La población infantil indígena del país, la más marginada en AL

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*La mayor privación en México es su derecho a la información, detectan Cepal y Unicef

Extremadamente altos, rezagos en niños y adolescentes indígenas

*En cuanto a la vivienda digna y segura, 88.7 por ciento de ese grupo en el país carece de ésta
*No tienen acceso a la educación 22.8% de los menores, 4 puntos arriba del promedio regional

 Mujeres indígenas tzotziles en una marcha en Chenalho, Chiapas

Susana González G.

Niños y adolescentes indígenas en México presentan rezagos mayores, que llegan a ser severos o extremadamente altos, ante los de sus similares de otros países de América Latina en el acceso a una vivienda digna, agua potable, educación e información.

Así lo revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la pobreza en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región latinoamericana.
México concentra el mayor porcentaje de población infantil indígena entre 17 naciones analizadas con 2 millones 733 mil menores que representan 21.3 por ciento del total regional, calculado en 12 millones 814 mil infantes de 700 etnias diferentes.
Así que, uno de cada cinco niños indígenas en América Latina es mexicano, según el estudio, aunque nada dice sobre los menores afrodescendientes en el país. Después de México, Perú es la segunda nación con más población infantil indígena en la región al concentrar 20.2 por ciento del total, le sigue Guatemala con 19 por ciento y Bolivia con 17.4 por ciento.

Predominan en zonas rurales

El documento puntualiza que en las comunidades indígenas hay más niños que adultos y en México representan 45 por ciento, por encima del promedio regional y también de la composición general de la población donde sólo 37 por ciento son menores de 18 años. Además 68.6 por ciento de los infantes indígenas de México viven en zonas rurales, cuando el promedio regional es de 61 por ciento.

La mayor privación que detectan Cepal y Unicef entre los niños indígenas es en su derecho a la información, definida como la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística, o por cualquier otro método. Su cumplimiento debe incluir el acceso al equipamiento necesario como teléfonos, computadoras o televisores y se considera condición necesaria para que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan ejercer todos sus derechos humanos.

En México, la privación en información entre los menores indígenas es de 95.4 por ciento –desglosada en 28 por ciento como privación severa y 67.4 por ciento privación moderada–, pero que sube hasta 98 por ciento entre quienes viven en zonas rurales.

Con tales cifras, México se ubica en los tres países más rezagados en la materia, sólo superado por Panamá y Honduras. Rebasa con mucho el promedio regional de 87.8 por ciento, el del resto de la población en México que se ubica en 58.8 por ciento e incluso el de otros dos países con fuerte presencia indígena, como Perú y Bolivia, cuyos porcentajes de privación son de 86.6 y 90.8 por ciento.
En cuanto al acceso a una vivienda digna y segura en materia jurídica, con disponibilidad de servicios y asequible, 88.7 de los niños indígenas mexicanos padecen privaciones al respecto (52 por ciento privación severa y 36.7 por ciento privación moderada). Contraste con el 59.6 por ciento del resto de la población del país y nuevamente se coloca arriba tanto del promedio regional de 84.2 por ciento, como de Bolivia y Perú.
Sobre la educación, los organismos indican que pese al impulso que América Latina ha dado a la cobertura en educación básica persisten diferencias étnicas y más de medio millón de menores indígenas, equivalente a 6.3 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar, no han accedido nunca a la educación formal o la han abandonado sin aprobar ningún año de estudio.
La privación en educación afecta a 22.8 por ciento de los niños indígenas en México (llega a 25 por ciento en el caso de las niñas indígenas), cuatro puntos arriba del promedio regional y seis del que afecta al total de la población infantil del país. En Bolivia sólo es 12.3 por ciento, en Perú 10 por ciento y en el extremo de la lista se ubica Chile, donde sólo es 0.7 por ciento.
Otro factor que analiza Cepal y Unicef es el derecho al agua potable: 67.5 por ciento de los niños indígenas de México están privados de éste, frente al promedio regional de 62.6 por ciento y de 36.5 por ciento de los niños no indígenas en el país, similar al porcentaje de niños indígenas de Guatemala.

Cárdenas Gracia: el IFE se excedió y se colocó como defensor del PRI

• Rebasó su competencia al descalificar argumentos y pruebas del Movimiento Progresista

El informe circunstanciado del IFE es un exceso y defiende al PRI: Jaime Cárdenas

• Los consejeros electorales sólo están interesados en demostrar que todo lo hicieron bien, dice

Andrés Manuel López Obrador con los dirigentes del Movimiento Progresista: Jesús Zambrano, PRD; Luis Walton, Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, PT, escuchan al diputado Jaime Cárdenas en el anuncio del plan nacional para la defensa de la democraciaFoto José Carlo González

Roberto Garduño

El informe circunstanciado elaborado por el Instituto Federal Electoral (IFE) y que remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo tiene la finalidad, en el terreno legal, de describir hechos; pero, ahora, con ese documento el Consejo General del instituto se excedió, y se colocó como abogado defensor del PRI.

Jaime Cárdenas Gracia, jurista y ex consejero electoral, refiere en entrevista que el artículo 18 párrafo 2 inciso C de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena a la autoridad rendir el citado informe con fundamentos jurídicos, para sostener la constitucionalidad o ilegalidad del acto impugnado.
Pero –repuso– los consejeros sólo están interesados en demostrar que todo lo hicieron bien; están preocupados por su imagen pública en este momento, y calificó el contenido del informe circunstanciado como acto que margina al Movimiento Progresista y a Andrés Manuel López Obrador.
“Nos sentimos marginados por los consejeros, no atendidos debidamente por ellos. Te voy a poner dos ejemplos, que no son simplemente mi subjetividad. Andrés Manuel López Obrador propuso el 8 de febrero 12 medidas. Les dijo: consejeros, yo les propongo estas medidas para prevenir la compra y coacción del voto, y esa solicitud fue contestada por el IFE tres meses y medio después.
“Por supuesto, la contestación no fue favorable al señalar que la compra y coacción de voto corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Nos bateó. Ese es un ejemplo de como nos trataron.
Otro ejemplo es con el asunto de los debates. Andrés Manuel propuso por escrito a los consejeros 12 debates y nunca quisieron hacer una interpretación de ese tema tomando en cuenta el derecho a la información, previsto en el artículo 6 de la Constitución; es decir, nunca quisieron hacer una lectura de la ley desde la Constitución, a lo que estaban obligados porque en México desde 2011 todas las autoridades están obligadas a realizar información para interpretar la ley tomando en cuenta la Constitución. No leyeron la ley.
–Tales respuestas del órgano electoral no son halagüeñas para la tambaleante democracia –se le comentó.
–No es una buena noticia para la democracia del país. Yo creo que después de esta elección, independientemente de lo que ocurra, tiene que haber una reforma electoral profunda, amplia. Que dote al IFE de más independencia y de más instrumentos para sancionar prácticas como la compra de votos, el uso de las encuestas con fines electorales, así como el desvío de recursos públicos para fines electorales.
El artículo citado de la ley de medios advierte que la autoridad debe rendir su informe con los fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Es decir, la autoridad solamente debe decir por qué lo que se hizo es constitucional y legal. Esa es su obligación, pero no tiene como deber contestar los agravios que recurre la decisión de la autoridad.

–¿Qué error cometió el IFE?

–Debió haberse concretado a decir que se instalaron las casillas, se integraron los funcionarios, que se contaron los votos, que el PREP funcionó, en fin, describir los hechos y que todo eso lo hizo con apego a la Constitución y a la ley.

Eso era lo que correspondía, pero se dedicó (en buena parte del mismo) a descalificar los argumentos y las pruebas de la coalición Movimiento Progresista, y a mí me parece que ahí hay un exceso por parte del IFE, pues implica hacerle el trabajo al PRI; la está haciendo de abogado defensor del PRI. No hizo un informe circunstanciado, sino una suerte de contestación a los agravios de la coalición y está cometiendo un exceso que implica una actuación ilegal, porque va más allá de su competencia prevista en la misma ley de medios.

–¿A qué circunstancia obedece la postura de los consejeros?

–Yo creo que los consejeros están interesados en demostrar que lo hicieron todo bien. Están preocupados por su imagen pública en este momento y también hacia la historia. Ellos lo que quieren decir es que nosotros actuamos correctamente, bien, y estos señalamientos que hace la coalición Movimiento Progresista no son atendibles. No les gustó que hubiera impugnación porque eso pone en duda el trabajo que han realizado, ya sea por acción u omisión. Entonces esto en buena medida depende de esta cuestión institucional, de cuerpo, de decir hay que proteger al cuerpo, nuestro trabajo.

–¿El IFE puede rectificar aún o es cosa juzgada desde su ámbito de competencia?

–El IFE ya no puede rectificar. Ellos legalmente ya concluyeron. Lo único que pueden hacer es el avance en las investigaciones de las quejas de fiscalización. No tienen remedio, no quieren rectificar; ellos van a seguir su guión de hacer su investigación en los plazos legales y no quieren dar marcha atrás. Esa es la única manera en la que podrían rectificar: acelerando las investigaciones de las quejas que están planteadas en la unidad de fiscalización. Vamos a ver qué pasa, porque en estos días puede haber mucha presión social. El tribunal podría hasta ordenar que concluyan las investigaciones.

–Lo sucedido es producto de la partidización evidente de las entrañas del IFE –se le dijo.

–Mucho tiene que ver con la manera en que son designados los consejeros. Estoy convencido de que deben ser elegidos por voto ciudadano. Entonces, el hecho de que los partidos los designen a través de la Cámara de Diputados, constituye de alguna manera una suerte de pecado original.

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De los estados o del narco podrían ser los fondos del tricolor: Bartlett

*Hay suficientes pruebas de que Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña, reitera

Violará el TEPJF la Carta Magna si valida elección presidencial: Bartlett

*Apremia a la PGR a investigar si dinero utilizado por el candidato priísta procede del narco
*Imperdonable, declaración de Luna Ramos, presidente del tribunal electoral, de que lo que no se gana en las urnas no se gana en la mesa, acusa
Un juez no puede prejuzgar, sostiene

 Manuel Bartlett Díaz deploró la intensa campaña de desprestigio en la gran mayoría de medios de comunicación contra Andrés Manuel López Obrador, con el fin de manipular a la opinión públicaFoto Marco Peláez.

Andrea Becerril

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no puede declarar válida la elección del pasado primero de julio, ya que estaría violando la Constitución, toda vez que hay pruebas suficientes de que el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, rebasó con mucho el tope de campaña, debido a que hubo dinero a raudales para la compra del voto, del que no se sabe su origen, y bien pudo provenir de recursos públicos de los estados o del narcotráfico, advirtió el senador electo Manuel Bartlett Díaz, quien fue postulado por el Partido del Trabajo (PT).

En entrevista con La Jornada, el ex secretario de Gobernación y ex legislador priísta consideró que Andrés Manuel López Obrador está absolutamente apegado a la legalidad al lanzar su Plan Nacional de Defensa de la Democracia y la Dignidad de México, toda vez que como candidato tiene no sólo el derecho, sino la obligación de regresar con su electorado a informar de los recursos jurídicos que ha interpuesto en busca de anular la elección del primero de julio.
Sobre todo, recalcó, frente a una intensa campaña de desprestigio en la gran mayoría de los medios de comunicación, que buscan manipular a la opinión pública y presentar a López Obrador como un mal perdedor.
Resaltó que cada paso del candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista –integrado por PRD, PT y Movimiento Ciudadano– es motivo de una lluvia de descalificaciones.
Las evidencias que ha presentado la coalición sobre el lavado de dinero en la campaña de Peña Nieto, así como la grotesca triangulación de recursos, pasan inadvertidas o son desvirtuadas en estaciones de radio y televisión, dedicadas de lleno a proteger los intereses del grupo dominante, agregó.
Ante esa manipulación evidente, recalcó, es necesario que López Obrador recorra el país e informe a sus simpatizantes las acciones que realiza, sobre todo porque gran número de mexicanos están indignados, pero sus voces no se escuchan.
Las descalificaciones y la campaña negra contra el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se van a incrementar, porque los poderes fácticos, que a toda costa quieren llevar a Peña Nieto a la Presidencia, lo que quisieran es que se aislara y les dejara el camino libre para continuar con la manipulación, advirtió.
Bartlett, quien se prepara para integrarse por segunda vez al Senado –la primera fue en 2000, durante el sexenio de Vicente Fox–, recalcó que la vinculación entre López Obrador y sus votantes sigue siendo muy sólida.
Son electores que están exigiendo información, justicia electoral y democracia verdadera, por lo cual, reiteró, es indispensable el nuevo plan presentado por el tabasqueño.
Durante la entrevista insistió en que el TEPJF debe apegarse a la Carta Magna, respetarla y hacer respetarla, en el caso del proceso electoral recién concluido. A su juicio, los magistrados que integran ese tribunal no pueden declarar válidos unos comicios que fueron ilegales.
El tribunal está obligado a llevar a cabo una investigación a fondo y no repetir los legalismos y omisiones en que incurrió el Instituto Federal Electoral (IFE), señaló. Recalcó que no se pueden ocultar las evidencias de que Peña Nieto rebasó, desde el mismo primer día de su campaña, el tope de 360 millones de pesos.
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*Son muestra del fraude: PT; líder sindical buscó vender votos por $1,500 pesos cada uno

Desde NL aportarán 6 mil tarjetas del PRI al plan en defensa de la democracia

 Parte del lote de tarjetas telefónicas recibidas por el coordinador de la campaña petista por la alcaldía del municipio de ZuazuaFoto Sanjuana Martínez.

Sanjuana Martínez

Tres días antes de las elecciones del primero de julio, Reynold Valdez Ruiz recibió dos cajas de cartón que contenían 6 mil tarjetas de teléfono con propaganda del candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto. Era la anticipación de una serie de irregularidades que vivirían en Zuazua, Nuevo León, pequeño pueblo convertido en feudo priísta desde hace décadas, donde el Partido del Trabajo (PT) impugnó el proceso con el argumento de compra masiva de votos y otras ilegalidades.

Las tarjetas de teléfono forman parte de un lote de millones de éstas repartidas en la República por las llamadas brigadas de Peña Nieto y se presentarán en el plan de defensa de la democracia que Andrés Manuel López Obrador propuso para mostrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pruebas de anomalías, con el fin de anular la elección.
Estas tarjetas son una prueba del fraude electoral que se cometió no sólo aquí, sino en todo el país. Mientras haya hambre, el PRI seguirá lucrando con la gente, afirma Valdez Ruiz, coordinador de la campaña de Hernán Chapa Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Zuazua por el PT.
Está convencido de que las tarjetas de teléfono fueron abandonadas en el porche de la sede del PT por un priísta arrepentido por el triunfo con triquiñuelas del candidato priísta a la alcaldía, José Luis Martínez, por una diferencia de 82 votos.
En el frente de las tarjetas aparecen varias fotos de Enrique Peña Nieto con el dedo pulgar en alto en señal de éxito y la leyenda Presidente 2012-2018, mientras por el reverso vienen las instrucciones para realizar llamadas nacionales e internacionales, con montos que van desde 100 pesos de prepago. La empresa responsable: MarkCom.Tech Solutions

Compra de votos

Las elecciones municipales en Zuazua fueron impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León. Con ese tipo de tarjetas se compraron miles de votos. Ya hemos reunido pruebas de decenas de irregularidades. Tenemos actas notariales de cómo en las casillas sacaban boletas en blanco y se ponían a ofrecerlas por dinero en efectivo. Tenemos gente a la que le quitaban su credencial, se la sellaban y no la dejaban votar. Hay fotos y videos de cómo el candidato priísta entraba y salía a la Comisión Electoral, algo que está prohibido. Tenemos mucha evidencia, y si en el estado no nos dan la razón nos vamos a ir a la TEPJF. No vamos a permitir un nuevo fraude.

Cuando a Cristina Sada Salinas, candidata a senadora del Movimiento Progresista, le llamó el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Agustín Serna Servín, para ofrecerle 60 mil votos, no daba crédito.
Dos días antes de la elección me llama para decirme que me va a apoyar. Me sorprendió porque yo sabía que eran priístas. Le digo que la única forma que aceptaría su apoyo es que le diga a sus trabajadores que son libres para votar.
El líder sindical le dijo que sí, pero que necesitaba un operador, es decir, alguien de su campaña para hablar al respecto. Firme en sus convicciones de limpieza electoral, la candidata envió un emisario con la advertencia de que no compraría un solo voto.
Querían mil 500 pesos por cada uno de los 60 mil votos. Por supuesto, mis emisarios le dieron un rotundo no. Luego querían hacer un descuento, es increíble, pero les quedó claro que yo jamás hubiera aceptado que nadie estuviera obligado a votar por mí. Jamás iba a soltar un centavo para comprar votos.
Sada Salinas vivió su primera experiencia en política como candidata a senadora de manera enriquecedora a nivel humano, pero conoció la podredumbre de los entresijos del sistema político, como cuando la gente le decía que el PRI les estaba ofreciendo hasta mil 500 pesos por su credencial de elector y la de sus muertos. Soy nueva en política y jamás me imaginé el grado de suciedad. Es denigrante. Se compraron millones de votos y lo peor es que se compraron con dinero que pertenece al pueblo. Lucran con la miseria que ellos mismos producen.
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Un juicio de inconformidad por nulidad de elecciones

Néstor de Buen

A través de mi computadora personal en el despacho, he recibido copia en 638 cuartillas de un impresionante escrito dirigido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual tres representantes de la coalición electoral Movimiento progresista, de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo y Movimiento Ciudadano impugnan la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos por nulidad de toda la elección por la evidente violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas, del sufragio libre y por la cancelación del registro de candidato de Enrique Peña Nieto, postulado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México, expresados en el rebase de topes de gastos de campaña, omisiones en que incurrió la autoridad electoral al no impedir la recurrente y sistemática violación a las condiciones de equidad en la contienda y a los principios rectores de la función electoral por parte de diversos servidores públicos, partidos políticos y particulares claramente identificados con lo que se incumple: el postulado constitucional de la renovación de los cargos de elección popular mediante elecciones libres y auténticas. Por ello se solicita la nulidad total de la elección así como la declaración de no validez, frase que –es evidente– sobra, ya que la nulidad necesariamente supone la invalidez del acto de que se trata.

La narración de los hechos es de una amplitud impactante y no es preciso ni siquiera hacer un resumen, aunque sí señalar los aspectos fundamentales de la denuncia.
Desde luego que las principales acusaciones se refieren a la entrega de vales para la compra de diversos productos en las tiendas Soriana, a la intervención permanente de la prensa y la televisión –particularmente en el curso de la campaña–, cuando se daban a conocer las perspectivas de las elecciones en las que siempre aparecía con enorme ventaja Enrique Peña Nieto. Haya sido o no cierto, sin la menor duda generó la idea de su superioridad a expensas de sus rivales más connotados, principalmente Andrés Manuel López Obrador.
Ciertamente estamos acostumbrados a los fraudes electorales. No falta quien piense que el general Almazán le ganó las elecciones a Ávila Camacho y nadie duda de que Cuauhtémoc Cárdenas venció a Salinas de Gortari, por recordar los hechos más notorios. Entre ellos habría que incluir, sin la menor duda, el enfrentamiento entre Felipe Calderón y el mismo Andrés Manuel, en 2006.
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El despertar

Transfiguración del sistema político

José Agustín Ortiz Pinchetti

La discusión sobre si el PRI puede cambiar resulta superflua. El gran tema es cómo se está reciclando el sistema político mexicano. Admirado en una época, desprestigiado, dañado, decrépito en las últimas décadas sobrevive y se transforma. Hace 40 años Daniel Cosío Villegas describió sus piezas fundamentales y lo definió como una monarquía absoluta, hereditaria por línea transversal. También señaló con perspicacia que ya entonces los beneficiarios del sistema eran los empresarios más ricos y que la oligarquía como grupo de presión intentaría distorsionar el Estado mexicano.

Hoy el fenómeno a estudiar es la transferencia de la toma de decisiones a los poderes fácticos. Es evidente cómo están interfiriendo en los procesos políticos, cómo orientan la opinión pública a través de los medios electrónicos, cómo influyen en la política económica e impiden las reformas modernizadoras. México es el país de peor desempeño en materia de monopolios. Una docena de grandes familias logra eludir la competencia efectiva. Restringe el acceso a los mercados, no paga impuestos e impone precios por encima del mercado internacional. Las elites políticas dependen cada vez más de ellos. La oligarquía impuso en 2000 la alternancia panista y 12 años después decidió el regreso del PRI. Los politólogos tendrán dificultades para identificar cómo intervienen y operan. Conspiran sin dar la cara.

El sistema político ya no beneficia a la oligarquía; ahora depende de ella. Para mantener su control, mientras pueda, impedirá las elecciones libres y justas. En eso se parece al sistema cuando lo controlaba el PRI clásico. En el porfiriato la estructura política servía para garantizar el dominio de los intereses oligárquicos. Hoy la construcción de una economía social de mercado capaz de volver a crecer y desarrollar al país tiene a estos grupos como el mayor obstáculo. También la competencia democrática se nulifica por su activismo.
A partir de 1982 los poderes fácticos han crecido. Salinas les permitió consolidarse. Zedillo los favoreció con el Fobaproa y pactó con ellos la alternancia. Vicente Fox ha sido su agente y los obedeció cuando le pidieron que frenara la alternancia hacia la izquierda en 2006. En 2012 las aportaciones ilegales en la campaña priísta y los abusos en la compra de votos, las ventajas mediáticas y el rebase de los topes de campaña hacen evidente una estructura paralela. El objetivo de la imposición de Peña es recuperar las inversiones y mantener y ampliar los privilegios y perpetuarse en el poder: una democracia simulada controlada desde la penumbra por una oligarquía antipatriota.
Un alivio para mis lectores: les doy vacaciones por dos semanas.

jaorpin@yahoo.com.mx