Amigas y amigos:
Como todos sabemos, el Tribunal Electoral decidió validar la elección
presidencial a pesar de las evidentes violaciones a la Constitución y a
las Leyes.
Muy poco tengo que decir sobre lo torcido del proceso electoral porque
casi todo es de dominio público. Si acaso subrayo, aunque tampoco es
novedad, que se violó el artículo 41 de la Constitución que establece
que las elecciones deben ser libres y auténticas.
El distintivo de esta contienda fue el uso del dinero a raudales para
comprar millones de votos. En los hechos, el candidato del PRI rebasó
por mucho, los topes de gastos de campaña que establece la ley y, aunque
se demostró el uso de dinero de procedencia ilícita, prevaleció el
cinismo y la impunidad.
Tampoco hubo equidad en la actuación de los medios de comunicación. Por
el contrario, la mayoría de los periódicos, la radio y, sobre todo, la
televisión, en especial Televisa y Milenio, se convirtieron en los
principales patrocinadores de Peña Nieto.
Ante estas violaciones, las autoridades electorales siempre se hicieron
de la vista gorda. Los Consejeros del IFE y los Magistrados del TRIFE
demostraron que son personajes sin convicciones, acomodaticios,
seleccionados a modo para formar parte del engranaje del régimen
antidemocrático que predomina.
Se podrá replicar que esto ya lo sabíamos y que a pesar de ello,
decidimos participar en la contienda. Sin embargo, puedo argumentar que
siempre debe intentarse la transformación por la vía pacífica y
electoral. Respeto otros puntos de vista, pero no considero a la
violencia como alternativa.
Pienso que produce más sufrimiento y se terminan imponiendo con mayor
facilidad quienes no tienen la razón, pero cuentan con la fuerza para
reprimir. La violencia en vez de destruir al régimen autoritario lo
perpetúa.
Al mismo tiempo, mantengo la convicción de que, aún en condiciones
adversas, enfrentando a los poderes más siniestros, se pueden lograr
cambios profundos siempre y cuando exista una voluntad colectiva
dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos y a no permitir ningún
régimen de opresión. Sostengo que cuando el pueblo decide ser dueño y
constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda
impedirlo.
Pero este proceso virtuoso de toma de conciencia y participación
ciudadana, no es fácil de lograr. Lleva tiempo, requiere de mucho
trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo; exige
temple, convicciones y perseverancia.
Quienes estamos en esta causa, debemos saber que llegar al gobierno para
mantener el régimen dominante es relativamente fácil, pero el triunfo
de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política.
Los procesos de cambios estructurales suelen ser lentos y complicados,
pero son indispensables y gloriosos.
Basta con recordar la historia: Hidalgo proclamó la abolición de la
esclavitud y ese anhelo de justicia se hizo realidad un siglo después.
Las reformas liberales se consumaron luego de 30 años de cruentas luchas
internas y de invasiones extranjeras. En 1910, Francisco I. Madero
convocó al pueblo a la Revolución para derrocar a la dictadura
porfirista con el lema del Sufragio Efectivo y, aún cuando se avanzó en
la atención de demandas sociales, todavía no hay democracia en México.
De modo que no es sencillo lograr una transformación pacífica y profunda
como la que nosotros queremos y necesita el país. Hay que enfrentar
intereses creados muy poderosos que se oponen de manera rotunda a perder
sus privilegios.
Los defensores del régimen de corrupción imperante, como lo vimos en las
recientes elecciones, utilizan todo su poderío: sus medios de
comunicación, sus relaciones de complicidad y, sobre todo, cuantiosos
recursos económicos. A esa prepotencia hay que agregar, y eso es lo que
más les ayuda, el atraso político y la pobreza extrema que se padece en
el país.
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