jueves, julio 19, 2012

El gran reto: frenar la imposición

Lo dijo el jueves 12 en conferencia de prensa: el camino a seguir es el de la resistencia civil, a contrapelo de lo que aconsejan algunos perredistas, empresarios e incluso priistas. Ese día Andrés Manuel López Obrador habló de las dos vías que tomará su movimiento. La primera, documentar el cúmulo de irregularidades del proceso electoral; la segunda, organizar nuevas movilizaciones en las calles para impedir que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”. En entrevista con Proceso, Jaime Cárdenas Gracia, asesor jurídico del Movimiento Progresista, explica la estrategia jurídica y califica el proceso electoral entero como “una simulación”.

A contracorriente de grupos de poder, gobernadores, empresarios, militantes del PRI y hasta miembros del PRD, quienes le piden aceptar la derrota para no romper con “la armonía del país”, Andrés Manuel López Obrador insiste en que el camino a seguir es el de la resistencia.
Ya dio el primer paso al documentar ante las instancias electorales que sí hubo fraude en la elección presidencial y ahora prepara las nuevas movilizaciones en las calles para impedir, dice, que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”.
El jueves 12, acompañado de Jesús Zambrano, dirigente del PRD, Luis Walton, del Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que cuenta con más de 4 millones de simpatizantes, llamó a los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele la vía democrática.
Se veía cansado por la desgastante campaña iniciada hace cinco años, pero sobre todo por los resultados adversos de la jornada del domingo 1. Eso no le impidió esbozar su Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México: “Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos”.
En la conferencia de prensa de ese día López Obrador expresó: “No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos por el renacimiento moral de México”. Y definió su estrategia, que va en dos vías. La primera será impugnar la elección presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la segunda, salir a las calles para convocar a todos los ciudadanos a defender el voto.
El miércoles 11 en entrevista radiofónica respondió a quienes le piden aceptar el resultado de la elección: “No podemos ser cómplices de la corrupción. Pido disculpas por anticipado por las molestias que pueda provocar nuestra postura. Pero pierdan cuidado, voy a actuar pacífica y legalmente, sin violencia. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.
Junto con su equipo, encabezado por su asesor jurídico Jaime Cárdenas Gracia, insistió en que documentará las irregularidades electorales para demostrar que Peña Nieto no ganó.

La simulación

Después de revisar con detalle las pruebas que el Movimiento Progresista presentó ante el TEPJF como causales de anulación, Cárdenas Gracia concluye que el proceso fue una simulación.
“En todos los sentidos –dice–. Aunque formalmente se pusieron las urnas y se contaron los votos, todo se desarrolló con una gran inequidad; las encuestas se usaron con fines electorales, como si fueran spots diarios, y el propio IFE (Instituto Federal Electoral) cayó finalmente en la inacción.”
Doctor en derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid, Cárdenas Gracia y el equipo que encabeza presentaron ante el tribunal un expediente con más de 600 páginas, 300 videos y 400 denuncias de seis graves irregularidades cometidas por el PRI, la primera de ellas por la compra y coacción del voto presentada ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade). Hasta el cierre de edición ninguna había sido atendida.
Tras el análisis de los documentos, el exconsejero electoral insiste en que hay elementos suficientes para que el tribunal declare la invalidez de la jornada del domingo 1 y llame a elecciones extraordinarias. Todo depende de cómo actúe. Por ejemplo, sólo él puede obtener las averiguaciones previas interpuestas ante la Fepade.
“Si se asume como autoridad administrativa, resolverá conforme a las pruebas que presentemos, solamente. Pero si se asume como tribunal, tomará en cuenta no sólo lo que le presentemos, también podrá requerir a otras autoridades información o pruebas y dictar medidas para mejor proveer. Eso va a ser muy importante”, dice a Proceso.
Confía en que para septiembre, cuando concluya el plazo, el tribunal se pronuncie y declare la invalidez de la elección presidencial. La impugnación, explica, seguirá una “ruta indicial” similar a la del Pemexgate. En ese caso el IFE conminó al PRI a pagar una multa de mil millones de pesos, la más grande en la historia electoral de México, luego de corroborar el uso ilegal de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.
Ahora, dice, se presentan alrededor de 4 mil pruebas y documentos para configurar el delito de compra y coacción del voto e inequidad en la campaña presidencial mediante las tarjetas de Soriana y Monex que repartió el PRI antes de la votación.
También las denuncias de compra de votos en zonas rurales, donde la participación aumentó hasta 85%, los contratos de los miles de espectaculares comprados desde el inicio de la campaña, las pruebas de contratos de promoción de Peña Nieto en Televisa desde hace cinco años, la actuación de los gobernadores del PRI, además de bases de datos, testimonios notariales, informes de la ONU y la OEA sobre la concentración de medios y resoluciones de otros casos donde se invalidaron elecciones por razones similares, como las de Morelia, Michoacán, y Zimapán, Hidalgo, en 2009.
“La autoridad electoral ya ha resuelto casos con indicios, por ejemplo en el del Pemexgate, en el cual participé. Te puedo decir que no teníamos prueba directa, la que tuvimos fue que el sindicato de Pemex había depositado en Banorte más de 500 millones de pesos y que unos empleados del PRI sacaron en 10 días esa suma.
“Y aun cuando no supimos a dónde se fue ese dinero –nunca tuvimos prueba de que haya llegado a las cuentas del PRI o se haya ido a la campaña– nosotros sólo dijimos que hubo violación constitucional y legal porque se utilizó para fines electorales. Al final, a partir de las pruebas indiciales, no directas, se multó al partido con mil millones de pesos”, relata Cárdenas.

La inacción del IFE

El asesor jurídico del Movimiento Progresista advierte, como lo hizo Arturo Núñez Jiménez, el candidato triunfador en los comicios por el gobierno de Tabasco de la coalición de izquierda y uno de los primeros directores del IFE: lo más difícil será comprobar la compra y venta de votos.
Por ello incluyeron videos con testimonios de ciudadanos según los cuales el PRI les dio dinero o la tarjeta de Soriana o Monex a cambio de su voto. Asimismo, dice Cárdenas, aportaron pruebas de cómo los gobernadores del PRI y las estructuras paralelas del partido desviaron millones de pesos para conseguir 5 millones de sufragios, tal como denunció López Obrador durante la campaña.
Comenta que la triangulación de esos fondos de origen ilícito puede tipificarse como lavado de dinero, al igual que el caso de Amigos de Fox en 2000, cuando el candidato panista recibió financiamiento de empresarios mexicanos y del extranjero. “Con esos elementos vamos a construir un argumento para demostrar la compra y coacción del voto”, sostiene Cárdenas.
En lo concerniente al rebase de gastos de campaña y en el asunto de la inequidad, el movimiento tiene pruebas directas para comprobar las irregularidades del PRI y su candidatos, como facturas, notas y documentos. En ellas, según el asesor jurídico, se evidencian gastos por 4 mil 599 millones de pesos, superiores a los 336 millones autorizados por el IFE.
Y sobre las encuestas, el propósito de la demanda es “construir” el argumento legal para demostrar su uso como propaganda. Un ejemplo son los sondeos de la empresa GEA-ISA publicados por el grupo Milenio en su periódico todos los días y retransmitidas en noticiarios televisivos, en los cuales Peña Nieto siempre llevó una cómoda ventaja sobre sus contrincantes.
De manera similar se comportaron Consulta Mitofsky en Televisa y Telefórmula; Parametría en la Cadena Organización Editorial Mexicana que edita El Sol de México; Ulises Beltrán para el diario Excélsior, y Buendía y Laredo en El Universal.
“En términos legales y constitucionales eso implica una ‘adquisición indebida de tiempos en radio y televisión’. Para medir el impacto de las encuestas utilizaremos el monitoreo de IBOPE o los del propio IFE. Vamos a demostrar el impacto de ese tipo de encuestas orientando a la opinión pública durante todo el proceso. Las encuestas eran como spots y en casos como el de del periódico Milenio se publicaron todos los días”, precisa el entrevistado.
En el caso de la presencia de Peña Nieto en televisión durante los últimos cinco años, asegura que la queja está respaldada con fotocopias de los contratos encubiertos de Televisa, así como por las menciones del candidato presidencial en los programas del consorcio, incluidos los de espectáculos.
–¿Se va a pedir la invalidez o la anulación?
–Podríamos decir que hay dos tipos de nulidad o de invalidez. La nulidad por la violación a la ley, que es una; la otra es la nulidad o invalidez por violación a principios constitucionales. Nosotros vamos a proponer una nulidad por principios constitucionales. Lo que decimos en el escrito es que reclamamos la nulidad y exigimos la no declaración de validez de la elección, por violación a principios constitucionales.
“Para nosotros los principios que se violaron fueron los de libertad, sufragio, equidad, legalidad, certeza y autenticidad. Todos se violaron a lo largo del proceso electoral.”
Expone también que son tres los argumentos principales en el recurso de inconformidad: el de equidad, con el rebase de topes de gastos de campaña; el de compra y coacción del voto, relacionado con el principio de libertad del sufragio, y el de las encuestas, que tiene que ver con equidad y autenticidad del voto.
Otro aspecto del recurso de impugnación es el de la inacción de la unidad de fiscalización del IFE, pues aunque recibió las primeras quejas desde hace dos meses, aún no las resuelve. Lo mismo sucedió con la Comisión de Quejas del instituto, que no atendió las querellas sobre compra o coacción de votos.
“Todo eso lo sustentamos jurídicamente como pruebas que incluyen videos, bases de datos, testimonios notariales, resoluciones de la autoridad, informes de la ONU y de la OEA sobre la concentración de medios, pruebas documentales, técnicas, ‘pruebas indiciarias’, estudios demográficos e informes de instituciones, como el Inegi y el IFAI. El expediente contiene más de 600 páginas, 3 mil o 4 mil pruebas y algunos anexos”, resume Cárdenas.
Dice que el 8 de febrero, casi un mes antes del arranque de su campaña, López Obrador propuso al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, 12 medidas para inhibir la compra de votos. Tres meses y medio después el instituto contestó que era asunto de la Fepade.
“Acudimos al tribunal (electoral) pero confirmó lo que dijo el IFE. Creo que en materia de compra y coacción del voto el instituto ha sido una autoridad omisa. Sé que de las quejas presentadas ninguna ha sido resuelta hasta el momento.”
En materia de fiscalización fueron los propios partidos, en particular el PRI y el PAN, los que desaparecieron la comisión de fiscalización en el IFE y la convirtieron en unidad, sostiene el entrevistado, “porque la fiscalización es a lo que más le temen los partidos luego de los escándalos de Amigos de Fox y el Pemexgate. Inventaron esa unidad técnica de fiscalización para, en lugar de investigar, dedicarse sólo a imponer multas”.
Además los resultados de fiscalización se dan después de la declaración de validez de la elección, cuando ya no tiene ningún impacto en la calificación del tribunal.
De acuerdo con Cárdenas, también están quejas como el rebase de tope de gastos de campaña de Peña Nieto con los espectaculares, que pese a que presentaron al arranque de las campañas “no se han resuelto”.
Reitera: “Creo que en materia de fiscalización, compra y coacción del voto el IFE ha sido insuficiente, omiso. Lo mismo pasó con las encuestas: no hizo nada. Esos problemas los fuimos denunciando pero todos fueron omitidos. Si el instituto hubiera tenido un plan para atender esas contingencias, otra sería la situación”.
–La no solución de quejas, ¿es más una cuestión de ley o intencional?
–Las dos cosas. La ley no ayuda mucho, por eso (los consejeros del IFE) se escudan y dicen que es una cuestión de la ley, pero en realidad es la interpretación que ellos hacen de la ley.
“Aunque, viéndolo bien, creo que es intencional. Cuando aseguran que la compra y coacción de votos no es asunto suyo sino de la Fepade, es para quitarse una crítica de encima o para evitar abordar un tema delicado que podría enfrentarlos con los gobernadores, alcaldes o caciques.
“En el tema de la fiscalización se enfrentan con la maquinaria de los partidos; en las encuestas, con los medios y las empresas encuestadoras. No quisieron líos, piensan que su tarea es organizar los comicios y contar votos. Pero no. El proceso electoral tiene que ver con generar condiciones de equidad, libertad y autenticidad para que éste no sea una simulación.”
“Ahora veremos al tribunal. Aunque el recurso se entrega al IFE, éste lo turna al tribunal porque así lo dicta la ley. La pelota está en el tribunal. Y si vemos a los magistrados, a algunos podríamos llamarlos progresistas, pero en general son conservadores. La mayoría de sus integrantes son letristas de la ley.”
–Ante este panorama, ¿qué van a hacer?
–Hay que dejar el testimonio histórico, preparar los procesos electorales venideros, darle aliento a la gente que ha perdido la esperanza en las instituciones. Esta es la vía para hacerlo, aunque haya pocas posibilidades. Jurídica e históricamente estamos obligados a hacerlo.

La corrupción hundió al PAN

En entrevista con Proceso el senador Ricardo García Cervantes hace un análisis de la debacle electoral del PAN y sostiene que éste, su partido, perdió el rumbo. Asegura que en la gestión gubernamental de Felipe Calderón ha prevalecido la corrupción, pues se cambió el deber por la conveniencia; así que para reconstruir a este instituto político, dice, es necesario que sus miembros subordinen la política a la ética. En síntesis, el legislador se muestra pesimista ante el futuro de su partido.

Al desastre electoral del Partido Acción Nacional (PAN), le ha seguido la simulación y el cinismo, advierte el senador Ricardo García Cervantes: Los grupos responsables de la corrupción interna son los que harán la “reflexión” sobre las causas del derrumbe y, luego, se repartirán el botín.
“¡Son grupos de interés, muchos de ellos de negocios y de negocios ilícitos! Son grupos cohesionados por sus prácticas de corrupción frente a otros grupos y todos se saben capaces de cualquier cosa”, describe el vicepresidente del Senado.
Apartado “voluntariamente” de esa dinámica facciosa, que nació al suprimirse el principio de subordinar la política a la ética, García Cervantes anticipa que la “restructuración”, “refundación” o “reconstrucción” del PAN –“traen un pleito por la semántica”– lo harán las mismas facciones que hundieron a ese partido y, por tanto, no habrá credibilidad.
“Es poco creíble que reflexiones separadas de los grupos de poder vayan a traer las consecuencias de refundación o corrección del partido. ¿Se trata de que se concilien los intereses de grupo o se trata de rescatar un interés de estar por encima de los grupos?”
–¿Se perfila un gatopardismo?
–Hacia eso iríamos.
En entrevista con Proceso, la mañana del jueves 12, el legislador prevé que el “grupo cerrado” de Felipe Calderón seguirá controlando el PAN, a través de personajes que no se afiliaron a este partido por convicción, sino sólo por ambiciones de poder, como Javier Lozano Alarcón y Ernesto Cordero.
“Es un grupo afiliado al poder, enamorado del poder, anclado en el poder que se va a quedar con lo que queda del poder”, afirma y vaticina que los miembros de la organización ultraderechista El Yunque, como Juan Manuel Oliva, Emilio González Márquez y Marco Antonio Adame, pactarán también: “Van a buscar acomodos y arreglos”.
Lo mismo ocurrirá con el grupo de Gustavo Madero, cuya renuncia a la presidencia del PAN es lo de menos, dice, pero será lo de más si la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota busca sustituirlo con su movimiento “Ola civil”.
“Empieza a ser lo de más si se sigue perfilando una imposición o una especie de recomposición de grupos y tratar de capitalizar una campaña presidencial para, de alguna manera, conservar el coto.”
–¿Se refiere a que Vázquez Mota pueda asumir la presidencia del PAN?
–Sí, y me refiero a que está totalmente indefinido ese movimiento. Tuvo mejor imagen de lanzamiento que la campaña. Hay que tener mucho cuidado, porque el simplismo nos puede llevar a decir: “Que se vaya Madero y ya se resolvió todo”.
Y no: “El reto de esta reflexión, refundación, reconstrucción es que debe ser creíble. Ahora sí los ciudadanos nos van a pedir que, como la mujer del César, antes de ser honestos, lo parezcamos. El PAN podría haber sido muy honesto, pero dejó de parecerlo y dejó de serlo”.
Por sus prácticas igualó al PRI: “Perdimos no nada más la manera de andar, y de andar entre perros no sólo aprendimos a ladrar, sino a orinarnos levantando la patita. ¡Es que somos igual!”
La crisis que padece por el rechazo de los ciudadanos no es fortuita: “El partido está cosechando lo que sembró. ¿O qué creían, que podían meter de socios adherentes a los padrones de Sedesol y que no iba a pasar nada? ¡Son idiotas!

El desastre

A punto de cumplir 60 años, militante del PAN desde 1977 y uno de los dirigentes panistas más respetados, aunque marginado de ese partido por su posición crítica y en particular por cuestionar la concentración mediática y a Televisa, García Cervantes desmenuza las razones de la debacle.
De entrada, alude al artículo “El desastre” que publicó en Reforma Germán Martínez, el presidente del PAN que renunció tras el desastre electoral de 2009, en el que reconoció haber incurrido en “equívocos” como los cometidos por Madero y que “sin ideales la política es mera gestión de intereses, y muchas veces el PAN cayó en ese bache”.
“Él no sólo no es ajeno al desastre panista, es protagonista y promotor”, señala García Cervantes. “El cínico se reviste de sincero para sólo reconocer en abstracto haber incurrido en equívocos y su burda gestión de intereses como funcionario y como dirigente, totalmente desprovista de ideales, pero muy provechosa en término de ganancias personales y de negocios de camarilla, sólo los considera un bache en la que lamenta que el PAN haya caído”.
Evoca el proceso interno del que Vázquez Mota resultó candidata presidencial, en el que emergieron evidencias de coacción a gobernadores, alcaldes y delegados a favor de Cordero, mientras que éste la acusó de incumplir con su deber como legisladora. “¿Con qué autoridad moral termina esto? ¡Con ninguna!”
Así como la Secretaría de Hacienda no detectó el endeudamiento de Coahuila, “porque la denuncia que hizo Cordero fue en el ámbito de las elecciones internas”, todas las dependencias del gobierno actuaron con lógica electoral.
“Se perdió totalmente la función de gobernar y se asumió la necesidad de cuidar la posibilidad de seguirlo haciendo. Se dedicaron más a crear las condiciones de continuar en el gobierno que de gobernar. ¡Me refiero a todos!”
Va más allá en el análisis del desastre electoral del PAN y la responsabilidad de Madero en muchos de los escándalos de corrupción, como el del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, cuyo hermano Jonás fue videograbado recibiendo dinero en efectivo en un casino, y pese a ello lo solapó.
“Se pronuncia por expulsarlo, algo pasa y el grupo afín a Larrazabal logra las candidaturas que quiere y Madero no sólo se allana, sino que son de su equipo más cercano.”
Otro caso es el de Fernando Yunes, hijo del expriista Miguel Ángel Yunes Linares, a quien Madero ratificó pese al fraude que cometió para ser candidato, y la coalición que él autorizó en Guanajuato con Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo, a quien Vázquez Mota combatió en campaña.
“¿Qué creen que la gente es tonta? Es tonto el que cree que la gente es tonta”, exclama García Cervantes, quien dice que el PAN cayó al tercer lugar en el Distrito Federal, porque “dominan los parentescos y el nepotismo” de Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Calderón, y se impuso una candidata, Isabel Miranda, que no fue respaldada.
El senador señala que en Coahuila los ciudadanos votaron contra el PRI por el endeudamiento de Humberto Moreira, y en Tamaulipas por la violencia, pero no por los candidatos panistas, “porque éstos, en otro tiempo, fueron los que generaron la debacle del PAN”.
En Coahuila, explica, el grupo que encabeza el senador Guillermo Anaya, compadre de Calderón y que ahora será diputado, cometió un fraude electoral contra el exembajador Jorge Zermeño para imponer a Luis Fernando Salazar, exdelegado de Sedesol.
“El expediente de Zermeño fue desechado por extemporáneo, pero está toda la evidencia de la manipulación, del acarreo, de la compra de votos, de la utilización del cargo. ¡Fue verdaderamente una suciedad lo que se hizo!”
Subraya: “El grupo cercano a Madero tiene responsabilidad y debe asumir las consecuencias”.
Las misma responsabilidad deben asumir los gobiernos del PAN, porque los electores también evaluaron las gestiones de Calderón, así como las de Jalisco, con González Márquez, y Morelos, con Adame.
“Un partido que está en el gobierno puede aspirar a que, haciendo un buen gobierno, se conserve en el poder. Si no logra conservarlo, en un silogismo muy sencillo, quiere decir que no satisfizo las expectativas de buen gobierno. Eso está claro.”
Calderón recibió respaldo inicial en su lucha contra el crimen organizado, dice García Cervantes, pero cuando ésta “no se vio acompañada de otros mecanismos como el combate al lavado de dinero, a la corrupción en las instituciones de seguridad pública y la impunidad, se mermó la sensación positiva y la impresión solidaria de la sociedad con su gobierno”.
A esto se sumó “esa terca insistencia de no revisar honesta y francamente las estrategias a partir de una concepción de lealtad con Genaro García Luna”, secretario de Seguridad Pública, y también los cotos de “una serie de funcionarios desprovistos de cualquier sensibilidad humana”.

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Sobre Peña Nieto, la sombra de los feminicidos en Edomex

En sus informes alternativos enviados al Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con sede en Nueva York, dirigentes de organizaciones civiles y activistas documentan los feminicidios y las agresiones sexuales contra mujeres en el Estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto. En vísperas de la sesión del organismo programada para el martes 17, dicen que no le creen nada al mexiquense ni al presidente Calderón, cuyo gobierno fue un desastre en materia de derechos humanos.

Inmerso en los cuestionamientos por las múltiples irregularidades registradas durante el proceso electoral y sin confirmarse aún su triunfo como presidente electo en los comicios del domingo 1, Enrique Peña Nieto es objeto también de un escrutinio internacional por la violación a los derechos humanos de las mujeres durante su gestión como gobernador del Estado de México.
El martes 17, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sesionará en la sede de la ONU, en Nueva York, en torno a la situación de los feminicidios y levantamientos que conculcan el tratado internacional sobre el tema ratificado por México en 1981.
Los señalamientos que ahí se harán no sólo van dirigidos a Peña Nieto; también implican al presidente Felipe Calderón, cuya decisión de declarar la guerra al narcotráfico agravó la violencia contra las mujeres, de acuerdo con “informes sombra” enviados por organizaciones civiles nacionales e internacionales al CEDAW.
En el caso del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, se hace énfasis en los abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006 atribuidos a policías mexiquenses, así como en la negativa del entonces mandatario estatal a instrumentar una alerta por violencia de género ante los feminicidios registrados en 2010.
José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asegura que con esos antecedentes resulta difícil “darle el beneficio de la duda” a Peña Nieto, pues, dice, “ya sabemos cómo va a actuar”.
Su colega María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), comenta que la vida de las mujeres corre serios riesgos. Y se pregunta: “¿qué se puede pensar de una persona que no quiso entrar a fondo en el tema de los feminicidios?”.
De acuerdo con el documento de la CEDAW, los países firmantes están obligados a garantizar las medidas necesarias para eliminar la discriminación de género. Sin embargo, en 2010 México no dio cuenta del cumplimiento de 36 recomendaciones formuladas por el órgano de la ONU, 16 de ellas relativas a la violencia y los feminicidios en Ciudad Juárez.
Para el encuentro del martes 17, la administración calderonista intentará presentar dos informes –el séptimo y el octavo–, que serán cotejados con al menos medio centenar de informes alternativos elaborados por organismos civiles.
Entre los citados reportes se incluye uno del Centro Prodh y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Éste resalta el incumplimiento por parte del Estado mexicano de una recomendación del órgano de la ONU emitida hace dos años para “mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección”.
Dicho documento, del que Proceso tiene copia, propone también que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), adscrita a la PGR, “tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables”.
Las organizaciones subrayan: “El Estado mexicano ha decidido ignorar dichas recomendaciones al privilegiar la falta de acceso a la justicia y a la reparación; al proteger a los perpetradores de los abusos sexuales y al trasladar la totalidad de las investigaciones de la Fevimtra a la procuraduría del Estado de México, donde permanecen hasta la fecha sin resultados positivos”.
Según el informe, sólo dos elementos de la Policía Estatal fueron sometidos a juicio por actos libidinosos y abuso de autoridad. Las autoridades los absolvieron, por lo cual 11 de las 46 mujeres de San Salvador Atenco agraviadas presentaron el 29 de abril de 2008, con la asesoría del Centro Prodh, una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llevar a juicio al  Estado mexicano.
Las causas: “Tortura sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a los derechos humanos. La petición fue admitida el 2 de noviembre de 2011, fecha en la que la Comisión Interamericana publicó su informe de admisibilidad del caso, y ahora se encuentra en la etapa de fondo”.
Marroquín Farrera sostiene que “el repudio a la represión y la violencia contra las mujeres durante el gobierno de Peña Nieto fue el origen del movimiento #YoSoy132”.

El caso Atenco, a la Corte Interamericana

El 11 de mayo, relata José Rosario Marroquín Farrera, antes de concluir su presentación en la Universidad Iberoamericana, Peña Nieto aceptó que él dio la orden para reprimir a los manifestantes en San Salvador Atenco el 3 de mayo de 2006. Y puntualiza: “Todo lo que digo está fundamentado en la serie de agravios documentados por el Centro Prodh”.
Dice que las mujeres que solicitaron la intervención de la CIDH “han decido llevar el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que se nos permita llegar hasta los niveles más altos de responsabilidad en la represión, de ser posible hasta Peña Nieto”.
Su colega de la OCNF, María de la Luz Estrada, apunta otro asunto “que cargará Peña Nieto”: el de su negativa a reconocer que se ejerció una violencia sistemática contra las mujeres en el Estado de México durante su gobierno.
“En 2010 decidimos solicitar la Alerta de Violencia de Género (AVG) ante un preocupante crecimiento de homicidios de mujeres, que tenían rasgos establecidos por organismos internacionales para establecer que se trataba de feminicidios. De enero de 2005 a agosto de 2010 se habían cometido 922 homicidios de odio hacia la mujer”, desataca la activista.
Según Estrada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a organizaciones civiles, comisiones de derechos humanos y congresos locales para que soliciten una AVG ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM). Si hay elementos suficientes, el sistema realiza la investigación y emite las medidas necesarias.
Y aunque Peña Nieto negó la existencia de homicidios de mujeres, en marzo de 2010, durante su comparecencia ante la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados, su procurador Alfredo Castillo Cervantes expuso que 30% de ese tipo de delitos –“crímenes por violencia doméstica”– estaban resueltos.
Del resto, Castillo “nos dijo que se tenía información de que las mujeres asesinadas tenían oficios de riesgo, que eran sexoservidoras. Nosotros, que ya teníamos datos de su procuraduría, le dijimos que las víctimas con esas características eran sólo el 1%”, cuenta Estrada.
Y como no se sabía quiénes eran los responsables de unos 500 crímenes, en diciembre de 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó la AVG. El 11 de enero de 2011 el SNPASEVM la desechó, agrega la activista. Por su parte, Peña Nieto convocó a foros para abordar el tema e invitó a participar a representantes de la CNDH.
“Al terminar los foros, Peña Nieto volvió a negar la existencia de feminicidios, pero pidió a la CNDH que realizara una investigación. Nosotros, a la vez, comenzamos a tramitar un amparo contra la decisión del Sistema –al final lo ganamos– y presionamos a la comisión para que nos entregara el informe.
“El principio nos dijeron que en marzo de este año lo harán. No cumplieron, quizá por el proceso electoral. Ahora nos comentan que para agosto”, indica la activista de la OMCF.
Y apunta que en marzo del año pasado “Peña Nieto avaló una reforma al Código Penal que incluye el feminicidio –aun cuando para comprobarlo se interponen elementos muy subjetivos, imposibles de comprobar–; le pedimos a Peña que vetara la reforma porque iba a invisibilizar el problema. Se negó”.
Añade: “El gobierno de Eruviel Ávila, según información de medios, insiste en que ya resolvió 98% de los feminicidios, pero sólo se habla de los crímenes ocurridos desde que se aprobó la reforma. Pero ¿qué pasó con las más de 500 mujeres asesinadas durante el gobierno de Peña? Para ellos fue borrón y cuenta nueva”.
Y pese a que las mexiquenses no son las únicas víctimas de feminicidio, lo cierto es que “si Peña Nieto no tuvo voluntad para acabar con el problema en un estado y que su visión de derechos humanos es medible, entre otras cosas, por el caso Atenco, nuestra preocupación es qué va a hacer en esta materia en el país”, sostiene Estrada.

El informe del OCNF

En el “informe sombra” entregado al comité CEDAW por la organización del OCNF, que coordina María de la Luz Estrada, resalta la inoperancia de los mecanismos de protección, como el AVG, que el SNPASEVM negó en 2008 a defensores de las triquis en Oaxaca; en 2009 hizo lo mismo ante la solicitud de varios grupos de Guanajuato respecto del incremento de la violencia sexual y la falta de servicios de salud adecuados para la interrupción del embarazo; y en este 2012 le tocó a Nuevo León, donde se han registrado mil 95 feminicidios entre 2009 y 2010.
Apunta: “La actual estrategia de seguridad pública al combate al crimen organizado y al narcotráfico, sumada a la corrupción, la impunidad, la pobreza y la falta de igualdad generalizadas, agravó el problema endémico y estructural de discriminación y la violencia que impacta a las mujeres desproporcionalmente”.
El observatorio afirma que durante la administración de Calderón la vulnerabilidad de las mujeres se incrementó a causa de “la violencia generalizada, la militarización de algunas regiones del territorio nacional, la diversificación de las actividades de los grupos del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, la guerra entre éstos por el control de algunas regiones estratégicas del territorio, el desplazamiento de personas provocado por la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de una cultura altamente tolerante a la violencia contra las mujeres, entre otros”.
La organización de Estrada registró también 3 mil 145 desapariciones de mujeres entre 2010 y 2011. En su investigación, el OCNF retoma un estudio realizado en 2009 por ONU-Mujeres, según el cual entre 2007 y 2009 el índice de feminicidios tuvo un incremento promedio de 68%, “y en estados como Durango, Baja California, Chiapas y Chihuahua la tasa de aumento superó 300%”.
Durante ese periodo, los feminicidios “estuvieron acompañados de medios más crueles que en el pasado, y es tres veces más probable que haya estrangulamiento, quemaduras y quemaduras/cortes en los asesinatos de mujeres que en los de hombres”, indica el informe de ONU-Mujeres.
En sus reportes, las organizaciones exponen las dificultades a las que se enfrentan para obtener información de las instituciones oficiales. Aun así, la OCNF documenta mil 14 crímenes contra mujeres en 13 estados de enero de 2007 a julio de 2008; mil 128 en 18 entidades entre enero de 2009 y junio de 2010, y 235 en ocho estados en el periodo que va de enero de 2010 a junio de ese año.
El miércoles 11, en una conferencia de prensa realizada en Nueva York en la cual los representantes de organizaciones sociales anunciaron su participación en la sesión del martes 17 en la sede de la CEDAW, Teresa Ulloa, integrante de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), mencionó el expediente El gobierno de México miente. La organizaciones que participaron en la redacción del documento hacen ponen énfasis en el estado de indefensión de las mujeres durante el gobierno de Calderón.
Dicen que ellas se han convertido en “trofeo de guerra” para los delincuentes y los miembros de las Fuerzas Armadas que los combaten a lo largo del país.
De 2005 a 2011, por ejemplo, niñas de entre 12 y 16 años fueron secuestradas para convertirlas en esclavas sexuales, mulas para transportar droga, halcones o sicarias. “Después de un tiempo de esclavitud –expuso Ulloa con base en el documento–, son asesinadas, desfiguradas del rostro, descuartizadas y decapitadas para impedir su identificación”.
Los estados donde se registra la violencia, atribuida por las autoridades federales al crimen organizado, son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Baja California Sur.
Los investigadores de las organizaciones civiles destacan que en estados donde se han puesto en marcha operativos conjuntos del Ejército y la Marina se registra un incremento sustancial de violaciones sexuales, prostitución y embarazos de adolescentes, como Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Ulloa llama la atención sobre la coincidencia entre ocupación militar y violencia contra las mujeres, como la que ocurre en Apodaca, Nuevo León. Ahí, dice, “a partir de la ocupación militar 115 jovencitas están desaparecidas”.
A esta violencia documentada, indica, se añade otra: la falta de protocolos para identificar a las víctimas; entre éstas se hallan los 25 mil cuerpos de mujeres enterradas en fosas comunes.
Para la defensora, estas cifras, junto con otras más que evidencian la falta de cumplimiento de los compromisos internacionales, corroboran que el gobierno de Felipe Calderón “es un desastre para los derechos humanos y la lucha contra la violencia a las mujeres”.
Y remata: “Felipe Calderón tiene que ser juzgado. No sé si en la Corte Penal Internacional, pero por lo pronto lo harán la Corte Interamericana y el Comité CEDAW”.

La ilegitimidad de Peña Nieto y Calderón

Las oficinas de HSBC en avenida Reforma. Foto: Alejandro Saldívar

El dinero sucio de HSBC y Peña Nieto

MÉXICO, D.F. (apro).- El escándalo del banco HSBC y el denunciado financiamiento paralelo de la campaña presidencial de Enrique Peña pueden tener en común el uso del sistema financiero para encubrir fondos obtenidos de manera ilegal. En el caso del …
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Peña Nieto y Calderón en Los Pinos. Foto: Presidencia

La ilegitimidad de Peña Nieto y Calderón

Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF. Foto: Octavio Gómez

Magistrados electorales en la mira

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La única manera de garantizar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome en serio los alegatos y las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en contra de la validez de la elección presidencial sería por medio de una vigorosa y pacífica presión social. Ni siquiera se había realizado el conteo distrital oficial del Instituto Federal Electoral …
El procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo del Castillo. Foto: David Deolarte

El Colibrí y los feminicidios en el Edomex

MÉXICO D.F. (apro).- “No se trató de un ataque del crimen organizado… es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”, afirmó, enfático, el procurador mexiquense Alfredo del Castillo, en una ronda de entrevistas que realizó en los últimos días frente a la conmoción en la opinión pública por la violación y los abusos sexuales contra 7 …
El aspirante presidencial priista, Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco

La petición de Peña Nieto

El periodista inglés, treinteañero, la corbata floja, como para marcar su diferencia con el político que entrevista, de corbata, traje y peinado calculados por expertos, Enrique Peña Nieto, le suelta la pregunta, diabólicamente bien formulada.“¿Metería usted en el fuego las manos para asegurar que ni un solo voto por el PRI fue comprado?”La pregunta no quiere indagar en el montón de irregularidades que alega …
La reunión de los panistas en Los Pinos el 3 de julio de 2012. Foto: Presidencia

El PAN esquizofrénico

MÉXICO, D.F. (apro).- Aturdido aún por el desprecio que recibió de los ciudadanos, que de gobernar la República se hundió en el tercer lugar que no tenía desde 1988, el Partido Acción Nacional (PAN) no sabe qué hacer consigo mismo ni con la elección presidencial: Si hubo fraude y, si fue así, cómo proceder para defender el voto.Desde el 1 de julio, día de …
¿Y El Chapo?

Amanecimos (Y El Chapo seguía allí)

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hoy hay una elección teñida y un país en compás de espera. Hoy hay resultados que la izquierda quiere cuestionar y el Tribunal Electoral tendrá que legitimar. Hoy hay un virtual presidente electo y una parte de la población que ve su triunfo como una imposición. Pero pasado mañana, cuando se asiente el polvo postelectoral, México amanecerá con los problemas de …
Valdés y Gómez durante la sesión en el IFE. Foto: Eduardo Miranda

Rebeldes o sumisos

MÉXICO, D.F. (apro).- Sólo los rebeldes cambian al país; los sumisos terminan por ser cómplices del poder.Lo anterior fue, en síntesis, lo que Pablo Gómez, representante del Poder Legislativo ante el IFE dijo ante los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral, el pasado 5 de julio cuando denunció la ilegitimidad de la elección presidencial, la compra y coacción del voto y la violación al …
El conductor Carlos Loret de Mola y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Foto: Octavio Gómez

La televisión mexicana, soldado del PRI

Los programas de opinión de la televisión pública y privada del país son muy semejantes al menú de bebidas de McDonald’s: casi idénticos entre sí, con diferencias apenas perceptibles.
“El partido ganador, el PRI, regresa al poder y por primera vez en su historia lo hará gracias al voto popular. Peña Nieto tendrá, a diferencia de sus antecesores, legitimidad democrática”: Leo Zuckermann, Es la…
Exhiben ante el IFE artículos promocionales de Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda

Simulación democrática

MÉXICO, D.F. (apro).- Un sistema electoral que de forma continua deja insatisfecha a una gran parte de los electores no se puede considerar democrático.La impugnación a los resultados de ese sistema es más que el capricho de un candidato, como de forma simplista y manipuladora se quiere hacer ver.El sistema sencillamente no funciona. No lo hizo en 2006 y no ocurrió tampoco ahora en …
Protestas contra Peña Nieto y Soriana. Foto: Alejandro Saldívar

El “haiga” sí existe

MÉXICO, D.F. (apro).- Hace casi seis años Felipe Calderón fue reconocido como triunfador de la elección presidencial en medio de protestas que alegaban fraude. La respuesta del panista fue lacónica y sarcástica, dijo: “Haiga sido como haiga sido, pero ganamos”, evadiendo así una condición de ilegitimidad que lo persiguió como un fantasma.En la política mexicana todo es posible, hasta hacer que exista el “haiga” …
Fausto Vallejo y Leonel Godoy durante la transición. Foto: Francisco Castellanos

Michoacán, “casi el paraíso”

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En pleno siglo XXI Michoacán me recuerda la clásica novela de Luis Spota Casi el paraíso, que da cuenta de la corrupción, los prejuicios y las percepciones de la clase política de México en los años 50 del siglo pasado. Veamos por qué afirmo lo anterior.Primero. Con un apretado triunfo electoral, Fausto Vallejo llegó a la gubernatura de Michoacán urgido …
Salinas Pliego y Azcárraga Jean, dueños de TV Azteca y Televisa, respectivamente. Foto: Octavio Gómez

Televisa-Iusacell, franco desafío a la CFC

MÉXICO, D.F. (apro).- En franco desafío a una de las condiciones principales que impuso la Comisión Federal de Competencia para autorizar la fusión entre Grupo Televisa y Grupo Iusacell, Alfonso de Angoitia, vicepresidente del corporativo de San Ángel, anunció que Emilio Azcárraga Jean será nombrado copresidente de la empresa de telefonía móvil.Una de las siete condicionantes que impuso la CFC para aprobar la sociedad …
El mapa electoral de México. Foto: Google Maps

La nueva geografía electoral

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En las elecciones presidenciales del 2006 el territorio nacional se dividió prácticamente en dos, pues los estados del sur votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la entonces Coalición por el Bien de Todos, y los del norte, por el panista Felipe Calderón. En esta ocasión Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, le arrebató …
Juan Pablo Franzoni Martínez. Ícono del nuevo PRI. Foto: Rubén Espinosa

El Tribunal, aval del “nuevo PRI”

MÉXICO, D.F. (apro).- El “nuevo PRI” ya se instaló en México: Juan Pablo Franzoni Martínez, un priista ebrio, corta cartucho, que amenaza con una matanza de manifestantes antipeñistas en Xalapa, Veracruz, el sábado 7.A este ícono del “nuevo PRI” lo antecedió otro, ocurrido el 1 de julio: Pedro Joaquín Coldwell, presidente de ese partido y nada menos que senador, le da la gana meterse …
El aspirante presidencial priista, Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco

El gobierno de la ignorancia

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Así, como van las cosas, asistimos en esta semana al cierre del telón de la comedia. No fueron meses de campaña electoral con visos de arreglo entre bastidores, sino años de relumbrón para ir creando una imagen política desde la televisión y otros medios de comunicación, mediante la reiteración hasta el cansancio de encuestas amañadas, la repartición de recursos para hacer …
Miles repudian la imposición de Peña Nieto. Foto: Germán Canseco

¿Y ahora qué?

MÉXICO, D.F. (Proceso).- ¿Y ahora qué viene? En cualquier democracia funcional el paso siguiente a una contienda electoral es que los partidos se ponen a debatir y negociar para llegar a acuerdos. ¿Negociar, pactar? ¿Te cae? En México esos términos tienen un tufo negativo, como de claudicar en principios o de ceder para obtener un beneficio personal. Sí, negociar y pactar son expresiones que …
Jornada electoral en la ciudad de México. Foto: Benjamin Flores

Las lecciones

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 1 de julio la gente salió a votar, en números apreciables, dentro de una contienda presidencial. Y las cosas permanecieron como se había previsto, sin mayores sorpresas. Estos comicios aportan, empero, varias lecciones:Primera. Representan, de entrada, que la fallida estrategia contra el crimen organizado de Felipe Calderón fue repudiada por la ciudadanía, de modo que el pasivo presidencial en la …
El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco

El dizque triunfo del PRI, la fiesta a la que no fuimos invitados

“El instrumento básico para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si tú puedes controlar el significado de las palabras puedes controlar a la gente que utiliza esas palabras”.
Philip K. Dick

Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial de manera pulcra, ejemplar, quien diga lo contrario es un enemigo de las instituciones y, desde luego, un “pejezombie”.Esta …

HSBC La red política PRI, PEMEX y CNBV

Cuando se habla del lavado de dinero en HSBC parece concentrarse en el crimen organizado. Pero existe otra veta, la del lavado de dinero de los políticos. El hijo de un ex presidente y el primo del director de PEMEX son figuras clave dentro de este banco sometido hoy al escrutinio en los Estados Unidos

Las siglas HSBC están hoy ligadas inevitablemente al lavado de dinero. Las evidencias puestas sobre la mesa en el Congreso estadounidense son incuestionables.
Ese lavado de dinero se pretende centrar en el blanqueo de los dineros del narcotráfico y del crimen organizado. Pero existe otra veta que no se puede esconder: la del lavado de dinero de los políticos.
Son los fondos provenientes de la corrupción, de las comisiones por los contratos de las grandes paraestatales, de la ordeña que los gobernadores hacen de las haciendas estatales.
Y en ese territorio, HSBC lleva la delantera. Prominentes políticos que tienen vinculaciones cercanas con el PRI, con Pemex y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son ahora altos ejecutivos en la cuestionada corporación que preside Luis Peña.
Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, es su director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa.
Y Esteban Levín Balcells, hijo del legislador priista Oscar Levín Coppel y primo del director de Pemex Juan José Suárez Coppel, es director de Banca de Inversión.
Las posiciones no son casuales en el marco de las investigaciones que realizan las autoridades norteamericanas en torno al lavado de dinero a través de HSBC México.
Enrique de la Madrid Cordero es más que el hijo del ex presidente priista que sucedió a Carlos Salinas de Gortari.
De 1994 a 1998, fue el coordinador general técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el órgano regulador de la banca en México.
De 2003 a 2006, fue diputado federal por el PRI en la 58 Legislatura, y durante la actual administración panista se desempeñó como director de Banrural.
Su experiencia a su paso por la CNBV es, sin duda, un valor estratégico ahora que es directivo de HSBC México.
Esteban Levín Balcells es más que el hijo del destacado legislador priista Oscar Levín Coppel, quien fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y compañero de escuela de Carlos Salinas de Gortari.
El currículum del directivo de Banca de Inversión de HSBC México incluye una larga trayectoria en Pemex, a la sombra de su primo Juan José Suárez Coppel.
La madre del director de Pemex y el padre de Esteban –Oscar Levín Coppel– son primos hermanos. Por eso no fue difícil su integración a la paraestatal.
De hecho, Esteban Levín se inició en la Oficina de Relación con Inversionistas cuando Juan José Suárez Coppel era el director de Finanzas.
Tras su paso por la Tesorería de la paraestatal, Esteban Levín Balcells fue ascendido a director de Finanzas una vez que su primo asumió la Dirección de Pemex.
Después, en diciembre de 2010, Luis Peña lo habría invitado a convertirse en alto ejecutivo de HSBC como responsable de Banca de Inversión.
Es decir, dejó la Dirección Financiera de la empresa más próspera de México para convertirse en ejecutivo bancario.
Esteban Levín Balcells es el mismo que en 2002 se vio involucrado en el escándalo de la discoteca Rouge en la Colonia San José Insurgentes de la Delegación Benito Juárez.
De acuerdo a información publicada en su tiempo por el diario La Jornada, la disputa fue por la adquisición del inmueble que el Instituto Nacional de Bellas Artes tenía catalogado como un edificio de valor artístico.
El ahora director de Banca de Inversión de HSBC habría participado con su socio Samuel Kreimerman en una compra triangulada de esa propiedad.
Según los expedientes, Banorte pagó por el inmueble de 1,072 metros cuadrados, 2 millones 60 mil pesos a la Dirección General de Servicio de Transportes Eléctricos.
En 1996, Levín y Kreimerman pagaron por esa propiedad un peso con 15 centavos, de acuerdo al asiento de la inscripción en propiedad del Registro Público.
Se forma un curioso triángulo entre HSBC y Pemex cuando entra en la ecuación un tercero: Antonio del Valle Ruiz.
Como exitoso y reconocido hombre de negocios, Antonio del Valle fue el banquero que en 2002 –durante la fiebre de la venta de bancos mexicanos a extranjeros– vendió Banco Bital al Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).
La operación de venta del que en ese momento era el quinto banco mexicano, controlado por las familias Del Valle, Berrondo, Esteve y Sánchez Navarro, tuvo un valor de mil 140 millones de dólares, pagados en efectivo.
El espíritu emprendedor de Antonio del Valle Ruiz se volcó entonces hacia Mexichem, corporación modelo de la petroquímica en México que domina, entre otros ramos, la producción de tubería de PVC.
Sin embargo, el exponencial crecimiento de la nueva empresa del ex dueño de Bital –hoy HSBC– no sería el mismo sin las alianzas estratégicas con Pemex, que datan de los días en que el hoy ejecutivo del cuestionado banco era director de Finanzas de Pemex, y su primo Juan José Suárez Coppel era director de la poderosa paraestatal.
¿Alcanzarán las investigaciones del lavado de dinero de HSBC a citar a los ejecutivos ligados al PRI, a Pemex y a la CNBV para que aporten datos a las indagatorias?

ATRAPADOS EN EL 'TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS'

HSBC, Monex y Consultoría Internacional forman parte de un grupo de empresas que han sido señaladas por lavado de dinero, de acuerdo a Gabriel Reyes Orona, ex Procurador Fiscal de la Federación

Por Georgina Howard

“No hay casualidades ni coincidencias”, Estados Unidos conocía muy bien el problema del llamado “Triángulo de las Bermudas” integrado por HSBC, Monex Casa de Cambio y Consultoría Internacional, asegura Gabriel Reyes Orona, consultor en temas financieros y ex Procurador Fiscal de la Federación
Estados Unidos vigilaba, desde años atrás, las operaciones de estas entidades y le notificaba a México, pero la Comisión Nacional Bancaria se encontraba completamente capturada por estos intermediarios.
Había muestras claras de que las revisiones, intervenciones y auditorías que se llevaban a cabo “eran analizadas y descremadas por los vicepresidentes de la CNBV”, dice Reyes Orona.
El objetivo: eliminar los hallazgos encontrados por los auditores, a sabiendas que la Comisión no daba seguimiento a las operaciones cambiarias en efectivo.
Pero además desmiente que los recursos de dudosa procedencia vengan de 2002 cuando HSBC adquirió Banco Bital.
“Es ridículo el planteamiento pues la gran acumulación de efectivo que manejaba el banco británico, se dio después del 2006”.
Se sabía desde entonces, dice a Reporte Indigo, pero no se indagó de dónde provenía ese dinero. Tampoco se impusieron sanciones contundentes a la institución.
Leer articulo completo AQUI.
http://youtu.be/6Ed-7G2fN88

ZHENLI, OSORIO CHONG Y YARRINGTON: LA CONEXIÓN ENTRE EPN CON HSBC

ZHENLI, OSORIO CHONG Y YARRINGTON, NOMBRES LIGADOS A HSBC

El empresario chino nacionalizado mexicano, el ex gobernador de Hidalgo e integrante del equipo de Peña Nieto y el ex gobernador de Tamaulipas tienen un elemento en común: lo tres o manejan cuentas en HSBC o han estado lligados al banco por presuntas operaciones ilícitas.

Aristegui Noticias.  Julio 18, 2012

El banco HSBC, actualmente bajo investigación por un comité del Senado de Estados Unidos por facilitar transacciones de lavado de dinero en sucursales mexicanas y financiamiento de actividades terroristas en el medio oriente, involucra a políticos y empresarios mexicanos, quienes aprovecharon la falta de controles de la institución para triangular operaciones o blanquear dinero procedente de fuentes ilícitas.

Uno de los personajes que ha salido a colación en la investigación que realiza el Senado estadunidense es el del empresario chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, preso en Estados Unidos por lavado de dinero, quien presuntamente utilizó a la institución para mover recursos de su empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V.

Investigación del Senado de EU contra HSBC

Destaca The Guardian acusación de AMLO contra EPN por lavado


El diario inglés The Guardian destacó en su edición de hoy en internet la nota sobre la acusación de Andrés Manuel López Obrador contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero para su campaña electoral.

La nota, titulada "Segundo lugar en elección mexicana alega lavado de dinero en elección", describe las evidencias presentadas por López Obrador el día de ayer, las cuales indican que el dinero usado para comprar tarjetas de Monex para los operadores de Peña Nieto se obtuvo mediante triangulación por 5 empresas y una persona física.

The Guardian publicó recientemente diversos documentos que demostrarían que Enrique Peña Nieto pagó cientos de millones de pesos a Televisa para promocionar su imagen. También evidenciarían que Vicente Fox habría fraguado con Televisa atacar a Andrés Manuel López Obrador.

Leer mas AQUI.

Pruebas de Aristegui en MVS de vínculo de Efra (que invirtió en Monex) con familia de PRI

Ir a la nota: http://bit.ly/MKy0aP - Noticias MVS primera emisión reveló que sí hay vínculos entre la empresa EFRA, que realizó compras millonarias de tarjetas SI VALE a banca Monex, y la campaña de Enrique Peña Nieto. La clave es el domicilio fiscal. http://youtu.be/HB8lsY-CITE

Periodistas prueban vínculo entre Monex y el coordinador regional de Compromisos de Campaña de EPN

Un grupo de periodistas logró comprobar que el domicilio fiscal de las facturas emitidas por Monex a la empresa Efra coincide con la del Grupo Abogacía Profesional (GAP), ligado a priistas cercanos a Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Carmen Aristegui, el grupo de abogados es encabezado por Gabino Fraga Mouret y su hijo, Gabino Fraga Peña, quien habría sido parte de la Fundación Colosio durante la administración de Beatriz Paredes y coordinador territorial de los compromisos de campaña del abanderado del tricolor.

Gabino Antonio Fraga es coordinador regional de Compromisos de Campaña de Enrique Peña Nieto.

La empresa Importadora y Comercializadora Efra cobró facturas de Monex por 91 millones de pesos en unos cuantos días y el domicilio fiscal de dicha compañía es el mismo que el de Grupo Abogacía Profesional (GAP), propiedad de los hermanos Fraga, a su vez operadores de Enrique Peña Nieto.

Consejero del IFE, reconoce nexo con los Fraga


El consejero del IFE, Sergio García Ramírez, reconoció que tiene una vieja amistad con la familia a quien ahora se acusa de participar a través de sus empresas denominadas “EFRA” y “GAP”, en la triangulación de dinero de dudosa procedencia para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto.
Al reconocer que tiene una amistas de más de 40 años con la familia Fraga, a quien ahora se le acusa de haber participado a través de sus empresas denominadas “EFRA” y “GAP”, en la triangulación de dinero de dudosa procedencia para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, hoy virtual candidato triunfador de los comicios presidenciales, el consejero Sergio García Ramírez, afirmó en exclusiva con NoticiasMVS que no participará en las investigaciones de este caso, donde también se encuentra vinculado el grupo Monex.
Luego de que la coalición “Movimiento Progresista”, afirmó que la empresa importadora de vinos “EFRA” suscribió 22 contratos con el grupo Monex, donde se movilizaron no menos de 90 millones de pesos para pagar a la estructura priista a nivel nacional utilizando miles de tarjetas bancarias conocidas como "Monex Recompensas Sí Vale", además de que en investigaciones de NoticiasMVS se corroboró que esta empresa utiliza la misma dirección que el Grupo de Abogacía Profesional (GAP) el consejero del IFE, Sergio García Ramírez, dijo que su determinación ya fue notificada a los consejeros del IFE.

¿Conectado con el Monexgate? Luis "Beavis" Videgaray, hijo de un socio del clan Fraga

El padre de Luís Videgaray Caso, el hombre fuerte de Peña Nieto, no solo fue solo un “empleado bancario” ya que fundó el Instituto Mexicano de Valuación junto al lic Antonio Fraga Magaña, tío de Gabino Fraga Peña, el operador del Monexgate vía la empresa-pantalla Efra. Historias de un pasado y un presente que apenas comienzan a saberse.


Aunque su padre murió siendo todavía un niño, el futuro operador de Peña Nieto en Los Pinos tuvo en su progenitor Luís Videgaray Alzaga, empleado no menor  de la banca pública. Un hombre que se codeó con la clase dirigente capitalina que al calor del cuerpo de abogados e ingenieros de la UNAM tomó el control de la administración pública o el estado mexicano desde la década de 1920.  El 15 de octubre 1958 Luís Videgaray Alzaga fundó junto a otros tasadores de la propiedad inmobiliaria el Instituto Mexicano de Valuación. Uno de aquellos prohombres era Antonio Fraga Mañana, alto funcionario de la banca pública y hermano de Gabino Fraga Magaña, prominente jurista y magistrado de la SCJN que fue siempre destacado representante de las élites postrevolucionarias.

Los Fraga y el PRI

Gabino Antonio Martín Fraga Peña, identificado como coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto y Gabino Fraga, Ex funcionario de gobierno y abogado (Foto: Milenio y Quien)
La historia de los Fraga y el tricolor comienza en los sesentas y trasciende a los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y llegan hasta la campaña de Enrique Peña Nieto. 
Los vínculos de la familia Fraga con el PRI son estrechos. Han trascendido a tres generaciones, revela la investigación de Noticias MVS primera emisión presentada este jueves.
Gabino Fraga Mouret está al frente del Grupo de Abogacía Profesional (GAP), el despacho que tiene el mismo domicilio y teléfonos que la empresa Operadora y Comercializadora Efra SA de CV, a la que banca Monex facturó más de 90 millones de pesos en tarjetas “Recompensas SÍ Vale”, que podrían haberse usado para pagos a la estructura del PRI a nivel nacional durante la campaña presidencial deEnrique Peña Nieto.
Su padre fue Gabino Fraga Magaña, ministro de la Suprema Corte en los años 40 y funcionario del gobierno del presidente Díaz Ordaz.
En los años ochenta, Fraga Mouret fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el sexenio de Miguel de la Madrid y director jurídico de la Secretaría de Gobernación con Francisco Labastida, durante el gobierno de
Ernesto Zedillo. Renunció a su cargo tras un escándalo de corrupción.

Hubo lavado en la campaña de Peña Nieto: AMLO

Queja-Helguera
Si no es mucha molestia-Hernández

Clan familiar vinculado al PRI tras los prestanombres de la empresa-pantalla Efra

El recurso de impugnación de AMLO y las nuevas pruebas aportadas el pasado día 18 definen el Monexgate como el mayor caso de desvío de fondos públicos y lavado de dinero en la historia reciente. Pero más elementos cierran el círculo de lo ilegal como el uso de prestanombres en la comercializadora Efra que esconden al clan Fraga, influyente familia de abogados priistas.
El Monexgate crece y crece (Foto: animalpolitico.com)
La pregunta que ronde el Monexgate es esta: ¿Estamos ant un caso de lavado de dinero? Aristegui agregó nuevas informaciones sobre etste caso de financiamento ilegal del PRI. Elementos que conducen a pensar que la empresa que fondeó los 70 millones de Guanajuato fue Inizzio ya que el IFE confirmó que una empresa X fondeó la 10 mil tarjetas Monex y al parecer se trata o bien de Inizzio o bien de Efra. Un tema que se irá revelando en las próximas horas.
¿Por qué poner la mirada en Inizzio y en Efra? decía Aristegui. Porque su equipo de periodistas aportó nuevas informaciones sobee esta red ilegal de fondeo para la campaña de Enrique Peña Nieto. No solo aclaró quien está detrás de la empresa-pantalla Efra, o la familia Fraga, poderosos abogados del PRI con conexiones al más alto nivel, sino que Noticias MVS reveló además que los propietarios de la empresa, Gustavo Hernández Hernández (600 acciones) y Moisés Hernández Hernández (600 acciones) son solo testaferros o prestanombres de este clan priista.
El accionista y administrador único de Comercializadora Efra Sa de CV abandonó su domicilio conocido en una colonia popular del Df. Los periodistas de Noticias MVS comprobaron que Moisés Hernández dejó el hogar conyugal en Norte 88 A en Colonia Gertrudis Sánchez, Delegación Gustavo A. Madero. Losdos hermanos y accionista únicos de Efra no viven en estos domicilios ni su perfil responde a la de dos personas capaces de depositar 70 millones de pesos en Tarjetas Monex, tal cual sucedió en Guanajuato, cuando estos presuntos dueños vivirían en casas de barrios obreros sin el poder adquisitivo que ameritan sus inversiones. Serían, pues, prestanombres o testaferros.
No pueden justificarse, pues, los 91 millones probados que Efra erogó vía facturas electrónicas para la adquisición de recompensas corporativas Sí Vale en menos de dos meses.

El monexgate se hace más grande.

25 solicitudes de información del caso Monex 1, o el expediente del empresario norteamericano José Aquino, ha girado el IFE a instituciones públicas y privadas sobre la demanda por fraude presentada contra el PRI en Estados Unidos por el empresario José Aquino, en la cual se usaron cuentas de Monex, de Carrillo Garza-Sada, de la organización Jiramos para desviar fondos a varios priistas de primer nivel. Siguen las investigaciones y este viernes 20 se sabrán nuevos datos en Aristegui Noticias.
El caso 2, o el caso Gil Zuarth, con información relevante sobre el Monexgate, pues vía la empresa-pantalla Efra se fondearon 70 millones de peso, usados por la estructura del PRI en Guanajuato de la cual PAN mostró los vínculos entre testigos recabados por este partido, sus cuentas personale, sus nombramientos hechos por el PRI y las tarjeras Sí Vale de Banco Monex. Un asunto que ha sido probado ante notario:
Esos testimonios, que fueron declarados en la notaría 55 con sede en Irapuato, a cargo de María del Refugio Camarena Aguilera, y entregados por el PAN ante el IFE en la ampliación del recurso con oficio RPAN/1212/2012, fueron ratificados el viernes ante la Fepade.
México Martínez Lerma, uno de los declarantes, señaló que fue contratado por Alfredo Calzadillas Márquez para encargarse de la representación electoral del PRI, en Valle de Santiago, Guanajuato, labor por la cual recibiría 18 mil pesos. Aseguró que hasta el 26 de junio no había recibido ningún pago a pesar de recibir el nombramiento como “coordinador del programa de representación y capacitación electoral” y contar con su respectiva tarjeta de recompensa.
Por su parte, Eduardo Uribe Aguilar, a quien se le nombró representante general de casillas en la misma comunidad y se le entregó un documento firmado por el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, afirmó recibir una tarjeta con una recompensación de siete mil 500 pesos y se le prometió que una vez que el tricolor ganara la elección, se le depositarían 10 mil más.
Las tarjetas que se presentaron como pruebas, son monederos electrónicos de recompensas expedidas por la filial Sí Vale, empresa adquirida por Monex en diciembre de 2008. De acuerdo con el documento, cada representante recibiría un bono por 17 mil 500 pesos en tres pagos parciales, además se les otorgaría una compensación de dos mil 500 pesos al día siguiente de la elección, la acusación plantea que la operación se extendió por todo el país.
En ese sentido, el Instituto Federal Electoral (IFE), detectó que el financiamiento no fue reportado dentro de los gastos de campaña del PRI y que hasta el momento se han detectado mil 924 tarjetas, además informó que la Unidad de Fiscalización ya recibió la información sobre la tercera persona encargada de contratar la cuenta madre. El consejero electoral Marco Antonio Baños, explicó que el órgano electoral continúa con la investigación y se encuentra en el expediente QUFRPP58/12.
Luego, tal y como dijo Carmen Aristegui en la mañana del 19 de julio, tenemos. en orden de aparición, el caso 3 que incluye las facturas presentadas por el ex coordinador de campaña de AMLO, Ricardo Monreal el pasado 4 de julio, facturas digitales que se subieron a la página web de Aristegui Noticias. Facturas electrónicas que se usaron para fondear el servicio de recompensas corporativas del programa de Tarjetas Sí Vale de Grupo Financiero Monex, un monedero de uso internacional adquiridas por las empresas comercializadoras Efra e Inizzio por un valor de 140 millones de pesos.
A lo cual cabe añadir las pruebas de triangulación y lavado de dinero que el miércoles 18 de julio presentó el Movimiento Progresista y que siguieron el mismo patrón de uso de Tarjetas Monex que contamos en varias notas de Pulso Ciudadano. Esto, pues, apenas ha empezado y la madeja nos lleva al corazón de la élite priista
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