, en abril y mayo de este año.

El maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, explica que “cuando hablamos de drogas no estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de decisión personal. Pero cuando nos dicen que es un problema de seguridad nacional y se actúa en consecuencia, como si fuera algo real, tenemos consecuencias terribles para 40 mil vidas y sus familiares”.

En efecto, desde que se inició la “guerra” contra las drogas, más de 40 mil personas han sido asesinadas en México. Hasta ahora, las autoridades federales no han esclarecido el número de civiles inocentes abatidos no sólo en fuego cruzado, sino en retenes militares.

Ese saldo mortal no ha implicado el cese del negocio de las drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa, en su International narcotics control strategy report 2011, que México es, a la vez, un importante país de tránsito y de origen de drogas ilícitas.

“Aproximadamente el 95 por ciento del flujo estimado de cocaína que llega a Estados Unidos transita desde América del Sur por el corredor Centroamérica-México. Este último también es un importante proveedor de heroína, mariguana y metanfetaminas para el mercado estadunidense. La mayoría de cultivos de drogas se produce en las zonas rurales del Oeste de México, donde la detección y la erradicación de cultivos ilícitos son difíciles y la presencia policial es mínima.”

El patrullaje de los militares y marinos, cuyo costo se paga en miles de millones de pesos y que no alcanza para erradicar las drogas, tampoco ha debilitado las estructuras de los cárteles ni su capacidad de fuego. En su reporte Mexican drug war 2011, el centro de inteligencia estadunidense Stratfor asegura que los criminales mexicanos mantienen sus luchas por el control de los lucrativos puertos de entrada a lo largo de la frontera Norte de México y por las rutas estratégicas en el interior del país: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua.

“Algunas de estas zonas son importantes porque sus rutas se extienden a lo largo de las costas. Otras tienen un valor estratégico por las carreteras que las atraviesan, sobre todo aquéllas que conectan con la costa del Pacífico y los puertos de entrada en la frontera de Texas.”

Inteligencia, gasto menor

http://archivo.contralinea.info/2011/mayo/235/fotos/255mil/inteligencia.jpgEn México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.

De acuerdo con los análisis de la Cámara de Diputados –elaborados por el investigador parlamentario Reyes Tépach–, de los más de 250 mil millones que se han presupuestado en este rubro para los ejercicios de 2007 a 2011, el 68.73 por ciento lo habrá ejercido la Defensa Nacional (175 mil 321 millones 510 mil pesos).

En segundo lugar está la Marina, cuyo gasto representa el 26 por ciento (66 mil 313 millones 250 mil). Luego, con el 4.3 por ciento, se ubica el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (10 mil 795 millones 180 mil); y la Presidencia, con el 0.55 por ciento (1 mil 407 millones 220 mil pesos).

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que “hay que repensar este problema de la guerra contra el narcotráfico en todas sus dimensiones, porque Los Zetas se han convertido en el cajón de sastre para todo: hoy en día es muy fácil decir que Los Zetas asesinaron, mataron, hicieron… El narcotráfico se convirtió en una especie de escusa-justificación. Pero, ¿hasta dónde, detrás de esta guerra, se pueden ocultar fenómenos como, por ejemplo, escuadrones de la muerte, lucha social, guerrilla, terrorismo y fenómenos vinculados directamente con la propia delincuencia organizada?”.

El jurista agrega que “para nadie es ignorado que algunas personas en los gobiernos tienden a manejar dentro de los sótanos, dentro de las cañerías, aparatos de represión no institucionalizados que sirven para generar miedo en la población y para eliminar adversarios políticos incómodos para el sistema: personajes que, por sus características, quizás es más simple eliminarlos que someterlos a la exposición de un juicio”. Apunta también que, en el mundo, esta función se ha identificado en bastantes ocasiones con los servicios de inteligencia, tanto internos como externos.

En materia de labores de inteligencia, la Sedena es la institución que más recursos ejercerá: de 2008 a 2011, el gasto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, a cargo del área de inteligencia y contrainteligencia militar, habrá erogado 9 mil 532 millones 550 mil pesos.

Le sigue el Cisen, que en ese mismo periodo habrá gastado 8 mil 49 millones 430 mil pesos. En tercer sitio está la Marina, institución que destinará al “desarrollo y dirección de la política y estrategia naval” un total de 2 mil 804 millones 530 mil. La Presidencia, por su parte, no ejercerá en todo el periodo ni un peso para esas labores.

El narcotráfico se debe atender de manera integral, señala el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Refiere que los gobiernos que han tenido éxito en sus estrategias antinarcóticos, como España, no han “confundido” el problema como asunto de seguridad nacional, sino que lo han enfrentado en el ámbito de la seguridad ciudadana, sobre todo con labores de inteligencia.

Aunque el investigador considera que esta administración tiene voluntad política para solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia, indica que las estrategias que ha seguido no cuentan con elementos para asegurar su efectividad. Ramos observa que, en primer lugar, ha faltado transparencia y fiscalización, elementos esenciales para corregir lo que está mal.

Añade que no hay ninguna experiencia internacional exitosa que se haya centrado exclusivamente en la parte reactiva policial-militar, como la que impulsa el gobierno federal: “El Ejército no puede solo; requiere preparación en aspectos legales, garantías individuales, investigación”.

También observa que se requiere “una efectiva gestión y coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en la parte federal: no ha habido una coordinación entre las tareas de investigación, de inteligencia del Cisen, la Policía Federal, el mismo Ejército, la Marina. Cada policía tiene su propia inteligencia y no hay una coordinación, no hay un hilo dorado que permita un combate integral a los diferentes grupos del crimen organizado”.

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Por cada militar en las calles, una sentencia firme cada tres años

En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –que ha costado más de 40 mil vidas–, para obtener una sentencia firme por delincuencia organizada se necesita un militar cada tres años, señala el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.

Y es que, mientras datos del Consejo de la Judicatura federal indican que, de enero de 2007 a febrero de 2010, únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada y 43 mil 849 por delitos contra la salud en todas sus modalidades, información de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que son 70 mil efectivos del Ejército los que diariamente “patrullan” las calles.

Una sentencia condenatoria es un criterio de efectividad: si se detiene a una persona y al final se obtiene la sentencia condenatoria, el procedimiento ha sido exitoso desde el punto de vista de la autoridad, explica López Medrano.

Agrega que, si se considera que la mayoría de las detenciones vinculadas a delitos federales como crimen organizado y narcotráfico las realizan militares, “resulta que necesitamos un soldado, un militar, para obtener una sentencia condenatoria cada tres años. Esto, notablemente, nos habla de ineficacia o inoperancia, cuando menos”.

El cálculo –explica el académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se obtiene de las tres variables: el número de militares en las labores de la “guerra” contra las drogas, el número de detenidos (que, a decir de las autoridades, supera los 121 mil) y el de sentenciados.

“Si relacionamos esas tres variables, nos da la aproximación, cerrando números, de que la actividad de un militar se va a traducir en una sentencia condenatoria cada tres años exactamente.”

López Medrano agrega: “Este dato nos habla de una absoluta ineficacia. Ahora, ¿a qué se debe esta ineficacia? Uno de los factores, desde el punto de vista técnico, es que los militares no están capacitados para recabar pruebas: al final de cuentas, lo que un juez va a analizar son pruebas. ¿Y por qué no están capacitados? Porque las pruebas que están atendiendo son básicamente dos: la confesión y los llamados testigos anónimos o testigos protegidos. Los testigos anónimos no son otra cosa que quienes dicen que parece que alguien traficó o que está metidísimo en las drogas. Ésa es una prueba muy endeble, y es prácticamente seguro que, al final del procedimiento, ésa no va a ser efectiva. Por eso hay índices tan bajos de éxito en cuanto a las sentencias condenatorias”.

Respecto de la confesión, el investigador dice que es común que los militares la obtengan con torturas. “Esto es muy obvio cuando nos presentan a los detenidos. Por lo tanto, van a ser pruebas que al final no van a ser eficaces”. Refiere que sólo dos de cada 100 serán condenados.

Por ello, detalla, “una persona que se va a dedicar al narcotráfico tiene más probabilidades de éxito que si usted y yo compramos un boleto para ganarnos la lotería. Las probabilidades de que él sea condenado son bajísimas. La criminología actuarial nos explica que las personas, en todos los ámbitos, realizan una operación de costo-beneficio. Aquí, haciendo el símil, la operación sería: si ingreso a las filas del narcotráfico, voy a tener un beneficio bastante alto, y mi costo, es decir las probabilidades de que me detengan, son muy bajas; por tanto, el costo-beneficio determina a las personas a ingresar en este tipo de actividades”.

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Fuente Contralínea 235 / 29 de mayo de 2011

Desde el Campo Militar No. 1, Hablan los soldados presos...

Proceso en la prisión militar Represores y reprimidos

Su nombre hacía temblar a los luchadores de la izquierda en los años setenta y ochenta… En torno a la prisión del Campo Militar Número 1, emblema de la represión ilegal de Estado, se tejieron historias siniestras: que desde ahí el Ejército se deshacía de los “problemas” del gobierno en turno, que era un auténtico hoyo negro del que pocos salían vivos... Durante varios meses, la reportera Gloria Leticia Díaz, como parte de una investigación periodística, logró franquear los muros de esa cárcel, que se creía inexpugnable, y entrevistar a soldados y oficiales presos, de cuyo testimonio se desprende que la sórdida instalación castrense mantiene su vocación torturadora y represiva. En este reporte especial ofrecemos las historias de quienes han comprobado que la maquinaria negra del régimen continúa vigente...

Lugar de torturas y encierro de estudiantes, sindicalistas y luchadores sociales; de campesinos “sospechosos” de simpatizar con la guerrilla; de militantes de organizaciones armadas clandestinas y hasta de ciudadanos inocentes –muchos de ellos incluidos en las listas de desaparecidos políticos del país–, la del Campo Militar Número 1 se consideraba en los años setenta y ochenta la prisión clandestina más grande y siniestra de México.

Una investigación periodística realizada durante varios meses por Proceso en las entrañas de esa cárcel, considerada inexpugnable, permite sostener que los motivos de su negra fama permanecen tan vigentes como entonces.

Inaugurada en el sexenio de Adolfo López Mateos y destinada supuestamente al confinamiento de militares que incurrieran en delitos, durante la guerra sucia y el movimiento estudiantil de 1968 se convirtió en el punto de origen de las desapariciones de opositores al régimen.

En abril de 1988, la publicación en este semanario de una serie de revelaciones hechas por un desertor del Ejército permitió confirmar las atrocidades que solían cometerse en el Campo Militar Número 1, siempre desmentidas por autoridades civiles y militares que señalaban que eran meras leyendas inventadas por los enemigos de la nación.

En la publicación referida, el paracaidista Zacarías Osorio Cruz, quien solicitó y logró obtener refugio político en Canadá, reveló que entre 1978 (cuando se dio de alta en las Fuerzas Armadas) y 1983 (cuando desertó) participó en acciones en las que decenas de civiles recluidos en la prisión del Campo Militar Número 1 fueron ejecutados.

El exmilitar dijo que había tomado parte en unos 15 ó 20 operativos ordenados por el general José Hernández Toledo, consistentes en sacar de esa prisión a grupos de entre cinco y siete presos civiles y trasladarlos a un polígono de tiro del Ejército en el Estado de México, en San Juan Teotihuacán, en el que, sin más, eran ejecutados.

Estas declaraciones las expuso Osorio Cruz en una audiencia efectuada en Montreal el 14 de marzo de 1988 para revisar su solicitud de refugio político (Proceso 598).

Las mismas historias

Según pudo constatar este semanario a lo largo de una investigación periodística que duró varios meses, los testimonios que refieren torturas y encarcelamientos bajo sospecha de ilegalidad en la prisión militar se repiten hoy como hace 30 o 40 años, ahora en perjuicio de soldados que participaron en la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.

En pláticas y confidencias de los familiares de algunos presos con la reportera de Proceso, surgió la idea de invitarla para que visitara a los reos y conociera de primera mano sus casos. Uno de los internos –cuyo nombre se reserva a petición suya para evitar represalias– accedió a recibirla como “visita” y la puso en contacto con numerosos militares dispuestos a rendir sus testimonios.

La reportera ingresaba a la cárcel los días de visita –jueves y sábados–, momentos que dedicó a realizar las entrevistas con quienes decidieron dar su versión acerca de la guerra contra el crimen organizado.

Son oficiales que estuvieron al frente de operativos de combate al narcotráfico y están convencidos de que, por encima de la lealtad que le deben al Ejército, está su derecho a la libre expresión y el de los ciudadanos a estar informados.

Las charlas con esos soldados tuvieron lugar en los jardines de la cárcel y su contenido se registró en notas a lápiz, pues está prohibido meter equipos de grabación o de telefonía.

En las conversaciones se tomó nota de la inconformidad de las tropas por estar obligadas a salir a las calles a combatir a narcotraficantes, sabedores de que la Constitución no los faculta para esa tarea y porque, aseguran, no tienen el equipo ni el armamento adecuados.

Hubo la oportunidad de entrevistar a oficiales. Algunos de ellos expresaron su frustración y su convicción de que fueron traicionados por la institución castrense.

Los procesados por supuestos vínculos con el narcotráfico afirman ser chivos expiatorios; quienes enfrentan cargos por asesinar a civiles consideran que su encarcelamiento es una estrategia mediática para contener las críticas de las organizaciones que exigen castigo a los soldados homicidas.

Los militares que aceptaron hablar con este semanario sobre su experiencia en la guerra contra el narcotráfico pusieron una sola condición: que no se publicaran sus nombres. La petición no es gratuita. Su vida está en manos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván. Además, aseguran, grupos de soldados han sacado de las celdas a prisioneros para torturarlos o desaparecerlos.

Más de uno expresó su temor por ellos y por sus familiares o amigos, de quienes la Sedena tiene todos los datos: acta de nacimiento, identificación oficial, dirección, teléfono, y en algunos casos hasta croquis con indicaciones claras para llegar a sus domicilios.

Lo menos que a los internos se les puede imponer como castigo, afirman, es recluirlos en “las negras” –celdas donde permanecen aislados largo tiempo–, prohibirles la visita conyugal o maltratar a sus mujeres e hijos en la revisión para ingresar a la prisión.

Quienes accedieron a que sus nombres se publicaran –los oficiales Freddy Colorado Montejo, Julián Hernández Hernández y Eladio Arriaga Pérez– lo hicieron para dar a conocer sus procesos jurídicos y para denunciar abusos y anomalías.

Dos de ellos, Colorado y Hernández –acusados de tener vínculos con el narcotráfico–, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Villa Aldama, en Perote, Veracruz, la madrugada del pasado 28 de abril, junto con otros 50 reos procesados por los mismos cargos, ante cuyas familias no se ha justificado la reubicación. Varios de los trasladados habían dado su testimonio anónimo a Proceso.

Todos los entrevistados solicitaron que se publicara la siguiente advertencia: responsabilizan al titular de la Sedena y a los encargados de la prisión militar y del Cefereso de Perote de cualquier atentado que pueda haber contra su vida o la de sus familias.

Por ese irregular traslado, familiares de algunos de los procesados interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

No es la primera queja que se presenta ante ese organismo por presuntas violaciones a derechos humanos de los militares. La CNDH informa que de 2008 a abril de 2011, 99 soldados y sus familias han interpuesto quejas por tortura o detenciones ilegales, entre otros agravios, contra miembros de la Sedena.

Filtros, filtros y más filtros…

Para encontrarse con los presos, desde el registro en la puerta 7 del Campo Militar Número 1 hay que pasar cinco puestos de revisión. Seis, si se llevan alimentos.

No todos los soldados reciben visitas. Muchos son de otras entidades y sus familiares no tienen los recursos suficientes para viajar al Distrito Federal.

Al trasponer las puertas de esta prisión, resguardada por altos muros de piedra vigilados desde torretas por guardias con armas de alto poder, hay que abordar un camión.

En ese transporte las esposas de los presos platican y se cuentan sus apuros. En la mayoría de los casos los soldados encarcelados eran el único sostén de sus casas, y ahora, por lo que establece el reglamento castrense, sus haberes se reducen: un teniente que ganaba 15 mil pesos al mes ahora sólo recibe mil; un cabo que percibía 6 mil mensuales ahora sólo gana 600.

A fuerza de verse durante ese trayecto, las familias acaban estableciendo lazos amistosos. Comparten angustias por las lesiones que, aseguran, tienen sus maridos tras las sesiones de tortura a que los sometieron para que aceptaran su responsabilidad en los delitos de los que se les acusa.

Al llegar al estacionamiento de la prisión se anotan los nombres de las visitas y se recogen las identificaciones. Después se pasa por un detector de metales. Por último, los visitantes son sometidos a una revisión corporal en busca de sustancias o artículos prohibidos que podrían ocultarse entre la ropa interior. A los guardias les preocupa especialmente que entren chips de celular, memorias usb, teléfonos, grabadoras o cámaras.

Para meter libros o revistas el interno debe hacer una solicitud a la dirección de la cárcel, instancia que analiza si el contenido es apto para los internos.

Si se lleva comida hay que pasar otro filtro. Con una misma cuchara que se usa una y otra vez y sólo se limpia con servilletas, los soldados revuelven los alimentos en busca de objetos prohibidos.

Una vez pasadas esas revisiones se cruza un camino flanqueado con malla ciclónica hasta llegar a los jardines donde los reos –vestidos con uniformes tipo militar pero de color azul añil– reciben a las visitas. La ocasión es ambientada con música instrumental, interrumpida de vez en cuando por el voceo a los presos para que se presenten a la puerta de ingreso a recibir a sus visitantes.

Aunque todos tienen los mismos uniformes azules, las insignias se conservan en hombreras y gorras. Aquí, el respeto a los rangos superiores debe mantenerse.

Aparentemente las instalaciones están bien cuidadas. El mantenimiento corre a cargo de internos que purgan penas por deserción; ellos deben llevar distintivos blancos en la ropa y no pueden hablar con los procesados o sentenciados por otros delitos.

Los desertores se levantan a las tres de la mañana todos los días y no dejan de trabajar sino hasta las ocho de la noche, cuando se cierra la treintena de dormitorios o cuadras, cada una de las cuales aloja un promedio de 50 hombres.

En los jardines hay juegos para los hijos de los soldados. También una pequeña tienda o “casino” donde se vende todo lo que los visitantes no pueden llevar: pan, gelatina, arroz, tamales, pasteles, frituras, dulces... productos que se llegan a vender hasta tres veces más caros que en cualquier tienda de la ciudad.

Los presos calculan que cada mes ingresan al casino alrededor de 80 mil pesos, dinero que por reglamento debe invertirse en el mantenimiento del penal. Pero aseguran que buena parte de esas ganancias va al bolsillo del director de la cárcel.

Como en todas las prisiones, la principal queja de los internos tiene que ver con la comida. Dicen que es tan mala que un día, después de comer, 90 de ellos tuvieron que ir a la enfermería con severas molestias estomacales.

Cifras carcelarias

En respuesta a una solicitud de información de Proceso, el pasado 30 de marzo la Sedena informó sobre los ingresos a la prisión del Campo Militar Número 1, clasificados por grados y delitos o faltas, de 2007 a los primeros meses de 2011.

El oficio de respuesta, con el número 1425 y firmado por el encargado de la Unidad de Enlace de la Sedena, general Julio Álvarez Arellano, hace evidente el crecimiento de ingresos por delitos relacionados con la guerra contra el narco.

Mientras que en 2007 fueron recluidos tres militares y en 2008 sólo dos acusados por delitos contra la salud, en 2009 la cifra se disparó a 28. En 2010 fueron 10 y uno más por “delincuencia organizada agravada”, mientras que en los primeros meses de 2011 la prisión militar registró 20 ingresos por esos delitos. En suma, 64 militares procesados presuntamente por colaborar con narcotraficantes.

El reporte señala que por esos delitos se procesa a un coronel, dos tenientes coroneles, un mayor, cuatro capitanes, 16 tenientes, 8 subtenientes, 17 sargentos, 11 cabos y cuatro soldados rasos.

Esa cifra cambió el 28 de abril cuando, en los primeros minutos del día, 52 de los procesados por delitos contra la salud fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Perote.

Hasta el cierre de esta edición, los familiares de los presos no tenían información acerca de los motivos del traslado y pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ni siquiera los jueces militares que llevan las causas de esos internos conocieron los motivos de la transferencia. Un oficio firmado por el director del penal, el general Carlos Murguía Alonso, informa que por órdenes de “DN-12”, a las 5:30 horas del 28 de abril se trasladó a los presos.

DN-12, se enterarían los familiares después, es la clave interna para identificar a la Procuraduría de Justicia Militar. l

PRI: sólo 50% del atraco

Como los narcocorridos.....
No todos los juguetes

Recorte al privilegio

  • Califica de descaro y acto de cinismo el intento de cancelar las elecciones por la inseguridad
Exige López Obrador decir qué clase de régimen se intenta imponer en Michoacán
  • El pueblo ya no cuenta ni tiene garantías?, se pregunta en Durango el ex candidato presidencial
Ayer, en la capital de Durango, Andrés Manuel López Obrador exigió a la mafia del poder y el dinero decir qué clase de régimen busca imponer en Michoacán, tras decidir que no haya elecciones ante las condiciones de inseguridad prevalecientes. Es un descaro y un acto de cinismo que a través de sus achichincles la mafia proponga cancelar los comicios. ¿De qué se trata? ¿El pueblo ya no cuenta ni habrá garantías o derecho a elegir? Sin participación ciudadana y sin elecciones la democracia se anula. ¿Un grupo de notables decidirá quién gobierna? ¿Cómo vamos a enfrentar la violencia?, preguntó.

Los mexicanos debemos pugnar porque haya normalidad política y democrática. Si nos replegamos y no participamos todo será peor, porque llegaremos a los extremos del terrorismo de Estado, y de imposiciones que el pueblo ya no podrá remediar, advirtió durante la asamblea informativa organizada dentro de su gira Salvemos a México.

También expuso que los poderes Judicial y Legislativo, así como el Instituto Federal Electoral y el tribunal en esa materia fueron secuestrados, están corrompidos y es preciso renovarlos, porque no confiamos en instituciones puestas al servicio de los potentados.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal opinó que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, será el candidato de la mafia a la Presidencia, y lo demás es puro cuento, como eso de que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el senador Santiago Creel son los candidatos de Felipe Calderón, pues el pueblo mexicano es quien decidirá.
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Juicio ciudadano declara culpables a la Presidencia y al IMSS por el caso ABC
  • Seguimos reclamando justicia porque a casi dos años de las muertes las autoridades no responden
A una semana de que se cumpla el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y 75 resultaron lesionados, padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y activistas por la defensa de los derechos humanos realizaron en el Zócalo de la ciudad de México un juicio ciudadano al Estado mexicano. En el acto se recreó un juicio oral, en el que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, quien fungió como juez, luego de escuchar las resoluciones del jurado y de los testigos de calidad, declaró responsabilidad de Estado a la Presidencia de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Álvarez Icaza declaró responsable al Poder Judicial de la Federación, en caso concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas e imponer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos, así como desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.

Si la muerte de 49 niños y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?

De igual forma, añadió, el Poder Legislativo es culpable por la omisión de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular la Cámara de Diputados, por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia.
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Wikileaks
en La Jornada

Estados Unidos no cree al PRI que busca reinventarse
  • La elección de Beltrones “en lo oscurito” desmiente la afirmación
  • Al partido le falta introspección, considera la embajada
Arturo Cano

La elección de Manlio Fabio Beltrones como coordinador de los senadores priístas en 2006 fue, para Estados Unidos, la mejor prueba de que la afirmación de que el PRI busca reinventarse a sí mismo era nada más una mentira.

Una vez consumada la elección de 2006, el 19 de julio de ese año, Manlio Fabio Beltrones se reúne con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México (según el cable 06MEXICO4100, fechado el 25 de julio de 2006).

Ese mismo día, Felipe Calderón es increpado por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador al salir de un acto en el centro de la ciudad de México.

En medio de esa crispación, los diplomáticos quieren saber cuál será la actitud del tricolor frente al conflicto y reseñan así la respuesta del sonorense: Beltrones dice que el PRI no está de acuerdo con la estrategia poselectoral de López Obrador para impugnar los resultados y que el partido apoyará cualquier decisión dictada por el Tribunal Electoral (TEPJF).

El cable recoge las quejas del priísta sobre la intervención del presidente Vicente Fox en la campaña electoral, aunque también anota: “A pesar de su rencor contra el PAN, Beltrones dejó en claro que el PRI ‘no iba a jugar el juego del PRD’ y que no ofrecerá ningún apoyo a la impugnación (perredista) del proceso electoral”.

Además de que no cuenta con evidencias de fraude electoral, dice Beltrones, su partido no presentará impugnaciones, porque éstas podrían dar credibilidad o apoyo adicional a las del PRD.

De cara a la crisis poselectoral, Beltrones afirma que sería muy peligroso que el TEPJF no ordenara por lo menos un recuento parcial de los votos, ya que hacerlo de otra manera sería convencer a los partidarios de AMLO de que todo el proceso había sido manipulado en contra de su candidato. Dijo que lo más prudente sería que el TEPJF ordenara un recuento de aproximadamente 50 mil recintos específicamente impugnados por el PRD.
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Wikileaks en La Jornada
  • El gobierno prefiere un régimen semiautoritario en la isla cuando muera Fidel: PGR
México y EU tienen plan contra migración masiva de cubanos

Cuando se trata de Cuba, Michael Chertoff obtiene lo que quiere, y más. El gobierno mexicano –estamos a principios de 2007, en el arranque de la administración de Felipe Calderón– le informa que sí cuenta con un plan ante la posible migración masiva de cubanos tras la muerte de Fidel Castro.

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, va más allá cuando dice a Chertoff que, tras la muerte de Fidel Castro, el gobierno panista preferiría en Cuba un régimen semiautoritario, pues de otro modo se nos viene encima –al hemisferio entero– una bomba parecida a la mafia rusa.

El embajador Anthony Garza reseña así las palabras del procurador mexicano: “Medina Mora advirtió de los peligros de desestabilización de un rápido colapso del régimen posCastro en Cuba y afirmó que un régimen ‘semiautoritario’, que evolucionara hacia la democracia, sería mejor para la estabilidad en la región. Dijo que los elementos desplazados del régimen cubano, en particular de las fuerzas armadas, podrían suponer una amenaza de delincuencia organizada en el hemisferio, parecida a la mafia rusa en Europa” (cable 07MEXICO983).

El despacho reseña las reuniones de Chertoff con Medina Mora, entonces procurador general, y con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.

En ese viaje de febrero de 2007 Chertoff se reúne también con Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación (cable 07MEXICO965). A pregunta expresa de la parte estadunidense, Ramírez dice que México sí cuenta con un programa para enfrentar la posible migración masiva de cubanos tras la muerte de Fidel Casto.

En la reunión bilateral para temas de seguridad, Chertoff ofrece la colaboración de la Guardia Costera con la Secretaría de Marina frente a la eventualidad de una fuga masiva de cubanos.
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Quebranto de al menos mil 637 millones de pesos en la Sociedad Hipotecaria Federal

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un quebranto al erario en 2009 por al menos mil 637 millones 863 mil 500 pesos, 58 por ciento del monto total asignado a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para proveer de liquidez al mercado de la vivienda en el país.

Las irregularidades en que incurrió la SHF –fiduciaria del Fondo de la Vivienda (Fovi) al que apuntaló con 800 millones de pesos en 2009– fueron a consecuencia del rescate financiero de las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y de objeto múltiple (Sofomes), entre ellas Metrofinanciera y Su Casita. Esta última, de la esposa del director general de la SHF, Javier Gavito Mohar, según se consigna en la denuncia que el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD) interpuso desde 2010 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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México pone los muertos y EU las armas

El canciller argentino, Héctor Timerman, durante la visita a México de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se solidarizó con el gobierno del presidente Felipe Calderón y su lucha contra el crimen organizado, un problema que, consideró, afecta a toda América Latina y en el que tiene más responsabilidad Estados Unidos, pues es donde está la demanda de drogas.

“México es más víctima que responsable de la tragedia que es la lucha contra el narco, porque ya sabemos de dónde vienen las armas y quién consume las drogas; lo que pone México es la muerte”, dijo.
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La marcha por la paz aún no decide si aceptaría dialogar con el gobierno


Las diferencias de criterio en el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia no han provocado una crisis ni son un impedimento para llegar a acuerdos básicos, y los temas delicados –como negociar o no con el gobierno—van a ser discutidos de forma abierta.

Así lo anunció la vocera de la Marcha por la paz con justicia y dignidad, Elizabeth Flores, quien en entrevista con La Jornada detalló el proceso de debate interno que se ha dado con miras a la firma del pacto ciudadano el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A la caravana se le va a recibir allá independientemente de cualquier disenso que tengamos. La postura que ha causado un poco de desazón es que Sicilia dijo que no iba a pactar con el gobierno hasta que no se retirara el Ejército, y eso lo manejaban los medios como una diferencia, pero no es así, afirmó. Entre los puntos básicos de consenso está que el movimiento seguirá formado por ciudadanos, y que el emplazamiento al gobierno se lanzará en Juárez y no en Cuernavaca. Lo de negociar o no negociar vamos a tocarlo en mesas de discusión abierta, hasta llegar a un acuerdo".
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¿Por qué gobierno e industriales quieren aniquilarnos?, dicen productores de leche

Por tradición familiar y por ser médico veterinario, Víctor Martínez conoce a profundidad la producción de leche en Querétaro. Es integrante de la cuarta generación que se dedica a ordeñar vacas, pero hace dos años tuvo que vender sus 200 reses para afrontar los problemas de cartera vencida. Actualmente sólo tiene 70 animales, todos los días –dice– valora junto con su familia continuar con dicha actividad.

En Jalisco, Ladislao Pérez, también tuvo que vender 70 cabezas de las 120 que integraban su hato para continuar con la producción de leche y carne, actividad heredada desde sus bisabuelos. Hace algunos días, menciona, tuvo que sacrificar una vaca para dar de comer a su familia.

Los altos precios de los granos, energéticos y otros insumos para mantener su actividad productiva han estrechado más su economía, pues requiere al menos 6 mil pesos mensuales para sobrevivir y no los obtengo.
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Astillero
  • Madruguete priista
  • Descontón en Aguascalientes
  • Nueva fase de guerra sucia
  • ¿Y el pez gordo tricolor?
Julio Hernández López

No por largamente anunciada es menos ominosa la entrada en vigor de una nueva fase de guerra política sucia. Desde el indefendible Michoacanazo ha sido evidente que quienes tienen el poder están dispuestos a utilizar los instrumentos policiacos y judiciales para propósitos partidistas y electorales. Y, conforme el calendario comicial va perdiendo hojas, se agudizan y aceleran esos propósitos de distorsión de las funciones institucionales para servir a propósitos facciosos.

Pero en esta ocasión el PRI le ha madrugado al PAN. Mientras el partido de blanco y azul (Los Pinos, para hablar con más precisión) ha tardado largos meses en calcular la posibilidad de ir contra un pez gordo de tres colores (según eso contra algún ex mandatario del norte del país, que estaría más que metido en asuntos de narcotráfico), en Aguascalientes ha sido apresado un ex candidato panista a gobernador. Hay elementos suficientes para que fuera procedente la condena a este panista, pero a fin de cuentas este incidente se inscribe en una nueva fase de la judicialización de la política, es decir, del uso arbitrario de lo judicial y lo policiaco para enfrentar asuntos partidistas y electorales. Los Michoacanazos como doctrina de seguridad electoral: acusar, encarcelar y castigar en términos de opinión pública y exhibición mediática, aunque luego las acusaciones se caigan y los procesados resulten inocentes.
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Dinero
  • Calderón veta a Slim en televisión
  • En línea con los intereses de Televisa
  • Acusan a Marcelo de proteger la Torre
Enrique Galván Ochoa

Carlos Slim no podrá ofrecer televisión de paga al menos por lo que resta del actual sexenio. El menú de servicios que presta a los consumidores mexicanos es muy extenso; desde café en sus Sanborns hasta telefonía celular de tercera generación; sin embargo, el presidente Calderón lo vetó en televisión, aunque, si desea, puede añadir a sus negocios una cadena de tortillerías o una nueva marca de refrescos; para ello no necesita ser modificada su concesión telefónica. En otras palabras, por ahora deberá conformarse con la franquicia que recibió de Salinas de Gortari y que lo ha convertido en el hombre más rico del mundo. Uno podría, hasta debería aplaudir la decisión de Calderón; ¿para qué fortalecer al monopolio telefónico dándole el poder de la televisión, que eventualmente lo volvería intocable? Sin embargo, hay algo que mancha la aparentemente impecable decisión presidencial. Podría estar defendiendo los intereses de Televisa, la empresa que controla más de 50 por ciento de las empresas de televisión de paga, las cableras. Dicho de otro modo, con una mano impide que crezca más un monopolio, pero con la otra fortalece a su competidor. Es parte de un precio muy alto, incuantificable, que está pagando a Emilio III por su apoyo a lo largo de su deplorable gobierno, más la protección que necesitará cuando deje Los Pinos. No será fácil ahuyentar el fantasma de 40 mil muertes.
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México SA
  • Pensiones a ex presidentes
  • PRI: sólo 50% del atraco
  • Guardería ABC: no al olvido
Carlos Fernández-Vega

La reciente iniciativa priísta en la Cámara de Diputados es buena, pero sólo a 50 por ciento, o si se prefiere es medio mala. No obstante que las órdenes originales (una de 1976; otra de 1987) fueron firmadas por, en su momento, dos presidentes de la República de origen tricolor, la bancada de ese partido en San Lázaro se animó a dar cierto aire normativo al a todas luces ilegal e injustificado uso de recursos públicos en beneficio de los ex mandatarios, aunque el impulso nada más le alcanzó para intentar reducir el abuso a la mitad, y no para terminar de una buena vez con uno de los innumerables desfalcos que se cometen con dineros de la nación.

El asunto es el siguiente: “la Cámara de Diputados pretende reducir hasta 50 por ciento la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República; disminuir a 50 el número de personal de seguridad que les prestan Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México; evitar que se contraten con empresas nacionales o extranjeras para proveerlas de información privilegiada, y obligarlos a ‘cumplir su agradecimiento al pueblo de México’ participando en actividades académicas o de investigación en instituciones de educación superior".
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Los contratos de Pemex y la SCJN

Claudia Sheinbaum Pardo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por decidir si proceden las demandas interpuestas por cuatro presidentes municipales del estado de Tabasco y por la Cámara de Diputados con relación a la inconstitucionalidad de los contratos integrales de Pemex.

En ambos casos, el argumento central de las controversias es que los contratos que pretende firmar Pemex violan la Constitución, porque otorgan parte de la renta petrolera a empresas privadas.

Según Pemex, la renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado internacional, menos los costos de extracción. De tal forma que de acuerdo con el propio Pemex, la renta petrolera está determinada por tres variables: el precio al que se vende el petróleo, el volumen de producción que se alcanza y los costos de extracción.

De acuerdo con la fórmula matemática establecida en los nuevos contratos de Pemex para la remuneración del contratista, ésta está directamente vinculada al valor de la producción y al precio de los hidrocarburos, denotándose con total claridad y transparencia que no se trata de un contrato de servicios, sino de un esquema de producción compartida cuyo objetivo es transferir a los inversionistas privados una porción de la renta petrolera que sólo corresponde a la nación.
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El factor Sicilia

Carlos Fazio

Desdibujados o invisibilizados por el ruido mediático de una prensa bajo control monopólico que reproduce la ideología dominante, los seis puntos del pacto propuesto por el movimiento Por un México en paz con justicia y dignidad no están a discusión. Así lo aseguró el propio Javier Sicilia, impulsor del movimiento. El punto principal es detener la guerra fratricida entre mexicanos impuesta por Estados Unidos, que ha llevado a la actual escalada de caos, terror y violencia en distintas partes del territorio nacional, con la consiguiente ruptura del tejido social.

Dicha estrategia ha derivado en una militarización intensiva y extensiva de la seguridad pública, con su impresionante estela de asesinatos, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, torturados y fosas comunes, producto todo, indistintamente, del accionar de agrupaciones criminales irregulares (sicarios, bandas, paramilitares, escuadrones de la muerte para la limpieza social, mercenarios), comandos de elite de las fuerzas armadas especializados en contrainsurgencia, oficiales y tropa del Ejército y la Marina, y militares duros adscritos a labores policiales que, como los generales Carlos Bibiano Villa y Jesús Espitia, y el teniente coronel Julián Leyzaola, han incurrido en la apología del delito al reivindicar el derecho de matar presuntos enemigos, colocándose, como autoridad, al margen de las leyes vigentes.
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La legalidad en tiempos de Calderón

John M. Ackerman

El gabinete de Felipe Calderón nunca ha destacado por su profesionalismo, visión política o respeto a la legalidad, pero en la última semana hemos sido testigos de un par de burdas violaciones a la Constitución que generan profunda preocupación por lo que podría ocurrir durante este último tramo del sexenio. En el ocaso de su mandato y frente a las ínfimas posibilidades de victoria en 2012 para un candidato oficial, o incluso para un candidato ciudadano avalado por el partido en el poder, el Presidente se encuentra cada día más desesperado y apuesta a enrarecer el ambiente político.

No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una medalla al mérito de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial. Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo.
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Ciudadanos y políticos

León Bendesky

El conflicto entre los ciudadanos y quienes los gobiernan está hoy a la vista en muchas partes del mundo. Las revueltas en los países árabes son una muestra exacerbada y han llegado a convertirse en una guerra civil, como en Libia, o bien, en una flagrante agresión armada contra los opositores, en el caso de Yemen y Siria.

Las crisis políticas se rebasan y se convierten en sangrientas confrontaciones. En algunos países la tensión está latente y existe aún incertidumbre sobre el desarrollo de la situación, ya sea tras la caída de los gobiernos como en Túnez y Egipto, o en otros que están en jaque.

En algunas naciones la ciudadanía reacciona de formas distintas en contra del modo de gobernar. El caso español ha sido notorio en las semanas recientes. Esas plazas llenas de personas, en su gran mayoría jóvenes que demandan otra manera de ejercer el gobierno y tratar las cosas públicas sin ser marginados. No hay demasiada ideología de por medio y ni siquiera parece haber cabida para las manifestaciones de descontento y la policía los desaloja con fuerza.
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