En sus informes alternativos enviados al Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con sede en Nueva York, dirigentes de organizaciones civiles y activistas documentan los feminicidios y las agresiones sexuales contra mujeres en el Estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto. En vísperas de la sesión del organismo programada para el martes 17, dicen que no le creen nada al mexiquense ni al presidente Calderón, cuyo gobierno fue un desastre en materia de derechos humanos.
Inmerso en los cuestionamientos por las múltiples irregularidades
registradas durante el proceso electoral y sin confirmarse aún su
triunfo como presidente electo en los comicios del domingo 1, Enrique
Peña Nieto es objeto también de un escrutinio internacional por la
violación a los derechos humanos de las mujeres durante su gestión como
gobernador del Estado de México.
El martes 17, el Comité de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sesionará en la sede
de la ONU, en Nueva York, en torno a la situación de los feminicidios y
levantamientos que conculcan el tratado internacional sobre el tema
ratificado por México en 1981.Los señalamientos que ahí se harán no sólo van dirigidos a Peña Nieto; también implican al presidente Felipe Calderón, cuya decisión de declarar la guerra al narcotráfico agravó la violencia contra las mujeres, de acuerdo con “informes sombra” enviados por organizaciones civiles nacionales e internacionales al CEDAW.
En el caso del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, se hace énfasis en los abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006 atribuidos a policías mexiquenses, así como en la negativa del entonces mandatario estatal a instrumentar una alerta por violencia de género ante los feminicidios registrados en 2010.
José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asegura que con esos antecedentes resulta difícil “darle el beneficio de la duda” a Peña Nieto, pues, dice, “ya sabemos cómo va a actuar”.
Su colega María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), comenta que la vida de las mujeres corre serios riesgos. Y se pregunta: “¿qué se puede pensar de una persona que no quiso entrar a fondo en el tema de los feminicidios?”.
De acuerdo con el documento de la CEDAW, los países firmantes están obligados a garantizar las medidas necesarias para eliminar la discriminación de género. Sin embargo, en 2010 México no dio cuenta del cumplimiento de 36 recomendaciones formuladas por el órgano de la ONU, 16 de ellas relativas a la violencia y los feminicidios en Ciudad Juárez.
Para el encuentro del martes 17, la administración calderonista intentará presentar dos informes –el séptimo y el octavo–, que serán cotejados con al menos medio centenar de informes alternativos elaborados por organismos civiles.
Entre los citados reportes se incluye uno del Centro Prodh y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Éste resalta el incumplimiento por parte del Estado mexicano de una recomendación del órgano de la ONU emitida hace dos años para “mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección”.
Dicho documento, del que Proceso tiene copia, propone también que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), adscrita a la PGR, “tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables”.
Las organizaciones subrayan: “El Estado mexicano ha decidido ignorar dichas recomendaciones al privilegiar la falta de acceso a la justicia y a la reparación; al proteger a los perpetradores de los abusos sexuales y al trasladar la totalidad de las investigaciones de la Fevimtra a la procuraduría del Estado de México, donde permanecen hasta la fecha sin resultados positivos”.
Según el informe, sólo dos elementos de la Policía Estatal fueron sometidos a juicio por actos libidinosos y abuso de autoridad. Las autoridades los absolvieron, por lo cual 11 de las 46 mujeres de San Salvador Atenco agraviadas presentaron el 29 de abril de 2008, con la asesoría del Centro Prodh, una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llevar a juicio al Estado mexicano.
Las causas: “Tortura sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a los derechos humanos. La petición fue admitida el 2 de noviembre de 2011, fecha en la que la Comisión Interamericana publicó su informe de admisibilidad del caso, y ahora se encuentra en la etapa de fondo”.
Marroquín Farrera sostiene que “el repudio a la represión y la violencia contra las mujeres durante el gobierno de Peña Nieto fue el origen del movimiento #YoSoy132”.
El caso Atenco, a la Corte Interamericana
Dice que las mujeres que solicitaron la intervención de la CIDH “han decido llevar el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que se nos permita llegar hasta los niveles más altos de responsabilidad en la represión, de ser posible hasta Peña Nieto”.
Su colega de la OCNF, María de la Luz Estrada, apunta otro asunto “que cargará Peña Nieto”: el de su negativa a reconocer que se ejerció una violencia sistemática contra las mujeres en el Estado de México durante su gobierno.
“En 2010 decidimos solicitar la Alerta de Violencia de Género (AVG) ante un preocupante crecimiento de homicidios de mujeres, que tenían rasgos establecidos por organismos internacionales para establecer que se trataba de feminicidios. De enero de 2005 a agosto de 2010 se habían cometido 922 homicidios de odio hacia la mujer”, desataca la activista.
Según Estrada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a organizaciones civiles, comisiones de derechos humanos y congresos locales para que soliciten una AVG ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM). Si hay elementos suficientes, el sistema realiza la investigación y emite las medidas necesarias.
Y aunque Peña Nieto negó la existencia de homicidios de mujeres, en marzo de 2010, durante su comparecencia ante la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados, su procurador Alfredo Castillo Cervantes expuso que 30% de ese tipo de delitos –“crímenes por violencia doméstica”– estaban resueltos.
Del resto, Castillo “nos dijo que se tenía información de que las mujeres asesinadas tenían oficios de riesgo, que eran sexoservidoras. Nosotros, que ya teníamos datos de su procuraduría, le dijimos que las víctimas con esas características eran sólo el 1%”, cuenta Estrada.
Y como no se sabía quiénes eran los responsables de unos 500 crímenes, en diciembre de 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó la AVG. El 11 de enero de 2011 el SNPASEVM la desechó, agrega la activista. Por su parte, Peña Nieto convocó a foros para abordar el tema e invitó a participar a representantes de la CNDH.
“Al terminar los foros, Peña Nieto volvió a negar la existencia de feminicidios, pero pidió a la CNDH que realizara una investigación. Nosotros, a la vez, comenzamos a tramitar un amparo contra la decisión del Sistema –al final lo ganamos– y presionamos a la comisión para que nos entregara el informe.
“El principio nos dijeron que en marzo de este año lo harán. No cumplieron, quizá por el proceso electoral. Ahora nos comentan que para agosto”, indica la activista de la OMCF.
Y apunta que en marzo del año pasado “Peña Nieto avaló una reforma al Código Penal que incluye el feminicidio –aun cuando para comprobarlo se interponen elementos muy subjetivos, imposibles de comprobar–; le pedimos a Peña que vetara la reforma porque iba a invisibilizar el problema. Se negó”.
Añade: “El gobierno de Eruviel Ávila, según información de medios, insiste en que ya resolvió 98% de los feminicidios, pero sólo se habla de los crímenes ocurridos desde que se aprobó la reforma. Pero ¿qué pasó con las más de 500 mujeres asesinadas durante el gobierno de Peña? Para ellos fue borrón y cuenta nueva”.
Y pese a que las mexiquenses no son las únicas víctimas de feminicidio, lo cierto es que “si Peña Nieto no tuvo voluntad para acabar con el problema en un estado y que su visión de derechos humanos es medible, entre otras cosas, por el caso Atenco, nuestra preocupación es qué va a hacer en esta materia en el país”, sostiene Estrada.
El informe del OCNF
En el “informe sombra” entregado al comité CEDAW por la organización del OCNF, que coordina María de la Luz Estrada, resalta la inoperancia de los mecanismos de protección, como el AVG, que el SNPASEVM negó en 2008 a defensores de las triquis en Oaxaca; en 2009 hizo lo mismo ante la solicitud de varios grupos de Guanajuato respecto del incremento de la violencia sexual y la falta de servicios de salud adecuados para la interrupción del embarazo; y en este 2012 le tocó a Nuevo León, donde se han registrado mil 95 feminicidios entre 2009 y 2010.
Apunta: “La actual estrategia de seguridad pública al combate al crimen organizado y al narcotráfico, sumada a la corrupción, la impunidad, la pobreza y la falta de igualdad generalizadas, agravó el problema endémico y estructural de discriminación y la violencia que impacta a las mujeres desproporcionalmente”.
El observatorio afirma que durante la administración de Calderón la vulnerabilidad de las mujeres se incrementó a causa de “la violencia generalizada, la militarización de algunas regiones del territorio nacional, la diversificación de las actividades de los grupos del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, la guerra entre éstos por el control de algunas regiones estratégicas del territorio, el desplazamiento de personas provocado por la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de una cultura altamente tolerante a la violencia contra las mujeres, entre otros”.
La organización de Estrada registró también 3 mil 145 desapariciones de mujeres entre 2010 y 2011. En su investigación, el OCNF retoma un estudio realizado en 2009 por ONU-Mujeres, según el cual entre 2007 y 2009 el índice de feminicidios tuvo un incremento promedio de 68%, “y en estados como Durango, Baja California, Chiapas y Chihuahua la tasa de aumento superó 300%”.
Durante ese periodo, los feminicidios “estuvieron acompañados de medios más crueles que en el pasado, y es tres veces más probable que haya estrangulamiento, quemaduras y quemaduras/cortes en los asesinatos de mujeres que en los de hombres”, indica el informe de ONU-Mujeres.
En sus reportes, las organizaciones exponen las dificultades a las que se enfrentan para obtener información de las instituciones oficiales. Aun así, la OCNF documenta mil 14 crímenes contra mujeres en 13 estados de enero de 2007 a julio de 2008; mil 128 en 18 entidades entre enero de 2009 y junio de 2010, y 235 en ocho estados en el periodo que va de enero de 2010 a junio de ese año.
El miércoles 11, en una conferencia de prensa realizada en Nueva York en la cual los representantes de organizaciones sociales anunciaron su participación en la sesión del martes 17 en la sede de la CEDAW, Teresa Ulloa, integrante de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), mencionó el expediente El gobierno de México miente. La organizaciones que participaron en la redacción del documento hacen ponen énfasis en el estado de indefensión de las mujeres durante el gobierno de Calderón.
Dicen que ellas se han convertido en “trofeo de guerra” para los delincuentes y los miembros de las Fuerzas Armadas que los combaten a lo largo del país.
De 2005 a 2011, por ejemplo, niñas de entre 12 y 16 años fueron secuestradas para convertirlas en esclavas sexuales, mulas para transportar droga, halcones o sicarias. “Después de un tiempo de esclavitud –expuso Ulloa con base en el documento–, son asesinadas, desfiguradas del rostro, descuartizadas y decapitadas para impedir su identificación”.
Los estados donde se registra la violencia, atribuida por las autoridades federales al crimen organizado, son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Baja California Sur.
Los investigadores de las organizaciones civiles destacan que en estados donde se han puesto en marcha operativos conjuntos del Ejército y la Marina se registra un incremento sustancial de violaciones sexuales, prostitución y embarazos de adolescentes, como Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Ulloa llama la atención sobre la coincidencia entre ocupación militar y violencia contra las mujeres, como la que ocurre en Apodaca, Nuevo León. Ahí, dice, “a partir de la ocupación militar 115 jovencitas están desaparecidas”.
A esta violencia documentada, indica, se añade otra: la falta de protocolos para identificar a las víctimas; entre éstas se hallan los 25 mil cuerpos de mujeres enterradas en fosas comunes.
Para la defensora, estas cifras, junto con otras más que evidencian la falta de cumplimiento de los compromisos internacionales, corroboran que el gobierno de Felipe Calderón “es un desastre para los derechos humanos y la lucha contra la violencia a las mujeres”.
Y remata: “Felipe Calderón tiene que ser juzgado. No sé si en la Corte Penal Internacional, pero por lo pronto lo harán la Corte Interamericana y el Comité CEDAW”.
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