sábado, septiembre 08, 2012

Tribunal Electoral teme opinión negativa de los ciudadanos

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gasta más de 1 millón 500 mil pesos en cuatro estudios de opinión para valorar la percepción de los ciudadanos respecto de su actuar en el proceso electoral 2012. Los estudios, cuyo gasto individual asciende a 385 mil pesos, se planearon para marzo, junio, septiembre y diciembre, revela información oficial obtenida por Contralínea. El TEPJF avaló la elección presidencial en medio de protestas ciudadanas que exigen la reposición del proceso y califican como un “fraude” la elección presidencial.
 
La Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) gasta 1 millón 540 mil 108 pesos en cuatro estudios de opinión cuantitativos. El objetivo: conocer la percepción de los ciudadanos respecto de su actuación en las pasadas elecciones de julio, revela el Informe de seguimiento de requisiciones 2012, obtenido por Contralínea.
De acuerdo con los datos oficiales de la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, por cada análisis, el erario pagará 385 mil 27 pesos. Los primeros dos estudios abarcaron el periodo preelectoral (marzo y junio de 2012) mientras que los dos últimos comprenderán un periodo poselectoral (septiembre y diciembre).
En el caso del análisis de septiembre, éste se realizará en un contexto de movilizaciones sociales que exigen al TEPJF  ordenar la anulación de la elección presidencial. Los argumentos de los inconformes: la presunta compra masiva de votos y los gastos que excedieron el tope presupuestal. Irregularidades que el movimiento de las “izquierdas”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, atribuye en sus alegatos a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y al candidato Enrique Peña Nieto.

El fallo del Tribunal, sin embargo, avaló la “legalidad” de la controvertida elección presidencial. Y es que antes de juzgar los elementos presentados a las autoridades electorales, el propio magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, advirtió el 2 de julio pasado que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”.
Así, el servidor público se adelantaba a la impugnación de la elección presidencial hecha por López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista.
Para el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “las declaraciones de Luna Ramos fueron una grave irresponsabilidad que, desde luego, resta credibilidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
En entrevista, el experto en derecho electoral indica que “lo más grave es que no fue un simple exabrupto de su parte, sino un reflejo fiel de la lógica conservadora, minimalista y cómplice que predomina en el Tribunal Electoral”.
El autor del libro Autenticidad y nulidad agrega que si el TEPJF quiere recuperar “algo de prestigio”, tendría que transformar radicalmente su manera de entender el derecho electoral y asumir sus facultades legales; una de ellas, la anulación de las elecciones cuando las circunstancias así lo ameriten. 
Temor en el Tribunal
Luego de dictaminar la “legalidad” de la elección presidencial, el 1 de diciembre próximo se dará el cambio en el gobierno federal. En ese mismo mes, el Tribunal Electoral evaluará la opinión que sobre su imagen tendrán los ciudadanos.
El doctor John Ackerman indica que “estamos ante un escenario muy similar al de 2006, cuando la falta de transparencia sobre la calidad del proceso electoral generó muchos problemas de legitimidad para Felipe Calderón Hinojosa. Solamente que en este caso la situación es peor, porque las acusaciones son más graves y el movimiento social es más amplio”.
Y es que las “protestas antifraude” –encabezadas por el movimiento estudiantil Yo Soy 132– han aglutinado a varios sectores inconformes con los resultados del proceso electoral, al cual califican como “ilegal e ilegítimo” por incurrir en delitos como la compra y coacción masiva de votos, los gastos excesivos de campaña e incluso el financiamiento a través de esquemas de lavado de dinero .
Respecto de las manifestaciones de inconformidad, el 23 de julio pasado, el magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que en la decisión del TEPJF “no influyen las declaraciones que en un momento dado pudieran hacerse a nivel de medios de comunicación; no influye como consecuencia, y esto lo digo con todo respeto, marchas, manifestaciones, ¿por qué?, porque el sistema democrático en México por voluntad del legislador quedó completamente arreglado”.
Sin embargo, al interior del Tribunal las protestas sí habrían generado temor y es en esas circunstancias en las que se habrían contratado los cuatro estudios de opinión. Como lo informó este semanario, los magistrados Luna Ramos, Penagos López, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera ordenaron blindar sus instalaciones, en particular la Sala Superior (ubicada en la avenida Carlota Armero 5000, Culhuacán CTM, Coyoacán), que es donde ellos sesionarán el día en que avalen la elección presidencial.
El argumento que esgrimieron los siete árbitros electorales fue que necesitaban garantizar su seguridad personal ante la violencia que asola al país. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos (Contralínea 292).
El blindaje también se extendió a los vehículos que les paga el erario a los magistrados. Previo al proceso electoral de julio pasado, estos servidores públicos se autorizaron camionetas blindadas modelo Gran Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento, como informó la columna Oficio de papel , publicada el 25 de junio de 2012 en Contralínea 290). Cada magistrado, incluso, recibió un bono por riesgo de medio millón de pesos tres días antes de las elecciones presidenciales.
 Sistemas de seguridad
El Informe de seguimiento de requisiciones 2012 revela más gastos del Tribunal Electoral en materia de seguridad. Uno de ellos es la compra de cinco “equipos regionales para continuidad de operación de la seguridad perimetral”.
Asiami, SA de CV, fue la empresa contratada para el “licenciamiento y mantenimiento anual a equipos de seguridad perimetral”, y el costo ascendió a 607 mil 527 pesos.
A inicios de este año, el TEPJF también contrató a la empresa Sistemas de Vigilancia y Seguridad Especializada por 755 mil 716 pesos, para el servicio de “seguridad y vigilancia de las instalaciones”.
Otros convenios firmados en 2012 son para el mantenimiento de sus sistemas de seguridad ya existentes. Entre éstos, dos signados con Controlsec, SA de CV, para el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de rayos X y los arcos detectores de metal. Uno de ellos por 125 mil 489 pesos, el otro por 302 mil 131.
También se cuenta la contratación de Marco Antonio Pale López para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de acceso, por 49 mil 938 pesos.
Los automóviles y las camionetas de los magistrados no sólo cuentan con blindaje, sino también con tecnología sofisticada para su localización. Este año, el Tribunal ha firmado cuatro contratos con Car Mart Comunicaciones, SA de CV, para el servicio de localización satelital y radiolocalización de vehículos. Los costos ascendieron 227 mil 692 pesos en total: 109 mil 926 (localización satelital); 103 mil 248 (radiolocalización), 8 mil 296 (satelital) y 6 mil 222 pesos (radiolocalización).
El próximo 6 de septiembre vence el límite para que el Tribunal Electoral emita su fallo sobre la elección presidencial, y desde mediados de agosto pasado, varios sectores sociales se declararon en alerta ante la “previsible imposición de Peña Nieto”, en particular el movimiento estudiantil Yo Soy 132.
  
Outsourcing, en el Tribunal Electoral
En el primer trimestre de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó 18 contratos que recurren a la figura del outsourcing, a pesar de que las subcontrataciones están prohibidas en la ley laboral. Se trata de los servicios de limpieza y de jardinería, que involucran un gasto total más de 18 millones de pesos.
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Con el panismo, se incrementan los flujos de dinero ilícito al extranjero

Durante las administraciones panistas, México incrementó los flujos financieros ilícitos. El dinero fue depositado principalmente en bancos de Estados Unidos y paraísos fiscales del Caribe y Europa, revela informe de Global Financial Integrity. Mientras que el promedio anual de lavado de dionero durante la década de 1990 fue de 17 mil millones de dólares, de 2000 a la fecha cada año se lavan más de 49 mil millones de dólares.
 
 
México perdió 872 mil millones de dólares debido al crimen organizado y a la evasión fiscal en 40 años, revela el documento México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida de Global Financial Integrity (GFI), institución estadunidense de investigación sin fines de lucro con sede en Washington, DC.
 
El reporte −que será dado a conocer este lunes 30 de enero y del cual Contralínea posee copia− mide y sigue la pista de la cantidad de dinero ilícito que abandonó al país ilegalmente en 41 años, de 1970 a 2010.
 
GFI documenta que bajo los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, se incrementó el flujo financiero ilícito, con un promedio anual de 49 mil millones de dólares desde que en el 2000 el Partido Acción Nacional asumió el poder.
 
El estudio demuestra que los flujos ilícitos se elevaron “de manera explosiva” durante los últimos 10 años. De un promedio anual de tres mil millones de dólares en la década de 1970; 10 mil millones de dólares en 1980; 17 mil millones en 1990, pasó a 49 mil millones de dólares anuales de 2000 a 2009.
 
De acuerdo con el informe, elaborado por Dev Kar, economista principal de GFI y quien trabajó como economista en jefe para el Fondo Monetario Internacional, a través de la facturación fraudulenta ha salido secretamente el 74 por ciento del capital ilícito entre 1970 y 2010.
 
El dinero, tanto lícito como ilícito de México, tuvo como destino, en primer sitio, a Estados Unidos; en segundo lugar, a los paraísos fiscales del Caribe; en tercer lugar, a los paraísos fiscales europeos, y en cuarto lugar al grupo de bancos de países europeos desarrollados como Francia, Alemania y Reino Unido.
 
Global Financial Integrity califica a  la cifra presentada como conservadora puesto que las transacciones del tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el contrabando de bienes, el comercio sexual, y otras actividades ilícitas suelen liquidarse en efectivo, y los modelos utilizados no las pueden detectar.
 
Pese a ello, para Raymond W Baker, director de GFI, la cifra “es una pérdida devastadora y altísima para cualquier país en vías de desarrollo. Se han perdido 872 mil millones de dólares, los cuales pudieron ser utilizados para desarrollar la economía mexicana, invertir en educación, construir carreteras o luchar contra los cárteles de la droga. Las ramificaciones negativas son enormes para todos los mexicanos”.
 
Para participar en la facturación fraudulenta, una manera de lavado de dinero, según datos del GFI, se necesita que un individuo tenga el capital y la oportunidad de participar en el comercio internacional por lo que se asume que sólo envían dinero al extranjero los particulares con un elevado patrimonio y no la población en general.
 
“La manipulación deliberada de las facturas de importaciones y exportaciones es uno de los métodos predominantes para sacar capital ilícito de los países”, señala el documento.
 
El reporte afirma que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 se dio paso a más facturación fraudulenta.  Además, encontró una relación estrecha entre el aumento de los flujos ilícitos y seis crisis macroeconómicas en México: la crisis del petróleo de 1973, la crisis de la balanza de pagos de 1976, la crisis de la deuda de 1982, la crisis del petróleo de 1986, la crisis del peso en 1994 y la crisis económica mundial de 2007.
 
“Los economistas asocian un volumen elevado de flujos salientes con problemas de gobernanza, mala gestión económica, inestabilidad política, y otros males”, señala el órgano y recomienda al gobierno mexicano además de frenar la facturación fraudulenta, reducir los flujos ilícitos para impactar positivamente en la disminución de la corrupción y de la actividad criminal en el país.

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Termoeléctricas y gasoducto en zonas de riesgo

Sin consultas públicas a las comunidades y minimizando los riesgos de una eventual erupción del Popocatépetl, el gobierno de Felipe Calderón, mediante la Comisión Federal de Electricidad, inició la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto en una zona altamente riesgosa. Los contratos correspondientes fueron asignados, como ha sido la tónica en el calderonismo cuando se trata del sector energético, a tres trasnacionales españolas; dos de ellas usufructuarán una concesión de 25 años para la conducción del gas. Mientras tanto, los comuneros se aprestan a impedir la construcción del complejo, que se inscribe dentro del Proyecto Integral Morelos.
La protesta en contra de la termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, Morelos. 


MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el área de mayor peligrosidad del Popocatépetl, justo en la zona donde en caso de una erupción podrían caer enormes rocas incandescentes a riesgo de bloquear las rutas de evacuación de un centenar de comunidades aledañas al volcán, el gobierno de Felipe Calderón decidió construir un gasoducto y dos termoeléctricas.
Apenas el pasado 20 de abril, en plena contingencia por la actividad del Popo, Calderón presidió una reunión de evaluación en Cuautla, Morelos, en la que recomendó tener todo listo.
“Yo diría que esto (vivir cerca del volcán) es un poco como aquella figura bíblica del Éxodo, de que hay que estar con las sandalias puestas y el bastón en la mano”, dijo.
Con el nombre de Proyecto Integral Morelos (PIM), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le llevó unos meses realizar todos los trámites, proyectar e iniciar a toda prisa la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado, es decir, que generan energía mediante gas y vapor de agua. Luego, otorgó el contrato a una trasnacional española.
El complejo se pretende edificar en un predio de 50 hectáreas en el poblado de Huexca, en Yecapixtla, Morelos. De acuerdo con el PIM, la primera etapa estaría concluida y operando a mediados de 2013.
Como parte del proyecto, la CFE planea asimismo construir un gasoducto que se conectará con los ductos de Pemex que van de la refinería de San Martín Texmelucan, Puebla, a Huexca. Esa tubería con diámetro de 30 pulgadas se extendería a lo largo de 150 kilómetros y atravesaría unas 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Las características del proyecto están contenidas en una presentación de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, cuya copia tiene Proceso. En el documento se indica que será necesaria una línea eléctrica de 20 kilómetros para conducir la energía producida a una subestación ubicada en Yautepec Morelos. También se requerirá de un acueducto de 20 pulgadas de diámetro y 20 kilómetros de longitud que iría de Cuautla a Huexca. En la segunda etapa una línea de transmisión rodearía el área de Toluca y se prolongaría hasta Querétaro.
La construcción de las dos Centrales de Ciclo Combinado (CCC) fue adjudicada a la compañía española Abengoa, con sede en Sevilla, que durante el sexenio de Felipe Calderón ha obtenido jugosos contratos en el sector energético. El costo de una de estas plantas podría ascender a 400 millones de dólares.
La construcción del gasoducto le fue asignada a las también españolas Enagás y Elecnor. Su costo será de 260 millones de dólares y estas empresas se encargarán de la conducción del gas por un lapso de 25 años. El contrato es altamente rentable. El pasado 27 de julio, cuando se afinaron las últimas negociaciones, el simple anuncio de la asignación de la obra hizo que las acciones de Elecnor subieran 1.26% y las de Enagás, 1.28%, según reportó entonces la agencia española EFE de noticias.
Los riesgos, la resistencia
A las 5:00 de la mañana del 15 de mayo último, un numeroso grupo de vecinos de Huexca se reunió en su plaza principal. Un día antes habían tomado el acuerdo de que frenarían la obra. Las mujeres fueron las primeras en caminar unos 800 metros hasta llegar a un punto donde bloquearon el camino de acceso a su comunidad.
“Decidimos que no íbamos a permitir que contaminaran nuestras tierras, que no nos iban a imponer un proyecto que no queremos y que viene a joder al pueblo”, afirma Mayra Castillo, una joven de la comunidad que se opone a la construcción de las dos termoeléctricas.
En enero pasado los habitantes de la localidad notaron la presencia de trabajadores en el área donde se pretenden construir las termoeléctricas, a sólo 250 metros del pueblo. Enviaron escritos al municipio y al gobierno estatal para que les informaran de qué se trataba. Les respondieron con engaños.
“La comunidad empezó a preguntar. Las autoridades nos dijeron que (los trabajos) eran para una planta tratadora de agua, luego que para una hidroeléctrica. Pero luego dijimos ¿cómo iba a ser una hidroeléctrica si no hay agua? Fue hasta entonces que nos dijeron que iba a ser una termoeléctrica”, dice Miguel Álvarez, ejidatario de Huexca.
Fue hasta el 4 de mayo cuando los comuneros se reunieron con funcionarios de la CFE. No hubo respuesta a los cuestionamientos. El 13 de mayo el gobierno estatal y la paraestatal pusieron sobre la mesa 12 carpetas y les dieron dos horas para leerlas. Cuando empezaron a cuestionar a los funcionarios, inesperadamente hubo un apagón. Al regresar la electricidad, las carpetas habían desaparecido, al igual que los funcionarios.
En el Atlas Nacional de Riesgos que exhibe en su portal electrónico el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) se localiza el Mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Este instrumento fue elaborado por investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y como objetivo establece:
“Este mapa fue diseñado para ser usado en foros académicos, así como por las autoridades de Protección Civil y la población en general como un medio de información en la eventualidad de una erupción del volcán Popocatépetl”.
Se realizó a partir de la medición de depósitos dejados por erupciones volcánicas pasadas que se clasificaron en tres áreas, trazadas con base en el alcance máximo de flujos.
El Área 1 corresponde a la zona más próxima al volcán y es la que se ve afectada con mayor frecuencia por las erupciones, independientemente de su magnitud. Entre los peligros que se destacan para esa área está el de la lava y otros flujos de arena o piedra volcánica que en su descenso pueden alcanzar entre 100 y 400 kilómetros por hora.
En lo referente al Área 2, el mapa establece que en caso de una gran erupción hay un riesgo similar al del Área 1. El perímetro establecido “podría ser afectado por la caída moderada de arena volcánica y pómez, cuyo espesor puede variar desde un milímetro o menos en erupciones pequeñas hasta un metro en erupciones muy grandes”, establece el Cenapred.
El Área 3 es considerada la de menor peligrosidad en el caso de materiales expulsados del volcán.
El gasoducto y las termoeléctricas se ubican en las áreas 2 y 3.
El mayor riesgo, aunque remoto, es que ocurra una erupción de grandes dimensiones que provoque un derrumbe del volcán. El alud de fuego se desplazaría a una velocidad de 100 kilómetros por hora destruyendo todo a su paso a través de 80 kilómetros.
“Una erupción grande o un derrumbe gigante estaría acompañado de flujos de lodo o inundaciones de gran alcance. Éstos viajarían distancias del orden de decenas de kilómetros por las barrancas que descienden del Popocatépetl”, advierte el Cenapred.
En ese supuesto, toda la zona del gasoducto y la CCC se vería impactada, hasta los municipios de Yecapixtla y Cuautla. En cualquier caso, alrededor de 100 comunidades ubicadas en el Área 1 deberían utilizar una ruta de evacuación que pasaría por el gasoducto.
La molestia de los inconformes contra el gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez, surgió cuando dijo que no hay riesgo y que en una erupción se cerrarían las válvulas del gasoducto para evitar una explosión.
Ecocidio
La noticia del bloqueo del 15 de mayo último realizado por mujeres en oposición al PCI corrió por la misma ruta del gasoducto en las comunidades que se sienten en riesgo. De pronto, grupos de ejidatarios en Nativitas, Tlaxcala y en la zona cholulteca en Puebla empezaron a comunicarse, pues de manera aislada estaban intentando resistir la imposición del PIM.
“Nos enteramos del proyecto en la época de Fox, cuando empezaron a pasar por nuestras tierras y frenamos las obras. Querían que el gasoducto pasara a 200 metros del pueblo y a 400 metros del pozo de agua potable; por eso no los dejamos”, explica Raquel Sánchez, una ejidataria de San Vicente Xiloxochitla, Tlaxcala.
A partir del arranque de obras del proyecto, el pasado 15 de agosto, los ejidatarios de San Vicente se han opuesto a su realización.
“Todos están de acuerdo con el PIM: el alcalde, el gobierno estatal. El propio alcalde, Javier Quirós Macías, intenta convencernos de que aceptemos porque nos van a pagar 300 mil pesos por hectárea. Pero no estamos de acuerdo porque es el patrimonio de nuestras familias”, dice la mujer.
El citado día, personal de la CFE llegó a la comunidad con la intención de hacer mediciones y trabajos, pero los comuneros salieron a su encuentro con palos y machetes, sin que encontraran resistencia. Los empleados de la Comisión prometieron que no iniciarán ningún trabajo hasta que la comunidad los autorizara.
En 2004, lugareños de Atlixco secuestraron a topógrafos y geólogos de la CFE hasta que lograron frenar el proyecto. Todo parecía en calma hasta que hace unas semanas el personal llegó de nuevo y les pidió a los comuneros que rentaran sus tierras por 25 años; es decir, el tiempo que Elecnor y Enagás se encargarán de la conducción de gas.
Aunque el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) –que no consideró los riegos señalados por el Cenapred– establece que se envió toda la información a los ayuntamientos, éstos no transmitieron nada a las comunidades interesadas y tampoco realizaron consultas públicas. No obstante, la inconformidad ha crecido por motivos diferentes al riesgo volcánico.
Por ejemplo, campesinos de los municipios de Plan de Ayala, Anenecuilco, Yecapixtla, Ocuituco y Temoac, en Morelos, cuestionan la forma en que se obtendrá el agua necesaria para la operación de las termoeléctricas. La mayoría de las comunidades vive de plantíos de riego y de temporal.
Conforme a los propios datos del MIA y del PIM, los campesinos descubrieron que las dos plantas consumirían alrededor de 40 millones de litros de agua diarios. Cuautla podría producir cinco millones de litros, por lo que el resto deberá extraerse de pozos, lo que afectaría a todas las comunidades.
“No somos ignorantes como (los de la CFE y los gobiernos locales) creen. Sabemos leer, calcular y no nos van a ver la cara. Hemos buscado y sabemos que para enfriar las turbinas usarían gas cloro, que es altamente peligroso”, advierte Miguel Álvarez.
su parte, el poblano Juan Carlos Flores indica que el gas cloro es volátil y conduce el fuego. Con base en el MIA, una fuga de gas cloro tendría un máximo catastrófico que llegaría a 14 kilómetros de distancia. Además, el sistema de enfriamiento y el desecho del agua modificarían la temperatura ambiental, lo que provocaría lluvia ácida y desmineralización de la tierra, en perjuicio de los cultivos.
El secretario de Fomento Económico de Morelos, Rafael Tamayo Flores, declaró el pasado 1 de agosto a La Jornada que habrá gasoducto y termoeléctrica con protestas o sin ellas. El proyecto fue solicitado por industriales, promovido por el gobernador Marco Adame y autorizado por el presidente Felipe Calderón. Con esa sola razón y su dicho de que no hay riesgo, el colaborador del mandatario estatal minimizó la protesta y destacó que el proyecto atraerá inversiones.
Se estima que las termoeléctricas de Huexca generarán 700 empleos. En la localidad viven alrededor de mil habitantes y la mayoría se dedica a labores del campo. Según los inconformes, el PIM modificaría su forma de vida y causaría migración y repoblación de su pueblo.
El pasado 15 de agosto, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos dio la alarma. Treinta patrullas de granaderos estatales cercaron el pueblo durante 11 horas. Dos días antes, helicópteros policiacos realizaron sobrevuelos sobre la comunidad a baja altura.
“Sentí mucho miedo. Como el primer día en que frenamos la construcción, pensé que aquí estamos solos, que si algo pasa nadie se dará cuenta”, lamenta Luz María Cornejo, campesina de la comunidad.
El temor es fundado. En Tlaxcala, dos comuneros que se oponen a la construcción fueron golpeados salvajemente. El mismo día del cerco policiaco en Huexca, policías de Texoloc, Tlaxcala, les advirtieron a los ejidatarios de Nativitas que serían retirados por la fuerza por órdenes del alcalde Martín González.
“Los alcaldes de Nativitas y Texoloc son caciques rodeados de pistoleros, que golpean y amenazan. Eso ocurre en Tlaxcala y en Morelos. Hay una tensión muy fuerte. Todo es una bomba de tiempo, desde la intención de hacerlo, puede provocar un estallido social si no es un estallido de lumbre”, asegura Juan Carlos Flores.

Edomex: el paraíso de las violaciones

El Estado de México está convertido en un infierno para las mujeres. Ahí el número de violaciones sexuales rompe la media nacional y en muchos casos este crimen viene acompañado del asesinato de la agraviada. Varios casos recogidos por este semanario así lo demuestran. Y pese a que en teoría los castigos para los violadores son severos y se ha planteado radicalizarlos más, la impunidad para el delincuente sigue siendo la norma.
Violaciones en Edomex por arriba de la media nacional. 


TOLUCA, MÉX. (Proceso).- “Ya no creo en los hombres”, dice con la mirada dura, sin alma. La brillantina con la que colorea sus párpados, los broches rosas que adornan su pelo, el collar del que cuelga una estrella y la sudadera estampada con corazones delatan que sigue siendo una niña, una adolescente con el corazón envejecido. “No soporto que un hombre esté a mi lado y no puedo ser novia de nadie”.
El 28 de junio de 2011, cuando tenía 16 años, Carmen (como la llamaremos aquí), habitante de Chimalhuacán, había sido contratada como ayudante por el elotero Luis Francisco Duarte Rivera, quien al terminar la jornada en el tianguis le dijo que no le pagaría hasta que lavara los trastes en su casa. Una vez ahí, aprovechando que estaban solos, la tomó con fuerza, la jaló hasta la cama, le quitó la blusa y el pantalón, le abrió las piernas, comenzó a tocarla violentamente, a morderle los senos e intentó violarla.
“Empezó a abusar de mí. Yo le pedía: ‘Déjeme ir con mi mamá’ y él decía: ‘Nomás tantito, nomás te enseño’. Cuando me vio llorando desesperada me soltó, salí corriendo, me escondí detrás de su camioneta”, recuerda. Cuando la dejó ir le pagó 200 pesos: 100 por la jornada laboral y 100 para que se comprara unos pantalones.
“Era la primera vez que alguien me tocaba así porque yo no había tenido nada con nadie”, dice. Los médicos que la atendieron dejaron asentado en el expediente que tenía mordidas en los senos e inflamación vaginal.
Pero desde que interpuso la denuncia (la 332580260911) fue amenazada y denigrada varias veces por el personal encargado de impartir justicia. El psicólogo Jorge de la Rosa, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) le decía que exageraba. Su abogada defensora (Teresa Pérez López) le advertía que la llevarían a la cárcel por haber levantado una denuncia por violación cuando lo ocurrido fue un “intento de penetración”. El agente del Ministerio Público Dagoberto Álvarez Hernández la acusaba de mentirosa y el imputado y su familia comenzaron a acosarla.
Ocho meses después Carmen acudió con Emerenciana López Martínez, Doña Mere, la luchadora social que ha dedicado su vida a impulsar la justicia en ese municipio mexiquense marginado –el de Chimalhuacán– y a la que por su fiereza se le cuadran hasta los procuradores. Entonces el caso fue tomado en cuenta. El pasado 24 de febrero logró un castigo para el elotero: lo obligaron a pagar 15 mil pesos por los daños. A Carmen esa sentencia la dejó más ofendida.
“Hay semanas que a mi casa llegan tres, cinco mujeres diciéndome que las violaron, que están a vuelta y vuelta con el Ministerio Público hasta que se cansan porque ahí no hacen nada. O mujeres que llegan todas golpeadas porque las quisieron matar y que luego terminan asesinadas. Pero las autoridades están a favor de los delincuentes, nomás los protegen”, se queja Doña Mere.
La acompaña para esta entrevista la mamá de Esperanza (no es su nombre real), una niña violada por tres vecinos en 2006, cuando tenía nueve años.
“Mi hija quería justicia porque decía que no quería que a otras niñas le hicieran lo mismo y se careaba con ellos en las audiencias; estaba firme, muy valiente. Pero aunque hicimos lo humanamente posible no hubo justicia. Ella no cree en la justicia, ya tiene 16 años, entró a la prepa y quiero olvidar todo”, dice la joven madre, llorando, aún con culpa.
Los casos de Carmen y Esperanza se repiten cada semana en el Estado de México. A la par de los feminicidios, las violaciones sexuales contra mujeres y niñas van en aumento y en ambos casos la impunidad parece garantizada.
La reportera ha solicitado desde hace más de un mes entrevistas en la PGJEM y en la fiscalía de delitos sexuales, sin que hasta la fecha haya una respuesta.
Tierra de escándalos
El Estado de México constantemente está envuelto en escándalos sexuales de gran envergadura. Los más recientes son los de las siete jovencitas violadas y otras varias abusadas frente a sus compañeros durante un retiro espiritual en un rancho ecológico de Chalco. Y la fuga y recaptura de César Armando Librado, El Coqueto, quien violó y mató por lo menos a siete mujeres. Y las bandas de violadores que operan en taxis y microbuses piratas. Y las 26 mujeres violadas por policías en castigo por haber participado en la revuelta de San Salvador Atenco, en una acción represiva que el exgobernador Peña Nieto reivindicó durante su campaña electoral.
Según cifras oficiales en el Estado de México se denuncian 6.5 violaciones sexuales cada día. Esta cifra queda muy lejos de la realidad, ya que ocho de cada 10 casos no se denuncian.
De acuerdo con estas cifras tomadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –publicadas por Milenio– Chalco ocupa el primer lugar estatal en violaciones con una tasa de 4.7 ataques por cada 100 mil habitantes al año y va al alza. Le siguen Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli con una tasa de 2.8 ataques de ese tipo, Nicolás Romero con 2.6, La Paz con 2.4 y Tlalnepantla y Naucalpan con 2.3.
Si en un semestre se denuncian 7 mil 178 violaciones sexuales en el país, mil 184 corresponden al Estado de México, que en ese lapso presenta también 674 denuncias por otros delitos sexuales como “estupro, abuso y actos libidinosos”.
El estudio Feminicidios en México, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 la incidencia de violaciones sexuales en el Estado de México fue de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48% arriba del promedio nacional.
La procuraduría estatal ha reconocido que las violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en la entidad creció 270% de 2009 a 2011: pasó de 213 a 789 denuncias al año. La entidad además tiene un problema de salud pública por embarazos de adolescentes.
El delito parece haber crecido tanto que en el Congreso local se discute una ley de castración química, promovida por diputadas priistas que no encontraron suficiente el castigo de pena máxima a violadores y asesinos de mujeres, aprobado a fines del año pasado.
El pasado 24 de julio el gobernador Eruviel Ávila se declaró en favor de la discusión de la castración (inhibición farmacológica de la potencia sexual) como método para contener a los que buscan sexo a la fuerza.
Según Esperanza Arias Velásquez, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de 2009 a la fecha en el Estado de México se ha incrementado 60% la tasa de violaciones sexuales.
“Una investigación que hicimos a través de distintas promotoras de salud en todo el estado nos da el dato de que por día hay ocho casos de violencia sexual, ya sea violación o actos que denigren sexualmente (como que te maltraten la vagina o te la quemen con cigarros), y en total a la semana hay 10 casos de violaciones sexuales y ocho visitas al médico”, explica a Proceso.
La activista indica que la mayoría de los casos están subregistrados porque las mujeres que han sufrido abuso generalmente no se presentan ante el Ministerio Público y sólo acuden a los servicios de salud –a veces engañan al médico para no decir qué les ocurrió–, y si el personal descubre que fueron violadas no siempre lo reporta a las autoridades.
Señala que en esa entidad el machismo permea a los funcionarios encargados de la impartición de justicia y cuando reciben alguna queja por violación, protegen a los agresores o simplemente no consideran que sea un delito.
“Los MP, principalmente de los pueblitos, tienen muy cerrada la mentalidad. Creen que el maltrato sexual es normal, no lo toman como violencia o violación. Consideran que la causante fue la chica porque después ya no quiso tener relaciones con su novio y deciden que no hay delito que perseguir; ante esta situación, ¿quién va a querer denunciar?”, dice.
Por su parte, Mónica Hurtado, de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, cuestiona las propuestas paliativas de los políticos para atacar el fenómeno: “Unos diputados propusieron crear autobuses rosas (exclusivos para mujeres), ahora se aprobó la condena de 70 años para violadores y asesinos de mujeres y últimamente están con lo de las castraciones químicas, como si las violaciones no fueran también con objetos. Pero no hay una política pública que vaya a la raíz de la violencia, a la desigualdad, a la impunidad”.
La activista señala que es un contrasentido que en el estado se anuncien medidas para proteger a las mujeres y al mismo tiempo se rechace aplicar la “alerta de género” solicitada por organizaciones de derechos humanos, que obligaría a las autoridades a profesionalizarse para evitar la violencia antifemenina y a encontrar los patrones que perpetúan la impunidad.
Además, feminicidios
La amenaza está siempre latente. La nueva alerta la encendió el asesinato en Ecatepec de Jessica Lucero, de 14 años y quien el pasado 14 de julio, un mes después de que denunció por violación a Carlos García Sanjuán, de 22 años, fue hallada totalmente desfigurada, muerta a golpes y pedradas.
La familia de Jessica dijo que los ministeriales que recibieron la denuncia por la violación les pidieron 2 mil pesos para “agilizar” el trámite, y que antes de que pudieran juntar el dinero el violador cumplió su amenaza de asesinar a la niña si no retiraba la denuncia.
El mismo mes, en Chalco, fue violada y asesinada Sonia Nereo, de 16 años. El 19 de julio salió temprano de su casa para ir a su trabajo, en una tortillería, y al día siguiente fue encontrada en un lote baldío. Aparentemente dos jóvenes identificados como Carlos Ulises y Carlos César, que se trasladaban en un taxi, la interceptaron, la arrastraron hacia la hierba crecida, la golpearon y abusaron sexualmente de ella. Como se resistía, la asfixiaron con su ropa interior.
A este panorama se suman las manifestaciones que afuera del Palacio de Gobierno realizó en mayo Adriana Bustamante para exigirle al gobernador que sancione a funcionarios de la procuraduría y del ayuntamiento de Metepec por proteger a los cinco hombres implicados en la violación de su hija de 13 años.
La mujer dijo que en la procuraduría le aconsejaron “llegar a un acuerdo” con los violadores; que el médico legista no quiso certificar la violación; que el agente del Ministerio Público, Erwin Colín Rocha, falseó los hechos y aisló horas a su hija cuando acudió a declarar, y que un tal “licenciado Ramiro Estrada” fue enviado por el ayuntamiento de Metepec para apoyar al presunto violador, Diego Jair, de 18 años.
Estos casos presentan el mismo patrón de impunidad con el que opera la procuraduría mexiquense hacia los delitos cometidos contra las mujeres. Esta misma procuraduría que cuando gobernó el estado Enrique Peña Nieto investigó el caso Paulette –la niña de nueve años desaparecida de su casa y hallada asfixiada ahí mismo–, la que no condenó a ningún policía por la barbarie de Atenco, la que no ha podido contener los feminicidios.
Esta entidad –que se quedó con el título que ostentaba Ciudad Juárez de “la tierra de los feminicidios”, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios– presenta un índice de violencia contra la mujer de 54.1%, que duplica al promedio nacional, de 23.2%. Y entre enero de 2005 y agosto de 2010 fueron asesinadas 922 mujeres, y la violencia sexual supera la media nacional.
Nueva Ciudad Juárez
Basta un vistazo a la prensa local para advertir la magnitud del problema. Además de los casos aislados de familiares o conocidos que forzaron el acto sexual, se sabe de la existencia de bandas o violadores seriales, como un sujeto identificado como Poncho, quien violó a 30 mujeres y mató a tres en Atizapán.
O tres policías municipales de Tlalnepantla que violaron a una niña de 14 años. O una banda de taxistas acusados de violar a 14 mujeres en Atenco. O los maestros de karate de Toluca que violaron a sus alumnas y las fotografiaron desnudas. O la banda de violadores de al menos siete mujeres en combis del servicio público.
Otras notas dejan manifiesta la ­desesperación de la población ante el fenómeno, como la detención, en el municipio Santo Tomás de los Plátanos, de Alicia Hernández Pompa y su hija de 17 años que en legítima defensa asesinaron a un vecino que se metió a su casa a violar a la adolescente.
O el intento de linchamiento en San Salvador Atenco de dos violadores, rescatados finalmente por la policía. O las manifestaciones de familias afuera de la primaria Emiliano Zapata, en Almoloya, por presuntas violaciones sexuales del personal a los niños.
A pesar de los cambios de gobierno, de procuradores, de subprocuradoras y fiscales de feminicidios, el fenómeno parece ir al alza.
La exsubprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM, Italy Ciani Sotomayor, manifestó que en el Valle de Toluca los taxis piratas y colectivos se convirtieron en un “foco rojo” por el aumento de las violaciones. Semanas después renunció a su cargo por el escándalo de la fuga del violador y multihomicida El Coqueto.
“Ella tenía información de varios casos, había investigado cosas, pero nunca nos comparten esa información de violaciones y feminicidios”, lamenta Esperanza Arias.
El pasado 8 de febrero violaron a Karina (nombre ficticio) en la zona comercial de Metepec, en el Valle de Toluca, que se ha poblado de centros comerciales donde laboran muchas mujeres que en las noches regresan solas a sus casas.
Sandra, su madre, narra a Proceso que esa noche su hija de 21 años viajaba en un taxi colectivo del que se fueron bajando los pasajeros. Cuando su hija quedó sola el conductor la obligó a punta de pistola a pasarse al asiento del copiloto. Le exigió que le diera su dinero y, en castigo porque no traía más que el importe del pasaje, la amenazó con violarla y le tapó la boca, siempre apuntándole con el arma.
“Se estacionó junto a una fábrica de cemento. Estaba oscuro. La violó en el taxi. Ella no pudo hacer nada, él tenía mucha fuerza, recuerda que olía muy mal. Él tenía como 27 años”, cuenta Sandra.
Al final el agresor le dijo que se bajara, que se hincara sobre el pavimento y no volteara a ver el carro porque si desobedecía le daría “un plomazo”.
“Cuando llegó no podía ni hablar, estaba como con el cuerpo dormido hasta que comenzó a gritar: ‘¡Me violaron, me violaron!’ La empecé a tranquilizar. Salimos a Tenango a ver si localizábamos al tipo y luego a comprarle pastillas en la farmacia.”
Las mujeres se animaron a poner la denuncia el 10 de febrero, pero cada vez que iban a solicitar avances les decían que la computadora no tenía sistema, que estaba de descanso el Ministerio Público, que no encontraban el expediente o la declaración, aunque la sometieron a interrogatorio cuatro veces.
“Karina les dijo que si tenía que ser hija de un presidente para que le hicieran caso. Pero no nos hicieron caso y nos desesperamos. Nunca iban a hacer nada. En tres meses no nos llamaron a ninguna cita, sólo nos decían: ‘Capaz que ya huyó’. Hasta que mi hija me pidió que ya no le busque, que dejara el asunto”, explica Sandra.
La falta de justicia hizo que la joven empeorara. “Se la pasaba llore y llore, le entró una desesperación, una angustia. Gritaba: ‘Estoy sucia’, ‘¿por qué me pasó a mí’?. Una situación muy fea que no quisiéramos recordar”, dice su mamá, la voz entrecortada. Las psicólogas que le asignaron en la procuraduría sólo la regañaban, así que también desistió de la terapia.
“Ha costado tiempo, pero ya la noto diferente, feliz –narra Sandra también emocionada– ya está en la escuela, conoció a un niño que le dice que está muy bonita y otra vez se emociona, otra vez está volviendo a ser la que era.”
Estos ocho meses Karina ha ido recuperando la autoestima y confianza en la vida. Lo que nunca va a recuperar es la confianza en las autoridades.

El TEPJF "mando al diablo a las instituciones"


FRAUDE CONSUMADO con Jueces de barandilla


Durante la calificación de la elección presidencial, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) renunciaron a su obligación de actuar como tribunal garante de la Constitución para asumir funciones de jueces de barandilla; “quedaron como enanos ante un tribunal de plena jurisdicción”.
Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho constitucional y quien fuera consejero del Instituto Federal Electoral durante seis años, valora así el trabajo de los magistrados electorales, quienes rechazaron la exigencia del Movimiento Progresista –integrado por la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano– de invalidar los comicios del pasado 1 de julio.
En su análisis de las acciones judiciales que a lo largo de mes y medio realizaron los integrantes de dicho tribunal, Cárdenas sostiene que esta instancia “no vio, no analizó ni investigó” la violación a los artículos 1, 41 y 35 de la Constitución, menos aún el incumplimiento de los artículos 8, 25 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
“En una visión reduccionista”, dice Cárdenas, los magistrados actuaron como “jueces de paz”; se pusieron al servicio del círculo de poder en México y “por ello no pudieron ser garantes de la Constitución”, razón por la cual, afirma, pueden ser sujetos de juicio político.
El presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos y los seis magistrados analizaron la demanda de invalidez presidencial como un asunto mercantil, un pleito entre particulares “y no como de interés general, de respeto a la Constitución”, acusa el constitucionalista.
Explica que el TEPJF es equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en materia electoral. “Es un tribunal constitucional de plena jurisdicción”, por lo que no debe pedir a los demandantes que “prueben” sus dichos, sino que tiene la facultad para investigar, “a eso se refiere la plena jurisdicción”.
Pero el jueves 30 los magistrados María del Carmen Alanís y Constancio Carrasco sostuvieron que la coalición demandante no probó sus dichos, así que “el tribunal se quedó corto, no ejerció todas sus funciones”, dice Cárdenas, quien hace énfasis en que toda la argumentación de los magistrados se enfoca en un punto: “el Movimiento no probó lo que argumentó; los hechos, sus reclamos, no los probó”.
Sin embargo, “¡para eso están ellos!”
Los magistrados dijeron que al movimiento le correspondía “la carga de la prueba”, de ahí la crítica de que se desempeñó como “tribunal de primera instancia”, pues “actuó con esa lógica, como si estuviésemos hablando de intereses privados, de asunto entre particulares, de temas mercantiles”.
Pero –puntualiza el exconsejero electoral– se trata de un tribunal constitucional de plena jurisdicción, que no puede acudir a subterfugios como aquel de que si “no me probaste, no te doy la razón”.
Pausado en su análisis, Cárdenas explica: el tribunal tiene facultades legales para dictar medidas que se llaman “para mejor proveer”; es decir, podía haber investigado porque “tiene plena jurisdicción” y porque “nadie está obligado a lo imposible”, según reza un principio jurídico.
Y abunda: “El tribunal no debía pedirnos que nosotros probáramos muchos de los reclamos que hacíamos, porque no podemos acceder a la información financiera, pues existe el secreto bancario, ni tampoco solicitar información sobre empresas, ya que está la reserva fiscal, y mucho menos podíamos decirle al Ministerio Público que nos entregara las averiguaciones previas de las denuncias, pues es información bajo reserva.”
Resume: “No podíamos aportar las pruebas que quería el Tribunal Electoral, ya que estamos impedidos por estos secretos; las únicas autoridades que podían haber superado estos secretos eran los ministros y los consejeros electorales. El movimiento presentó pruebas que ellos debieron ampliar para salvaguardar no nuestro interés, sino la Constitución”.
El Movimiento Progresista sostuvo en todo momento que se violó el artículo 41 de la Constitución puesto que las elecciones no fueron “libres ni auténticas”. Y el TEPJF tenía la obligación de ver si efectivamente así fue. “Los magistrados pueden considerar que las pruebas del movimiento no son suficientes, pero ellos como tribunal garante de la Constitución debieron ver, observar, convencerse a sí mismos de ello y salvaguardar así el interés público y respeto a la Carta Magna. Esto es lo que no hizo el tribunal”.
Desaplicar normas, ampliar plazos
Entre las pruebas que el movimiento entregó al tribunal están cientos de tarjetas emitidas por el banco Monex, Soriana y documentos bancarios que exhibirían el desvío hacia la campaña electoral del PRI por 8 mil millones de pesos.
Según la coalición de izquierda, las emisiones bancarias fueron operadas por Luis Videgaray, exsecretario de Finanzas del Estado de México, y con todo ese dinero se rebasó el tope de campaña.
El exconsejero electoral retoma el dato para ilustrar cómo un tribunal constitucional, como el TEPJF, “puede desaplicar una ley aprobada por el Congreso contraria a la Constitución. Por ejemplo, si encuentra que en esta polémica del rebase del tope de gastos de campaña que dice la ley no es causa de nulidad de la elección, el tribunal puede decir que hay inconstitucionalidad por omisión, porque la violación del tope de gastos es de tal magnitud que sí es determinante para el resultado de los comicios”.
Además, un tribunal de esta naturaleza “tiene” que interpretar todas las leyes secundarias y reglamentos electorales “desde una visión constitucional”, de que la esencia de este tipo de tribunales “debe sobre todo salvaguardar el respeto a la Constitución, que no sea violada”.
Y todavía más: al ser de “plena jurisdicción”, significa que “puede allegarse cualquier elemento probatorio, hacer investigación, dictar medidas para mejor proveer, que tiene que resolver sobre todos los extremos que se sometan a su consideración”.
Durante los trabajos del tribunal, el movimiento consiguió nuevas pruebas para robustecer su exigencia de invalidez; de ahí que pidió a los magistrados electorales ampliar el plazo fatal del 6 de septiembre para resolver. Pero se negó e incluso se ciñó al que impone la Ley de Medios de Impugnación, y que marca el 31 de agosto.
Cárdenas Gracia explica que por el tipo de tribunal éste tiene la atribución de ampliar el plazo, así como el que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial y que es el 6 de septiembre, “sosteniendo que dichos plazos contravienen determinados principios de la Constitución, como el de la exhaustividad, como el principio de que se deben presentar sentencias íntegras y completas”.
Y más todavía, dice, pudo apelar a lo que establecen los artículos 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para garantizar el derecho de toda persona a un recurso accesible, ágil, sencillo. Pudo haber hecho mucho el tribunal, pero no lo hizo.
Vinculado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está el artículo 1 de la Constitución, el cual los magistrados no se atrevieron a analizar a pesar de estar obligados a ello, sostiene Cárdenas Gracia.
Recuerda que el pasado 10 de junio de 2011 entraron en vigor los párrafos segundo y tercero del citado artículo, e incluso fueron aprobados por quienes defendieron a Peña Nieto ante el IFE y el Trife, cuando fungieron como diputados –Sebastián Lerdo de Tejada– y senador –Jesús Murillo Karam.
El primer párrafo dice “que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Y el segundo obliga a todas las autoridades a hacerlo valer.
“Aquí de qué derechos humanos estamos hablando: ¿del político, del derecho a votar y ser votado? Ese derecho en la sentencia del tribunal debió haberse maximizado, ampliado, optimizado, pero en ninguna parte de la sentencia se optimiza el derecho al voto y ser votado ni se maximiza el principio del voto libre, auténtico. No se maximizan esos principios”, detalla.
Cárdenas Gracia, quien fue un activo promotor de la demanda de información en el caso de Amigos de Fox y Pemexgate, indica: “El tribunal electoral actuó, en lugar de constitucional, como un tribunal de barandilla, como un tribunal de legalidad, tradicional; es decir, en donde sostuvo ‘si no me demuestras tu dicho no te doy la razón; no estás probando tu reclamo y como no pruebas tu pretensión pues te deshecho tu recurso”.
De magistrados a enanos
Cárdenas Gracia califica a los siete magistrados electorales como “enanos” que actuaron como jueces de paz pero cobran como magistrados de la Corte.
Los magistrados “no se respetaron a sí mismos como tribunal constitucional, no se asumieron como tal”, sostiene. Sentencia: “no estuvieron a la altura de la circunstancia”.
Como “juzgadores de barandilla”, dice, actuaron Pedro Esteban Penagos y Flavio Galván, pues se fijaron en cosas procesales; por ejemplo, se refirieron al notario que dio fe de la entrega de animalitos y sostuvieron que ello no era prueba de que se haya aceptado a cambio del voto al PRI.
“Se vieron limitados, pues les faltó analizar. Nosotros en la impugnación explicamos con datos oficiales el comportamiento atípico del PRI en la zona rural, donde aumentó respecto a 2006 a pesar de que la gente migró a las ciudades y en las zonas rurales el PRI hoy obtuvo poco o perdió. El análisis que hicieron ambos debió estar adminiculado a la situación del voto verde; también debió vincularse a las necesidades de la gente, a las razones económicas y de sobrevivencia de la gente.”
–¿Pero eso sería una interpretación? –se le pregunta.
–¡Claro! Y aunque sea interpretativo, lo que hicieron los magistrados al final fue hacer una interpretación de manera restrictiva.
En cuanto a los magistrados Manuel González Oropeza y Salvador Nava Gomar, incluyendo al presidente Alejandro Luna Ramos, sus análisis e intervenciones fueron más bien “mitineros”; hasta invocaron al jurista José María Iglesias para decir que nada sobre la Constitución. Fue un discurso político, diciendo que hay presidente electo, Peña Nieto; hicieron lo que no le corresponde a un magistrado.
En cuanto al caso de Monex, respecto del cual Constancio Carrasco dice que no está acreditado el contrato con el PRI, “eso lo debieron haber investigado ellos; nosotros y el PAN sólo aportamos que esos recursos del banco los recibían al final los operadores del PRI. En el caso de José Ponce de Aquino, el que los demandó por incumplimiento de contrato por 56 millones de dólares, asumieron una visión reduccionista sosteniendo que sólo había una firma. Pero un contrato existe simplemente por el acuerdo de voluntades, independientemente de que exista o no el documento por escrito. Esto es lo básico que no quisieron reflexionar”.
Sostiene que si más adelante cualquier miembro del tribunal aparece próximamente como propuesto para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se probará la complicidad con el poder”, pero de entrada “están todos descalificados, no tienen moral para asumir un cargo así”.
También plantea que para evidenciarlos se puede demandar juicio político contra todos ellos por abdicar de sus obligaciones de tribunal constitucional. Por lo pronto, dice Cárdenas, el Movimiento Progresista tiene cuatro meses para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos, y a la Convención Americana por violación a sus artículos, como el 23, que dice que todo ser humano tiene derecho a votar y ser votado en elecciones auténticas y con voto secreto que garantice la libre expresión.
“No se puede revocar la sentencia del tribunal pero sí establecer medidas de reparación a favor de López Obrador, una disculpa del Trife porque no investigó nada ni cumplió con su deber, hasta proponer reformas radicales al sistema político electoral mexicano.”
Cárdenas concluye que el tribunal incurrió en dos defectos jurídicos: debiendo investigar no lo hizo, delegó la carga de la prueba a quien demandó. Además, resolvió cuando aún hay asuntos pendientes en el IFE que pudieran incidir en la decisión de los magistrados. “Esto no ocurre en ningún país del mundo; vaya, ni en México en asuntos de otra índole”.