Abatir la corrupción es otra de las fallidas promesas del
presidente Felipe Calderón. En diciembre próximo entregará la
administración del país con los niveles más altos de corrupción de los
últimos años, según indicadores nacionales e internacionales. Bajo su
gobierno, México se colocó como el país más corrupto entre los miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
y el menos confiable y transparente a juicio de su ciudadanía, de
acuerdo con diversos indicadores elaborados por Transparencia
Internacional (TI).
Al cabo de dos sexenios, el llamado gobierno de la alternancia no
representó para México avance alguno en materia de combate a la
corrupción. Las viejas prácticas incrustadas en las administraciones
priístas no se erradicaron, por el contrario, el soborno se convirtió en
cuota de rigor para una de cada cinco empresas como la única forma de
asegurar sus negocios o contratos, de acuerdo con el diagnóstico del
Foro Económico Mundial (FEM).
Los directivos empresariales de diversas partes del mundo
encuestados por la organización –que tiene su sede en Ginebra, Suiza–
coincidieron en que la corrupción es uno de los dos factores más
problemáticos para hacer negocios en México –el otro es la inseguridad–,
y una de cada cinco empresas admitió que mediante el pago de sobornos
aseguran sus negocios.
Los escándalos de soborno, cohecho, tráfico de influencias,
quebranto patrimonial y, en general, de prácticas corruptoras, se
volvieron tan frecuentes y costosas que hoy equivalen al 9 por ciento
del producto interno bruto, según cálculos del FEM. A nivel empresarial
las compañías gastan hasta el 10 por ciento de sus ingresos en sobornos,
práctica a la que recurre más del 70 por ciento de empresas.
Compras, el gran foco rojo
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, coordinadora del Laboratorio de
Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, explica
que las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio –que depende de
la Universidad Nacional Autónoma de México– han demostrado el enorme
desaseo que la actual administración en el gobierno federal ha tenido en
materia de compras y contrataciones.
“La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la
realización de licitaciones públicas, y privilegian las adjudicaciones
directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de
maniobra y discrecionalidad. Cuando se realizan licitaciones públicas,
las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal
en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí para
inflar los precios.”
Sandoval Ballesteros, doctora en ciencia política por la
Universidad de California y consultora del Banco Mundial, destaca que
una de las áreas clave donde el “desaseo” se torna ya en “extremos
sumamente peligrosos” es en las paraestatales, particularmente en
Petróleos Mexicanos (Pemex).
“La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo.
Desafortunadamente, las reformas recientes no han sino empeorado las
cosas. La actual Ley de Petróleos Mexicanos estableció un régimen de
excepción para las compras de bienes y servicios en todas las áreas
sustantivas de la empresa, removiéndolas del control del Congreso de la
Unión. Para cualquier producto relacionado con la exploración, la
producción y la refinación simplemente ya no es necesario aplicar la Ley
de Adquisiciones sino las disposiciones propias que hoy elabora el
Consejo de Administración de la empresa a su leal saber y entender.
“Asimismo, el artículo 57 de esa Ley incluye ya una larga lista de
áreas donde Pemex puede simplemente optar por no llevar a cabo el
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los
procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa,
independientemente del monto del contrato respectivo y de que se trate
de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refiere
el Artículo 27 constitucional. Tales disposiciones, evidentemente en
lugar de reducir el margen de discrecionalidad, prometen hundir aún más a
la empresa en el pantano de la corrupción.”
TI, organización mundial de combate a la corrupción con sede en
Berlín y presencia en 80 países, coincide en que el sector de contratos
de obra pública y construcción es el más proclive al soborno en el
ámbito público y privado, derivado de las características propias del
sector. “Es común que los contratos sean extensos y que los proyectos de
construcción tengan características únicas, lo cual dificulta la
posibilidad de cotejar costos y plazos. Esto facilita el ocultamiento y
el incremento artificial de gastos adicionales”.
En tal sector, los costos del soborno y la corrupción, refiere TI,
son “particularmente nocivos” porque las decisiones inadecuadas desvían
el dinero aportado por los contribuyentes, debilitan la posibilidad de
crecimiento a largo plazo de los países, pero además, “también pueden
afectar la calidad de los proyectos, dado que se incumplen los
estándares de seguridad”. En términos incluso en extremo “criminales” se
ubica este tipo de sobornos, cuando la mala calidad de las
construcciones, vinculadas a actos de corrupción, implica pérdida de
vidas humanas.
Soborno trasnacional
El soborno trasnacional –otra fuente de corrupción– proliferó bajo este gobierno. En el Índice de fuentes de sobornos,
México obtuvo una calificación de siete en una puntuación donde 10
equivale a países cuyas empresas nunca pagan sobornos y cero a empresas
que prácticamente basan sus relaciones comerciales en sobornos a sus
socios, proveedores, o incluso a sus competidores. El sector bancario y
financiero, junto con la silvicultura, el petróleo, gas y minería son
las ramas con mayor incidencia de sobornos y pagos indebidos a
funcionarios públicos y políticos de alto nivel con el fin de conseguir
influencias.
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Derrota moral
El lastre en materia de corrupción que en diciembre próximo
heredará al próximo gobierno la actual administración es para algunos
analistas muestra de la falla sistémica de los controles de regulación.
Ernesto López Portillo, presidente del Insyde señala que “la
corrupción fluye en ambientes donde hay fallos sistémicos, uno de los
cuales y quizá el más importante es la débil autorregulación. En este
sentido, tengo la impresión de que México enfrenta una derrota moral,
expresión que defino precisamente como la debilidad masiva de los
mecanismos personales auto regulatorios que debieran funcionar para
activar la autocensura y desde ella la censura hacia terceros con
respecto a conductas de apropiación ilegal e ilegítima de recursos
públicos”.
Sin medidas gubernamentales que le hiciera contrapeso, en una
preocupante escalada, en los últimos 12 años México subió del lugar
número 58 al número 100 el Índice de corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional. Es decir, se volvió menos transparente y más corrupto.
En el sexenio de Felipe Calderón, México cayó 28 sitios en el Índice de percepción de la corrupción.
Tal indicador, elaborado por Transparencia Internacional, califica qué
tan corrupta es una Nación, según consideraciones de su ciudadanía y
derivado del trato de ésta con el gobierno.
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