lunes, julio 16, 2012

Pactan movilización nacional contra la imposición de Peña

*Desde Atenco, 300 organizaciones anuncian plan de acción
*Preparan marchas, tomas de plazas, paro cívico y cerco a Televisa

Movilización nacional contra el "fraude", acuerdan en Atenco
  • Prevén “toma o cerco” en Televisa y boicot a Soriana y Wal-Mart
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Terminó ayer el encuentro entre estudiantes, campesinos, trabajadores y maestrosFoto Cristina Rodríguez

Laura Poy Solano y Javier Salinas Cesáreo

San Salvador Atenco, Méx., 15 de julio. Al participar en la primera Convención Nacional contra la Imposición, representantes de al menos 300 organizaciones lograron establecer un eje nacional de acción que agrupará a estudiantes, campesinos, obreros, sindicatos y maestros, quienes impulsarán movilizaciones nacionales, boicot a empresas que participaron en el fraude , ocupación de plazas públicas y la “toma o cerco” de instalaciones de Televisa en todo el país, con el objetivo de impedir que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia.
Integrantes del movimiento #YoSoy132, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre otros, aprobaron impulsar una marcha nacional este 22 de julio en la capital del país, mientras que el viernes 27 se llamará a una acción contra la empresa televisiva, entre otras medidas, aunque se pospuso para la segunda convención, a realizarse el 22 y 23 de septiembre en Oaxaca, el plan de acción del 20 de noviembre al primero de diciembre.
Por más de cinco horas, los 2 mil 600 delegados y representantes de 29 entidades, de acuerdo con cifras de los organizadores, discutieron más de 200 propuestas de movilización. El 4 de agosto fue la fecha acordada para convocar en Jalisco a la reunión de la coordinación nacional provisional para organizar su segunda convención. Asimismo, el viernes 8 llamarán a su primer paro cívico nacional y a un ensayo de huelga general.
El 11 de agosto se sumarán a la movilización convocada por el SME en el Distrito Federal, y en ese mismo mes se podrán llevar a cabo asambleas estatales de la convención.
El encuentro vivió un clima por momentos tenso debido a la diversidad de propuestas y planteamientos de los delegados, en particular al discutir la “toma o bloqueo” de Televisa, lo que generó disensos, pues los representantes estatales señalaron que en el interior del país no tenemos condiciones. No hay garantías de seguridad ni la gente está concientizada, aunque al final se aprobó que cada estado lo hará de acuerdo con su fuerza y evaluará si tiene o no condiciones.
También se aprobó la realización de dos jornadas nacionales de lucha, el primero y 6 de septiembre. En la primera se incluye una movilización masiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la Cámara de Diputados en rechazo al sexto Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón y contra la imposición de los próximos diputados y senadores.
Cinco días después se convocará al bloqueo de carreteras, casetas de cobro, acciones de protesta locales y actos artísticos y culturales en plazas públicas, así como a mantener el boicot a las empresas que colaboraron con el fraude, como Soriana, Wal-mart, Coca-Cola y bancos.
Para el 15 y 16 de septiembre se efectuará, con motivo de los festejos de la Independencia, un grito de México sin PRI en todas las plazas públicas del país. El 2 de octubre se convocará a un paro nacional de universidades, que deberá ser aprobado en cada una de las casas de estudios, así como a una movilización masiva.
Organización y plan de lucha
Ante el cúmulo de propuestas y movilizaciones se incluyeron algunas que no lograron consenso o que, por su trascendencia, se optó por posponer. La decisión de convocar a una huelga nacional de trabajadores para el primero de diciembre, fecha en que Peña Nieto asumiría la Presidencia de la República, no se aprobó, como tampoco las tomas del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, la residencia oficial de Los Pinos y del Congreso de la Unión. También deberá continuar la discusión sobre la propuesta de realizar diez días de movilizaciones, del 20 al 30 de noviembre, para preparar un gran paro nacional en todo el país y frenar la llegada del político mexiquense.
La aprobación de un pronunciamiento político se realizará en un próximo encuentro, aunque plantearon propuestas que incluyen definir a la convención como una organización que lucha porque Peña Nieto no sea presidente; rechazamos su imposición y lo desconocemos, pues no hay democracia cuando se compra el voto, ni aceptamos como futuro una sociedad dirigida por las televisoras.
Al clausurar el encuentro, en el que participaron comuneros del pueblo michoacano de Cherán y de Huexca, Morelos, Trinidad Ramírez, del FPDT, llamó a mantener la unidad pese a las diferencias en las propuestas e iniciativas para impulsar la democratización del país, pues recordó que por eso estamos buscando la construcción de esta convención: para escucharnos, acompañarnos e ir unidos.
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Vigilará la sociedad el juicio de invalidez: Jaime Cárdenas
  • La lucha ante el TEPJF no es sólo jurídica, señala el diputado del Partido del Trabajo
  • Anuncia que se recabarán firmas de apoyo y testimonios ante notario sobre la compra del voto
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Protesta del colectivo Arte en Guerra contra la Guerra, en Paseo de la ReformaFoto María Meléndrez Parada
Alma E. Muñoz

El diputado Jaime Cárdenas Gracia señaló que la lucha por la invalidez de la elección presidencial no será únicamente jurídica, sino será acompañada por toda una movilización social que implica recabar firmas, testimonios sobre la compra de votos, dar conferencias en universidades, marchas, mítines y asambleas informativas, entre otras acciones.
Es decir, precisó, mantener todo un espíritu vigilante en este proceso que, de prosperar, podría llevar a elecciones extraordinarias y a la designación de un presidente interino, como marca la Constitución en sus artículos 83, 84 y 85, y lo nombra el Congreso (de la Unión).
Durante la presentación del libro Las claves de AMLO, de Martí Batres, en el Club de Periodistas, el legislador por el Partido del Trabajo (PT) advirtió que en esa lucha estaremos de cerca vigilando, velando para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúe con imparcialidad (porque) ya sabemos que muchos de estos magistrados no están por la imparcialidad, que están cercanos al PRI; no importa, nosotros reclamaremos, vigilaremos, fiscalizaremos su actuación.
Dijo que la coalición Movimiento Progresista ya tiene lista la solicitud de recusación para el presidente del órgano electoral, Alejandro Luna Ramos, por haber declarado que lo que no se gana en las urnas no se gana en la mesa.
Con esas palabras, explicó Cárdenas Gracia, el magistrado está prejuzgando, diciendo que hagamos lo que hagamos en el tribunal no pasa nada, que no podremos cambiar los resultados preliminares oficiales del Instituto Federal Electoral (IFE).
El diputado adelantó en entrevista que seguramente esta semana Andrés Manuel López Obrador anunciará la realización de una asamblea informativa para el próximo domingo en la capital del país, sobre el juicio de inconformidad por la invalidez de la elección presidencial –presentado por la coalición de izquierda el jueves anterior–, cuando emita los lineamientos del Plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México.
En su ponencia, Cárdenas Gracia consideró que habrá un llamado a la ciudadanía para que quienes hayan vendido su voto comparezcan ante el Ministerio Público y, además, ante notarios: Que la gente vaya a decir cómo lo vendió (el sufragio), que narre las circunstancias de modo, tiempo, lugar y cuánto le dieron a cambio.
Sostuvo que son importantes las asambleas informativas y conferencias sobre el juicio interpuesto, porque se trata de canalizar la inquietud ciudadana, la frustración; no podemos dejar a la gente con su coraje. Más allá que la necesitemos para que este movimiento continúe, lo importante es que la gente tenga canales de expresión, de divulgación, de deliberación sobre lo que se está haciendo.
Indicó que la recolección de firmas de apoyo a esta acción jurídica –que se prevé arranque esta semana– es importante para mostrar a la sociedad y al propio tribunal electoral que tenemos un respaldo ciudadano, que no estamos solos.
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Jornada de protestas en la República
  • Participaron #YoSoy132, Morena, perredistas, maestros y ciudadanos
Cientos de integrantes de los movimientos de Regeneración Nacional (Morena) y #YoSoy132 marcharon este domingo en Guerrero, Guanajuato y Chiapas para rechazar la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, y en repudio a lo que denominaron fraude electoral en los comicios del pasado primero de julio.
En Chilpancingo, la capital guerrerense, los inconformes gritaron ¡Peña, entiende, no eres Presidente! y si hay imposición habrá revolución, entre otras consignas.
El ex secretario de Derechos Humanos de la dirigencia estatal del PRD, Urbano Lucas Santamaría, aseguró que la directiva perredista en Guerrero titubea y que (sus integrantes) digan que sólo van a apoyar este movimiento por la vía legal se me hace una traición al pueblo, por su tradición de lucha, y en segundo lugar, nosotros exigimos que la elección se limpie.
Mientras, en León, Guanajuato, unos 200 integrantes de #YoSoy132 y de la sociedad civil marcharon para que se investigue la supuesta compra de votos en la entidad a favor de Enrique Peña Nieto.
Está pasando lo mismo que en 1988, con el fraude que hubo para imponer a Carlos Salinas de Gortari; ya estamos hartos de que sólo un grupo de poderosos dicte los destinos del país, dijo Rocío Díaz, maestra de primaria y participante de la marcha.
Además, unas 50 personas, procedentes de varios municipios de la zona Costa de Chiapas, marcharon ayer en San Cristóbal de las Casas, donde repudiaron las fraudulentas elecciones presidenciales del primero de julio, y exigieron que se les declare anuladas.
Los manifestantes chiapanecos también protestaron en contra de los medios masivos de comunicación que manipulan, principalmente las televisoras, y en repudio también al Instituto Federal Electoral.
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"El TEPJF tiene la posibilidad de dar otra interpretación a la ley y anular los comicios"
  • El sistema electoral presenta lagunas que generan desconfianza en los resultados: académicos
  • La investigación de la Fepade sobre la compra de votos podría llegar demasiado tarde, dicen
Emir Olivares Alonso

Aun cuando son delitos electorales, que incluso se castigan con prisión, la compra y coacción de votos durante los comicios no son contemplados en la ley como causas de nulidad de una elección, aseguró Gustavo López Montiel, profesor de ciencia política en el Tecnológico de Monterrey, campus ciudad de México.
Sin embargo, advirtió, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la posibilidad de dar una interpretación distinta y efectivamente anular la elección presidencial. Para pronunciarse por esta vía, los magistrados deben contar con elementos suficientes.
El académico subrayó en entrevista que el sistema electoral mexicano aún presenta lagunas que generan desconfianza entre gran parte de la ciudadanía sobre los resultados de los comicios, en particular los presidenciales, por lo que delitos como la compra y coacción de votos, así como la labor de encuestadoras y medios de comunicación, deben ser contemplados en las modificaciones que se hagan en la ley en la materia.
Indicó que las normas en la materia contemplan tres causas por las cuales se puede invalidar una elección: que se hayan presentado irregularidades en 25 por ciento de las casillas, que el candidato sea inelegible o que no se haya instalado la cuarta parte del total de las casillas.
La impugnación hecha por el Movimiento Progresista, encabezada por su candidato Andrés Manuel López Obrador, tiene entre sus bases la primera causa. Hay una rendija a través de la cual se puede hacer algo, pero habrá que esperar la interpretación del TEPJF. Para que ésta proceda se deben demostrar todas esas inconsistencias, aunque la ley sólo contempla las que se presentan en las casillas.
El trámite del Movimiento Progresista, dijo, también incluye la compra y coacción de sufragios y la probable inequidad que pudieron generar las encuestadoras y los medios de comunicación.
Hay una limitación: conociendo las decisiones del tribunal, como en 2006, los magistrados pueden argumentar que es poco tangible o que la ley no tipifica la compra y coacción de sufragios para invalidar la elección.
Se trata de dos vías distintas: por un lado el proceso del TEPJF para calificar la elección, que tiene como fecha límite el 6 de septiembre, y la investigación penal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la cual puede tomar más tiempo. “Puede ser que al final esa dependencia demuestre que sí se dieron los delitos, pero sus resultados ya no tendrían ningún sentido porque el tribunal ya habrá emitido su fallo.
La Fepade tiene que buscar a las personas que compraron votos, comprobar que lo hicieron y que fue en favor de un candidato. Es muy difícil, porque las evidencias que existen son tarjetas (de prepago para despensas) y testimonios. Sin embargo, esto corresponde a un juicio que no está vinculado al tema de la invalidación de los comicios.
Por su parte, Guillermo Rosales, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que el sistema de gobierno en México se basa en postulados neoliberales, lo que ha hecho que la democracia instaurada sea de carácter competitiva, es decir, que se privilegie la disputa y no la solidaridad entre sus miembros.
Dentro de esta lógica, limitar el espacio de participación no se considera una cuestión violenta, por el contrario, se banaliza. En un contexto de competencia, lo anterior significa que fui mejor y que el otro no tuvo la capacidad para superarme.
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