domingo, mayo 13, 2012

"LA MAISTRA" Y SU TÍTERE QUADRI

http://youtu.be/CISrXJT9CvI

¡ATENCO NO SE OLVIDA!



PEMEX regala 8.6 mil MDD a REFINERIAS EXTRANJERAS


Diputados citan a Suárez Coppel por pérdidas multimillonarias

Legisladores solicitan una explicación al director de Petróleos Mexicanos por las pérdidas de 398 mil millones de pesos registradas en su filial PEP, que funcionarios de la paraestatal habrían intentado ocultar, según la Auditoría Superior de la Federación. El caso, calificado por diputados como “el desvío más grande de recursos en la historia de Pemex” y “el hecho de corrupción más significativo a nivel nacional”. Para Jiménez Espriú, éste tendrá implicaciones legales. 
El 7 de mayo de 2012, e n conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, Esthela Damián Peralta, informó que la Cámara de Diputados solicitó la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que explique el ocultamiento mediante manipulaciones a los libros contables, de 398 mil 564 millones de pesos, manipulación contable que se advierte como uno de los fraudes más cuantiosos en detrimento de las finanzas de la paraestatal.
 
El 17 de abril de 2012, Contralínea (edición 280) publicó que funcionarios de Pemex alteraron los libros contables de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) para ocultar una supuesta pérdida de 398 mil 564 millones de pesos, según documentó el último informe de la ASF a la paraestatal. La cifra representa 796 veces el llamado Pemexgate.
 
Damián Peralta, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó el caso como “el desvió más grande de recursos en la historia de Petróleos Mexicanos y el hecho de corrupción más significativo a nivel nacional”. Por ello, explicó la legisladora, de manera urgente, “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pedirá que el director general de la paraestatal explique las graves irregularidades.”
 
De acuerdo con consideraciones de Javier Jiménez Espriú, quien en su larga trayectoria como servidor público se desempeñó como integrante del Consejo de Administración de Pemex, elaborar informes financieros “a modo” podría tener para el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, implicaciones en el ámbito de lo administrativo e incluso derivar en actuaciones en su contra de carácter penal.
 
Y es que la ASF determinó que en su carácter de director general deberá informarle al Consejo de Administración del traspaso contable que hizo de la pérdida que PEP tuvo en 2009, y las inconsistencias en los estados financieros.
El organismo de fiscalización concluyó también que de manera emergente los auditores externos que auditan los registros contables de la paraestatal informen de las posibles consecuencias o repercusión que las operaciones contables descritas resultarán para la paraestatal.
 
Dada la gravedad de las manipulaciones contables, la Auditoría determinó que el Órgano Interno de Control en Pemex deberá abrir investigaciones y en su caso iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los funcionarios que instruyeron a las subsidiarias a traspasarle al Corporativo sus pérdidas de 2009 sin contar con la autorización del Consejo de Administración.
 
El fraude
 
Tal y como lo adelantó Contralínea, los fiscalizadores de la ASF detectaron que los funcionarios de Pemex alteraron los libros contables para ocultar pérdidas multimillonarias que la subsidiaria más importante –PEP– tuvo durante 2009, como consecuencia de deficiencias e irregularidades en las operaciones y administración.
 
Las pérdidas ascendieron a 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos. El saldo negativo simplemente “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración”, consigna el informe de la ASF.
 
La maniobra contable la operaron funcionarios del Corporativo, en Marina Nacional 329, y las subdirecciones de Administración y Finanzas. De acuerdo con los hallazgos de la Auditoría para no transparentar las pérdidas, desde el Corporativo de Pemex se giraron instrucciones a PEP para que eliminara de los libros contables la pérdida y se transfiriera a los libros contables de la empresa pública como un activo.
 
Este movimiento contable se realizó mediante el oficio DCF-SUCOFI-GC-56-2011, que el 3 de febrero de 2011, la Dirección Corporativa de Finanzas le envió a directivos de Exploración y Producción para que traspasaran la pérdida registrada en 2009, y que en los libros contables de Pemex Corporativo se registrara como una cuenta por cobrar. Es decir, la pérdida de 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos, que era un saldo negativo “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración.”
 
Así se evitó que los estados financieros de PEP mostraran la pérdida obtenida en 2009, “al anularla, con un incremento en los activos de Pemex Corporativo en el rubro de Cuentas por Cobrar”, aunque en realidad era un activo inexistente.
 
La maniobra contable se hizo al margen del Consejo de Administración. En este caso, detectado recientemente por la Auditoría Superior, los auditores encontraron que los funcionarios de Pemex dieron cifras falsas en los informes oficiales para ocultar las pérdidas multimillonarias en PEP y transferirle el dinero del Corporativo.
 
 
Además de alterar, burdamente, los estados financieros, la manipulación contable tuvo otra consecuencia que en los estados financieros de Pemex no se revela la disminución real de la inversión del Corporativo en sus subsidiarias, ni la pérdida patrimonial de éstas, ya que el registro contable en Petróleos Mexicanos se realizó con un incremento en la cuenta Inversiones en Organismos Subsidiarios, sin una justificación técnica, porque no existió un incremento real en dichas inversiones.
 
“Los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos del ejercicio de 2009 que PEP traspasó a Pemex Corporativo, por lo que se incumplió con la Norma de Información Financiera NIF A-7 ‘Presentación y revelación’, al no revelar en forma clara y comprensible la eliminación de la pérdida de PEP, ni el origen en el incremento de la inversión en Pemex Corporativo.”
 
Por el contrario, en los registros contables de Pemex se asentaron números falsos de supuestos incrementos en la cuenta de las inversiones de la paraestatal a sus subsidiarias, sin una justificación técnica, pues, en realidad, señala la ASF, nunca hubo un incremento real en esas inversiones.
 
Señala la Auditoría que “los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil pesos del ejercicio de 2009”.
 
En consideración de la Auditoría, los funcionarios de Pemex que participaron en las maniobras contables violaron la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento y la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras.
 
Javier Jiménez Espriú, quien durante varias décadas se desempeñó como funcionario de Petróleos Mexicanos y como integrante del Consejo de Administración de numerosas empresas paraestatales y privadas, destaca la gravedad del tema: “Los hallazgos de la Auditoría no son más que la confirmación, ahora a través de una autoridad de prestigio por su acuciosidad, de lo que se ha estado denunciando en los últimos meses, que el director de Pemex maneja la paraestatal como si fuera de su propiedad, y que es un verdadero desorden lo que ocurre. Porque para él es una práctica repetitiva tomar decisiones tan delicadas sin informarle al Consejo, sin solicitar su aprobación y sobre todo ocultándole información”.
 
Agrega que “lo que evidencia la Auditoría Superior es de enorme gravedad porque son pérdidas y transferencias indebidas, multimillonarias, cantidades enormes que, supuestamente, se están perdiendo, pero no hay una explicación del por qué de esas pérdidas y sí un ocultamiento de esa información. No pueden simplemente borrar una pérdida o encubrirla trasladándosela al Corporativo, sencillamente, es gravísimo”.
 
Jiménez Espriú atribuye la manipulación de los informes y registros contables de la paraestatal como un mecanismo a modo para las decisiones políticas que en materia energética se han tomado en el actual gobierno, donde se habla de una nueva reforma que encamine a Pemex hacía una mayor privatización de las áreas que aún opera la entidad.
 
“Las finanzas de Pemex se manejan y se maquillan al deseo de las autoridades para establecer ciertas políticas. En las finanzas de Refinación, por ejemplo, siempre le agregan pérdidas para justificar que no se hagan refinerías, al argumentar que es mejor traer los refinados del extranjero; y en las finanzas de Exploración y Producción se borran las pérdidas para justificar que se incrementen las inversiones; es decir, es una manipulación de cifras verdaderamente al gusto de las autoridades.”
 
 
Multimillonario quebranto
 
 En consideración de expertos en materia fiscal, el efecto que para las finanzas del Corporativo tiene la transferencia de la pérdida de PEP, implica un quebranto por los mismos 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos.
 
El abogado Gabriel Reyes Orona, exfuncionario en el ámbito fiscal, bancario y financiero, explica que “la operación que hicieron tanto los funcionarios de Pemex Corporativo como los de la subsidiaria Exploración y Producción, fue una simulación contable en la que, supuestamente, el Corporativo adquirió el crédito de la empresa subsidiaria, pero en realidad adquirió una cuenta que nació como incobrable, por lo que se genera el quebranto. O dicho de otra manera, la alta dirección y los funcionarios del área financiera y contable de Pemex hicieron un quebranto al Corporativo dado que la cuenta nació y es incobrable.”
 
El impacto para Pemex no es únicamente en el ámbito de su administración interna, pues, evalúa el experto en finanzas Gabriel Reyes Orona, “en los mercados internacionales podría considerarse que la paraestatal está falseando información financiera y ello le impactaría, sobre todo, en la colocación de la deuda en los mercados financieros. Por lo pronto, el mensaje que tendrán quienes consulten esa auditoría es que en Petróleos Mexicanos se hacen simulaciones contables para encubrir millonarias pérdidas por la ineptitud de sus directivos, pero sobre todo es la evidencia de que Pemex como empresa no cumple con los requisitos mínimos de transparencia, porque en este caso PEP oculta información sobre sus pérdidas operativas, simplemente las borraron, y eso es un delito penal”.

Ordeña de gas condensado en la Cuenca de Burgos

El robo de gas condensado en la Cuenca de Burgos comenzó en los sexenios panistas. Desde inicios de su gobierno, la Presidencia fue informada del modus operandi, también la Secretaría de la Función Pública, que declaró “incompetencia para investigar”. La omisión habría alentado los hurtos: a medida que avanzó el sexenio, el yacimiento se consolidó como una veta de negocios para la mafia con una industria paralela a Pemex que abastece a petroleras trasnacionales. 
 
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en abril una tercera demanda en contra de compañías de origen estadunidense y europeo acusadas de comprar gas condensado robado por los cárteles de la droga en la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas que se ubica a lo largo de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila: uno de los más prolíficos del mundo.
 
En esta nueva acusación judicial ante las cortes de Texas, la paraestatal demanda a las empresas Conoco Phillips, Sunoco Marketing Partners LP, FR Midstream Transport, Marathon Petroleum, y dos filiales de la Royal Dutch Shell el resarcimiento económico por las supuestas compras ilegales de los hidrocarburos de su propiedad.
 
Para los cárteles de la droga los hidrocarburos son ahora tan lucrativos como la cocaína. Del oro negro comercializan desde petróleo crudo (que extraen de los oleoductos), gasolina y diésel (a través de tomas clandestinas instaladas en la red nacional de ductos), hasta todo tipo de lubricantes y refinados de pipas y camiones cisterna. Pero en especial el que les deja muy altos márgenes de ganancias por su alta demanda en el mercado es el gas condensado, subproducto que se obtiene en el proceso de extracción del gas natural.
 
La venta que hace Pemex de gas condensado no es a particulares, sino exclusivamente entre las subsidiarias que lo utilizan como materia prima en diversos procesos de producción. No obstante, desde 2006, cantidades industriales de condensado mexicano han inundado territorio estadunidense, donde se cotiza muy bien, particularmente para la elaboración de gasolinas de alta calidad. Ni una sola gota de ese condensado es legal, es decir, absolutamente todo es robado.
 
Entre 2010 y 2012, una veintena de compañías pequeñas, medianas e inclusive trasnacionales del sector energético han estado implicadas en transacciones mafiosas, según acciones judiciales en su contra que hablan de compras que habrían hecho a los traficantes vinculados o asociados con los cárteles de la droga mexicanos.
 
Las acusaciones promovidas por los abogados de Pemex –todas en cortes de Texas– incluyen a importadoras, transportistas, operadoras de ductos, de refinerías, comercializadoras de hidrocarburos y consorcios de la industria química principalmente.
 
Entre las compañías que judicialmente han sido implicadas destacan el caso de Murphy Energy, corporativo que produce aceites y gasolina que comercializa en sus propias gasolineras en todo Estados Unidos, instaladas junto a los Walmart y Sam’s, con el nombre de Murphy USA; también la Basf, el gigante mundial de la industria química; y ahora las subsidiarias de Shell, consorcio propiedad de la corona holandesa.
 
Abogados de algunas de las compañías demandadas por Pemex explicaron que “desde dentro de Pemex se les indicó comprarle el hidrocarburo a quien se lo compraron” y ese es, precisamente, el argumento de su defensa.
En marzo los abogados, quienes pidieron guardar su identidad dados los procesos jurídicos en curso, aseguraron que las adquisiciones que hicieron del gas condensado fueron inducidas desde el interior de Pemex. De lograr probar su dicho, el caso pondría en evidencia el nivel de infiltración que el crimen organizado tiene en la paraestatal.
 
Por lo pronto, en torno a este caso, hay muchos elementos que evidencian cómo la omisión oficial de parte del gobierno de Felipe Calderón contribuyó a que en su sexenio el yacimiento gasero se convirtiera en una veta de negocios del crimen organizado.
 
Incompetencia oficial
 
Ésta es la historia del impacto que tuvo la omisión de una denuncia que desde Pemex se envió a la casa presidencial y que por disposición de los más altos funcionarios fue sepultada:
 
Los robos de condensado en la Cuenca de Burgos inauguraron el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada. En el tradicional año de Hidalgo, empleados de Pemex, de sus contratistas, empresas privadas y agentes aduanales asociados con cárteles de la droga hallaron en los hidrocarburos una atractiva veta de negocios.
 
El condensado era trasegado de cualquier punto del extenso yacimiento de 70 mil kilómetros cuadrados hasta la franja fronteriza de Tamaulipas y de allí, los embarques cruzados por las aduanas formales mediante documentos aduanales apócrifos en los que los cargamentos se registraban como si fuese nafta. Luego los embarques se llevaban hasta terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas para su almacenamiento temporal y posterior distribución a los compradores.
 
Entre 2008 y 2009 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la DEA (Drug Enforcement Administration), el FBI (Federal Bureau of Investigation) y el ICE (Immigration and Customs Enforcement) efectuaron una investigación que exhibió la implicación de importantes consorcios en la compra de condensado robado en Burgos con el auspicio de los cárteles de la droga y comercializado en ese país. Se identificó entonces a La Compañía –la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas– como la organización detrás de ese negocio.
 
No fue sino mucho después de que las enjuició el gobierno de Estados Unidos que, en 2010, los abogados de Pemex presentaron la primera demanda en contra de algunas empresas. No obstante que desde 2007 el gobierno de Calderón fue informado de las ordeñas en cantidades industriales y su destino, tal y como lo revelan documentos recibidos por la Presidencia de la República.
 
 
El 10 de agosto de 2007 la Presidencia de la República recibió una denuncia que detallaba que en Burgos diariamente 200 pipas eran llenadas con condensado y contrabandeadas hacia Estados Unidos. Desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Ejecutivo declaró “incompetencia para investigar”.
 
Cita el documento: “En las aduanas de Reynosa y las que se encuentran cerca de ésta se está realizando el paso de productos pertenecientes a Petróleos Mexicanos, sin que estas aduanas soliciten a los exportadores ningún documento que acredite la propiedad de dichos productos. Realizando así el robo en contubernio con las autoridades de aduanas.
“La aduana de la ciudad de Reynosa y los puentes fronterizos que se encuentran cerca permiten el paso de carrostanque a Estados Unidos sin que se les pida ningún permiso ni procedencia del producto, realizándose un robo escandaloso ya que por ese lugar pasan al vecino país más de 200 carrostanque por día.
 
“Como usted sabrá es una mafia entre Petroquímica Gas autoridades civiles y militares, así como agentes aduanales y lo más delicado, la Secretaría de Hacienda, ya que ésta jamás pide a quién se le compró el producto que se exporta a Estados Unidos; la única manera de evitar ese robo es que la aduana pida las facturas correspondientes de a quién le compran y los pagos que se hacen de este producto para enviarlo fuera del país [sic].”
Sin embargo, más peculiar fue la respuesta que el gobierno dio al denunciante a través de la Secretaría de la Función Pública: “Incompetencia para investigar”.
 
En la región gasera, a medida que crecía el robo, también aumentaba la participación de empleados de Pemex, así lo documentan los expedientes integrados por las contralorías internas de la paraestatal. El robo creció exponencialmente en respuesta a la demanda de condensado mexicano que se hacía desde territorio estadunidense. Para finales de 2007, el 40 por ciento de todo el gas condensado que se producía en la Cuenca de Burgos era robado y contrabandeado hacia el vecino país del Norte.
 
Ante las contralorías internas de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Refinación, trabajadores de Pemex denunciaron supuestas amenazas y golpes si se negaban a colaborar en la sustracción ilícita. La mayoría de esos expedientes fueron simplemente archivados por las autoridades. Muchas de esas indagatorias fueron promovidas ante la contraloría interna de Pemex Refinación, pero como la Cuenca de Burgos es una zona que administrativamente está a cargo de la subsidiaria PEP, los contralores simplemente aludieron a la incompetencia del Órgano Interno de Control a su cargo.
 
La referencia que de aquellos años tiene uno de los contralores de Pemex Refinación, es ilustrativa de cómo la burocracia administrativa acrecentó el ilícito:
 
“En una ocasión los especiales detuvieron docenas de pipas, estaban todas cargadas con condensado robado. Nos llevaron a nosotros, de la contraloría de Refinación, para levantar las actas. Tenían las unidades detenidas en Reynosa, cuando llegamos nos dimos cuenta que era un asunto que le competía a la contraloría de Exploración y Producción. Nos regresamos y ya no supimos si se investigó el asunto.”
 
El “asunto” no se investigó. No obra constancia de ellos en las indagatorias de la contraloría de PEP. Ante la omisión de las autoridades mexicanas se convirtió en un boyante negocio, descubierto de manera casi accidental, en un operativo binacional contra la delincuencia organizada entre Estados Unidos e Italia.
 
Operación cálculo
 
En 2008 la División de Operaciones Especiales del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y el ICE iniciaron el llamado Project Reckoning (Operación Cálculo) para la detención de miembros del crimen organizado. En septiembre detuvieron a 12 residentes de El Valle del Río Grande, acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
 
Entre los detenidos estaba Luis Ariel Rivera Rodríguez, un mexicano nacionalizado estadunidense, quien tenía consigo más de un millón 100 mil dólares en efectivo. Rivera declaró que una parte de ese dinero era el pago del gas condensado comercializado en Estados Unidos. Reveló que en México eran el cártel del Golfo y Los Zetas quienes daban la autorización para su sustracción y comercialización.
 
A partir de esa declaración y de indagatorias propias, las autoridades estadunidenses establecieron el modus operandi: compañías contratistas transportaban el condensado extraído de los campos petroleros de Burgos. Posteriormente, el gas se transfería a otras pipas y las de los contratistas se rellenaban con agua, misma que los empleados de Pemex recibían como si fuese el hidrocarburo a cambio de sobornos. Luego el condensado se trasegaba por las aduanas fronterizas de Tamaulipas hacia Estados Unidos, donde los agentes y funcionarios aduanales autorizaban su paso con pedimentos falsos que identificaban el hidrocarburo como nafta, a cambio de sobornos.
 
Leer mas AQUI.

Destrucción y robo del patrimonio arqueológico nacional

Durante los sexenios panistas, la PGR abrió 481 averiguaciones previas por robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la nación. La cifra resulta modesta ante el alud de denuncias sobre afectaciones a alrededor de 300 inmuebles y, al menos, 3 mil 14 piezas arqueológicas e históricas. En información entregada a Contralínea a través de la Ley de Transparencia se documentan robo; tráfico y traslado ilegal de piezas; saqueo; demolición de construcciones originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada; destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; extracciones; pintas con aerosol o trabajos de restauración erróneos. “La cifra no es nada en comparación con lo que realmente pasa”, aseguran expertos. Además, la Auditoría Superior reprobó al INAH por el manejo de 1 mil 600 millones de pesos para resguardar y conservar el patrimonio nacional. 

 
En 11 años de gestiones panistas, al menos 300 inmuebles y 3 mil 14 piezas arqueológicas e históricas fueron afectadas parcial o totalmente, revela información oficial. Se trata de los 722 casos por robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la nación alertados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por civiles y autoridades.
A pesar de las cifras, el Intituto sólo ha conseguido que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera 481 averiguaciones previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en ese mismo lapso. Las denuncias penales comprometen 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañados. Aunque la PGR investiga más casos respecto de las piezas muebles que fueron reportadas al INAH, en el caso de los bienes inmuebles se indagan 194 casos menos.
De acuerdo con información obtenida por Contralínea –a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, los ilícitos incluyen robo; tráfico de piezas; saqueo; traslado ilegal de piezas; demolición de construcciones originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada; destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; extracciones; pintas con aerosol, o trabajos de restauración erróneos. Además, algunas construcciones han sido afectadas por incendio o inundación.
 
Los responsables
Las 205 fojas entregadas a Contralínea revelan que incluso la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contribuido a la destrucción de vestigios. Una denuncia registrada en 2009 acredita que el proyecto Aceite Terciario del Golfo abrió una brecha que conduce a una plataforma de Pemex. Ésta pasa supuestamente a sólo 80 metros del sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz, cuando el margen mínimo permitido es de 150 metros.
Otra de las denuncias, registrada en ese mismo año, da cuenta de que la paraestatal “proyectaba” construir una plataforma sobre un sitio arqueológico de 13 estructuras en el municipio de Chicontepec, Veracruz.
El INAH  también recibió otra denuncia por la supuesta afectación parcial del sitio arqueológico El Garro, en el municipio de Isla, Veracruz: la compañía de transporte y construcción Trasecol, SA de CV, habría utilizado el área como banco de material.
De 2000 a 2011, la delegación veracruzana recibió por lo menos dos denuncias más por el uso de montículos arqueológicos como banco de material. También en 2009, el Centro INAH Veracruz fue notificado de que se llevaban a cabo obras de construcción de maquiladoras que habrían provocado una probable alteración y saqueo de piezas en el sitio arqueológico ubicado en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.
Según la información –de la que Contralínea posee copia– no sólo la negligencia de las autoridades y empresarios ha causado daño y destrucción, pues, a la par, los ciudadanos no contribuyen a la salvaguarda de los bienes nacionales.
Tal fue el caso de un monumento histórico atacado por los propios residentes: a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó la suspensión de la obra, en 2005 particulares demolieron el muro testero. El inmueble se ubicaba en el centro de Tulancingo, Hidalgo.
También en ese año, un inadecuado trabajo de restauración de personal inexperto ocasionó daños a 10 pinturas murales. Dichas obras, considerados monumentos históricos, se encuentran en el Exconvento de San José, municipio de Tula, Hidalgo.
El impacto de un vehículo en 2007 a la entrada del templo de la comunidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende, en esa misma entidad, causó daños al atrio de la capilla considerada también monumento histórico.
En 2009 y sin que se especifique si la alerta fue objeto de denuncia penal, se da cuenta del supuesto desmantelamiento de una pirámide de piedra lisa en el predio de Esteban Acosta García, en Misantla, zona arqueológica Paxil, en Veracruz.
Con fecha del 9 de noviembre de 2005, se denunció un siniestro en la Misión de San Francisco Javier de Jicamuracho, municipio de Uruachi, Chihuahua. Los daños se presentaron por incendio. Además de afectarse la cubierta y la pintura interior del inmueble, se dañaron nueve pinturas del siglo XVIII consideradas bienes muebles históricos. Entre las obras se encontraban los óleos titulados La dolorosa, San Francisco de Asís, Sagrada familia, Inmaculada concepción y San José con el niño.
El INAH es responsable de la protección de los monumentos arqueológicos construidos antes de 1521, y de los históricos a partir de ese año y hasta 1900 –periodo que comprende también el arte sacro–, así lo establece la Ley Federal sobre Monumentos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo al considerar que no cumple con su principal encomienda.
 
Índice de saqueo y destrucción
Entre los inmuebles dañados o destruidos se encuentran sitios y monumentos arqueológicos, montículos prehispánicos, basamentos piramidales, obras hidráulicas antiguas, muros y bardas con valor histórico, capillas, templos, portales y atrios.
Las piezas muebles van desde vasijas, cántaros, platos, figurillas arqueológicas, fragmentos de petrograbados, ofrendas y restos humanos, cerámica, herramientas y armas prehispánicas, discos de obsidiana, piedras talladas y piedras preciosas; hasta pinturas, esculturas, imágenes, lienzos y óleos de carácter religioso y objetos sacros, como cálices, campanas y coronas, entre otros.
Leer mas AQUI.

Con el “presidente del empleo”, más de 8 millones en la calle

Felipe Calderón Hinojosa, autoproclamado “presidente del empleo”, cierra su administración con más de 8 millones de mexicanos en el desempleo, según la UNAM, 300 por ciento más que la cifra reportada por el Inegi (que apenas alcanza los 2 millones de “desocupados”). Los estados más afectados por la violencia, con el mayor número de desempleados. La informalidad predomina en el sexenio calderonista. 

 
 
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sara lleva dos años sin empleo. La joven de 28 años estudió la licenciatura de diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde entonces ha sido vendedora de membrecías, secretaria, cajera y recientemente colocó una manta afuera de su casa con la leyenda “se hacen trabajos escolares”.
 
Se le nota cabizbaja. “Estoy muy triste y desesperada”, declara, entre muecas y ojos húmedos.
 
En el país, más de 8 millones de personas se encuentran en el desempleo, de acuerdo con información del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM.
 
Pese a que con los desempleados se podría llenar el Estadio Azteca 53 veces, a Sara no le sorprende la cifra. Su papá, su mamá, algún tío y otros compañeros con los que cursó la carrera están en la misma situación.
 
“El Borras es un artista muy talentoso. Después de años sin encontrar trabajo entró a un taller a hacer serigrafía. Le pagaban dos pesos por bolsa que imprimiera. Al final, por un mes de trabajo, le dieron 500 pesos y le quedaron a deber 200. El segundo mes le querían pagar por impresión 50 centavos. Dejó de ir.”
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza 2 millones 437 mil 409 personas “desocupadas” en México. Sin embargo, el CAM cuenta con otra cifra muy superior: calcula que son 8 millones 710 mil 108 las personas con interés en trabajar que no encuentran empleo. El Centro, dependiente de la UNAM, revela que el gobierno federal oculta al 72 por ciento de la población desempleada, además de que no contempla a quienes sufren una situación crónica de desempleo.
 
“Mandé cientos y cientos de correos, fui a entrevistas, llamé por teléfono. En unos lugares pagaban muy poco. Hay trabajo en el call center y en las ventas, pero es por comisión. Está cabrón, si estudiaste una carrera”, agrega Sara.
 
 
La diferencia en las cifras, señala el Reporte de investigación 95, se debe a que la metodología que utiliza el Inegi no es la adecuada. Luis Lozano Arredondo, miembro de dicho Centro, explica que fue a partir del panismo que el Inegi evadió la metodología internacional para hacer cálculos de empleo y desempleo.
 
El también profesor de la Facultad de Economía agrega que en 2005 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le pidió al gobierno mexicano homologar la metodología del desempleo de acuerdo con los criterios internacionales. “El rector de estadísticas de la OCDE le mandó un oficio a Gilberto Calvillo Vives, entonces director del Inegi, donde le decía que revisara la metodología para el cálculo del desempleo”.
 
Como consecuencia del desacato, México presenta una tasa menor de desempleo que nueve de los 11 países miembros de la OCDE, entre los que se encuentran Canadá, Francia, Alemania, Grecia y España.
 
Ante ello, los investigadores del CAM aseguran que las cifras que arroja el Inegi han sido utilizadas políticamente por el presidente Felipe Calderón, quien hasta asegura que durante su gestión se ha superado  el récord en la generación de empleos.
 
La aseveración más reciente del mandatario fue durante su visita a la presa La Yesca, en marzo de 2012, donde dijo: “El año pasado generamos casi 600 mil nuevos empleos; ahora en dos meses llevamos 181 mil, lo cual es una buena noticia que refleja no sólo la recuperación económica del país, sino lo más importante, que hay empleos formales para los mexicanos”.
 
Los autores del documento establecen que la tasa de desocupación no corresponde con la tasa de desempleo, la cual se ha agudizando desde que en diciembre de 2006 Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República, al pasar del 12.7 por ciento a la cifra más alta que alcanzó: el 16.4 por ciento. Mientras, el Inegi reportó, de 2006 a 2011, como tasa de desocupación, un rango del 3.5 por ciento al 6.2 por ciento, lo que muestra una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales entre ambas mediciones.
 
Para el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el priísta Leobardo Soto Martínez, la variación en las cifras se explica por la eventualidad y la informalidad de los empleos; sin embargo, confía plenamente en los datos del Inegi: “Son cifras con mucha seriedad”.
 
Aún con ello, asegura que el “presidente del empleo” le falló a millones de trabajadores y a millones de mexicanos, al carecer de una política económica que reactivara la economía y generara más empleos. La tarea, dice, queda pendiente para el nuevo gobierno.
 
Francisco Hernández Juárez, diputado federal de extracción perredista, se declara “totalmente de acuerdo en que el gobierno miente con las estadísticas: quiere vender la idea de que es un buen gobierno; para dar una visión optimista del escenario que vivimos, maquillan las cifras para justificar que es así. El empleo y la democracia pasaron a segundo plano para Felipe Calderón cuando, al llegar a la presidencia con poca legitimidad, diseñó la lucha contra el narcotráfico, estrategia que le haría ganar credibilidad”.
 
 
La reforma laboral o la precarización del empleo
 
 José Gerardo de los Cobos Silva, integrante de la Comisión del Trabajo, refiere que para la generación de empleos el gobierno federal requería de la reforma laboral que su partido, Acción Nacional (PAN), impulsa desde 2003 y que, asegura, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha bloqueado.
“Para que haya más empleo necesitamos modernizar el marco jurídico.

Leer mas AQUI.

Salario cae 42% durante el calderonismo

Con Calderón, el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores ha decaído en 42 por ciento, según datos de investigadores de la UNAM. De diciembre de 2006 a febrero de 2012, el salario mínimo nominal diario pasó de 48.57 a 62.33 pesos; en tanto, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable se incrementó más del doble: de 80.83 a 197.96 pesos. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados “no ha hecho nada”; el diputado perredista Francisco Hernández reconoce: “Ni siquiera hemos sesionado una sola vez en este año”. El momento más crítico para los bolsillos de los mexicanos llegó con el neoliberalismo.
 
 
 
En México por lo menos el 75 por ciento de la población ocupada no tiene acceso a la Canasta Alimenticia Recomendable, que incluye 38 productos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para una adecuada alimentación.
 
“Y eso sin considerar otros gastos”, acota Luis Lozano Arredondo, economista integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Acorde con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debería garantizar al pueblo el acceso a la canasta básica constitucional que además de los alimentos, incluye vestido, calzado, vivienda, transporte, salud, educación, esparcimiento, cultura y servicios.
 
De acuerdo con el CAM, al 13 de febrero de 2012 el precio ponderado –es decir, de consumo diario– de la Canasta Alimenticia Recomendable para una familia de cinco integrantes es de 197 pesos con 96 centavos. Considerando que el salario mínimo actual es igual a 62.33 pesos, tan sólo el 24.14 por ciento de la población ocupada, la que percibe más de tres salarios mínimos, podría adquirir los artículos de ésta.
 
Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del cuarto trimestre de 2011, revelan que 47 millones 836 mil 56 de personas están ocupadas. De éstas, 4 millones 175 mil 661 (el 8.72 por ciento) no reciben ingresos; 27 millones 40 mil 589 (el 56.52 por ciento), como máximo tres salarios mínimos; y 11 millones 549 mil 694 (el 24.14 por ciento), arriba de tres salarios mínimos.
 
Lo anterior es reflejo de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en el país, es decir, del bajo crecimiento de los salarios nominales respecto del comportamiento de los precios.
 
Según un estudio elaborado por el CAM, que tiene su sede en la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria, en lo que va de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa dicha pérdida ha sido del 42 por ciento. Del 1 de diciembre de 2006 al 13 de febrero de 2012, el salario mínimo nominal diario pasó de 48.57 a 62.33 pesos; en tanto, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable ponderada se incrementó más del doble: de 80.83 a 197.96 pesos.
 
A principios del sexenio, con un salario mínimo se podían comprar 4.85 kilos de frijol bayo o 48.67 piezas de pan; actualmente sólo 2.79 kilos o 38.95 piezas. Alcanzaba para 7.22 kilos de tortilla o 4.2 kilos de huevo; ahora sólo para 5.66 o 3.02 kilos, respectivamente.
 
Asimismo, mientras en diciembre de 2006 una persona tenía que laborar 13.19 horas diarias para poder adquirir la Canasta, al 13 de febrero de este 2012 tuvo que hacerlo durante 25.41 horas.
 
En este contexto, para sobrevivir, las familias mexicanas tienen que emplearse horas extra o incorporar a otros de sus miembros al mercado laboral. También, en detrimento de su propia salud, han optado por consumir alimentos de menor calidad pero que satisfacen la sensación de apetito. O productos que anteriormente eran objeto de pepena, explica David Lozano Tovar, integrante del CAM.
 
“Del total de niños de educación primaria y preescolar, el 70 por ciento va a la escuela con jamón y salchichas de dudosa calidad. En México tenemos un problema de obesidad infantil que realmente, siendo críticos y duros, es obesidad por pobreza”, sentencia el investigador.
 
 
La Comisión de Trabajo del legislativo, “sin hacer nada”
 
 Mientras el salario de los trabajadores pierde poder, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Unión permanece inerte. Francisco Hernández Juárez, secretario de la misma, manifiesta: “La Comisión de Trabajo está desintegrada. Todos los diputados del PRI (Partido Revolucionario Institucional) pidieron licencia y renunciaron a la Comisión de Trabajo. Ni siquiera hemos sesionado una sola vez en este año”.
 
A escasos cuatro meses de que la LXI Legislatura concluya sus labores, el legislador reconoce: “Literalmente no hicimos nada”. Las evidencias en la página electrónica de la Cámara de Diputados lo respaldan: a diferencia de otras, la Comisión del Trabajo carece de un micrositio que informe las acciones emprendidas.
 
Respecto de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo durante este sexenio, el diputado del Partido de la Revolución Democrática dice que “estaba previsto que ocurriera”, pues la política económica en México, basada en “recetas” neoliberales del Fondo Monetario Internacional, se enfoca en “beneficiar a unos cuantos y empobrecer a la mayoría de la población”. Refiere que, no obstante los altos niveles de pobreza en el país, en éste habita el hombre más rico del mundo.
 
Para Leobardo Soto Martínez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la raíz del actual deterioro del poder adquisitivo de los salarios está la falta de “una política económica con un amplio sentido social”, que regule el outsourcing (subcontratación) y que elimine, por ejemplo, el gravamen a prestaciones y la “figura jurídica del pago por honorarios”.
 
Está también la “ineficiencia” de los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, quienes “dejaron mucho que desear; se dedicaron a otros temas, menos a incentivar el empleo y mejorar el salario”.
 
 
A decir del diputado del Partido Revolucionario Institucional, las prestaciones que contemplan los contratos colectivos de trabajo son lo único que ha ayudado a los trabajadores a enfrentar esta “situación económica tan difícil”. Y agrega: “Aquellos trabajadores que están en la informalidad son los que más han sufrido la caída del poder adquisitivo”.
 
Leer mas AQUI.
 

Periodismo mexicano en Silencio forzado

Militares, policías federales y servidores públicos encabezan la lista de agresores contra la prensa mexicana, documenta Artículo 19. La organización internacional, con oficinas en México y Centroamérica, contabilizó 172 casos que inhibieron la libertad de expresión en 2011. Los hechos: asesinatos, desapariciones y ataques explosivos a las instalaciones de los medios de comunicación, entre otros.

 
San Diego, California, Estados Unidos. Más de 170 ataques fueron perpetrados contra la prensa mexicana en 2011, consecuencia de la “guerra” declarada contra el crimen organizado por Felipe Calderón Hinojosa desde que ascendió al poder. Militares, policías federales y servidores públicos son los principales agresores de la libertad de expresión.
La organización internacional Artículo 19 ?con oficinas en México y Centro América?, documenta en Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia en México. Informe 2011, un total de 172 agresiones contra periodistas, trabajadores de medios e instalaciones de los mismos, tan sólo el año pasado.
De origen inglés, Artículo 19 trabaja desde hace más de 20 años en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Esta organización identifica que los ataques del año pasado consistieron en: nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o de explosivos contra instalaciones de medios.
Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran: Veracruz con 29; el Distrito federal con 21; Chihuahua y Coahuila con 15 cada uno; y Oaxaca con 11 casos.
“Lo anterior –indica el informe–, en medio de una crisis de “seguridad pública” en el país con origen en el crecimiento y expansión de los grupos de la delincuencia organizada, las pugnas cada vez más violentas entre ellos y el papel asumido por la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en la estrategia para enfrentarlos”.
Según la organización internacional, “la dificultad para restablecer las condiciones de seguridad en varias zonas del territorio nacional ha obligado al gobierno federal a iniciar operativos coordinados entre la Marina, el Ejército y la Policía Federal, que han implicado el despliegue de unos 49 mil 650 efectivos militares, según datos de la Defensa Nacional hasta 2010”.
México, sin cultura de respeto a la prensa

En el contexto del taller internacional para periodistas en riesgo, Mundos distintos, amenazas similares–organizado por el Institute of the Americas y su vicepresidente Lynne Walker, WAN-IFRA y Artículo 19–, el periodista Javier Darío Restrepo comentó que el riesgo al que se enfrentan los periodistas en tiempos violentos, no sólo se relaciona con la amenaza de hombres armados, sino que también se enfrentan a reprimendas tras la denuncia de actos de corrupción en diferentes esferas de poder. “Son las dos violencias a las que nos exponemos cuando hacemos periodismo en estas tierras [de América] y en muchas otras”.
Rodrigo Bonilla, coordinador del departamento de libertad de prensa de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por su sigla en inglés), con sede en París, Francia, dice que la causa de la violencia contra los comunicadores mexicanos es estructural: “No existe una cultura de respeto a la prensa. No hay la idiosincrasia de que el periodista es un ciudadano informado y con un rol particular e importante, si es que la sociedad quiere ser democrática.
“Esto se mide con el nivel de agresividad de las autoridades frente a la prensa, la falta de voluntad política en proteger a los periodistas y la inmovilidad de la opinión pública, frente a lo que se está viviendo. En otras sociedades, si la prensa estuviera viviendo lo que la mexicana habría marchas continuas”, comenta.
 
El Estado, principal perpetrador
El informe de Artículo 19 evidencia que el principal agresor de la prensa mexicana es el gobierno, en sus tres niveles. De los 303 agravios registrados, el 53.4 por ciento fue cometido por servidores públicos o funcionarios de distinto rango.
La lista muestra que, a nivel federal, los principales agresores fueron los militares, con 45 casos; integrantes de la Policía Federal con 36; y servidores públicos con 17. En los estados, 77 casos ocurrieron de manos de agentes locales, en tanto que 44 fueron por parte de funcionarios. Mientras que otros adscritos a gobiernos municipales incurrieron en 47 y su policía contó 37.
El periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, uno de los fundadores del semanario sinaloense Ríodoce, indica que el problema de violencia que hay en el país y, en consecuencia, para con el gremio periodístico “es síntoma de la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo. Un país que debería avergonzarnos a todos porque los jóvenes no pueden estudiar y son rechazados de las escuelas públicas”.
Galardonado en diciembre de 2011, con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas, Javier Arturo enumera los diversos factores que afectan el trabajo periodístico en el país: “La división de los principales cárteles, una política del gobierno antinarco muy torpe y la falta de investigación y persecución de políticos y empresarios involucrados en la delincuencia organizada, aunada a los banqueros que lavan dinero. Todo esto, sin incluir políticas sociales que atiendan el problema de la miseria.
“Lo otro son factores históricos: mucha de la droga que pasaba por aquí, ahora se queda. Los cárteles están en medio de un proceso de degeneración impresionante, su distintivo es la crueldad, ya no hay nada que los detenga. Cada suceso es para sorprendernos y lamentarnos más de estos niveles de violencia”, comenta.
David García Davish, director y fundador de la agencia de noticias Quadratín, en Michoacán, apunta que en su estado, al igual que el resto de la república, se han acrecentado los riesgos para cumplir con la tarea profesional periodística. Sin embargo, es optimista y agrega que “empieza, aunque de manera incipiente, a manifestarse una preocupación en el gremio. Se comienzan a interesar en la organización y en llevar a cabo protocolos que permitan blindarnos y protegernos en lo personal”.

24 millones sin ejercer en protección

Contrario al clima de impunidad y violencia que impera en la sociedad, el gobierno federal −a través de la Secretaría de Gobernación− subejerció poco más de 24 millones de pesos, destinados a la creación de políticas en materia de prevención y protección. Los recursos públicos debieron ser canalizados mediante el Mecanismo de Protección a Periodistas.
Leer mas AQUI.

Panismo: 109 periodistas asesinados o desaparecidos

De 2001 a 2012 han ocurrido, al menos, 109 asesinatos y desapariciones de periodistas. De éstos, 79 se cometieron en la actual administración de Felipe Calderón. El 28 de abril, la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, fue asesinada en Veracruz.

En la conmemoración de Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), los cuerpos de los fotorreporteros Gabriel Huge y Guillermo Luna fueron encontrados en el canal veracruzano de La Zamorana, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado, entidad gobernada por Javier Duarte Ochoa

La tasa de agresiones contra el gremio periodístico ha crecido 2 mil 500 por ciento respecto del sexenio de Ernesto Zedillo. A la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, México llega como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.



El ejercicio periodístico en México se clasifica como una labor riesgosa. Organizaciones internacionales de protección a periodistas y defensa de la libertad de expresión, como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, señalan a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer esta profesión.
 
El número de ataques contra la libertad de expresión va en aumento. Es a partir de 2006 cuando se empiezan a registrar los niveles más altos de agresiones contra periodistas, y con mayor violencia. A decir de Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los ataques a la labor periodística hieren inherentemente de gravedad la democracia del país.
 
De acuerdo con registros consultados por Contralínea, durante los 12 años de administraciones federales a cargo del Partido Acción Nacional (PAN), el recuento de periodistas asesinados y desaparecidos asciende a 109, de los cuales 30 ocurrieron durante el gobierno de Vicente Fox (1 de diciembre de 2000 a 30 de noviembre de 2006): 26 fueron asesinados y de cuatro más se desconoce su paradero; en la administración de Felipe Calderón (1 de diciembre 2006 a la fecha) se registran 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.
 
En suma, 93 periodistas asesinados y 16 desaparecidos es el saldo que arroja el panismo en materia de libertad de expresión hasta ahora.
 
A decir de Javier Sepúlveda, se espera que el número de agresiones no crezca en los meses restantes de esta administración. Sin embargo, las estadísticas reflejan que los casos se siguen presentando e incluso se han triplicado: de diciembre de 2006 a la fecha el número de asesinatos contra trabajadores del medio ha crecido 246 por ciento comparado con el sexenio anterior. Las desapariciones han presentado un 303 por ciento más de incidencia durante esta administración de Felipe Calderón.
 
 
Las condiciones actuales de la libertad de expresión en México le han valido la clasificación de país en situación difícilpara la labor periodística, documenta Reporteros sin Fronteras. Así mismo, en el ranking 2011 que emite anualmente esta organización, México ocupa la posición 149 de 179 países evaluados: “Han sido cinco años muy difíciles y violentos, se mantiene la cantidad de asesinatos y desapariciones. Desde 2006 México se ha clasificado así (como país en situación difícil) y permanece”, asegura Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras.
 
A partir de 2006 la incidencia de los ataques contra periodistas en México se recrudece, y es durante 2008 y 2010 que alcanza su punto más álgido. Balbina Flores sostiene que la situación hostil que vive el gremio es resultado de la estrategia de seguridad del actual gobierno de Felipe Calderón. Daniela Hernández, coordinadora del Área de Educación e Investigación del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) coincide: “A raíz de la estrategia de seguridad (de este sexenio) hubo una escalada de violencia”. Sin embargo, aun cuando se han adjudicado las agresiones a la delincuencia organizada, se sabe que los responsables de dichos ataques, hasta en un 49 por ciento de los casos, son las autoridades y las fuerzas de seguridad pública. Así lo documenta Reporteros sin Fronteras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y algunas otras organizaciones como Cencos y Artículo 19.
 
La representante de Reporteros sin Fronteras explica que este fenómeno no es nuevo. A nivel mundial, y principalmente en América Latina, las autoridades suelen ser quienes cometen el mayor número de agravios. Sin embargo, una nueva tendencia de ataque hacia la prensa en México son las agresiones contra las instalaciones de los medios de comunicación. Balbina Flores asegura que en los seis años recientes se observa un particular interés por atacar colectivamente a quienes ejercen la labor periodística a través de agresiones a los edificios de los medios de comunicación. Un caso emblemático es el del diario El Mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando en 2006 fueran atacadas sus instalaciones y parte de su personal con armas de fuego y granadas de fragmentación.
 
Leer mas AQUI.